“Daniel Lewis Lee fue ejecutado utilizando la inyección letal”, informó la prisión de la localidad de Terre Haute, en Indiana, donde estaba el condenado.

Lee, de 47 años y quien era un supremacista blanco que después renunció a estas creencias, fue condenado a la pena capital por el asesinato de una niña y sus padres en 1996 en medio de un robo para obtener fondos para la “República de los Pueblos Arios”.

La pareja asesinada tenía un importante arsenal en su casa y las autoridades calcularon que en el robo Lee obtuvo cerca de US$80.000.

Las últimas palabras

En sus últimas palabras, Lee proclamó su inocencia, según un periódico local que estuvo en la ejecución, criticando al sistema de justicia por ignorar evidencia.

“Están matando a un hombre inocente”, dijo Lee, según el diario The Indianapolis Star.

La abogada de Lee, Ruth Friedman, denunció en un comunicado el “vergonzoso” proceso que llevó a la muerte del condenado y dijo que su cliente estuvo esperando cuatro horas en la camilla antes de ser ejecutado.

Lee, originario de Yukon (Oklahoma), fue condenado en Arkansas en 1999 y pasó 20 años en el corredor de la muerte.

La ejecución estaba prevista para el lunes pero la jueza de distrito Tanya Chutkan ordenó suspender la sentencia horas antes para permitir impugnaciones a los protocolos de la inyección letal, que se aplicaría a ese y a otros tres condenados a muerte por delitos federales.

El Departamento de Justicia apeló inmediatamente la sentencia de Chutkan y la Corte Suprema le dio la razón este martes de madrugada.

 Otra ejecución prevista el miércoles

La Corte Suprema estimó que Lee y los otros detenidos “no han hecho lo necesario que justifique una intervención en el último momento de un tribunal federal”.

El próximo condenado a muerte, Wesley Purkey, de 68 años, será ejecutado el miércoles, también en Terre Haute.

Earlene Peterson, cuya hija y nieta fueron asesinadas por Lee, había pedido clemencia al presidente Donald Trump pero el mandatario ignoró su petición.

Los familiares de las víctimas también solicitaron postergar la ejecución debido a la pandemia de coronavirus, hasta que pudieran viajar con seguridad para presenciar el procedimiento.

Alegaron que debían afrontar una “elección imposible” entre su derecho a asistir a la ejecución y el respeto por su salud, en el país del mundo con más fallecidos por el coronavirus, con más de 135.615 muertos.

Pero finalmente el procedimiento siguió su curso.

El gobierno de Trump, que defiende penas más duras para los criminales, anunció en julio de 2019 que la administración federal iba a volver a usar la pena capital, poniendo fin a una moratoria informal que estaba en vigor desde 2003.

La moratoria se sostuvo debido a los debates sobre los métodos de ejecución y a controversias sobre las drogas utilizadas, además de las reticencias del anterior presidente estadounidense, el demócrata Barack Obama.

Entonces, el fiscal general, Bill Barr ordenó que se ejecutara el procedimiento mediante una sola inyección legal del fenobarbital (fenobarbitona), un barbitúrico que reemplaza un método que usaba tres drogas distintas.

En Estados Unidos, la mayoría de los delitos se juzgan a nivel estatal, pero la justicia federal puede ocuparse de los crímenes más graves (ataques “terroristas”, crímenes racistas) o cometidos en bases militares.

El apoyo a la pena de muerte se ha erosionado entre los estadounidenses, según las encuestas, pero sigue siendo fuerte entre los votantes republicanos, 77% de los cuales está a favor de ese castigo para los asesinos.

Se trata de Daniel Lewis Lee, condenado en 1999 por la tortura y asesinato tres años antes de tres miembros de una familia.

• Por qué el gobierno de Estados Unidos retoma las ejecuciones después de 17 años

Las autoridades de la prisión federal de Terre Haute (Indiana) ejecutaron a Lee este martes mediante una inyección letal, después de que la Corte Suprema estadounidense anulara la objeción de una jueza al procedimiento usado en la aplicación de la pena capital.

Diversas ejecuciones habían sido inicialmente retrasadas por el fallo de la magistrada, que consideraba que la droga utilizada aún enfrentaba desafíos legales.

Los prisioneros argumentaron que las inyecciones letales constituyen un “castigo cruel y insólito”. Pero la Corte falló que las ejecuciones podían seguir su curso.

“Ley y orden”, escribió el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter poco después de que se conociera la decisión de la Corte.

LAW & ORDER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2020

“He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino”, dijo Lee en su declaración final. “Están matando a un hombre inocente“, agregó.

La última ejecución federal anterior a la de Lee se produjo en 2003 y actualmente quedan 61 presos condenados a la pena capital por el gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).

La ejecución se enmarca en la política impulsada por Donald Trump de reanudar la pena capital a nivel federal, después de la tendencia registrada en el país los últimos años, con la reducción progresiva de estos castigos.

Quién era Daniel Lewis Lee

Lee, de 47 años, fue el primero de los tres presos a los que el gobierno tiene previsto ejecutar esta semana.

El estadounidense, originario de Yukon (Oklahoma), y otro hombre, Chevie Kehoe, fueron condenados por el asesinato de tres miembros de una familia en Arkansas, incluida una niña de 8 años, durante un robo en 1996.

Con el robo de armas -que vendía el padre de la familia asesinado- supuestamente querían financiar la creación de una “república del pueblo ario”.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados cinco meses después de que desaparecieran, con heridas de bala y con bolsas de plástico cubriendo sus cabezas.

Los habían tirado a un lago con piedras para que se hundieran.

Los medios estadounidenses describen a Lee como un supremacista blanco que posteriormente renegó de sus vínculos con ese movimiento.

Según los periodistas presentes en la ejecución, Lee mantuvo su inocencia hasta el final.

El estadounidense había defendido que el juez en su juicio en Arkansas “pasó por alto pruebas de ADN” que supuestamente probaban que estaba en otro punto del país en el momento de los asesinatos, recoge el diario The New York Times.

Lee, con tatuajes nazis en el cuello, se introdujo en el movimiento supremacista blanco a través de un amigo violento durante su juventud, que pasó entre internados religiosos, hospitales psiquiátricos y centros de detención juvenil, según recogía el periódico el pasado octubre.

El estadounidense estuvo sin rumbo en la “viciosa periferia de grupos de cabezas rapadas” antes de conocer a Kehoe, el otro condenado por el crimen.

“Juntos llevaron a cabo planes antigubernamentales, Kehoe como autor intelectual y Lee, tal y como lo describió un fiscal en el juicio, como su perro fiel”, informaba el diario desde Arkansas.

Earlene Peterson, cuyos hija, nieta y yerno fueron torturados y asesinados por Lee y Kehoe, se había opuesto a la ejecución, pese a no poner en duda su culpabilidad.

Peterson, de 81 años, dijo que quería que le conmutaran la pena capital por cadena perpetua, la misma condena que recibió su cómplice.