Un equipo periodístico de Prensa Libre y Guatevisión le dio cobertura este 18 de junio a un un mitin del presidenciable Manuel Conde en la aldea El Cerinal del municipio de Barberena, Santa Rosa, donde documentó al final de la actividad la entrega de comida y bebida a personas que llegaron en buses al mitin de cierre de campaña.

Ahí los comunicadores fueron acosados por simpatizantes del partido, quienes les increparon por tomar fotografías y vídeos de la entrega de los alimentos a las personas que fueron llevadas en autobuses al lugar. Les exigían que dejaran de grabar y que borraran el material audiovisual propiedad de esta casa editora.

El problema fue mayor cuando llegaron dirigentes en cuyas camisas estaba bordado su nombre y con los logos del partido de gobierno. Estos en todo momento quisieron evitar que se documentara el hecho y acusaban a los reporteros de estar “pagados por alguien” para llevar a cabo su labor periodística.

Un hombre, con camisa del partido Vamos y cuyo nombre bordado decía “Ing Jorge Dardón” se acercó a la reportera e intentó arrebatar el celular, mientras que con un sombrero intentaba evitar que le tomara el vídeo y fotografías.

Estos sujetos le tomaron fotos a las credenciales de los reporteros y también a las placas del vehículo de Prensa Libre con el cual llegaron a darle cobertura al mitin.

Un segundo hombre, cuyo nombre bordado se leía “Jorge Lima” se sumó al acoso y se acercaron al vehículo de Prensa Libre y Guatevisión para impedir que se siguiera grabando el incidente. Ambos exigían que dejaran de documentar la entrega de alimentos..

El equipo periodístico logró salir del lugar; sin embargo, mientras caminaban para ponerse a salvo, entre la multitud alguien los acusó de haber ingresado en una vivienda para tomar fotografías, lo cual nunca se hizo. El equipo periodístico ponerse a salvo, finalmente.

Esta casa editora condena la actitud violenta y poco tolerante de algunas personas del partido Vamos, que no solo obstaculizaron la labor de la prensa, sino pusieron en riesgo la vida de dos guatemaltecos que ejercían su labor

Ninguna de las coberturas durante la campaña electoral que realiza esta casa editorial buscan afectar o beneficiar a algún partido o político. La labor periodística es informar a los guatemaltecos sobre los hechos y la actuación de las agrupaciones y sus dirigentes, quienes aspiran a gobernar el país.

El secretario general del partido Vamos, Víctor Valenzuela, declaró que eran “respetuosos de la prensa. Yo personalmente saludé a los periodistas y no me comentaron nada del problema”.

Además, lamentó el incidente y dijo: “Estaremos tomando las medidas necesarias para indagar más sobre el mismo”.

“Reiteramos nuestro respeto a la libertad de prensa y los medios de comunicación”, finalizó.

La Corte de Constitucionalidad (CC), resolvió este 2 de marzo cuatro expedientes planteados sobre inscripción de candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país.

Con estas resoluciones se confirma la inscripción como candidatos presidenciales de Zury Ríos, Sandra Torres y Romeo Guerra.

También rarifica la negativa de inscripción de Jordán Rodas y la revocatoria de inscripción de Roberto Arzú, tras declarar sin lugar apelaciones.

En el comunicado COM-003-2023 la CC menciona que este 2 de marzo el pleno de Magistrados conoció y resolvió los expedientes 830-2023, 843-2023, 888-2023 y los expedientes acumulados 907-2023 y 908-2023.

Hace ver que todas las resoluciones anteriormente indicadas fueron resueltas por unanimidad.

Caso de Jordán Rodas y el MLP

En el documento se detalla que en el caso del expediente 830-2023, se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MPL) y como consecuencia, confirma la denegatoria del amparo provisional solicitado por la agrupación aludida.

El MLP planteó, el 16 de febrero, un recurso de apelación en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que denegó un amparo provisional con el que se buscaba la inscripción de Thelma Cabrera y Jordán Rodas como binomio presidencial.

El MLP proclamó el 28 de diciembre a su binomio presidencial en el municipio de Santo Domingo, Suchitepéquez. Este está integrado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas.

El 28 de enero el Registro de Ciudadanos (RC) del TSE declaró no procedente la solicitud de inscripción del binomio presidencial del MLP, aparentemente porque el exjefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentó una Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos – finiquito – dentro del expediente; sin embargo, al hacer la revisión se estableció que en la Contraloría General de Cuentas hay dos reparos.

El MLP presentó un recurso de nulidad el 30 de enero pasado en contra de la resolución del Registro de Ciudadanos que declaró no procedente la inscripción de su binomio presidencial.

El pasado 15 de febrero se informó que la Corte Suprema de Justicia no decretó el amparo provisional al MLP en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que negó la inscripción de binomio presidencial de Cabrera y Rodas.

Zury Ríos

Según el comunicado de la CC, el expediente 843-2023 se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el partido político Cabal y, como consecuencia, confirma la denegatoria del amparo provisional solicitado por la agrupación aludida.

La organización política Cabal, cuyo presidenciable es Edmond Mulet, había accionado contra la inscripción de Zury Ríos como aspirante a la presidencia de Guatemala, pues consideraban que tiene impedimento constitucional.

El argumento de las acciones es el inciso c) del artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala, referente a la prohibición de participación como candidato a la Presidencia de los parientes (en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad) de caudillos o jefes de un golpe de Estado.

Zury Ríos es hija de Efraín Ríos Montt, quien asumió tras un golpe de Estado, en 1982.

Caso Sandra Torres

El comunicado de la CC también explica sobre el expediente 888-2023 el cual declararon sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el partido político Todos y, como consecuencia, confirma la denegatoria del amparo provisional solicitado por la agrupación aludida.

Todos presentó el viernes 17 de febrero una apelación en la CC en contra de la resolución de la CSJ que decidió no otorgar el amparo provisional para no permitir la inscripción del binomio presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), integrado por Sandra Torres y Romeo Guerra.

El pleno de magistrados del TSE había declarado sin lugar, el pasado 5 de febrero, un recurso de nulidad planteado contra el binomio presidencial de Sandra Torres y Romeo Guerra, bajo el argumento de que Guerra ejercía como ministro de culto hasta noviembre de 2022.

Según lo que planteó el partido Todos, Guerra tendría impedimento legal para optar a la candidatura vicepresidencial, de acuerdo con el artículo 186, literal “f” de la Constitución Política de la República.

El inciso “f” del artículo 186 de la Constitución señala que no pueden optar a los cargos de presidente y vicepresidente “los ministros de cualquier religión o culto”.

Roberto Arzú

La CC también menciona en el comunicado de este 2 de marzo que en los expedientes acumulados 907-2023 y 908-2023 se declararon sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el partido político Podemos y David Esteban Pineda Barrios y, como consecuencia, confirma la denegatoria del amparo provisional solicitado por la agrupación aludida.

El TSE resolvió revocar la inscripción de Arzú y Pineda luego de declarar con lugar un recurso de nulidad presentado por el partido FCN Nación.

El pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) revocó el 6 de febrero la inscripción de Roberto Arzú y David Pineda, como binomio presidencial del partido político Podemos.

La agrupación política FCN Nación argumentó que Arzú ha incurrido en campaña anticipada y que el partido ha incumplido con el pago de una multa de US$50 mil, por lo cual, los magistrados aceptaron la nulidad y se revocó la inscripción, por lo que el binomio presidencial por el momento queda fuera de la contienda electoral.

En marzo del 2022, Arzú fue advertido de que se abstuviera de efectuar actos de campaña anticipada ya que podría no ser inscrito. En octubre, el Registro de Ciudadanos resolvió la “no inscripción” de Arzú, debido a los actos de campaña de forma reiterada.

Sin embargo, en diciembre pasado, el pleno de magistrados del TSE declaró con lugar una apelación y revocó la resolución, ya que consideraron que no era competencia del Registro de Ciudadanos emitir este tipo de sanciones, y por lo tanto, se emitió un nuevo fallo el 19 de enero pasado, en el cual se archivó el expediente de Arzú.

En el caso de Roberto Arzú, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está pendiente de resolverse una acción de amparo presentada por el partido Podemos, a la cual se le dio trámite semanas atrás.

Faltan cerca de dos meses para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lleve a cabo la convocatoria a elecciones, con lo que se permitirá iniciar con la propaganda política; sin embargo, sin haber arrancado la contienda, 14 de los 27 partidos políticos vigentes ya se encuentran bajo investigación por posible campaña anticipada.

El pasado 7 de noviembre la Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión hizo de conocimiento del pleno de magistrados del TSE sobre varios expedientes que se trasladaron a la Inspección General para su investigación, donde destacan 14 agrupaciones partidarias. 

Los expedientes se remitieron luego de las detecciones en torno al “posicionamiento” de personas o partidos políticos en medios de comunicación en época no electoral, según el oficio.

Con las investigaciones, la Inspección General debe determinar si estos partidos están incurriendo en campaña anticipada, y al darle trámite debe otorgar un plazo no mayor a cinco días hábiles para que las agrupaciones presenten sus pruebas de descargo.

Además de las agrupaciones políticas, se remitieron en el últimos mes expedientes de posible propaganda de Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula; Francisco “Panchito” Ruiz, coordinador municipal de Vamos en Mixco; así como los diputados Patricia Sandoval y Cristian Álvarez.

Partidos bajo investigación:

1. Podemos
2. Unionista
3. Cabal
4. Vamos
5. Comunidad Elefante
6. Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)
7. Bienestar Nacional (BIEN)
8. Visión con Valores (Viva)
9. Partido Humanista
10. Partido Unión Republicana
11. Valor
12. Cambio
13. Nosotros
14. Movimiento Semilla

Jornadas de afiliación

Debido a la prohibición que existe en la actualidad para efectuar actos de campaña antes de la convocatoria de elecciones, la mayoría de los partidos políticos se ha concentrado en llevar a cabo actividades de afiliación, con la intención de comenzar a posicionar frente a la población a posibles aspirantes a cargos de elección popular.

Estas actividades también son objeto de análisis de parte del TSE.

Notificaciones

La semana pasada, la Inspección General del TSE notificó a los partidos Vamos y Movimiento Semilla acerca de dos expedientes administrativos que se encuentran en trámite y por los cuales los emplazó para que presenten sus descargos.

En el caso de Vamos fue en agosto que la Unidad Especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión trasladó un expediente a la Inspección General por el uso de las redes sociales de la agrupación política.

En tanto, contra el partido Movimiento Semilla fue en septiembre que la Inspección General del TSE la que solicitó a la Unidad de Medios que trasladara los expedientes de los diputados Bernardo Arévalo, Samuel Pérez y Ligia Hernández, así como de los afiliados Cinthya Rojas y Raúl Barrera, por supuesta campaña anticipada.

Advertencias

A la fecha son ocho los políticos que han sido advertidos por parte del TSE sobre que podrían no ser inscritos en las próximas elecciones si continúan con actividades que se enmarcan en posible “campaña ilegal”.

Se trata de Neto Bran, Roberto Arzú, Arcenio Pérez, Élmer Hernández, Sandra Torres, Thelma Cabrera, Edmond Mulet y Fernando Alcayaga.

El artículo 62 Quater, del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que se debe fijar un plazo de ocho días para que las personas advertidas suspendan la actividad de propaganda ilegal.

En el caso de Bran y Arzú semanas atrás fueron notificados de que por continuar con actividades catalogadas por el Registro de Ciudadanos como “propaganda ilegal”, no se les permitiría su inscripción, sin embargo, son decisiones apelables.

Analistas

A criterio de algunos analistas, se percibe parcialidad, subjetividad y discrecionalidad en las sanciones y advertencias que ha hecho el TSE, ya que no existe una estandarización de los criterios de qué es la campaña anticipada.

“Lo que hemos visto es que de manera discrecional han mandado esas advertencias y sanciones, y eso genera desconfianza. No hay una estandarización de a quienes se aplica y a quienes no”, expuso la politóloga Marielos Chang, quien apunta a que las personas sí pueden tener postulas políticas, pero no llamar al voto.

Mientras tanto, Jahir Dabroy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), existe subjetividad que se puede prestar a malas interpretaciones de los criterios de la campaña anticipada y cuestiona el retraso que ha tenido el análisis de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

“Hay una fuerte responsabilidad en el Congreso porque no se discutió oportunamente la Ley Electoral y de Partidos Políticos y dejar clarificado qué es y qué no es campaña anticipada. El TSE tiene responsabilidad en cuanto a dar mucha más certeza de que puede ser campaña anticipada”, expuso Dabroy.

Sobre lo expuesto por los analistas se buscó una postura del TSE a través de su departamento de Comunicación Social, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Previo a las Elecciones Generales 2023, los alcaldes podrían tener la facultad para hacer compras sin licitación hasta por Q2 millones, según la reforma a la Ley de Contrataciones del Estado que se impulsa en el Congreso de la República, la cual aplicaría solo para las municipalidades.

Este lunes 14 de noviembre, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República emitió el dictamen favorable a la iniciativa 6065, que regula estas modificaciones y que fue presentada el 26 de abril pasado por la presidenta del Legislativo la oficialista Shirley Rivera junto a otros diputados.

La propuesta se pretende aprobar mientras se hacen correcciones a la que busca crear una nueva Ley de Adquisiciones del Estado que remitió el Organismo Ejecutivo.

“Se dispone a aprobar un capítulo especial para las municipalidades, el gobierno local. Había otra iniciativa que había pasado por esta comisión, esta iniciativa está en segundo debate y de esta todavía hay algunas situaciones que se están enmendando para poder pasar a tercera lectura”, dijo el presidente de la Comisión de Finanzas Cándido Leal.

 Principales cambios

De aprobarse la normativa, si la comuna y empresas municipales no reciben ofertas en un plazo determinado para la compra de bienes, obras o suministros por medio de cotizaciones, se podrá hacer una compra directas hasta por Q2 millones, esto debido a la modificación que se pretende hacer al artículo 38 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, la normativa establece que el alcalde, gerente o funcionario a cargo de la empresa municipal podrá autorizar compras por montos que no superen los Q2 millones, ya que si existen montos por arriba de esta cantidad tendría que ser autorizado por el Concejo.

La propuesta también incluye que las compras de baja cuantía ya no sean de hasta Q25 mil para las comunas, sino de hasta Q100 mil. Mientras que las compras directas pasen a ser de entre Q100 mil y Q200 mil, ya que actualmente son de entre Q25 mil y Q90 mil.

La iniciativa también reduce el plazo para la recepción de ofertas desde que se publica en Guatecompras hasta el día fijado para la presentación de las propuestas, que actualmente es de 40 días y se acorta a 20 para las comunas.

Brenda del Cid, alcaldesa de Chinautla y quien acudió a la Comisión de Finanzas como delegada de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), negó que se trate de una iniciativa con fines electorales.

“Pues lamentablemente fue en este tiempo, pues si le sé decir, desde hace más de 4 años ha sido un tema que se ha venido tocando en las reuniones de la Anam, de lo que piden los alcaldes. No es de ahorita, es de antes que se ha visto esta situación. Que cayó en este momento, que le vamos a hacer”, expuso la alcaldesa.

De momento no se conoce cuándo se podría discutir la iniciativa, ya que, según Leal, debe ser la Instancia de Jefes de Bloque la que defina ese tema, aunque no se descarta que sea esta misma semana cuando se incluya en la agenda.

El Ministerio Público (MP) modificó este jueves 3 de noviembre el delito por el que acusa a la excandidata a la Presidencia de la República y secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.

La modificación del delito de financiamiento electoral no registrado a financiamiento electoral  fue hecha durante la audiencia de etapa intermedia en el caso Financiamiento UNE, informaron fuentes judiciales.

La acción de la Fiscalía porque la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió una acción legal a favor de Torres el 23 de diciembre de 2021, pues con ese fallo se le dio la razón a la expresidenciable para no ser perseguida por un delito que no existía en 2015 cuando supuestamente ocurrieron los hechos.

Además, el MP corrigió la acusación en la investigación e incorporó modificaciones orales y escritas. Torres también es sindicada por el delito de asociación ilícita.

Las pesquisas revelaron que la UNE habría utilizado a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido.

Se dijo que esas entidades habrían formado una estructura de administración paralela de las finanzas oficiales de campaña para eludir el control sobre los fondos que le fueron aportaos.

Los fondos identificados y que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la UNE fueron cuantificados en Q19 millones 531 mil 753, según las pesquisas del MP.