“Tales acciones debilitan el Estado de derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”, criticó en redes sociales el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols.

“Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala”, dijo el funcionario.

Nos preocupan las órdenes de captura del @MPguatemala contra personas que trabajaron para garantizar la #RendiciónDeCuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala. Tales acciones debilitan el #EstadoDeDerecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) January 17, 2023

Dentro de este caso, el Ministerio Público de Guatemala ha anunciado acciones legales contra el actual ministro de Defensa colombiano, Iván Velázquez, quien estuvo al frente de la Cicig, lo que ha abierto un conflicto diplomático entre ambos países.

La Fiscalía del país centroamericano solicitó el lunes la captura de David Gaitán, exabogado de la Cicig por supuestas irregularidades en el caso de investigación que implica a la constructora brasileña Odebrecht.

Lo acusa del delito de abuso de poder por haber participado en la suscripción de varios convenios de cooperación, supuestamente anómalos, con directivos de Odebrecht.

Por dicho caso también se lanzó una orden de captura contra el abogado Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara guatemalteco-americana (Amcham), la exsecretaria general del MP Mayra Véliz y la exfiscal general Thelma Aldana.

También aseguró que emprenderá acciones legales contra Velázquez, quien fuera jefe de la Cicig entre 2013 y 2017, período durante el cual fueron desmanteladas decenas de estructuras de corrupción que operaban dentro de instituciones gubernamentales.

En respuesta, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió en defensa de su ministro y advirtió de que las relaciones con Guatemala se verán afectadas si la Fiscalía guatemalteca sigue adelante.

Ambos Gobiernos llamaron a consultas a sus embajadores en modo de protesta.

Otras reacciones

Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch, publicó el 16 de enero un tuit en el que señaló: “Qué disparate. Guatemala cada vez más cerca de Nicaragua. Mi solidaridad con @Ivan_Velasquez_ , @ThelmaAldana y David Gaitan”. El mensaje iba acompañado del video en donde el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Feci de Guatemala, dio a conocer órdenes de captura en el caso Odebrecht.

En ese video, el fiscal guatemalteco dice que iniciarán acciones legales contra Iván Velásquez.

Qué disparate. Guatemala cada vez más cerca de Nicaragua. Mi solidaridad con @Ivan_Velasquez_ @ThelmaAldana y David Gaitan. https://t.co/kfZfK3km8G

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) January 16, 2023

En otro mensaje en Twitter, Pappier señaló como correcto el análisis del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien dijo que jamás aceptaría la orden de captura de su ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien demostró luchar contra la corrupción.

Según Pappier, “la justicia guatemalteca está cooptada por actores corruptos que buscan venganza por la valiente labor de la Cicig. La única respuesta que merece esta reciente investigación penal es la condena de la comunidad internacional”.

Correcto análisis del Pdte. @petrogustavo. La justicia guatemalteca está cooptada por actores corruptos que buscan venganza por la valiente labor de la CICIG. La única respuesta que merece esta reciente investigación penal es la condena de la comunidad internacional. https://t.co/OPxbq2LELy

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) January 17, 2023

En otro mensaje pidió al presidente Petro que promueva que los gobiernos democráticos de la región (de todo el espectro político) “condenen la destrucción del Estado de derecho en Guatemala.

“Esto no es sobre @Ivan_Velasquez_ . Es sobre Guatemala, donde la corrupción está arrasando con los DDHH.”, publicó en Twitter.

El Pdte. @petrogustavo debería promover que los gobiernos democráticos de la región (de todo el espectro político) condenen la destrucción del Estado de derecho en Guatemala.

Esto no es sobre @Ivan_Velasquez_. Es sobre Guatemala, donde la corrupción está arrasando con los DDHH.

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) January 17, 2023

Además, compartió entrevistas que dio a varios medios de comunicación colombianos en los que dice que no tiene mayor sentido tomar en serio la investigación de la Fiscalía de Guatemala en contra del ministro de defensa de Colombia, Iván Velásquez.

Qué dice el MP

Referente al tema, la Fiscalía señaló que “al Ministerio Público, según su mandato legal y constitucional, le corresponde la investigación y velar por el estricto cumplimiento de la ley, en ese sentido es una institución independiente que no está sujeta a ningún sector nacional o internacional por lo que realiza todas sus investigaciones de conformidad con el principio de objetividad, imparcialidad y legalidad.

Agrega que “tal y como informamos ayer en el video en el que dio declaraciones el Lic. Curruchiche, la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión de Juan Pablo Carrasco de Groote, Thelma Aldana, Mayra Yohana Veliz López y Luis David Gaitán Arana”.

Foto principal: El subsecretario estadounidense para América Latina, Brian Nichols, habla durante una entrevista con Efe el 7 de junio de 2022. (Foto Guatevisión: EFE)

María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), le envió una carta por la vía diplomática al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken, en el que justificó la destitución del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval.

La carta tiene fecha del 28 de julio de 2021 y es dirigida a Blinken, y fue recibida en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala el 29 de julio, quien deberá hacer llegar el documento al Departamento de Estado de EE. UU.

En la misiva, la fiscal Porras habla sobre la buena relación y cooperación entre el MP y el gobierno de Estados Unidos y que gracias al apoyo de ese país ha habido avances en el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la corrupción y la impunidad.

También afirma que durante su administración, se ha fortalecido el trabajo para combatir la corrupción y prueba de ello es haber incorporado al esquema organizacional a la Feci y dotarla de capacidades técnicas al personal, así como la incorporación de más recurso humano, técnico y financiero.

También justifica la salida de Sandoval de la Feci y afirma que es debido a sus reiterados desacatos a las ordenes que se le giraban.

Porras le dice a Blinken que luego de la destitución de Sandoval diversos grupos sociales ejercen medidas de presión en su contra y en contra del MP, materializadas en actos que un momento dado podrían encuadrarse en conductas delictivas tales como publicaciones irrespetuosas, ofensivas y difamatorias, inclusive incitando a un paro nacional, con el único fin de coaccionar a la fiscal general.

La fiscal general también pide que Blinken que se haga del conocimiento de su despacho la postura oficial del Gobierno de los Estados Unidos de América, en relación a la continuidad de la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala, a efecto se puedan tomar las acciones pertinentes para garantizar los servicios que se prestan.

Esto debido a que pasado martes 27 de julio, Estados Unidos anunció que paralizará “temporalmente” la cooperación con el MP de Guatemala después de la destitución del fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, que ya había sido condenada por Washington.

La decisión la dio a conocer en una rueda de prensa la portavoz adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jalina Porter.

Según información de La Voz de América, Porter especificó que, como resultado de la destitución de Sandoval “hemos perdido la confianza en la fiscal general (María Consuelo Porras) y en sus decisiones e intenciones de cooperar con el gobierno de Estados Unidos y luchar contra la corrupción de buena fe”.

Carta íntegra que envió la fiscal al Departamento de Estado

Respetable Señor Secretario

Cordialmente le saludo deseándole éxitos en sus actividades cotidianas. Atentamente me dirijo a usted en atención a las relaciones de amistad y cooperación que se han desarrollado entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Ministerio Público de la República de Guatemala, las cuales nos han permitido avanzar de manera importante en el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Como es de su conocimiento, dicha cooperación ha significado un aparte importante para nuestro país toda vez que la justicia constituye un pilar fundamental en toda sociedad democrática, la cual debe ser administrada de manera objetiva, imparcial y eficiente. Por ello, nuestras relaciones de cooperación, enmarcadas históricamente bajo los principios de reciprocidad y buena fe, han coadyuvado a que el Ministerio Público cumpla con su mandato en beneficio de ambos países.

En este sentido, el Ministerio Publico de la República de Guatemala es una institución con funciones autónomas, que persigue la realización de la justicia con apego al principio de legalidad. Dicho principio ha garantizado que durante mi administración, el Ministerio Público desarrolle su actuar de manera íntegra, siempre en beneficio de la población guatemalteca, procurando ante todo el respeto al Estado de Derecho.

Por esta razón, desde que asumí la jefatura del Ministerio Público, he reafirmado mi compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad, flagelos que históricamente han socavado los derechos de nuestra población. Dicho compromiso se ha visto reflejado a través de diversas acciones, como lo es la incorporación al esquema organizacional de la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI-, a través del Acuerdo 59-2019, luego de la culminación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- en el año 2019. Dicho esfuerzo también contempló la dotación de capacidades técnicas al personal, así como la incorporación de más recurso humano, técnico y financiero, a efecto de que la FEC continuar con sus labores al servicio de la población guatemalteca.

A su vez, es importante resaltar que, en su Acuerdo de creación, se establece que dicha Fiscalía, por su especialidad y coordinación estratégica, depende jerárquicamente del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, siendo este el único responsable de la asignación de los casos que conoce.

Es por ello que, constantemente se velaba porque el ex Fiscal de Sección desarrollara su actuar de manera objetiva, sin sesgos de ningún tipo, a efecto de que les investigaciones que se llevan a cabo, se realizaran apegadas al principio de legalidad. Sin embargo, incumplía reiteradamente con las directrices emanadas por la superioridad, dirigidas estrictamente al fortalecimiento de la persecución penal.

Por consiguiente, en observancia a los principios rectores de esta institución, así como de acuerdo a lo preceptuado en la demás normativa nacional que regula el funcionamiento del Ministerio Público, tomé la decisión de destituir al señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien ostentaba el cargo de Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI-, toda vez que es imprescindible que la justicia sea impartida sin sesgos ideológicas y apegada estrictamente al principio de legalidad.

Al respecto, quisiera llamar la atención de su respetable persona a efecto de hacer de su conocimiento que el Código de Trabajo Guatemalteco, preceptúa en su artículo 24 que “La falta de cumplimiento de la relación de trabajo, solo obligo a los que en ella incurran a la responsabilidad económica respectiva, o sea las prestaciones que determinen este Código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social, sin que en ningún caso puedo hacerse coacción contra las personas”.

Sin embargo, en este caso, desde el sábado 24 de julio, diversos grupos sociales ejercen medidas de presión contra la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, y en general en contra de la institución, materializadas en actos que un momento dado podrían encuadrarse en conductas delictivas tales como publicaciones irrespetuosas, ofensivas y difamatorias, inclusive incitando a un paro nacional, con el único fin de coaccionar a la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público.

A su vez, nuestra Ley laboral establece que el derecho de dar por terminado el contrato de trabajo, con justa causa la puede ejercer el patrono en cualquier momento. Así también, de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica del Ministerio Público y su Reglamento, la suscrita dio por terminada la relación laboral con el trabajador Juan Francisco Sandoval Alfare con cauta justa, primero por ser trabajador de confianza y segundo porque la decisión se encuentra ajustada a derecho. Por consiguiente, lo sucedido se debió a que el trabajador citado se negó de manera abierta, reiterada y por escrito a acatar las instrucciones que el patrono le indicó con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en sus labores.

En el mismo orden de ideas, el ordenamiento jurídico interno establece un sistema de justicia en caso de controversias entre patrones y trabajadores, el cual permite acudir a los órganos jurisdiccionales competentes para garantizar el debido proceso, y no mediante campañas de desprestigio y actos de coacción en contra de funcionarios y la institución, lo cual contribuye al debilitamiento institucional de Guatemala.

Consecuentemente, a pesar de que la decisión fue tomada en concordancia con las facultades que la normativa guatemalteca me confiere, ello ha significado que el Ministerio Público de Guatemala sea objeto de comentarios malintencionados, fundamentados esencialmente en hechos selectivos e ideológicos, lo cual atenta gravemente contra la institucionalidad.

Por tal motivo, respetuosamente deseo solicitar sus buenos oficios a efecto de que por su intermedio se informe al Congreso y al Senado de los Estados Unidos de América, sobre estos graves hechos que atentan arbitrariamente contra la justicia guatemalteca.

Finalmente, respetuosamente solicito se haga del conocimiento de este despacho la postura oficial del Gobierno de los Estados Unidos de América, en relación a la continuidad de la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala, a efecto se puedan tomar las acciones pertinentes para garantizar los servicios que se prestan.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar nuevamente mi compromiso en continuar trabajando frontalmente en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Deferentemente

Dra. María Consuelo Porras Argueta
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público

Honorable Señor
Antony J. Blinken
Secretario de Estado
Gobierno de los Estados Unidos de América
Su despacho

Estados Unidos anunció este martes 27 de julio que paralizará “temporalmente” la cooperación con el Ministerio Público (MP) de Guatemala después de la destitución del fiscal anticorrupción de ese país, Juan Francisco Sandoval, pero el MP informó que oficialmente no han sido notificados sobre esa decisión, y que solo se tiene conocimiento de la información que circuló en redes sociales.

En comunicación que compartió el MP, se menciona que esa institución siempre se ha trabajado de manera coordinada en favor de los intereses de ambos países.

Agrega que en este caso “respetamos las decisiones de EE. UU; el Ministerio Público es una institución independiente y autónoma por lo que seguiremos trabajando con normalidad en beneficio de la población guatemalteca”, cierra la información.

La portavoz adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jalina Porter, dio a conocer en una conferencia de prensa en Washington DC, que se suspendía temporalmente la cooperación con el MP de Guatemala, porque “hemos perdido la confianza en la fiscal general (María Consuelo Porras) y en sus decisiones e intenciones de cooperar con el gobierno de Estados Unidos y luchar contra la corrupción de buena fe”.

Agrega que ante la remoción de Sandoval, Estados Unidos ha pasado “temporalmente” a un tipo de cooperación parcial con el MP en tanto espera los resultados de “una revisión de nuestras prácticas comerciales”.

Finalmente, dijo que Washington observa con celo si surgen acciones adicionales “que socavarían el estado de derecho para la independencia judicial en Guatemala”.

El pasado 23 de julio, la fiscal Porras destituyó del cargo al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), y en un comunicado del MP se menciona que la decisión se basa en una serie de “vejámenes” que ha sufrido la fiscal general, María Consuelo Porras.

Ella señaló a Sandoval, quien salió del país para resguardar su integridad física, que parcializó la justicia, que aplicaba la justicia selectiva para beneficiar a ciertos sindicados.

Señaló en entrevistas a canales de televisión,  que se detectaron varios casos de nombres de sindicados que eran investigados “a conveniencia” de Sandoval, a la vez que omitía a otros señalados por “su amistad” con ellos.

También explicó que Sandoval ejercía una “justicia ideologizada”, ya que procuraba judicializar a personas de “ideología contraria” a la suya.

Porras aseguró que el ahora exfiscal también trasegó información a determinados actores, a pesar de que está prohibido porque puede entorpecer los casos.

Agregó que Sandoval violentaba la presunción de inocencia contra determinadas personas y que retardaba “maliciosamente” los procesos. Además, dijo, trataba de “impulsar su impunidad” dentro del MP, “abusando de que tenía protección nacional e internacional”.

En la entrevista, Porras dijo que Sandoval tenía “cooptada” la justicia contra sus enemigos en alianza con otros juzgadores, ya que tiene pruebas de reuniones con jueces para abrir causas para favorecer a ciertas personas.

También se quejó de que Sandoval se negó a registrar ciertos expedientes en el sistema informático, obstaculizó la revisión de mesas y retardó injustificadamente ciertas pesquisas, a la vez cambió algunas peticiones de casos sin consultarle.

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este jueves 1 de julio del 2021 un listado que envió al Congreso de aquel país sobre personas señaladas en actos de corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Entre los políticos señalados en el listado, resalta el expresidente de la República, Álvaro Colom; el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Néster Vásquez; los excandidatos presidenciales Mario Estrada y Alejandro Sinibaldi, entre otros.

1. Gustavo Adolfo Alejos Cámbara: exsecretario privado de la Presidencia de Álvaro Colom.
2. Felipe Alejos Lorenzana: diputado del Congreso de la República.
3. Delia Bac Alvarado: exdiputada del Congreso de la República.
4. Florencio Carrascosa Gámez: exalcalde de Joyabaj, Quiché.
5. Álvaro Colom Caballeros: expresidente de Guatemala.
6. Manuel Duarte Barrera: magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
7. Boris Roberto España: diputado del Congreso de la República
8. Mario Amílcar Estrada Orellana: excandidato presidencial.
9. Raúl Falla Ovalle: abogado.
10. Moises Eduardo Galindo Ruiz: abogado.
11. Juan Carlos Godínez Rodríguez: abogado.
12. Gustavo Adolfo Herrera Castillo: empresario señalado de estafa.
13. Ricardo Méndez Ruiz: director de la Fundación contra el Terrorismo.
14. Mynor Mauricio Moto Morataya: exjuez Tercero Penal.
15. Alejandro Sinibaldi Aparicio: excandidato presidencial.
16. Guillermo Estuardo de Jesús Rosa Rodríguez: viceministro de Comunicaciones.
17. Blanca Aída Stalling Dávila: exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia.
18. Elder de Jesús Súchite Vargas: exministro de Cultura y Deportes.
19. Jorge Estuardo Vargas Morales: diputado del Congreso de la República.
20. Néster Mauricio Vásquez Pimentel: magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

El secretario de Estado Antony Blinken se pronunció respecto a la publicación. “Hoy damos un paso más en la lucha contra la corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador al anunciar restricciones de visa a actores corruptos y antidemocráticos. La corrupción socava la democracia y la confianza pública. Una mejor gobernanza significa un futuro mejor”, aseguró el funcionario del Gobierno de Joe Biden.

Today we take another step in the fight against corruption in Guatemala, Honduras, and El Salvador by announcing visa restrictions on corrupt and undemocratic actors. Corruption undermines democracy and public trust. Better governance means a better future.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 1, 2021

La presentación del listado es parte de una estrategia de cinco años para reducir la migración irregular desde Guatemala, El Salvador y Honduras, la cual quedó plasmada en la Ley de Compromiso Mejorado de los EE. UU. con el Triángulo Norte, aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado, en el 2020, junto con la Ley de Asignaciones Consolidadas 2021.

La Ley establecía que, 180 días después de promulgada, debía entregarse la estrategia de desarrollo, así como un informe “no clasificado” de personas que hayan participado en corrupción, obstrucción significativa de las investigaciones sobre tales actos, o bien sea en procesos que socaven las instituciones democráticas.

EL 18 de mayo último, Estados Unidos emitió otro informe al Congreso sobre la corrupción en el Triángulo Norte, en cuyo listado incluyó a 27 guatemaltecos y que también, algunos, figuran en la nueva publicación.

Entonces, se indicó que el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de EE. UU. trabajarían “vigorosamente para investigar e imponer sanciones de conformidad con la Orden Ejecutiva que se basa en la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky”.

Según lo dado a conocer por el portavoz Heather Nauert en Estados Unidos Pompero llamó a Morales para hablar sobre el tema de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

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El Secretario reiteró el apoyo de los Estados Unidos a la soberanía de Guatemala. Hablaron sobre la importancia de continuar nuestra cooperación en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y los esfuerzos del gobierno de Guatemala para trabajar con la CICIG.

El Secretario Pompeo expresó el apoyo continuo de los Estados Unidos para una CICIG reformada y se comprometió a continuar trabajando con Guatemala en la implementación de las reformas en el próximo año. Según lo indicado por Nauert.

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