La semana pasada, el ministro de Cultura, Felipe Aguilar se retiró de una citación con la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso por no estar de acuerdo a la forma en la que que la diputada Petrona Mejía, presidenta de la sala legislativa, se expresó sobre el presidente Alejandro Giammattei.

En ese momento, Mejía aseguró: “Me daba risa el Señor Presidente, con nuestras estelas, qué sabe él de nuestras estelas”, sin embargo, a criterio del Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad (Conadi), ella emuló con los brazos el uso de los instrumentos que emplea Giammattei para su movilización.

Clarivel Castillo, presidenta de la junta directiva del Conadi, aseguró que no influyó el Alejandro Giammattei ni el ministro de Cultura, Felipe Aguilar para presentar la denuncia.

Una vecina del barrio San Joaquín, en la comunidad de Bosa, Colombia, se percató de que dos hombres bastante extraños se asomaban a las ventanas de varias casas en el vecindario, por lo que decidió comenzar a filmar con su cámara.

En la grabación se ve a dos hombres que intentan abrir las cerraduras de las casas y se aseguran de que no haya nadie adentro para poder entrar y robar todo lo que puedan.

Momentos más tarde, se puede observar como otra pareja de delincuentes en moto se acercan a estos hombres para asaltarlos, para lo que son sometidos con armas de fuego.

Los mismos pobladores del área aseguran que la situación es complicada y peligrosa, ya que “ni siquiera los mismos ladrones se libran de ser asaltados”.

Hasta el momento se desconoce qué sucedió con los delincuentes pues solo se puede observar cómo los asaltantes huyen en su moto y los asaltados corren por la acera.

Las autoridades de Colombia no tienen el registro de la fecha exacta de cuándo sucedió este atraco ni de la identidad de los cuatro ladrones.

El titular de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la presidencia, Hector Castillo, continúa detectando anomalías en los servicios y bienes de la entidad.

Según Castillo, en los últimos 15 días se han ahorrado cerca de Q60 mil en combustibles, no solo porque han reducido los viajes sino porque lograron recuperar 65 vehículos que pese a estar asignados a la SAAS, eran utilizados por familiares y amigos de exfuncionarios.

“Se está haciendo, como dijo el señor de la Contraloría, esto es un tema del Ministerio Público que lo están investigando”, respondió Castillo al cuestionarle si interpondrá alguna denuncia.

Además el funcionario dijo que reducirán el gasto en telefonía fija y móvil. La SAAS tiene 292 celulares, asignados a funcionarios y agentes, la idea es que solo queden 100 aparatos.

Secretario de la SAAS aseguró que hubo una reducción en el gasto de telefonía fija y de celular. Además dijo que preparan una denuncia porque familiares y amigos de funcionarios utilizaban vehículos que estaban asignados a la secretaría. pic.twitter.com/hZGPBOiaUG

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) February 12, 2020

Funcionarios de la Contraloría General de Cuentas señalaron durante la citación que mantienen dos auditorías en la SAAS, una de ellas por petición del Ministerio Público.

La revisión de las actas de las Juntas Receptoras de Votos se suspendió de nuevo por el allanamiento que el Ministerio Público practicó en el Departamento de Informática del TSE.

La diligencia causó dudas para algunos fiscales de partidos políticos, quienes se disponían a conocer una por una las actas de las elecciones generales.

Rudy González de VIVA, aseguró que las acciones del MP podría ser una cortina de humo, ya que coincidieron con el inicio de la revisión de las actas. Mientras Elmer Palencia de Valor, dijo que generaba más incertidumbre.

Allanamiento en el TSE

Las fiscalías contra la corrupción y de delitos electorales allanaron las oficinas del departamento de Informática del TSE. La diligencia inició a las 7:00 horas con la participación de nueve agentes fiscales y personal de apoyo. Además la Contraloría participó en el backup que se hizo a la base de datos del Tribunal.

Esta acción es parte de la investigación de oficio que inició el MP por las múltiples denuncias de inconsistencias en el traslado de los resultados electorales.

Rendón aseguró que Roberto Arzú ha sido citado ante el Tribunal de Miami-Dade desde diciembre último y que en varias oportunidades incumplió con la orden de presentarse ante el juez, no explicó motivos ni pidió posponer de la audiencia.

El joven pretende recibir una indemnización de 86.000 dólares, los nombres de los involucrados no se han hecho públicos al tratarse de un caso civil.

Todo inició cuando en 2016 el demandante se mudara a la vivienda de sus padres, tras divorciarse, permaneció por diez meses haciendo tareas domésticas en lugar de pagar alquiler.

En agosto de 2017, sus padres le pidieron que se fuera después de que se produjera una disputa familiar en la que tuvo que intervenir la Policía. En ese mismo año los progenitores viajaron al nuevo domicilio de su hijo, para devolverle las posesiones que había dejado en su casa.

Sin embargo el hombre notó una gran ausencia, 12 cajas llenas de películas porno habían desaparecido, en ese momento llamó a la policía para presentar cargos penales en contra de sus padres, pero el fiscal se negó a aceptarlos.

Apenas un mes después, comenzó a comunicarse por correo electrónico con su padre, quien admitió haberse deshecho de los videos por su bien, según consta en los documentos judiciales.

“Créelo o no, una de las razones por las que destruí tu porno fue por tu propia salud mental y emocional… Habría hecho lo mismo si hubiera encontrado un kilo de cocaína, escribió el progenitor del demandante. “Algún día espero que lo entiendas”, manifestó.

En otro correo electrónico, le recuerda a su hijo que fue expulsado de la escuela secundaria y de la universidad por vender pornografía a otros estudiantes. “También te advertí en ese momento que si alguna vez volvía a encontrar pornografía en mi casa, la destruiría”, escribió.

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La denuncia fue interpuesta contra el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, el fiscal Andrei Vladimir González y la encargada de la unidad de métodos especiales del MP, Wendy Ordóñez.

Los delitos por los que los señalan son: incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.  Ya que ellos tenían “la custodia de las pruebas que deberían garantizar que estuvieran bajo reserva”

“Tenemos información que nos ha llegado que se ha sustraído información de la Unidad de Métodos Especiales que se está comercializando al mejor postor con intenciones de dañar el proceso electoral”, señaló Oscar Argueta, secretario de la UNE.

La escucha telefónica tiene relación con la recaudación de fondos para la campaña de la UNE en 2015, los cuales no habrían sido reportados al Tribunal Supremo Electoral.

La detección de estas pláticas entre Alejos y Torres fue posible porque las intercepciones telefónicas estaban autorizadas para el seguimiento de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y Mario Leal Castillo por los casos Negociantes de la Salud y Traficantes de Influencias.

“Allí se escuchan conversaciones en las cuales se dicen cosas, pero no hay prueba concreta que se haya realizado o se hayan llegado a concretar tales ofrecimientos”, dijo Argueta.

Esta es la conversación:

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Elena Cedillo Raymundo denunció al asaltante que le robó sus pertenencias desde hace 5 días, cansada de esperar que las autoridades detuvieran al hombre decidió atraparlo por sus propios medios.

Gumercindo Ceto Brito le robó sus pertenencias en su casa de habitación en Nebaj, Quiché.

Cedillo lo amarró con un lazo y se lo llevó al mercado del municipio para que le indicara donde había vendido sus pertenencias.

Ceto Brito aceptó haberle robado a la mujer varios cortes típicos, un azadón y una hacha, esto lo hizo acompañado de otro hombre que no fue detenido.

Al  lugar llegaron elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) que detuvieron al hombre y lo trasladaron a la Subestación en Nebaj. Mientras tanto la señora molesta no lo soltaba hasta decidir que harían con las cosas que le habían robado y fueron vendidas en el mercado.

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El Juzgado Décimo Penal será el encargado de conocer las diligencias que involucran a Thelma Aldana, quien será proclamada como candidata presidencial por el partido Movimiento Semilla el próximo domingo.

Melvin Medina, jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, informó que solicitó control jurisdiccional y fue asignado Cruz medianto un sorteo que hizo la Dirección de Gestión Penal del Organismo Judicial.

El Ministerio Público (MP) investiga a la exfiscal por un caso de contratación irregular, confirmó Medina, evitando dar más detalles.

“Le voy a omitir nombre de la persona. Es un catedrático que fue contratado por la Unidad de Capacitación del MP. Se debe establecer si la persona prestó o no su servicio”, mencionó el fiscal Medina.

A principios de febrero pasado, la denuncia llegó a la Fiscalía, aunque el caso estaba en reserva desde noviembre del año pasado.

“Ya tenemos el contrato y ahora tenemos que verificar con la Superintendencia de Administración Tributaria ciertas declaraciones para ver si estaba dentro del régimen correcto de contribuyente a la misma institución. Por ahí vamos”, dijo Medina.

Medina fue consultado si habrá una orden de captura en contra de Aldana, Medina mencionó: “Por el momento no. Dependemos que nos fijen audiencia y lo que vaya a pasar. Puede ser que la auxiliar fiscal vaya y pida una primera declaración. Dependemos del control jurisdiccional y que nos fijen audiencia para ver qué nos autoriza el señor juez”.

Denuncian anomalías

La Contraloría General de Cuentas denunció ante el Ministerio Público la existencia de una supuesta plaza fantasma en la administración de Thelma Aldana, anunció el diputado Felipe Alejos.

Thelma Aldana, Rootman Pérez y José Carlos Marroquín fueron denunciados en base a una auditoria especial requerida por el parlamentario.

Alejos afirmó que los señalados habrían incurrido en delitos de fraude, peculado por sustracción y abuso de autoridad.

Pérez fue consultado vía telefónica y esto fue lo que dijo:  “No tenemos del todo la certeza que haya sido así. En caso confirmarse lo que ocurre, para nosotros es más que evidente, a dos días de la proclamación de Thelma Aldana, que el Pacto de Corruptos está en la absoluta disposición de utilizar a las instituciones para alcanzar los objetivos de bloquearle su participación”.

Esta fue la denuncia que presentó el diputado Felipe Alejos:

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Vea la nota de la denuncia de los vecinos de Santa Faz.  Ante las constantes denuncias el vocero de EMPAGUA  Carlos Flores, dijo: ¨Estamos hablando del área más lejana de la red, como tenemos un deficit de producción, no es posible darle agua a todos, todo el tiempo¨.

Vea la nota:

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Fotografías de vecinos de Santa Faz, esperando llenar cubetas con agua: