Al menos siete usuarios y un comercio se acogieron recientemente a medidas conciliatorias en proceso judiciales abierto por robo de energía, por lo que aceptaron un pliego de sanciones impuestas por jueces, informó este viernes 24 de marzo la empresa Energuate.

Al haber entablado medidas conciliatorias, Energuate informó que los sindicatos ahora tienen “la obligación de pagar los montos defraudados, no aceptar conexiones ilegales, contratar anuncios públicos y hacer donaciones a instituciones sociales”.

Agreda que, si se cumple con esas sanciones, los procesados podrán cerrar en definitiva “los procesos penales por hurto de electricidad”.

“Por lo menos siete usuarios y un comercio se han acogido en estas semanas a medidas conciliatorias o desjudicializadoras para solventar su situación jurídica, para lo cual han aceptado las sanciones de los operadores de justicia”, señala un comunicado de Energuate.

El documento agrega que “uno de los casos es del vecino Cupertino ´L´, residente en La Democracia, Huehuetenango, quien concretó un convenio de pago por Q46 mil con la distribuidora, por lo cual el Juzgado de Paz de la localidad le otorgó un criterio de oportunidad”.

Dice que “esa judicatura también impuso la obligación del demandado de contratar, durante 15 días, cinco anuncios radiales conminando a no hacer conexiones ilegales y la donación de Q500 a beneficio de los Bomberos Voluntarios de ese departamento”.

Refiere que esas mismas sanciones fueron impuestas por el Juzgado de Paz de Ayutla, San Marcos, “mientras en el caso de Audelina ´L´, le impusieron la obligación de realizar dos publicaciones y el apoyo económico lo recibirá el Centro de Educación y Recuperación Nutricional Infantil de Malacatán”.

El comunicado concluye con que “en los otros procesos, los sindicados debieron pagar el adeudo por el consumo ilegal de energía y la advertencia judicial de no hacer conexiones directas en sus domicilios, entre otras sanciones, caso contrario se reanudarán los procesos penales respectivos”.

Reformas

El pasado jueves 23 de marzo, el Congreso de la República aprobó reformas al Código Penal y a la Ley Contra el Crimen Organizado para aumentar las multas y endurecer las penas de cárcel contra quienes roben energía eléctrica, agua o gas en Guatemala.

El Legislativo informó que, para garantizar y proteger los servicios de utilidad para los guatemaltecos, como la energía eléctrica y el agua, los diputados aprobaron el Decreto 8-2023, que contiene las reformas.

Ahora se adiciona el artículo 249 BIS del Código Penal respecto del hurto de fluidos cometido por grupo delictivo organizado u organización criminal.

Añade que quien, formando parte de un grupo delictivo organizado u organización criminal, ilícitamente sustrajere, indujere o promoviere la sustracción o conexión ilegal de energía eléctrica, agua, gas será sancionado con prisión de cuatro a ocho años y multa de Q100 mil.

También se adicionó el articulo 249 Ter por el tema de hurto de energía eléctrica mediante conexiones ilegales.

Esta reforma estable que quien, sin estar debidamente autorizado como distribuidor final, efectuare cualquier manipulación no autorizada desde la red del distribuidor final hacia algún punto de suministro o bien se beneficiare de energía eléctrica a través de la manipulación ilegal, será sancionado con prisión de cinco a ocho años y multa de Q5 a Q10 mil.

Por el cobro ilegal de energía eléctrica quien cobre o recaude sumas de dinero derivado del suministro de energía eléctrica, sin estar autorizado por el distribuidor final y de cuya red provenga el suministro, será sancionado con prisión de cinco a ocho años y multa de Q10 mil a Q50 mil.

En el tema del robo de fluidos quien con violencia y de forma ilícita sustrajere energía eléctrica, agua o gas, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

Las tarifas de energía eléctrica tendrán un aumento de entre Q0.03 por kilovatio hora (kWh) en dos distribuidoras para el trimestre de febrero a abril del 2021, y en otra el cambio es menor, informó la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).

Tarifa no social

Los nuevos precios para los usuarios de la tarifa no social de la Deocsa serán de Q1.99 por kilovatio hora al mes (kWh) y para los de la Deorsa será de Q1.86.

En ambas distribuidoras el incremento es de alrededor de Q0.03.

En la Empresa Eléctrica (Eegsa) se fijó en Q1.30, con alza de menos de Q0.01.

La variación a esas tarifas no sociales, que se aplican al 6% de usuarios del país, son de entre 0.4% al 1.5%, agregó la CNEE.

Las alzas son similares a las que se registraron en el trimestre de noviembre del 2020 a enero del 2021, con respecto del trimestre anterior a ese.

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Tarifa Social

Los usuarios de la Tarifa Social también tendrán leves aumentos.

En Deocsa la nueva tarifa es de Q1.86 por kilovatio hora al mes, y en Deorsa, de Q1.77. En ambas entidades el alza también ronda los Q0.03 por kWh.

En la EEGSA subió menos de QQ.01 y estará en Q1.21.

Este segmento incluye a los clientes que consumen desde 1 hasta 300 kWh al mes.

La Tarifa Social se aplica a unos 2.8 millones de familias guatemaltecas, equivalente al 94% de total de usuarios del país, en este caso las alzas son de entre el 0.4% y 1.5%.

El Instituto Nacional de Electrificación (Inde) informó que mantendrá el subsidio igual al que rige desde septiembre del 2020, en el que cada usuario que consume de 1 a 60 kilovatios hora al mes (kWh) solo pagará Q0.50 por cada kilovatio, el resto es subsidiado.

Quienes consuman de 61 a 88 kWh al mes pagarán Q0.81 por kW.

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Las variables que influyen

Entre las variables que han incidido en el comportamiento de los costos de generación de energía y en las tarifas están el tipo de cambio del quetzal respecto de dólar, el aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el alza en los combustibles, refirió el presidente de la CNEE, Rodrigo Fernández.

Los costos que se toman como base para las tarifas de este período son los que corresponden al trimestre de octubre a diciembre de 2020, explica el regulador.

El tipo de cambio del quetzal frente al dólar de Estados Unidos mostró estabilidad por varios meses y tuvo un crecimiento pronunciado en el trimestre de en mención, añadió la CNEE.

El IPC tuvo un repunte importante, de 5% pasando a alrededor de 141.8 en marzo del 2020 a 148.6 en diciembre, añadió la Comisión. Este incide en los costos de la prestación del servicio de distribución, impacta el precio de los factores productivos de la economía nacional dentro de los cuales está el servicio eléctrico, se añadió.

El precio de los combustibles también influyó según el regulador.  El período analizado es de ciclo de compras bajas de generación de energía con recursos no renovables, principalmente por temas de estacionalidad de lluvias.