Las autoridades del Ministerio de Gobernación informaron este martes 6 de febrero que fortalecerán la seguridad en zonas fronterizas del país, para contrarrestar la incidencia del contrabando, la defraudación aduanera, la trata de personas y el narcotráfico, lo que, de acuerdo con sus proyecciones, se logrará por medio de la restructuración del Quinto Viceministerio del Interior.

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, señaló que el Quinto Viceministerio se ha dedicado exclusivamente al tema de narcóticos, pero a partir de la reestructura también tendrá a cargo los aspectos relacionados con contrabando, defraudación aduanera y trata de personas, que por su naturaleza son comunes en zonas fronterizas.

Agregó que el objetivo es combatir las estructuras dedicadas a dichos flagelos.

“En lo que compete al Ministerio de Gobernación hemos iniciado la restructura del Quinto Viceministerio, que antes se dedicaba casi exclusivamente al tema de narcóticos y hoy será denominado el Viceministerio de Seguridad Fronteriza, donde abordaremos cuatro delitos importantes: el contrabando, la defraudación aduanera, la trata de personas y no podemos dejar obviamente el tema del narcotráfico”, dijo Jiménez.

Además, señaló que la restructura del Viceministerio implicará una readaptación de la Policía Nacional Civil (PNC) en torno a estos temas.

Jiménez agregó que, para lograr el desarrollo del país, la seguridad debe ser efectiva, pero enfatizó que “no va a ser efectiva si no tenemos el control del territorio”.

“Estamos iniciando una nueva etapa de control territorial que implica precisamente un elemento fundamental y es el trabajo coordinado y la colaboración entre la fuerza policial y la fuerza militar”, dijo Jiménez.

De esa cuenta, las autoridades de Gobernación y del Ministerio de la Defensa dijeron que los operativos serán permanentes en Ayutla, San Marcos; La Mesilla, Huehuetenango; Playa Grande, Quiché; y la Franja Transversal del Norte.

Controles internos

Jiménez también dijo que al hacer la restructura del Quinto viceministerio también se reforzarán los controles internos para garantizar que los agentes de la PNC que trabajan en los temas en mención no sean presa de las mafias.

Señaló que se ha fortalecido el trabajo de la Inspectoría General de la PNC para garantizar el buen trabajo de los agentes, pues “muchas veces la criminalidad nos seduce para caer en las redes de la corrupción”.

En el Tribunal de Mayor Riesgo B continuó el juicio por el caso La Línea y este martes 19 de julio declaró José Alfredo Guillén, un técnico en aduanas que contó cómo se enteró del funcionamiento de la estructura de defraudación aduanera, con quiénes trabajó y cómo se repartían “la cola”, el dinero que recaudaban de forma ilegal.

Guillén declaró por videoconferencia y fue cuestionado por su labor de asesor y explicó que brindó asesorías de 2012 a 2013 en el Puerto Santo Tomás de Castilla, en Izabal, y allí en la audiencia afirmó que se enteró del funcionamiento de La Línea cuando asesoraba a una empresa privada de Selvyn Abdiel Palma Rodríguez, representante de la empresa Global Logistics, Sociedad Anónima.

El testigo comentó que conoció de la red denominada La Línea en Puerto Santo Tomás de Castilla cuando trabajaba haciendo trámites para Palma Rodríguez quien en ese momento tenían a cargo la estructura de defraudación, junto a otra persona.

Afirmó que el grupo tenía de nombre La Línea porque había una organización ya interna dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la cual estaba avalada por autoridades de Gobierno y a Palma le habían hablado para que tuviera la disposición de controlarla.

Guillén explicó que Palma le pidió que si quería encargarse de la estructura de ese puerto o que lo orientara de cómo podía tener el control de Santo Tomás eron que si él podía controlar.

Comentó al tribunal que ya sabiendo de La Línea, y que se llamaba así para alinear a la gente de los puertos, administración, autoridades de la SAT y autoridad de Gobierno que avalaba la organización y había que darle seguimiento a lo que se ofrecía a importadores o tramitadores para poder sacar sus mercaderías a un menor precio de lo que eran los valores reales.

Agregó que lo que iba a servir de guía para los procesos era el número de póliza de los contenedores. Añadió que esto se realizó en el 2012 y que cuando Palma dejó el control de la estructura,  a finales del año, pues ya todos tuvieron conocimiento que había quedado fuera.

Le dijo al tribunal que luego de la salida de Palma, entraron a controlar La Línea personas del sindicato de trabajadores de la SAT y se sabía que eran de esa organización, pues quitaron todos los administradores interinos que había colocado Palma y llegaron personas adscritas al sindicato, a la mayoría de las aduanas.

Guillén puntualizó que este nuevo personal tuvo el control parte del 2012 y principio de 2013 que él había tenido oportunidad de tramitar contenedores con una persona de nombre Estuardo González, que no es a quien se le conoce como Eco.

Mencionó que este Estuardo González era quien había quedado al frente de la estructura tras la salida de Palma, pero como Guillén todavía tramitaba contenedores con este último y le apoyaba con las importaciones, lograba sacarlos con la ayuda de La Línea, ya con las nuevas personas a cargo, pero dejaron de laborar allí a principios de 2013.

Conoce a Osama Aranki

Guillén contó en su declaración que conoció Osama Ezzat Aziz Aranki dándole asesoramiento en cómo llevar el control de La Línea, en el 2014, y que en enero, febrero y marzo solamente apoyó en trámites de encomiendas, porque había una intervención estatal en los puertos y solo se pudo  ingresar los contenedores de este tipo.

Dijo que Osama Ezzat le dio instrucciones que solo trabajara los contenedores de encomiendas, porque los contenedores de mercadería seca, como se le denomina a la demás carga, no se podía trabajar por orden de “los de arriba”.

Guillén también refirió que asesoró nuevamente a Selvyn Palma en mayo de 2014 para su empresa Global Logistics, para tramitar sus contendores dentro de La Línea, y se los ingresaba y reportaba en el informe a Osama Ezzat Aziz Aranki. También señaló que tuvo contactos con Bill Campbell, de la empresa World Cargo, para poder asesorarlo en el tema de La Línea en el 2014.

También asesoró para la empresa de Salvador Montenegro en temas relacionados con el funcionamiento de La Línea a mediados del 2012.

Al ser consultado sobre cuándo había conocido a Osama Ezzat Aziz Aranki, respondió que a mediados de octubre de 2013 en una bodega que era de su negocio en la zona 16 de la capital.

Dijo que una persona a la que únicamente identifica como Aldrin lo lleva al lugar porque no había llevado el dinero completo y por eso le dicen que lo van a presentar con los encargados de La Línea para que explicara por qué no tenía el dinero en efectivo y cabal.

Señaló que allí en la noche, Aldrin le presenta a Osama en la bodega y al otro día ya lo reciben en la oficina y conversan. Recordó que Aldrin le dice a Aziz Aranki que él era el encargado de trámites en Santo Tomás.

En el relato del testigo se menciona que Aldrin le dice a Aziz Aranki que él ya se quiere salir -de La Línea- porque está cansado y no quiere estar cerca de militares porque presionaban mucho y pedían mucha “plata”, pero que si él quería podía seguir trabajando allí le dejaba a Guillén, porque “éste está hambriento y quiere pisto”.

Luego de eso, Aldrin deja en el lugar un libro y se va de la reunión, entonces ya solo queda Aziz Aranki y Guillén, quien expone el trabajo que hacía para La Línea y por qué la recaudación estaba tan baja en Puerto Santo Tomás de Castilla, pues quería saber porque le habían encomendado un proyecto para elevar la recaudación en las aduanas en cuanto a importaciones y que si Guillén quería apoyar.

“Yo le respondo que estaba bien, que iba a hacer las consultas con las empresas que estaban saliendo de aduanas sin impuestos y de qué forma se podía encausar a estos importadores para que pagaran, a lo que él me responde que está bien y que quería un informe de eso”, dijo Guillén.

Recuerda que Aziz también le dijo que podía seguir trabajando en lo que hacía, así lo apoyaba a él y seguía ganando.

Comentó que en noviembre y diciembre trabajó con él y le hizo reportes de contenedores hasta que cayó la intervención del Gobierno en los puertos y que siempre le llevó el reporte y el dinero que recolectaba de los sobornos que recibieron para sacar los contenedores de encomiendas.

Contó que en una semana podían recaudarse unos Q100 mil en sobornos y era lo que Guillén le llevaba a la oficina a Aziz Aranki.

Cómo se repartían los sobornos

Guillén afirmó ante el tribunal que él consignaba en los reportes que le hacía a Mynor Pineda los montos totales de lo que era la casilla de envío o “cola”.

Contó que un 20% de los ingresos era para el administrador de la aduana de Santo Tomás de Castilla, y él tenía que repartirse con los coordinadores de rampa de cada turno y los técnicos aduaneros que estaban en ese momento encargados de rampa de revisión y el 5% para la cuota del encargado externo, que era el propio Guillén.

Apuntó que Mynor Pineda no pedía más desglose de de esos porcentajes porque él hacía el resto, es decir el 75%.

Recordó que en pláticas Pineda decía que el 62% de ese resto era “para lo de arriba” y para “el señor JC”, que en ese tiempo ya todos sabían que era Juan Carlos Monzón, en ese tiempo secretario privado de Roxana Baldetti.

Otro 2% lo adjudicaba a Estuardo González, “Eco”; 5% que se le daba a la autoridad en turno en la SAT y otro 5% se lo quedaba Osama Ezzat Aziz Aranki, pero de allí él decidió quitar el 1% era para manejo de la oficina.  Otro 1% era asignado a Omar Nájera, según lo decía Mynor Pineda.

Este miércoles 2 de febrero comenzó el juicio por el caso La Línea, en el que están vinculados el expresidente Otto Fernando Pérez Molina y la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, quienes son señalados de liderar una estructura criminal que se habrían beneficiado de millones de dólares en sobornos por la defraudación aduanera y que fue descubierta por la desaparecida Cicig y el Ministerio Público con base en escuchas telefónicas. 

En el Tribunal de Mayor Riesgo B comenzó el juicio por el caso La Línea y el primero en declarar fue el expresidente Pérez Molina, quien es señalado como cabecilla de esa estructura criminal. 

El exmandatario expuso que el caso que se montó en su contra fue armado intencionalmente para prolongar la permanencia de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y para impulsar la carrera política de Thelma Aldana, quien en ese momento era la jefa del Ministerio Público (MP). 

Pérez Molina explicó que en su caso hay 100 mil llamadas y escuchas telefónicas y que todas esas solamente hay una en donde él habla.  

Expresó que esa escucha telefónica es ilegal, puesto que en ese momento él era presidente de Guatemala y gozaba de inmunidad.  

“Ellos -la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci)- no pueden decir que fue un hallazgo inevitable, porque a mí me llamó el superintendente y me dijeron, permítame lo vamos a localizar, o sea el que estaba escuchando oyó que el presidente iba a hablar, y yo tenía inmunidad y él ahí debió haber colgado el teléfono, pero no le importó, violando la ley se quedó escuchando al presidente”, dijo Pérez Molina en referencia a la llamada. 

Afirmó que además, en esa llamada no dio nada ilegal y que solo estaba hablando con el entonces superintendente de Administración Tributaria, Omar Franco, en relación al cambio del jefe de Recursos Humanos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).  

Recalcó que el jefe de la SAT no era su subordinado y que lo que hablaron fue de cambiar al jefe de Recursos Humanos, y Franco le comentó que quería poner a alguien de su confianza y por eso el mandatario le respondió que, si era así, que colocara a esa persona.  

“Allí no hay nada, nada ilegal. Aparte es que yo le hubiera impuesto y le hubiera dicho usted me pone a esa persona a como dé lugar, ahí sí hubiera estado infringiendo la ley, porque la SAT es autónoma”, comentó Pérez Molina.  

El dueño de la finca 

El exmandatario dijo que en el proceso del Caso La Línea hay 100 mil llamadas, una en donde se escucha su voz y 23 en dónde se supone que están hablando él. 

“Hablan del 1, hablan del dueño de la finca, hablan del mero mero en 23 de 100 mil llamadas y nunca dicen mi nombre”, afirma Pérez Molina.  

También hizo referencia a que en la acusación que tiene se menciona que hay 500 mil correos electrónicos y no aparece él en ninguno de ellos y que van a demostrar en el momento oportuno que no aparece su nombre en ningún correo, ni comunicación ni documentos, a excepción de un documento que nunca llegó y que se dice que estaba en una computadora de uno de los colaboradores eficaces del MP, que consistía en un memorándum de cuatro hojas. 

Quiso intervenir en las aduanas 

Pérez Molina también refirió que cuando quiso intervenir las aduanas no pudo hacerlo desde adentro, porque el directorio no lo permitió y él respetó la ley porque eran autónomos y por eso tuvo que hacer la intervención por afuera con entidades e instituciones que él involucró en 2013 y 2014. 

“Si yo hubiera hablado con Iván Velásquez -exjefe de la extinta Cicig- que uno de los objetivos a los que se iban a dedicar era ver lo de las aduanas, si yo hice esos operativos cómo iba por otro lado yo tener gente organizado una gran banda, como una organización o estructura criminal como lo quiere hacer creer el MP y en ese tiempo la Cicig y todas esas gentes que venían de otros países con tal de involucrar al presidente”, dijo al Tribunal el expresidente Pérez.  

Añadió que tenía un convenio verbal con Velásquez y que si él hizo esos operativos, cómo es posible que él hubiera podido estar liderando la estructura criminal. 

Refirió que el MP no va a poder sostener la acusación en su contra, pero no van a poder, porque no es así.  

Afirmó que en el proceso hay 1 mil 571 duas (documentos aduaneros) y él le imputaron 631 en la acusación, pero dudó de la forma y los criterios que tuvieron para asignarle esa cifra.  

“Esos querían quedar bien con quienes en ese momento se creía que eran los buenos del país, que tenían todo el poder como Thelma Aldana y –Juan Francisco- Sandoval. ¿Meter 631 duas en mi acusación? ¿Cómo lo van a demostrar a usted? No van a poder demostrárselo”, le dijo a los jueces.  

Habla del cambio en la SAT 

Pérez Molina también se refirió a por qué, en su momento, nombró a Omar Franco como jefe de la SAT.  

Dijo que Carlos Muñoz durante dos años no cumplió con las mestas de recaudación y por eso, cumpliendo la ley, lo removió. 

Dijo que Franco había sido seleccionado en tres ternas anteriores para ser jefe de la SAT, fue el que obtuvo mejores puntajes y el que conocía más el funcionamiento de la entidad, por eso lo seleccionó.  

Recordó que la llamada, que quedó en la escucha telefónica del caso La Línea, era cuando hablaba con Franco para contarle que había recibido denuncias del jefe de recursos humanos de la SAT y fue allí que Franco le dijo que quería poner allí a alguien de su confianza.  

“Removió al de recursos humanos y puso a Sebastián Herrera, a quien tampoco nunca conocí, hasta que lo conocí estando detenido. Tanto Franco como Herrera estuvieron tres meses uno y dos meses y poco el otro y siguen ligados a proceso. Estuvieron cuatro o cinco años detenidos, Omar Franco sigue detenido, yo sigo detenido por seis años y medio casi, por un señalamiento y acusación que en verdad no tiene sentido”, finalizó Pérez.  

El Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía Delitos Económicos y con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) efectuó allanamiento, inspección y registro en tres inmuebles en Chiquimula y Puerto Barrios, Izabal.

Los operativos se realizaron en seguimiento a una investigación que inició tras una denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por defraudación tributaria de más de Q5 millones en perjuicio del Estado.

Durante el operativo se coordinó la aprehensión de Débora Betzaida Choc Hernández; además, se secuestró documentación contable que permitirá fortalecer la investigación, según el ente investigador.

De acuerdo con la Fiscalía, la SAT hizo una auditoría a los establecimientos Importadora y Exportadora María Guadalupe y Agencia de Trámites Aduanales Getsemaní, propiedad de Choc Hernández.

No hubo registro

Mediante la auditoría y de la investigación del MP se determinó que no registró en sus libros contables, ni reportó en sus declaraciones juradas y pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado.

Tampoco hay registro de su declaración jurada y pago anual del Impuesto Sobre la Renta, como haber realizado transferencias y exportaciones a Honduras, mediante Facturas y Declaraciones Únicas Centroamericanas y a través de Formularios Aduaneros Únicos Centroamericanos.

Tampoco reportó haber efectuado adquisiciones e importaciones a Honduras, siendo que los bienes adquiridos, tampoco fueron registrados en el inventario final, por lo que estos fueron vendidos en Guatemala sin haberse emitido las facturas de ventas respectivas.

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Según la investigación, se determinó que ocultó ingresos de forma fraudulenta por ventas no registradas ni declaradas, derivado de adquisiciones realizadas por medio de Factura y Declaraciones Únicas Centroamericanas e importaciones a través de Formularios Aduaneros Únicos Centroamericanos.

Las anteriores acciones conllevaron a que la contribuyente en beneficio propio dejara de declarar ante la administración tributaria la totalidad de sus ingresos percibidos durante el período objeto de fiscalización, habiendo ocultado de manera dolosa su débito fiscal.

Esto provocó un perjuicio en la recaudación impositiva del Estado de Guatemala por un monto de más de Q5 millones más multa e intereses, en perjuicio del Estado de Guatemala.

Con el objetivo de evitar el contrabando aduanero y la defraudación fiscal, este jueves 7 de enero el presidente Alejandro Giammattei, junto a representantes del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon), y personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), inauguró el Puesto de Control Interinstitucional (PCI) en Pasaco, Jutiapa.

El PCI es el tercero de los 12 que contempla el proyecto de Coincon en todo el país, el cual tuvo un costo de US$300 mil que donó el gobierno de Estados Unidos, por medio de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala.

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Estos PCI tienen como misión frenar el contrabando y el comercio ilegal como drogas que vienen

Marco Livio Díaz, jefe de la SAT, dijo que hasta el momento se han instalado 3 PCI en el país, uno en Pajapita, San Marcos, en mayo de 2020; el segundo en Entre Ríos, Puerto Barrios, Izabal, en septiembre de 2020 y ahora el tercero en Pasaco, Jutiapa.

Dijo que los PCI responden al plan estratégico de la SAT especialmente para aumentar la eficiencia del servicio aduanero mediante el incremento de controles para disminuir la defraudación y el contrabando aduanero.

El presidente Alejandro Giammattei agradeció al gobierno y pueblo de Estados Unidos por la contribución que hacen para que Guatemala luche contra un mal que como lo es el contrabando, la defraudación fiscal y la defraudación aduanera.

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“Nosotros no deberíamos tener los problemas fiscales que tenemos si tuviéramos un sistema de control robusto. Muchas personas se preguntan por qué decidimos aumentar los controles el año pasado  y la respuesta es sencilla; tener salud, tener seguridad, tener todo un sistema educativo que funcione de primer orden requier de dinero y ese dinero tiene que venir de los impuestos”, dijo Giammattei.

Expresó que Guatemala tiene los impuestos necesarios, pero que se busca que sean recaudados adecuadamente.

“Es intolerable para este país tener una defraudación aduanera y una evasión fiscal y contrabando que superen los Q20 mil millones al año”, expresó.

Dijo que las mafias que viven del contrabando se sienten ofendidas por este trabajo de control, pero que el gobierno seguirá luchando contra la evasión, defraudación y contrabando.

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Giammattei añadió que Guatemala y sus habitantes se merecen y tienen derecho a un sistema de seguridad, educación y salud de primer orden, pero eso va de la mano con el pago de impuestos de forma justa.

“Hay que pagar los impuestos, porque es la mejor manera que tenemos para poder hacer y engrandecer nuestro país y la lucha porque se recaude más debe ir íntimamente ligada con la lucha contra la corrupción, para que podamos ver entonces que esos ingresos fiscales se utilizan en su justa y verdadera dimensión en los programas de desarrollo humano que Guatemala requiere”, dijo el mandatario.

“Dejar la cultura del contrabando, la defraudación, y la evasión es una responsabilidad de todos los guatemaltecos, para cambiar a una cultura  de pago, de pago de nuestros impuestos y cambiar la cultura que ha habido en el Organismo Ejecutivo de lapidar los recursos, de robarse los recursos”, añadió Giammattei.

William W. Popp, embajador de Estados Unidos en Guatemala explicó que la donación para los PCI son un compromiso de ese país para el trabajo con Guatemala, pues juntos trabajan para que fronteras y carreteras del país sean más seguras.

Dijo que buscan combatir organizaciones criminales y fortalecer la economía y por eso se diseñaron estos puestos de control con referencias de las mejores prácticas que tiene Estados Unidos y las adaptaron a prácticas locales y esto permitirá  que la aduana, la PNC y los ministerios de Salud y Agricultura sirvan mejor a las comunidades.

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Refirió que los puestos de control impedirán que las organizaciones criminales transnacionales se nutran del pueblo guatemalteco y en lugar de esto estos esfuerzos van a recuperar ingresos fiscales para que puedan servir para impulsar la economía local y empleo formal.

“A pesar de los enormes desafíos del año pasado este puesto de control es una muestra de nuestra continua colaboración para mejorar la seguridad y prosperidad de Guatemala”, concluyó Popp.

Desnutrición

El presidente Giammattei anunció que la semana entrante le entregarán a 200 mil niños, que tienen entre 6 y 24 meses y con algún problema de desnutrición, un suplemento alimenticio que recibirán cada mes para hacer una papilla y así no tengan ese problema.

Explicó que los fondos para ese proyecto salieron de ahorros en gastos de la Presidencia que ascendieron a Q65 millones.

Dijo que también de ahorros de programas del Gobierno de obtuvieron Q700 millones para la compra de vacunas contra el covid-19.

Confirma al jefe de la SAT

Giammattei también mencionó que el jefe de la SAT,  Marco Livio Díaz, está preocupado porque no cumplió con la meta de recaudación y en otra ocasiones eso ha sido motivo de cambio, pero confirmó que junto al ministro de Finanzas decidieron pedirle al Directorio de la SAT que confirme Díaz en el cargo.

El fiscal Juan Francisco Sandoval, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), informó en conferencia de prensa este miércoles 12 de agosto que este nuevo caso se deriva de la investigación del caso La Línea, en los que están involucrados el ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

La investigación del referido caso permitió descubrir la existencia de una organización criminal que operó por lo menos entre mayo del 2014 y abril del 2015.

Esta estructura efectuó actos de corrupción en las aduanas de Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla. Las operaciones que habían sido objeto de persecución penal están relacionadas con la Aduana de Puerto Quetzal.

Como parte del proceso investigativo, la Feci en conjunto con la Policía Nacional Civil efectuaron al menos 26 allanamientos en el departamento de Guatemala, El Progreso, Petén, Jutiapa, Zacapa e Izabal. Se reportan siete capturas.

Sandoval agregó que la investigación posterior a abril del 2015 determinó la vinculación de otras personas participantes dentro de la organización criminal La Línea, entre estos funcionarios de la SAT (supervisores o coordinadores de rampa).

También consolidadores, que se trata de particulares que se dedican a contratar en nombre propio y por su cuenta, servicios de transporte internacional de mercancías destinadas (embarques o cargas).

Además, desconsolidadores, que son los encargados de hacer la gestión que permite el ingreso de mercancías al territorio guatemalteco, por medio de la desagrupación de lo contenido en los embarques previamente consolidados bajo un mismo, estos últimos y los antes mencionados aprovechando la organización criminal La Línea defraudaron al Estado de Guatemala.

Explicó que luego de desarticulada parte de la organización en el 2015, se pudo establecer la existencia de tres sistemas empresariales que operaron alrededor de empresas desconsolidadoras.

Estos tres sistemas empresariales se dedicaban a la consolidación y desconsolidación o la importación de mercadería para mantener de esa forma el monopolio y control absoluto en las aduanas del país.

Participaron entre el 10 de mayo del 2014 y el 10 de abril del 2015 en el paso de contenedores registrados por la organización criminal La Línea, por el cual se cobraron al menos Q5 millones 127 mil por concepto de cobro anómalo denominado “cola” y por los cuales se defraudó al Estado de Guatemala por al menos por Q14 millones 315 mil 429. 49.

En algunos casos los consolidadores manipularon las facturas presentadas como respaldo del contenido de los contenedores consolidados.

Al extremo de crearlas por completo, con mercancía, cantidades y precios que no corresponden a lo importado, logrando con ello disminuir el monto de impuestos a pagar.

El tercer sistema empresarial según el Ministerio Público (MP), fue dirigido por Salvador Montenegro Brol por medio de 12 importaciones y tuvo comunicación con miembros de La Línea.

Añadió que el segundo sistema empresarial descubierto cobró Q2.4 millones en cobros indebidos y defraudaron a la SAT por Q9.7 millones.

Según el MP, Selvyn Palma dirigió un segundo sistema empresarial para defraudar en aduanas por medio de 134 importaciones.

El primer sistema empresarial efectuó 70 importaciones en 2014 y 2015, pagando sobornos por Q1.1 millones y defraudaron Q3 millones.

A decir de la Feci, funcionarios de rampas de revisión de Santo Tomás fueron colocados con influencias por empresas para manipular declaraciones y hacer reajustes.

La investigación permitió establecer los montos depositados a diferentes cuentas y que los consolidadores no utilizaban facturas originales que los clientes individuales obtienen del proveedor en el extranjero al efectuar el pago por la compra de la mercadería.

El fiscal resaltó que, esta estructura, compleja en su diseño tiene todo un andamiaje de control en puestos claves dentro de la SAT, esto desde los mandos altos y mandos medios, hasta los coordinadores de rampa y vistas aduaneros.

Funcionarios de la SAT (Supervisores o Coordinadores de Rampa): Consolidadores y Desconsolidadores, quienes aprovechando la organización criminal #LaLínea defraudaron al Estado de Guatemala. pic.twitter.com/dRwUOHFKLC

— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 12, 2020

La Feci afirmó que todas las actividades se tenían previamente pactadas, los coordinadores y supervisores eran los encargados de dar cuenta al encargado externo de La Línea, siendo en el presente caso el de la Aduana de Santo Tomás, Jorge Alfredo Guillén Sagastume. Según el MP, ellos eran los responsables de recibir el monto de dinero que se repartiría entre los integrantes de la estructura criminal

Cada uno de los integrantes con roles delimitados para operar y con ello defraudar al Estado en la salida de mercaderías de cada uno de los recintos aduaneros, previo pago de los dueños de los contenedores, esto causó daño enorme al fisco del país.

Marco Díaz, jefe de la SAT, afirmó que la línea ha dejado de operar. También añadió que presentó 21 denuncias nuevas por defraudación de Q451 millones.

Capturados

Empleados de la SAT

• Lorena Damaris Túnchez Mejía.
• Mynor René Cotom Guzmán.
• Juan Francisco Rodríguez Jacobo.
• Javier Ayala y Ayala, exempleado de la SAT.
• Edgar Augusto Marroquín Herrera, exempleado de la SAT.
• Marco Antonio Sagastume López, empresario consolidador (Sistema empresarial 1).
• Salvador Montenegro Brol, empresario consolidador (Sistema empresarial 3).

Prófugo

• William Garth Campbell Serovic, empresario consolidador (Sistema empresarial 1) Prófugo desde 2016.
• Hay cinco órdenes de captura pendientes y una persona citada.