El juez de distrito en Texas Andrew Hanen, desginado por los republicanos, se puso del lado de un grupo de estados, liderados por Texas, que pidió el fin al programa argumentando que fue creado ilegalmente en 2012. 

Aunque en su resolución el juez permite que los más de 600 mil jóvenes que ya están inscritos en el programa mantengan su estatus de protección, estableció que debe ponerse fin a las futuras solicitudes para el programa.

El juzgador también emitió una “orden permanente” para que sea eliminado el acuerdo que creó el programa del DACA. 

Según The Washinton Post, Hanen argumentó que el programa agobiaba a los estados con los pagos que deberían hacer sobre atención médica, educación y sistema legal.

El juez también reconoce los beneficios del DACA y lo que ha significado para Estados Unidos, por lo que estableció que el cierre debería ser paulatino mientras el gobierno de Biden trata de remediar los efectos de su cierre.

Aunque las solicitudes de admisión al programa pueden seguirse haciendo, el juez ordena al Estado ya no conceder más permisos.

El DACA (programa de Acción Diferida para los inmigrantes Llegados en la Infancia) fue creado por el gobierno de Barack Obama (2009-2017) para favorecer a los inmigrantes que habían entrado en forma irregular al país cuando eran pequeños.

La decisión fue tomada por el juez de distrito Nicholas Garaufis en Brooklyn (Nueva York), quien ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que notifique públicamente que aceptará nuevas aplicaciones para el programa.

El DACA fue creado por el presidente Barack Obama en 2012 y su sucesor en el cargo, Donald Trump, lo congeló, prohibiendo que se sumaran a él más jóvenes, después de que en la Corte Suprema de EE.UU. bloqueara la propuesta de la Casa Blanca para poner fin al programa.

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, quien asumirá el cargo el 20 de enero del año próximo, confirmó en las últimas semanas que piensa apoyar el programa que protege de la deportación a los conocidos como “dreamers” (soñadores).

La medida

El juez Garaufis ordenó al DHS que publique un aviso en sus sitios web señalando que desde el lunes se aceptarán nuevas solicitudes para acceder al DACA.

El juez también ordenó que el comunicado dejara en claro que la autorización de empleo bajo el programa tendrá de nuevo una duración de dos años y no de uno.

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En julio pasado el secretario interino del DHS, Chad Wolf, dispuso el bloqueo de nuevas aplicaciones al programa mientras lo sometíaºn a una “reconsideración total”.

Esa disposición también limitaba la autorización de empleo para los beneficiaros a solo un año y restringía su capacidad para viajar fuera de Estados Unidos.

Obama

El juez Garaufis estableció en noviembre que Wolf fue designado ilegalmente para su puesto, lo que significa que no tenía la autoridad para emitir el memorando de julio respecto al DACA.

El DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

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La administración de Trump argumentó varias veces que Obama se excedió en sus atribuciones constitucionales cuando creó el programa a través de una acción ejecutiva y sin consultar al Congreso.

En aquel momento, Obama optó por la creación del DACA después de que el Congreso no aprobara una norma para reformar la política de inmigración de Estados Unidos.

Un juez ordenó este viernes 4 de diciembre al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que restaure en su totalidad la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), programa que él quiso suspender y que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes.

La orden del juez federal Nicholas Garaufis, de la corte del distrito Este de Nueva York, obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a reabrir el programa para nuevas solicitudes, posibilidad que la Administración Trump eliminó al fracasar en su intento por derogar el programa creado por la Administración del presidente Barack Obama en 2012.

En su fallo del caso “Batalla Vidal v. Wolf”, el tribunal determinó además que DACA debe volver a ser como era antes del intento del Gobierno Trump de cancelar el amparo migratorio en septiembre de 2017, fecha desde la cual el programa no recibe nuevas solicitudes, de acuerdo con una de las abogadas defensoras de los soñadores, Karen Tumliun, del National Immigration Law Center.

El juez les ordenó además que, a más tardar el lunes, deben publicar en todos sus sitios web que está aceptando solicitudes iniciales de DACA, peticiones de renovación y el permiso de viaje (“advance parole”) que permite salir del país y regresar de forma legal en los términos que existían antes del infructuoso intento gubernamental.

Este mismo aviso debe dejar en claro que las cerca de 66 mil peticiones de renovación de DACA de un año emitidas después del memorando de DHS de este verano en el que se modificaba el programa se extenderán automáticamente a dos años.

En resumen, el programa DACA, que ha protegido a miles de jóvenes de ser deportados desde que fue creado en 2012 y les ha permitido estudiar, trabajar y viajar, debe volver a ser restaurado a nivel nacional a como era antes de septiembre de 2017, cuando el Gobierno Trump anunció su cierre.

Garaufis determinó el pasado noviembre que el secretario interino de DHS, Chad Wolf, asumió ese cargo de manera ilegal, por lo que invalidó todas las disposiciones del memorando firmado por él este verano.

El juez ya había advertido a la Administración Trump que no podía crear sus propias leyes y dijo que sus ataques a este programa eran un “uso triste e inapropiado de la supuesta autoridad ejecutiva para negar a los beneficiarios de DACA y a aquellos que son elegibles la capacidad de ejercer sus derechos”.

Luego de que Trump derogara DACA, varios beneficiarios del programa junto con la organización “Se Hace Camino Nueva York” impugnaron la decisión, caso que fue asignado al juez Garaufis y que luego llegó a la Corte Suprema, que también había ordenado restaurar el programa.

Pero todavía sigue vivo un litigio presentado por fiscales generales de estados gobernados por republicanos en contra de DACA, por lo que se espera que pueda haber futuras novedades judiciales.

Ante este panorama, el presidente electo, Joe Biden, ha prometido que una de las primeras cosas que hará tras llegar a la Casa Blanca el 20 de enero de 2021 es promover una legislación que garantice un estatus migratorio permanente a los “soñadores”.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, pidió este martes 23 de junio a los jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores” ser optimistas porque van a pasar “cosas buenas” para ellos, a pesar de sus amenazas de acabar de nuevo con el programa DACA que protege a muchos de ellos de la deportación.

“Mi mensaje (para los ‘soñadores’) es que tengan ánimo, que van a pasar cosas buenas, ya lo verán”, dijo Trump a los periodistas durante una visita al “muro” erigido en parte de la frontera sur en la localidad de San Luis (Arizona).

“Están pasando cosas buenas con DACA. Volveremos a intentarlo (derogar el programa) pero lo arreglaremos. Los demócratas llevan años jugando con DACA y no han hecho nada. Yo lo conseguiré. Pasarán cosas buenas para los beneficiarios de DACA bastante pronto”, prometió Trump, sin dar más detalles.

El pasado jueves, el Tribunal Supremo de EE. UU. propinó un enorme revés a Trump al mantener en pie el programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 por el expresidente Barack Obama y que ahora protege de la deportación a casi 650 mil jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”.

El Supremo, de mayoría conservadora, concluyó que Trump no siguió los “procedimientos” legales adecuados cuando declaró el fin de DACA en 2017, pero dejó claro que la Casa Blanca puede intentar interrumpirlo de nuevo si quiere.

Al día siguiente, Trump aseguró que pronto enviaría “documentos mejorados” para acabar con DACA de una forma que satisfaga los criterios legales del Supremo, y el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que estaba trabajando en el tema.

No obstante, cualquier nuevo intento de acabar con el programa suscitaría una batalla legal que difícilmente terminaría antes de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que Trump se juega un segundo mandato.

El programa DACA, que concede a los “soñadores” permisos renovables de dos años para estudiar o trabajar en EE. UU. sin miedo a ser deportados, fue un parche ideado por Obama para solucionar temporalmente la situación de esos jóvenes, ante la inacción del Congreso a la hora de concederles una vía a la ciudadanía.

Cuando anunció el fin de DACA en 2017, Trump argumentó que lo hacía porque Obama había abusado de su poder al promulgarlo y para presionar al Congreso para aprobar una solución permanente, pero condicionó cualquier legislación sobre el tema a obtener fondos para el muro con México y otras medidas inaceptables para los demócratas.

Las víctimas de ese rifirrafe fueron de nuevo los “soñadores”, que llevan dos décadas esperando a que el Congreso apruebe la ley conocida como “Dream Act” y viendo cómo muchos políticos los utilizan para conseguir otras metas, a pesar de que el 74 % de los estadounidenses apoya que se les conceda una vía a la ciudadanía. EFE

Son jóvenes indocumentados que llegaron a EE. UU. cuando eran niños y cuya situación estaba en un limbo desde que el gobierno de Donald Trump rescindiera en 2017 el programa DACA que los protegía de la deportación.

En una ajustada decisión (5-4), el máximo tribunal estadounidense falló en contra de la decisión de Trump por considerarla “arbitraria y caprichosa”.

• La Corte Suprema de EE.UU. bloquea el intento de Trump de poner fin al programa DACA que protege a jóvenes indocumentados en EE.UU.
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En BBC Mundo te presentamos las principales claves de este asunto.

1. Qué es DACA

El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) es una iniciativa firmada por Barack Obama en junio de 2012 como una orden ejecutiva.

DACA les otorga a sus beneficiarios -conocidos popularmente como dreamers (soñadores)- un permiso temporal de trabajo que, al igual que la protección contra la deportación, deben renovar cada dos años.

Para poder optar al programa, los jóvenes deben cumplir una serie de requisitos:

• haber entrado en EE.UU. antes de cumplir los 16 años y antes de 2007,
• estar escolarizados o licenciados del ejército,
• tener menos de 31 años el 15 de junio de 2012,
• no haber sido condenados por algún delito ni suponer una amenaza para la seguridad nacional.

DACA no ofrece un estatus legal ni abre un camino a la ciudadanía.

El programa lo gestiona el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) dependiente del Departamento de Seguridad Nacional.

Obama fue criticado por adoptar la vía ejecutiva para una decisión de tal magnitud, ante lo que el expresidente alegó que el bloqueo del Congreso -cuyas dos cámaras estaban entonces en manos de los republicanos- le impedía acometer una reforma migratoria integral.

El presidente Trump, que ha hecho de la mano dura contra la inmigración uno de sus principales pilares, prometió que terminaría con DACA por considerarlo ilegal e inconstitucional.

El entonces fiscal general Jeff Sessions anunció en septiembre de 2017 la rescisión del programa, pero la medida quedó en el aire a la espera de la resolución de la Corte Suprema que se produjo este jueves.

2. Qué decidió la Corte

Los jueces de la Corte Suprema ratificaron fallos de tribunales inferiores que calificaron de ilegal la decisión de Trump de 2017.

El juez conservador John Roberts se alineó con los cuatro jueces progresistas para determinar que el intento del Departamento de Justicia de rescindir DACA fue “arbitrario y caprichoso”.

El fallo se asemeja a la conclusión de la Corte el año pasado con la que bloqueó los intentos del gobierno de Trump de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo 2020.

El ponente de ambas decisiones fue el juez Roberts, que ha demostrado su estricto seguimiento de la ley de Procedimiento Administrativo de 1946 con la que justificó la resolución de este jueves.

“No decidimos si DACA o su rescisión son políticas sensatas. Solo abordamos si la agencia cumplió con el requisito de procedimiento para aportar una explicación razonada de sus acciones”, escribió Roberts, que hizo notar que el gobierno simplemente no ofreció una justificación legal adecuada de sus acciones.

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Los otros cuatro jueces conservadores de la corte, incluidos los dos nominados por Trump, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, disintieron.

“La decisión de hoy se debe reconocer como lo que es: un esfuerzo por evitar una decisión políticamente controvertida pero legalmente correcta“, escribió el juez conservador Clarence Thomas en su desacuerdo.

3. Las implicaciones inmediatas

Este fallo significa que casi 700.000 jóvenes inmigrantes sin papeles actualmente inscritos en DACA, la mayoría nacidos en México y otros países latinoamericanos, seguirán protegidos de la deportación y podrán aspirar a obtener permisos renovables de trabajo por dos años.

Por el momento no se ha hablado de abrir un plazo para nuevas inscripciones.

Muchos de los beneficiarios de DACA y las organizaciones que trabajan por los derechos de los inmigrantes reaccionaron con alegría y emoción ante la decisión de una Corte de mayoría conservadora, aunque casi todos reconocieron que se trata de una “victoria temporal y de procedimiento”.

Así lo apuntó Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), quien manifestó que la lucha sigue y que hay que permanecer alerta porque “todo puede cambiar con una nueva ley o decreto”.

“Por un día descansamos, mañana nos tenemos que levantar sabiendo que el camino es largo“, añadió Sindy Benavides, directora ejecutiva de LULAC.

Efectivamente, la decisión de la Corte no impide que Trump intente volver a acabar con el programa, como insinuó en otro mensaje de Twitter:

As President of the United States, I am asking for a legal solution on DACA, not a political one, consistent with the rule of law. The Supreme Court is not willing to give us one, so now we have to start this process all over again.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

“Como presidente de Estados Unidos, pido una solución legal sobre DACA, no política, consistente con la ley. La Corte Suprema no está dispuesta a dárnosla, así que tenemos que empezar todo el proceso de nuevo“.

En cualquier caso, es improbable que su gobierno pueda rescindir DACA antes de las elecciones del 3 de noviembre, en las que el presidente busca la reelección.

4. El futuro de DACA… y de la política migratoria

Sin desdeñar el alivio que supone para los dreamers saber que siguen amparados por DACA, su futuro sigue siendo incierto.

El objetivo de estos jóvenes, y de las organizaciones que los representan, es que el Congreso de EE.UU. adopte una reforma migratoria que suponga una solución permanente a su estatus legal en el país.

Al grito de “Todos o nada” demandan que se regularice la situación de los casi 13 millones de inmigrantes sin papeles que se calcula habitan en EE.UU.

“Un Trump reelegido puede intentar eliminar DACA en el segundo mandato. Con cuatro años de experiencia, los miembros de su gobierno quizá hayan aprendido algo sobre cómo navegar las traicioneras aguas del procedimiento administrativo”, apunta Anthony Zurcher.

El periodista de la BBC señala que, del otro lado, “un Joe Biden presidente tendría cuatro años para desarrollar más el programa y empujar al Congreso a que alcance una solución legislativa permanente que su exjefe, Barack Obama, no pudo conseguir”.

A menos de cinco meses de las elecciones presidenciales, parece haber consenso en que no habrá ningún cambio hasta que el próximo gobierno tome posesión.

El Supremo de EE. UU. mantiene en pie el programa DACA para los “soñadores”.

El Tribunal Supremo de EE. UU. decidió este jueves 18 de junio  mantener en pie el programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a centenares de miles de jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”.

En una decisión ajustada, por cinco votos a favor y cuatro en contra.

El Supremo tachó de ilegal la decisión del presidente de EE. UU., Donald Trump, de poner fin al programa.

Este programa  desde hace ocho años ha beneficiado a muchos indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.

“Horrible” decisión

El presidente Trump tachó de “horrible” la decisión del Tribunal Supremo que le impide acabar con un programa que protege de la deportación a jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”, y pidió votar por él en noviembre para que pueda nominar más jueces de esa corte.

“Estas decisiones horribles y políticamente cargadas que salen del Tribunal Supremo son como ráfagas de escopeta en la cara de la gente que se enorgullece de llamarse republicanos o conservadores”, escribió Trump en Twitter, en aparente referencia tanto a la decisión de este jueves sobre DACA como a otra de este lunes contra la discriminación laboral a homosexuales.

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

Los “dreamers” (soñadores) son los jóvenes indocumentados cuyos padres los llevaron a Estados Unidos siendo niños y que están en un limbo jurídico desde que Trump -que llegó al poder con un discurso antiinmigración- eliminó en 2017 el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que les permite trabajar, estudiar y conducir. Este martes la Corte Suprema entra en el debate.

Cuando en 2012 el gobierno de Barack Obama creó un plan para los “dreamers”, Angélica – que llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía 11 años – sintió un gran alivio, pero ahora vive en la incertidumbre.

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“Vivir en las sombras”

“El DACA me dio alas, antes estaba restringida a vivir en las sombras. Me sentí aliviada”, contó a la AFP Angélica, que ahora tiene 34 años y vive en Oklahoma.

Según los datos del Servicio de Ciudadanía y de Inmigración (USCIS) hay registrados 660.000 beneficiarios de este programa, de los cuales 529.760 (casi un 80%) llegaron desde México, pero también hay jóvenes arribados de El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Corea del Sur y Brasil, entre otros.

Los padres de Angélica le dijeron que era indocumentada cuando cumplió 18 años y quería sacar su licencia de conducir.

“A pesar de que me lo dijeron, no comprendí cabalmente lo que significaba”, contó, hasta que un día no pudo retirar una receta de la farmacia para su hija que estaba enferma.

Para conseguir los más de 1.000 dólares necesarios para obtener su estatuto DACA, Angélica vendió su auto.

Un permiso como el suyo debe ser renovado cada dos años y estaba pensado como un arreglo temporal para darle tiempo al Congreso a legislar.

Pero los legisladores nunca llegaron a un acuerdo y en 2017 Trump canceló el programa, una decisión que fue recurrida ante varios tribunales en todo Estados Unidos, por lo que DACA sigue vigente.

Los tribunales que tomaron los recursos a favor de los “dreamers” señalaron que la suspensión del programa había sido decidida de forma “arbitraria”.

La última palabra la tendrá la Corte Suprema, que en junio aceptó pronunciarse sobre la forma del caso y donde el martes se expondrán los argumentos orales. De los nueve miembros del tribunal, cinco son jueces conservadores, dos de ellos nombrados por Trump.

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El representante del gobierno ante la Corte Suprema Noel Francisco argumentó que el caso es muy “complicado”.

“Pensamos que explicamos nuestra decisión de forma adecuada”, dijo el funcionario que calificó el procedimiento como “legal” y “racional”.

La decisión de la Corte no se conocerá antes de 2020, en plena campaña electoral en Estados Unidos.

“Podría perder todo”

En San Marco, Texas, vive Daniel Briones, un “dreamer” de 30 años que llegó a Estados Unidos desde México cuando era niño porque sufrió una enfermedad de retina que requería operaciones complejas.

“Antes de DACA vivía bajo mucha incertidumbre, porque estaba en la universidad y no estaba seguro de qué iba a hacer después de que terminara, porque no tenía permiso de trabajo”, contó a la AFP Daniel, que ahora trabaja en servicios financieros.

Cuando se enteró de que Trump terminó el programa, sintió miedo. “Pensé que podría perder todo lo que he conseguido con tanto esfuerzo”, dijo.

 “Moneda de cambio”

El DACA estuvo a principios de este año en el centro de un enfrentamiento entre el mandatario republicano y los legisladores demócratas, que derivó en una paralización parcial del gobierno federal por más de un mes por falta de financiamiento.

Trump ofreció dar protección temporal a los “dreamers” a cambio de que le aprobaran 5.700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, su propuesta insigne para frenar la inmigración irregular. El planteo fue rechazado.

“Trump decidió ir a la Corte Suprema para que ellos hagan el trabajo sucio de terminar con el programa, para que él pueda usar a los beneficiarios de DACA como una moneda de cambio”, dijo Daniel. “Él quiere usarnos para construir el muro”, agregó.

Si la Corte le da la razón a Trump, los “dreamers” no van a ser expulsados automáticamente, pero se convertirán en indocumentados, con todo lo que esto implica.

Para Angelina, que es madre de cinco hijos y está casada con un “dreamer”, la espera es como “una montaña rusa”, pero sin importar el resultado en la Corte Suprema, no tiene dudas. “Mi hogar está aquí”, concluyó.

Al grito de “esta es nuestra casa”, dos centenares de jóvenes “dreamers” y activistas proinmigración iniciaron este sábado una marcha de 370 kilómetros y 18 días desde Nueva York hasta Washington, donde el 12 de noviembre comienza un juicio decisivo sobre el programa DACA, que evita sus deportaciones.

El máximo tribunal de justicia no incluyó en su calendario de este período, que finaliza a mediados de año, la revisión de la Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), una iniciativa del gobierno de Barack Obama que permite residir y trabajar de manera temporal a los llamados “dreamers” (soñadores), la mayoría latinoamericanos. Esto supone que probablemente no fallará sobre el DACA este año.

La Corte volverá a reunirse el 15 de febrero para discutir la posibilidad de examinar el tema durante el próximo período, que comienza en octubre. Pero aún si lo hiciera, recién tomaría una decisión en 2020.

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El gobierno de Trump busca que la Corte Suprema de nueve miembros, de mayoría conservadora tras el ingreso del cuestionado juez Brett Kavanaugh, apoye su decisión de acabar con el DACA, el cual considera inconstitucional.

El 5 de noviembre pasado, el Departamento de Justicia urgió al alto tribunal pronunciarse en este periodo sobre la legalidad del DACA, pasando por encima de cortes inferiores que bloquearon los planes del gobierno de terminarlo.

El DACA se coló este fin de semana en las negociaciones para reabrir el gobierno, parcialmente paralizado desde hace un mes por falta de fondos, con una oferta de Trump a la oposición demócrata de extender temporalmente el programa a cambio de los 5 mil 700 millones de dólares para construir su muro fronterizo.  El planteo fue rechazado.

Trump anunció en septiembre de 2017 la cancelación del DACA creado por Obama en 2012, al cual están acogidos unos 700 mil “dreamers” de los 1.8 millones que se estima hay en el país.

El presidente dio al Congreso hasta marzo de 2018 para encontrar a una solución definitiva para estos jóvenes. Pero los legisladores no lograron un acuerdo.

Entretanto, tres cortes federales, en California, Nueva York y el Distrito de Columbia, consideraron ilegal la rescisión del DACA y lo restituyeron.

El 8 de noviembre pasado, al pronunciarse sobre el caso de California, una corte federal de apelaciones dictaminó que el gobierno de Trump debía mantener el programa. Otra corte de apelaciones debe escuchar los argumentos en el caso de Nueva York el próximo 25 de enero.

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El caso que podría evaluar la Corte Suprema en relación al DACA es el que enfrenta a los regentes de la Universidad de California con el Departamento de Seguridad Interior (DHS) del gobierno de Trump.

La demanda, presentada por la Universidad de California y su presidenta Janet Napolitano, exsecretaria del DHS de Obama, alega que finalizar el DACA viola leyes administrativas, así como el derecho al debido proceso consagrado en la Quinta Enmienda de la Constitución.

“Dada la importancia para el gobierno del refuerzo de las leyes de inmigración y los asuntos presentados en este caso, le pedimos respetuosamente a esta Corte que resuelva el recurso del gobierno para el 31 de octubre de 2018”, dijo Mark B. Stern, abogado del Departamento de Justicia en una carta enviada a la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito, ubicada en San Francisco.

Los “dreamers” o soñadores son unos 700.000 jóvenes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos con sus padres, y que están amparados por la Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), creada por el presidente Barack Obama en 2012 y que los protege de ser deportados.

La mayoría de ellos son de origen latinoamericano.

El presidente Donald Trump anunció el fin del programa en septiembre de 2017, pero la medida fue bloqueada por la justicia.

Stern señaló que vencido el plazo sin una respuesta, el gobierno pedirá “a la Corte Suprema un recurso de ‘certiorari'”, el proceso mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede revisar a su discreción una decisión de un tribunal inferior.

La Corte Suprema rechazó en febrero una petición presentada por el gobierno para rever las decisiones adoptadas en dos tribunales de menor instancia.

Pero en su carta, el funcionario destacó que la Corte Suprema había rechazado la petición asumiendo que este tribunal “iba a proceder de forma expedita con este caso”.

Más de nueve meses

Stern indicó además que la corte californiana  “entró en un mandato nacional que demanda que el Departamento de Seguridad Nacional mantenga en vigor una política discrecional”.

“La orden de la corte del distrito demanda al gobierno que tolere indefinidamente, y de hecho, que sancione afirmativamente, una violación de la ley federal cometida por cerca de 700.000 extranjeros”, dijo la misiva. 

El funcionario destacó que la excepción que supone el recurso en trámite se ha mantenido más de nueve meses.

“Salvo que intervengan esta Corte o la Corte Suprema de forma rápida, esto podría permanecer en vigor al menos durante otro año, dado el calendario de la Corte Suprema”, indicó el funcionario. 

La nueva apelación se introduciría poco después de la entrada a la Corte Suprema del magistrado conservador Brett Kavanaugh, un nombramiento que inclina hacia la derecha a la máxima jurisdicción de Estados Unidos.

Con Kavanaugh, esta Corte quedó formada por cuatro jueces progresistas y cinco conservadores.

Los nueve magistrados arbitran los temas más delicados que enfrenta la sociedad estadounidense como el derecho al aborto, la pena de muerte, la reglamentación de las armas de fuego y los derechos de las minorías.