El Departamento de Estado de Estados Unidos está “alistando” sanciones adicionales en contra de funcionarios en Guatemala que intenten impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo asuma el poder, informó Brian Nichols, subsecretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental, en entrevista con la Voz de América.

“Estamos muy preocupados por las acciones de las últimas horas. No se pude frenar la transición en Guatemala. Bernardo Arévalo va a tomar posesión como el presidente del país y los ataques a su partido, los ataques a la prensa, los esfuerzos para impedir una transición democrática son inaceptables”, expresó Nichols.

El jueves, un fiscal guatemalteco anunció que pedirá el retiro de inmunidad del presidente electo Arévalo, su vicepresidenta y legisladores del Movimiento Semilla, a quienes señala de haber hecho publicaciones en las redes sociales animando a los estudiantes a tomar la Universidad de San Carlos de Guatemala hace más de un año.

Así lo indicó en una conferencia de prensa el fiscal a cargo de la causa Ángel Saúl Sánchez, mientras se realizaban allanamientos en varias viviendas y se buscaba detener a más de 30 estudiantes universitarios miembros del partido Semilla, a un periodista y a un exprocurador de Derechos Humanos.

“Esa gente está tomando acciones que no van a llegar al fin que ellos quieren, lo que van a provocar son más condenas, más sanciones y más protestas en su propio país”, apuntó Nichols.

A finales de octubre, el gobierno estadounidense prohibió la entrada a su territorio a más de una decena de funcionarios y “otros actores de los sectores público y privado”, acusados por Washington de “socavar la democracia” y tratar de impedir la transición del poder a Arévalo.

Entre los entonces sancionados se encuentra la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, a quien los allegados del presidente electo señalan que ha liderado varias maniobras legales para detener la asunción de Arévalo.

“Hemos implementado sanciones directas en el pasado y lo volvimos a hacer también con otras personas que están intentando impedir una transición democrática de en un país que ya ha elegido un presidente democrático con la observación internacional, que no cabe duda de que Bernardo Arévalo es el presidente elegido por los guatemaltecos”, concluyó Nichols.

[Con información de The Associated Press]

Phil Gordon, asistente del presidente y asesor de Seguridad Nacional de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, publicó un mensaje en la red social X en la que expresa que ese país observa de cerca la situación que ocurre en Guatemala.

Gordon señaló que su país “continúa respaldando al pueblo de Guatemala y sus derechos a la libertad de expresión, manifestación y a una transición democrática ordenada”.

El mensaje iba acompañado de la publicación que hizo en esa misma red social Brian A. Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU.

The United States is watching the situation in Guatemala closely, and will continue to stand by the people of Guatemala and their rights to free speech, assembly, and an orderly democratic transition. https://t.co/IxajH2KHG7

— Phil Gordon (@PhilGordon46) October 19, 2023

El 18 de octubre pasado,  la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución en la que le ordenaba al Ministerio de Gobernación “restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del MP”, donde desde hace 17 días decenas de guatemaltecos protestas para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras,  a quien señala de pretender revertir los resultados de las elecciones generales por medio de acciones a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), dirigida por Rafael Curruchiche, de quien también pide su dimisión, junto a la fiscal Cinthia Monterroso y el juez séptimo Fredy Orellana.

La fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Curruchiche y Monterroso y el Orellana fueron sancionados recientemente por EE. UU. al ser incluidos en una lista de “actores corruptos y antidemocráticos”.

Nichols condenó la resolución de la CC y reiteró el compromiso de su país de promover la rendición de cuentas de los “actores corruptos”.

“Deploramos la orden de @CC_Guatemala de desalojar por la fuerza a manifestantes pacíficos de los lugares de manifestación en Guatemala”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Agregó que “las acciones antidemocráticas de @MPGuatemala y otros que buscan impedir a @BArevalodeLeon tomar posesión de su cargo fracasarán”.

“Utilizaremos todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos y de aquellos que intentan socavar la democracia”, escribió el alto funcionario del gobierno de Joe Biden.

Añadió: “hacemos un llamado a todos a demostrar moderación, proteger el derecho a reunirse pacíficamente y priorizar el diálogo”.

“El verdadero poder de la democracia se basa en el respeto a la voluntad del pueblo”, escribió Nichols en su cuenta de Twitter.

El diplomático ha pedido en repetidas ocasiones al Gobierno del presidente, Alejandro Giammattei, que no interfiera en la segunda vuelta electoral, ante los intentos de inhabilitar al partido anticorrupción Movimiento Semilla.

La primera vuelta de las generales guatemaltecas dio como ganadores a la ex primera dama Sandra Torres y al candidato de Semilla, Bernardo Arévalo de León. Este último, lidera las encuestas de intención de voto.

Ambos competirán en la segunda vuelta del 20 de agosto para sustituir a Giammattei, aunque la Fiscalía ha estado intentando inhabilitar al partido de Arévalo de León por un supuesto caso de corrupción calificado de montaje por amplios sectores.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha condenado la “persecución política” contra Semilla, mientras que Estados Unidos ha ido subiendo progresivamente el tono y ha llegado a señalar que lo que ocurre en Guatemala es propio de las “dictaduras”.

The United States looks forward to the August 20 Guatemalan presidential runoff election and the exercise of Guatemalans’ democratic rights through a free, fair, transparent, and peaceful process. The real power of democracy comes from respecting the will of the people.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) August 18, 2023

Cuatro guatemaltecos se declararon culpables de tráfico de migrantes pocos meses después de ser extraditados por Guatemala, informó este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Juan Gutiérrez Castro, alias “Andrés”, de 46 años, se declaró culpable este miércoles; mientras que Felipe Diego Alonzo, alias Siete”, de 39, Nesly Norberto Martínez Gómez, alias “Canche”, de 38, y López Mateo Mateo, también conocido como “Bud Light”, de 43, lo hicieron en julio, precisó un comunicado. Todos ellos fueron extraditados por Guatemala en marzo pasado.

Según documentos judiciales, los acusados reconocieron haber facilitado, junto con otros traficantes de personas, el viaje de un gran número de migrantes desde Guatemala hasta Estados Unidos a través de México.

Se les acusa además de cobrar a los migrantes entre US$10 mil y US$12 mil (de Q78 a Q94 mil) por el peligroso viaje y de ser responsables de la muerte de una joven indígena guatemalteca que falleció en Texas, sur de Estados Unidos, en 2021 durante uno de los recorridos.

La familia de la víctima pagó a los acusados alrededor de US$10 mil para hacerla llegar a Estados Unidos.

Según los documentos judiciales, los acusados y sus cómplices la guiaron durante varios días a través del desierto hasta Odessa, en Texas, donde finalmente murió, y presuntamente se deshicieron del cuerpo. Posteriormente habrían efectuado un pago a la familia de la víctima.

Four Extradited Defendants Plead Guilty to Participating in Deadly International Human Smuggling Conspiracy

Defendants Convicted Less Than a Year After Arrest and Extradition from Guatemalahttps://t.co/TUaJAYGJT3

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) August 2, 2023

Los acusados se exponen a cadena perpetua. La sentencia se conocerá a finales de año.

Las personas con fines de extradición son: Felipe Diego Alonzo, presunto líder alias "siete”, Juan Gutiérrez Castro, alias "Andrés", López Mateo Mateo, alias "Bat Lay" y Nesly Norberto Martínez Gómez, alias "el canche". pic.twitter.com/Ip1YNwLOPl

— MinGob (@mingobguate) August 2, 2022

Este miércoles 20 de julio el Departamento de Estado publicó el documento que contiene la Lista Engel, que incluye a funcionarios, exfuncionarios y empresarios de Guatemala, El Salvador y Honduras que supuestamente están vinculados a actos de corrupción.

Este es un informe al Congreso de EE. UU. sobre Personas Extranjeras que a sabiendas han incurrido en acciones que atentan contra procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, de conformidad con la Sección 353(b) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, según el Departamento de Estado.

En la Lista Engel de este 2022 fueron incluidos abogados, un exrector de la Usac y el actual jefe de la Feci, entre otros.

En el caso de Guatemala el número de incluidos en la lista se mantiene con respecto a la filtrada el 15 de julio recién pasado.

Incluidos en el listado

Dennis Billy Herrera Arita, un abogado guatemalteco, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar las Cortes Suprema y de Apelaciones con jueces corruptos.

Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Universidad de San Carlos (Usac), socavó el proceso o las instituciones democráticas al usar su posición en la comunidad legal para influir en los miembros de la comisión de nominación judicial en la facilitación del esquema “Comisiones Paralelas 2020” llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

Jefe de la Feci

También José Rafael Curruchiche Cacul (Rafael Curruchiche), el actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público, obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción al desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentar denuncias aparentemente espurias contra la Feci. fiscales, abogados particulares y exfiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), según el Departamento de Estado.

Axel Arturo Samayoa Camacho, propietario de varias empresas de transporte y transporte marítimo que operan en los puertos gubernamentales EMPORNAC (Atlántico) y EPQ (Pacífico), se involucró en una importante corrupción al confabularse indebidamente con funcionarios públicos y pagar sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran lucrativos contratos.

Ramiro Mauricio López Camey, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro), incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.

Ramón “Moncho” Campollo Codina , actual propietario de Corporación Energías de Guatemala, participó en una corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.

Geisler Smaille Pérez Domínguez, actual juez del Tercer Juzgado Penal, socavó los procesos democráticos al obstruir los enjuiciamientos de los defensores del esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

Sofia Janeth Hernandez Herrera, la actual representante en el Congreso por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), socavó el proceso o las instituciones democráticas al abusar de sus poderes oficiales para intimidar a sus opositores políticos. También solicitó sobornos y amenazó con convertir en arma los propósitos legítimos del congreso de Guatemala de tomar represalias contra sus enemigos para beneficio personal.

Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala, se involucró en una corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.

Mayra Alejandra Carrillo de León (Alejandra Carrillo), actual Directora del Instituto de Víctimas, socavó el proceso o las instituciones democráticas al usar su posición oficial para facilitar el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

Erick Gustavo Santiago de León, exjuez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones en lo Civil, incurrió en una importante corrupción y obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al solicitar sobornos a cambio de sentencias judiciales favorables en los casos ante él.

Nery Oswaldo Medina Méndez, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

Para leer más: Fiscal general dice que la Lista Engel es una ley extranjera que no aplica en Guatemala y no afecta su proceso de reelección

Vitalina Orellana y Orellana, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

Mauricio López Oliva, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro), incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.

Víctor Manuel Cruz Rivera, actual Juez de lo Penal, entorpeció las investigaciones por hechos de corrupción al demorar indebidamente los procesos judiciales.

José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020, incurrió en una importante corrupción cuando solicitó, aceptó y ofreció sobornos para mantener su cargo oficial y recibir sobornos de contratistas, y facilitó la transferencia de ganancias de corrupción.

Listado del Departamento de Estado

Una fuente del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó a Prensa Libre que un documento con la Lista Engel, que señala de corrupción a funcionarios, exfuncionarios y empresarios del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que está conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras, no es definitiva.

Este 15 de julio de 2022 circuló en varias plataformas digitales el documento en el que está el registro de los nombres las personas sancionadas por Estados Unidos en cumplimiento de la “Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte”, aprobada en diciembre de 2020 y promovida por el ahora excongresista demócrata Eliot Engel.

Esto es de conformidad con la Sección 353(b) de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado de 2021.

Esa normativa establece la creación de la denominada “Lista Engel” de actores corruptos y antidemocráticos a quienes se les negará la entrada a EE. UU. y que no podrán obtener visados para viajar a ese país.

En el caso de Guatemala, la Lista Engel incluye a 16 personas, entre las que figuran fiscales del Ministerio Público (MP); exfuncionarios de la Usac, diputados, magistrados y exjueces, así como otros funcionarios de Gobierno y empresarios.

Un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. fue consultado por Prensa Libre sobre la autenticidad del documento y respondió que esa dependencia “no ha completado su revisión del próximo informe al Congreso bajo la Sección 353. No queremos ofrecer más detalles ni abordar la autenticidad del documento. La versión filtrada del informe no es completa ni precisa”, afirmó la fuente.

Este es el documento que circuló en medios digitales y en la página 3 se muestra el nombre de los 16 guatemaltecos que estarían incluidos en la Lista Engel.

Lista Engel 2021

El pasado 20 de septiembre de 2021, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, publicó en su cuenta de Twitter que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, fueron incluidos en la Lista Engel.

“En apoyo de las aspiraciones democráticas del pueblo salvadoreño y guatemalteco, estamos nombrando a cinco Magistrados de la Corte Suprema de El Salvador, el Fiscal General Porras de Guatemala y el Secretario General Pineda a la lista de Actores Corruptos y No Democráticos de la Sección 353”, escribió Blinken.

“María Consuelo Porras Argueta de Porres, actual Fiscal General de Guatemala, obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales. El patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos basados ​​en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por el Fiscal Especial Contra la Impunidad, incluido el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y el traslado y el despido fiscales que investigan la corrupción”, decía el comunicado del Departamento de Estado en esa oportunidad.

En el caso de Ángel Arnoldo Pineda Ávila, actual secretario general del MP, EE. UU. afirma que “obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir en las investigaciones anticorrupción. El MP ha abierto una investigación sobre las acusaciones de que Pineda interfirió en una investigación anticorrupción. Se alega que Pineda alertó a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo en su contra”.

El 1 de julio de 2021, el Departamento de Estado publicó otro listado con 20 políticos, jueces, diputados y magistrados guatemaltecos que fueron incluidos en la Lista Engel.

1. Gustavo Adolfo Alejos Cámbara: exsecretario privado de la Presidencia de Álvaro Colom.
2. Felipe Alejos Lorenzana: diputado del Congreso de la República.
3. Delia Bac Alvarado: exdiputada del Congreso de la República.
4. Florencio Carrascosa Gámez: exalcalde de Joyabaj, Quiché.
5. Álvaro Colom Caballeros: expresidente de Guatemala.
6. Manuel Duarte Barrera: magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
7. Boris Roberto España: diputado del Congreso de la República
8. Mario Amílcar Estrada Orellana: excandidato presidencial.
9. Raúl Falla Ovalle: abogado.
10. Moises Eduardo Galindo Ruiz: abogado.
11. Juan Carlos Godínez Rodríguez: abogado.
12. Gustavo Adolfo Herrera Castillo: empresario señalado de estafa.
13. Ricardo Méndez Ruiz: director de la Fundación contra el Terrorismo.
14. Mynor Mauricio Moto Morataya: exjuez Tercero Penal.
15. Alejandro Sinibaldi Aparicio: excandidato presidencial.
16. Guillermo Estuardo de Jesús Rosa Rodríguez: viceministro de Comunicaciones.
17. Blanca Aída Stalling Dávila: exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia.
18. Elder de Jesús Súchite Vargas: exministro de Cultura y Deportes.
19. Jorge Estuardo Vargas Morales: diputado del Congreso de la República.
20. Néster Mauricio Vásquez Pimentel: magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que ese país ofrece US$10 millones (unos Q77 millones) por información que lleve a la captura de Eugenio Darío Molina López, a quien señalan de liderar al grupo de narcotraficantes Los Huistas que opera en el norte de Guatemala.

Los US$10 millones son parte del Programa de Recompensas de Narcóticos que ofrece los fondos para llevar ante la justicia al narcotraficante guatemalteco.

Eugenio Darío Molina López, a quién identifican con el alias Don Mario, Molis, Sombrero, o Botas, nació el 2 de junio de 1964 en Huehuetenango, Guatemala.

En la información que comparte el Departamento de Estado se menciona que Molina López mide 5’6” pulgadas (1.70 metros), pesa 140 libras, tiene ojos café y pelo negro.

En un cartel de Se Busca, las autoridades de EE. UU. colocaron la foto de Molina López, y señalan que lo requieren por delitos contra ese país.

También afirman que fue visto por última vez en Agua Zarca -Huehuetenango- Guatemala.

Afirman que las recompensa se dará por información que conduzca a su arresto o condena.

El comunicado refiere que cualquier sugerencia o información sobre Molina López debe proporcionarse a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del DHS a través de WhatsApp, Telegram o Signal al +1-619-350-2012.

También por correo electrónico a molina.tips@ice.dhs.gov o si la persona está fuera de los Estados Unidos puede comunicarse con la Embajada o el Consulado de los Estados Unidos más cercano.

Jefe de Los Huistas

Según EE. UU., Molina es responsable del tráfico de toneladas de cocaína desde América del Sur y Central hacia México, con destino final a los Estados Unidos.

Agrega que Molina tiene una red bien establecida de narcotraficantes en todo México que están ansiosos por comprarle grandes cantidades de cocaína.

“Se sabe que Los Huistas están alineados como proveedores del Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y de organizaciones independientes de tráfico de drogas y redes de distribución, todas las cuales introducen cocaína de contrabando en los Estados Unidos. Con la supervisión de todas las operaciones de narcotráfico de Los Huistas, Molina también controla regularmente el contrabando de ganancias de narcóticos, en cantidades multimillonarias, de México a Guatemala” se lee en el comunicado del Departamento de Estado.

Los cargamentos que vinculan al Botas

Agrega que una investigación de la HSI, la rama investigativa principal del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., vinculó a Molina con una incautación de 461 kilogramos frente a la costa del Pacífico guatemalteco el 3 de abril de 2018.

Además, una incautación de 2 mil 268 kilogramos de 30 fardos de cocaína frente a la costa del Pacífico guatemalteco el 4 de julio de 2018, así como otro decomiso de 823 kilogramos de cocaína frente a la costa del Pacífico guatemalteco ocho días después.

En enero de 2019, HSI vinculó a Molina con una incautación de aproximadamente $687 mil 335 en efectivo a granel y 50 kg de cocaína en Houston.

Más adelante, en 2019, HSI realizó varias incautaciones de efectivo a granel que estaban vinculadas a Molina y Los Huistas.

La investigación condujo a una acusación contra Molina, presentada el 29 de enero de 2019 en el Distrito Sur de California, acusándolo de conspiración internacional para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, sabiendo y con la intención de que sea importado ilegalmente a los Estados Unidos; y conspiración para poseer con la intención de distribuir cocaína a bordo de un buque.

Este 18 de marzo de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)  designó este viernes 18 de marzo a la organización de narcotráfico Los Huistas y sus líderes, entre ellos un diputado suplente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059 por tráfico de drogas que amenaza al pueblo y la seguridad de los Estados Unidos y Guatemala.

Según el documento, Eugenio Darío Molina López y Alec Baldomero Samayoa Recinos, también conocido como “Chicharra”,  fueron designados por “haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que contribuyeron materialmente o representaron un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción”.

También fue designado Freddy Arnoldo Salazar Flores (Salazar Flores), diputado suplente del Parlacen y yerno de Samayoa Recinos, quien es el encargado de transportar y almacenar cargamentos de cocaína a nombre de Los Huistas.

“Salazar Flores es miembro del Parlamento Centroamericano en representación de Guatemala. En 2016, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia lo acusó de cargos de narcotráfico con base en una investigación dirigida por la DEA. Tanto Montejo Sáenz como Salazar Flores fueron designados por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que contribuyeron materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o representaron un riesgo significativo de contribuir materialmente a la misma”, se lee en el señalamiento.

Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, publicó este jueves 17 de junio un comunicado de prensa en el que oficializa la designación del congresista guatemalteco Boris España Cáceres, por participación en actos de corrupción.

“Hoy anunciamos la designación pública del congresista guatemalteco Boris España Cáceres, debido a su implicación en importantes actos de corrupción. En su capacidad oficial, España ha estado involucrada en actos de corrupción, incluidos el soborno y la injerencia en los procesos públicos, que pusieron en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas de Guatemala y la confianza del público guatemalteco en sus representantes”, se lee en el comunicado.

Agrega que España permanece en el cargo “a pesar de la conciencia generalizada de su participación en actos de corrupción importantes, lo que refleja una historia de impunidad en las instituciones gubernamentales de la República de Guatemala”

El documento señala que esta designación se realiza en virtud de la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2021.

Añade que bajo esta autoridad, una vez que el Secretario de Estado – Antony J. Blinken- designa a funcionarios de gobiernos extranjeros para su participación, directa o indirecta, en corrupción significativa, esas personas y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos.

También a la familia

Además de España, el Departamento de Estado designó también públicamente a los siguientes miembros de la familia inmediata de España: su esposa, Liliana María Umaña Lemus de España; su hija, Karol Andrea España Umaña; y su hijo menor.

“Esta designación reafirma el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción y la impunidad que azota a Guatemala y otras naciones de la región. El Departamento utilizará todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos en esta región y en todo el mundo”, concluye el comunicado.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) recibió el premio Campeones Internacionales Anticorrupción, que otorga el Departamento de Estado de Estados Unidos a 12 personas en el mundo.

El premio “reconoce a las personas que han trabajado incansablemente, a menudo frente a la adversidad, para defender la transparencia, combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas en sus propios países”, refiere un comunicado del Departamento de Estado.

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Las personas que fueron galardonadas son:

• Ardian Dvorani, de Albania
• Diana Salazar, Ecuador
• Sophia Pretrick, Estados Federados de Micronesia
• Juan Francisco Sandoval Alfaro, Guatemala
• Ibrahima Kalil Gueye,  Guinea
• Anjali Bhardwaj, India
• Dhuha A. Mohammed, Irak
• Bolot Temirov, República Kirguisa
• Mustafa Abdullah Sanalla, Libia
• Victor Sotto, Filipinas
• Francis Ben Kaifala, Sierra Leona
• Ruslan Ryaboshapka, Ucrania.

El comunicado detalla que, en todo el mundo, la corrupción amenaza la seguridad y la estabilidad, obstaculiza el crecimiento económico, socava la democracia y los derechos humanos, destruye la confianza en las instituciones públicas, facilita el crimen transnacional y desvía los recursos públicos y privados.

Agrega que la administración del presidente Joe Biden reconoce que “solo tendremos éxito en la lucha contra estos problemas si trabajamos en concierto con socios comprometidos, incluidas personas valientes que defienden los esfuerzos anticorrupción y países que trabajan para cumplir con sus compromisos con las normas internacionales anticorrupción”.

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Añade que como ha enfatizado el presidente Biden, el compromiso de Estados Unidos con la verdad, la transparencia y la responsabilidad es una misión que deben vivir en casa y ejemplificar en el extranjero.

“Nos inspiran -los galardonados- a nosotros y a muchos de sus homólogos que persiguen estos ideales en todo el mundo. Estados Unidos aplica uno de los marcos anticorrupción más sólidos del mundo. Fuimos los primeros en tipificar como delito el soborno extranjero y, en asociación con contrapartes extranjeras, hemos recuperado y devuelto más de mil millones de dólares en activos públicos robados solo en los últimos dos años”, dice el comunicado.

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También refiere que utilizan una variedad de herramientas para promover la rendición de cuentas de las personas corruptas, combatir la impunidad a nivel mundial y participar en foros multilaterales para combatir la corrupción y fortalecer la participación ciudadana.

“Derrotaremos la corrupción implementando reformas sólidas consistentes con los compromisos internacionales anticorrupción; desarrollar instituciones transparentes y responsables; y empoderar a ciudadanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil para ayudar a derrotar esta amenaza global a la seguridad y la democracia”, concluye el comunicado.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos respondió a la carta que el congresista Eliot Engel envió el pasado 7 de septiembre, relacionado con la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala, (CICIG).

La misiva señala que EE.UU. se opone a que los Estados utilicen el proceso de persona no grata contra funcionarios de las Naciones Unidas. Además esperan que se permita a la CICIG cumplir con su trabajo hasta el final de su mandato.

En el texto se lee que Estados Unidos mantiene el apoyo a una CICIG reformada y que monitorean el proceso del Gobierno de Guatemala en la lucha contra la corrupción e impunidad, pues creen que los altos niveles de corrupción contribuyen a la inseguridad, dificultad en el crecimiento económico y provocan la inmigración ilegal hacia los EE.UU.

La carta también hace referencia a que el 6 de septiembre, el Secretario Mike Pompeo tuvo una conversación con el Presidente Jimmy Morales y conversaron sobre la importancia de continuar de la cooperación en la lucha contra la corrupción e impunidad. Además de comprometerse a implementar reformas el próximo año.

Se intentó obtener la postura del Gobierno de Guatemala sobre la carta del Departamento de Estado, pero hasta el momento el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, no ha respondido a las llamadas.

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