Fueron 259 intentos, cuatro años de atraso y una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) lo que necesitó el Congreso de la República para elegir a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes deben concluir el período 2019-2024.

Durante los últimos cuatro años, varias organizaciones civiles le exigieron al Congreso que efectuara el proceso de elección, al tiempo de criticar algunas de las resoluciones de los actuales magistrados del Supremo.

Horas más tarde, los 13 magistrados electos llegaron al Congreso de la República, donde fueron juramentados por la Junta Directiva del Congreso, presidida por la diputada oficialista Shirley Rivera.

La llegada de los nuevos togados se llevó a cabo en medio de protestas frente al Palacio Legislativo, donde la Policía Nacional Civil (PNC) instaló cordones de seguridad.

El pasado 7 de noviembre, la CC ordenó al Congreso de la República que se reuniera para elegir a los magistrados de la CSJ y las salas de Apelaciones (CA), pues desde el 2020, el Legislativo no lograba concretar la elección.

Según la orden de la CC, los diputados tenían hasta el 15 de diciembre para elegir a los integrantes de la CSJ para que concluyan el periodo 2019-2024. La resolución también incluye que se haga la elección de los jueces que deben integrar las salas de Apelaciones del Organismo Judicial.

El pasado 13 de octubre, la CSJ cumplió cuatro años sin desarrollar la elección de los sustitutos de los magistrados que han estado al frente de este ente desde 2014 y que deberían haber entregado sus cargos en 2019.

En la sesión plenaria del Congreso de este miércoles 15 de noviembre, los diputados finalmente eligieron a los magistrados de la CSJ.

Magistrados electos

1. Elvia Ester Velásquez 122 votos
2. René Guillermo Girón 116 votos
3. Evert Odulio Barrientos Padilla 114 votos
4. Gustavo Adolfo Morales 113 votos
5. Jorge Eduardo Tucux 113 votos
6. Claudia Lucrecia Paredes 112 votos
7. Oscar Ruperto Cruz 110 votos
8. Ronald Manuel Colindres Roca 109 votos
9. Héctor Ricardo Echeverría 107 votos
10. Manuel Duarte Barrera 102 votos
11. Benicia Contreras Calderón 101 votos
12. Carlos Humberto Rivera 97 votos
13. José Luis de Jesús Samayoa 94 votos

Detalles de la elección

Durante la sesión de pleno del Congreso, donde finalmente quedó electa la CSJ, varios diputados gritaron que no podían votar, manifestando tener problemas con el dispositivo electrónico de votación.

“No abre”, gritaron varios parlamentarios, mientras que la Junta Directiva optó por ignorar los gritos de los congresistas, dando lectura a la lista de candidatos y procediendo de manera inmediata con la votación.

Además de los gritos de los diputados, la congresista Lesly Valenzuela pidió que el secretario de la Junta Directiva, Aníbal Rojas, diera el mismo tiempo de votación para todos los candidatos, pero su sugerencia tan solo hizo eco por unos segundos, pese a que los congresistas abucheaban cuando el tiempo de votación era corto, la Junta Directiva del Congreso continuó con la misma dinámica.

Carlos Roberto Calderón, diputado de Vamos, envió un mensaje a la Prensa y a los críticos de redes sociales e indicó que “no conocen a los magistrados ni tuvieron visitas de ellos”, reafirma que la elección fue de la manera “más transparente”.

El diputado oficialista también envió sus “mejores deseos” a la magistrada Silvia Patricia Valdez, quien ha ocupado la presidencia de la CSJ de manera interina desde el 13 de octubre de 2019.

El diputado Boris España, primer vicepresidente del Congreso y reelecto por Vamos, dijo que el Congreso siempre tuvo voluntad de elegir y que por eso el tema siempre permanecía en agenda.

Luego, la diputada Evelyn Morataya, de Bienestar Nacional (Bien), pidió que las nuevas autoridades judiciales devuelvan la institucionalidad al país y que “no se sometan” a ningún otro organismo de Estado.

El diputado Manuel Conde, excandidato presidencial del oficialismo, dijo que fue necesario que la CC enmendara “un procedimiento espurio, antojadizo y al margen de la ley”.

Conde agregó que el tiempo que ha transcurrido ha sido por ese fallo “espurio”, pero reconoce que la actual CSJ “ha hecho un esfuerzo sirviéndole al país (…) gracias honorables juristas”.

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar las solicitudes de aclaración y ampliación que fueron presentadas por el Congreso de la Republica en el marco de la orden que la máxima instancia judicial le dio el martes pasado al Legislativo para elegir antes del 15 de diciembre a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de salas de Apelaciones, pendiente desde 2019.

“Se dispone ordenar al Congreso, su junta directiva y a los diputados, según corresponda, proceder en forma inmediata a incluir en agenda la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, dijo la magistrada de la CC Leyla Lemus en conferencia de prensa el martes pasado.

Agregó que los diputados deben “concluir el proceso de elección a más tardar el 15 de diciembre” próximo, por decisión de la CC; sin embargo, el Congreso solicitó una ampliación respecto a la orden emitida por la alta corte.

“Después de un análisis de la debida ejecutoría, la dirección de asuntos jurídicos presentó un recurso de aclaración y ampliación, toda vez que hay dudas razonables sobre el proceso que ya se había iniciado”, explicó el pasado miércoles el diputado Aníbal Rojas, secretario de la Junta Directiva del Congreso.

Asegura que la aclaración se pidió “con el fin de garantizar el debido proceso y el estricto cumplimiento de lo resuelto”.

Sin embargo, este jueves 9 de noviembre, la CC declaró sin lugar la solicitud hecha por el Congreso.

La CC declaró “sin lugar las solicitudes de aclaración y ampliación presentada por el Congreso de la República de Guatemala, por medio de su mandatario judicial con representación, Mynor Rafael Prado Jacinto, del auto por esta Corte el seis de noviembre de dos mil veintitrés”, dice la resolución.

De esa cuenta, la orden de la CC sigue vigente y los diputados tienen pendiente elegir de una lista de 26 candidatos a los 13 nuevos integrantes de la CSJ, así como a los 135 de Cortes de Apelaciones para terminar el periodo 2019-2024.

A inicios del próximo año se inicia el proceso de postulación para el lapso 2024-2029

La elección está entrampada luego de que el Ministerio Público (MP) revelara una investigación que señalaba al operador político Gustavo Alejos de haber manipulado la nómina de elegibles.

Según la investigación, Alejos se reunió con diputados, jueces, magistrados y abogados para pactar la nómina final que elegiría el Congreso.

Ante ello, el exfiscal Juan Francisco Sandoval, ahora exiliado en Estados Unidos, presentó un recurso de amparo contra el Congreso por la “amenaza real e inminente sobre el proceso de elección de Cortes en el país”, el cual fue admitido por la propia CC, en mayo de 2020.

En esa resolución, la CC ordenó a los diputados no elegir a candidatos investigados y excluir del proceso a los profesionales cuya “idoneidad y honorabilidad estén comprometidos”.

Lemus recordó que “desde el 23 de junio de 2020, en cada sesión el Congreso ha agendado lo relativo a la elección de las cortes, sin haber alcanzado consenso suficiente para incluir el procedimiento respectivo para integrar dichas cortes”.

La CC resolvió el martes fijar fecha para ejecutar el fallo y en caso de que volviera a existir incumplimiento pedirá al Ministerio Público iniciar una investigación contra los que resulten responsables.

Asimismo, la CC demandó a los legisladores elegir a los “más capaces e idóneos, debiendo descartar, al votar, a quien no cumpla alguno de los parámetros constitucionalmente establecidos”.

Con información de AFP

Elección de Cortes, CC, CSJ, Congreso de la República

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) no le otorgó un amparo al vicepresidente Guillermo Castillo, quien buscaba dejar sin efecto una resolución de la Corte Suprema de Justica (CSJ) que, en julio del 2020, le dio trámite a una solicitud de retiro de antejuicio, informaron este miércoles 27 de septiembre fuentes judiciales.

Con la resolución de la CC, el fallo de la CSJ queda en firme y ahora le corresponde al Congreso de la República conocer el expediente del vicemandatario para hacer un análisis y determinar si debe o no retirarle la inmunidad que goza por su cargo.

Fuentes de la CC señalaron que “respecto del expediente 2519-2020, este Tribunal resolvió denegar el amparo solicitado por César Guillermo Castillo Reyes, en calidad de vicepresidente de la República de Guatemala, contra la Corte Suprema de Justicia y como consecuencia, revoca el amparo provisional oportunamente otorgado”.

Agregan que “lo anterior en virtud que del estudio de las constancias procesales, este Tribunal establece que la Corte Suprema de Justicia, al emitir el acto reclamado, no ocasionó vulneración alguna a los derechos del postulante, en tanto que al admitir para su trámite las diligencias de antejuicio, se limitó, conforme al correcto ejercicio de sus atribuciones, a establecer la existencia o no de motivaciones espurias, políticas o ilegítimas en el planteamiento de la denuncia presentada en su contra”.

La CSJ dio trámite el 31 de julio de 2020 a una solicitud de retiro de inmunidad contra Castillo, la cual fue promovida por el abogado Nimrod Estévez González.

En esa oportunidad Castillo dijo que la acción legal tenía que ver con el nombramiento que hizo de una abogada para que, de forma interina, ocupara la jefatura de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) por renuncia de su titular, Óscar Conde, para ocupar uno de los viceministerios de Gobernación a partir del 7 de agosto de 2020.

En esa fecha, el vicemandatario dijo a Prensa Libre que la solicitud de retiro de inmunidad era espuria y política, de lo cual da cuenta que, según información que poseía, hubo cuatro magistrados de la Suprema que votaron en contra.

Por lo anterior, el 2 de agosto de 2020, Castillo presentó una acción de amparo en contra de la resolución de la CSJ que dio trámite a la solicitud de retiro de antejuicio.

Trámite

El proceso de retiro de inmunidad está regulado por la Ley en Materia de Antejuicio.

El artículo 17 establece que el Congreso de la República debe conocer los antejuicios promovidos contra un dignatario o funcionario que, por razón del cargo goce de ese derecho, después de haberse inhibido un órgano judicial de continuar instruyendo proceso por tal razón y habiéndose recibido los autos para su conocimiento, como señala el artículo 16 de esta Ley, la Junta Directiva lo deberá hacer saber al pleno del Congreso que en próxima sesión ordinaria, que se celebrará no más de ocho días después de su recepción, iniciará el trámite.

El Congreso procederá de la manera siguiente:

• El pleno del Congreso será informado de todos los detalles del asunto.
• En esa misma sesión el pleno del Congreso integrará una comisión pesquisidora, formada por cinco miembros por sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el presidente del Congreso.
• El primer diputado sorteado será el presidente de la comisión y el segundo actuará como secretario. Los restantes actuarán como vocales.
• Las decisiones de la comisión pesquisidora se adoptarán por mayoría de votos y ningún diputado puede excusarse o dejar de participar, salvo que el pleno acepte la excusa encontrando fundadas las razones argüidas. Si alguno de los miembros de la comisión pesquisidora se resistiere a actuar en ella esto constituirá falta grave y los demás miembros lo harán del conocimiento de la Junta Directiva del Congreso de la República para la sanción que corresponda.
• La comisión pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.
• Emitida la resolución que declara con lugar el antejuicio, deberá retornarse el expediente a la Corte Suprema de Justicia al fin que lo turne al tribunal del orden común que proceda.

Mediante una sesión extraordinaria, el pleno de magistrados de la Cortes Suprema de Justicia (CSJ) otorgó este sábado 19 de agosto el amparo provisional al parido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de Sandra Torres, y ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que garantice la transparencia de la transmisión de los datos electorales y facilite el trabajo de los fiscales de las agrupaciones políticas que están en contienda.

La UNE presentó este sábado 19 de agosto un recurso de amparo contra el TSE ante la Corte de Constitucionalidad (CC) pidiendo que garantice la “transparencia” del balotaje del domingo, un día después de que ella pusiera en duda el proceso de conteo de votos.

“Lo que estamos solicitando […] es que se garantice la transparencia de los resultados en la segunda vuelta”, dijo Víctor Guerra, secretario general en funciones de la UNE tras presentar el recurso ante la máxima instancia judicial del país.

Guerra dijo en conferencia de prensa que existe una “amenaza” de que el TSE “no tome las acciones idóneas para garantizar y confirmar que los datos ingresados al sistema informático (…) correspondan de manera fiel y exacta al escrutinio de votos que realice cada mesa electoral”.

El viernes, Torres puso en duda la transparencia del balotaje al afirmar que extranjeros y partidarios de su rival Bernardo Arévalo, también socialdemócrata, pueden alterar el sistema de cómputo del TSE.

“Nosotros vamos a respetar los resultados electorales sí y solo sí, si en determinado momento se demuestra que todo lo actuado en las mesas es coherente con lo que está reflejado en el sistema informático”, indicó César Romano, representante de la UNE ante el TSE.

De esa cuenta, este sábado se desarrolló un pleno extraordinario en la CSJ para conocer y resolver el amparo interpuesto por la UNE, según informó en conferencia de prensa el vocero del Organismo Judicial (OJ), Rudy Esquivel.

Añadió que el amparo fue remitido por la CC a la CSJ por temas de competencia y “constituida en tribunal de amparo continúe con la garantía constitucional”.

“De manera unánime, el pleno de magistrados en relación con el amparo electoral 2842-2023 ha decretado el amparo provisional”, señaló Esquivel.

Agregó que, “en consecuencia, se ordena a la autoridad impugnada -al TSE- que de forma inmediata tome las medidas necesarias para garantizar:

A) El ingreso de los datos al Sistema Informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, por sus siglas TREP, por los operadores informáticos en los centros electorales a nivel nacional durante la segunda vuelta electoral (…) a efecto, corresponda de manera fiel y exacta el escrutinio de votos que realice cada mesa electoral.

B) Que garantice que los fiscales designados de los partidos políticos que se encuentran en la contienda electoral ante las juntas receptoras de votos y fiscales informáticos cumplan sin limitación con sus funciones y así evitar con ello la violación al principio de pureza del proceso electoral, efectividad del sufragio, certeza y seguridad jurídica, así como la seguridad democrática del país, en particular, de manera congruente con la recomendación realizada recientemente por la misión de la Organización de Estados Americanos (…) y en particular la recomendación de la toma de fotografía del documento número cuatro que recoge el resultado de los votos”.

Unos 9.4 millones de guatemaltecos están habilitados para elegir al sucesor del mandatario Alejandro Giammattei, en un país con altos índices de violencia, corrupción y pobreza.

Con información de AFP

https://twitter.com/OJGuatemala/status/1693143126079312041?s=20

Tras conocer una acción de amparo de varios partidos políticos, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordena que se repitan las audiencias de revisión de escrutinio de votos en la Juntas Electorales Departamentales de Guatemala y en la de Distrito Central.

La CC también remitió a la Corte Suprema de Justicia, “por razón de competencia”, la interposición del recurso, para que se constituya en tribunal de Amparo “para que continúe con el trámite de garantía constitucional instada”.

En este sentido, la CC ordena que en este nuevo escrutinio de votos, los representantes de los partidos “podrán hacer valer las objeciones e impugnaciones que estimen pertinentes”, especialmente sobre las impugnaciones que las agrupaciones han hecho.

También deberán de analizarse las actas qué han sido cuestionadas en Guatemala y Distrito Central, quedando abierta la posibilidad de un nuevo “conteo de votos”.

La CC agregó que, “en tanto se dilucidan las situaciones anteriormente previstas, el Tribunal Supremo Electoral debe suspender la calificación y oficialización de resultados a efecto de que, para la fecha prevista para la segunda vuelta para elección presidencial, todo haya quedado debidamente depurado”.

La Corte también demanda que estos procesos deberán de efectuarse a la brevedad, para que previo a la segunda vuelta electoral, las dudas expuestas por los diferentes interesados estén disipadas.

“Partidos deben desistir”

El abogado constituyente Aquiles Faillace, dijo a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que con la decisión de la CC de enviar los amparos a la CSJ “se produce la situación donde el lobo quiere cuidar las ovejas, porque los magistrados de la CSJ son los que están usurpando el cargo desde hace tres y medio años”.

¿Cómo puede esta gente que no respeta la ley tomar una decisión respecto de que si las elecciones continúan o no?, cuestionó.

Faillace agregó que “este es un llamado para los 10 partidos para que de inmediato desistan de sus amparos y que culmine el proceso electoral según la voluntad popular”.

Posturas de contendientes

Mientras llegaba la decisión de la CC los presidenciables que irán a la segunda vuelta electoral se habían pronunciado la tarde de este sábado. 

En una conferencia de prensa, la candidata por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, señaló que no están pidiendo que se anulen las elecciones ni que se repitan las votaciones, sino únicamente que se haga cotejo de actas.

En tanto, el presidenciable Bernardo Arévalo, del partido Semilla, comunicó en las cuentas de las redes sociales que defenderán “la democracia y la voluntad del pueblo de Guatemala”. 

Partido llega a la CC

Tras conocerse la resolución de la CC, simpatizantes y dirigentes del partido Semilla llegaron a la CC para expresar su inconformidad con el fallo, ya que a criterio del diputado Samuel Pérez, la acción “pone en riesgo la democracia del país”.

Frente a la CC, el presidenciable Bernardo Arévalo, de ese partido dijo que al darle trámite a la acción “se violaron los plazos establecidos en la legislación para este tipo de amparos”.

Agregó que dicha resolución “a todas luces busca empantanar el proceso electoral y amenaza con diferir indefinidamente la segunda ronda”.

“No vamos a permitir que mediante argucias se estafe la voluntad del pueblo de Guatemala”, puntualizó, entre los aplausos de los simpatizantes del partido.

MOE: Se debe respetar la voluntad popular

Tras el fallo de la CC, la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt), emitió un comunicado en el que dice reafirma que los comicios del 25 de junio señalaron “claramente quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta” el 20 de agosto, publicó la misión.

La MOE recordó que ya alertó sobre “el deterioro del estado de Derecho y de la judicialización con fines políticos de asuntos puramente electorales”.

La MOE UE reitera que las instituciones judiciales y los partidos deben respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones del 25/06 que en la elección presidencial, señaló claramente quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta, el 20/08 pic.twitter.com/WWIDVtpNhM

— MOE UE Guatemala 2023 (@moeUEgt2023) July 2, 2023

La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/wOBf8ISgDz

— CC Guatemala (@CC_Guatemala) July 2, 2023

La Corte de Constitucionalidad (CC) revoca amparo provisional otorgado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ordena que continúe sin efecto la inscripción de Luis Hernández Azmitia como candidato a diputado al Congreso de la República por parte del partido FCN Nación, tras aceptar la apelación presentada por el partido Podemos.

El 3 de mayo recién pasado, la CSJ otorgó amparo provisional a favor del partido FCN-Nación, permitiendo con ello la inscripción de Luis Hernández Azmitia como candidato.

El amparo fue otorgado en esa ocasión luego de que el 13 de abril, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) habían revocado la inscripción del exfuncionario, quien busca retornar al Congreso con la referida agrupación política.

La resolución detallaba que el TSE dio con lugar un recurso de nulidad planteado por la dirigencia del partido Podemos, con lo que se había declarado vacante la casilla 1 de Listado del Distrito Central para la agrupación FCN-Nación.

No es la primera vez que el Registro de Ciudadanos acciona en el caso del exlegislador, ya que en el 2019 rechazó su inscripción.

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En esa ocasión, la resolución señaló que Hernández Azmitia ganó la elección en el 2015 por el partido Visión con Valores, pero estaba afiliado al partido Valor.

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció y resolvió este miércoles 26 de abril varios amparos planteados en busca de la inscripción de candidatos para las elecciones generales 2023, informaron fuentes del Organismo Judicial (OJ).

De esa cuenta, durante la sesión ordinaria de este miércoles, entre otros amparos, los magistrados conocieron los que fueron planteados en busca de la inscripción como candidatos a diputados del Congreso de la República de Aldo Dávila y Alfonso Portillo; además, uno del exalcalde de Mixco, Otto Pérez Leal, quien busca regresar a esa comuna.

Durante la sesión, los magistrados de la CSJ acordaron no otorgar el amparo provisional al partido político Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) y confirma la no inscripción de Aldo Davila para candidato a diputado.

El pasado 1 de abril, el pleno de magistrados del TSE revocó la inscripción de Dávila, quien busca la reelección con el partido VOS.

La resolución se dio derivado de varios recursos de nulidad que se presentaron en contra de varios postulantes a diputados por la agrupación política, entre ellos, Dávila, y una fuente confirmó que se unificaron los recursos.

En el caso de Dávila se solicitaron informes al Ministerio Público (MP), en los que se detalló que al diputado se le ha retirado la inmunidad por algunos casos que están bajo investigación, sumado a otras solicitudes para retirarle el derecho de antejuicio que están aún en trámite en la CSJ.

Además, la CSJ por unanimidad no otorgó el amparo provisional al partido Visión con Valores (Viva), con lo que confirma la no inscripción del expresidente de la República, Alfonso Portillo, para candidato a diputado del Congreso.

El Registro de Ciudadanos del TSE resolvió el 21 de marzo pasado declarar improcedente la inscripción de Portillo como candidato a diputado por el listado nacional del Viva.

Una fuente del TSE confirmó a Prensa Libre y Guatevisión sobre que el criterio que se adoptó es que Portillo no cumple con los requisitos de idoneidad, capacidad y honradez que establece el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Portillo fue condenado a casi seis años de prisión en Estados Unidos, posterior a su extradición a aquella nación en 2013, sindicado de lavado de dinero, luego de haber recibido US$2.5 millones por parte de Taiwán a cambio del reconocimiento diplomático.

En Estados Unidos, Portillo admitió los hechos de los que se les acusaban y se le declaró culpable ante un tribunal de Nueva York.

Sin embargo, por mayoría la CSJ otorgó amparo provisional a favor del partido Unión Republicana, lo que permite la inscripción del hijo del expresidente Otto Pérez Molina, Otto Pérez Leal para candidato a alcalde de Mixco.

El Registro de Ciudadanos rechazó la inscripción de Pérez Leal con base en lo establecido el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala relacionado con la idoneidad, capacidad y honradez de los candidatos, pues, según el MP, al exalcalde de Mixco le aparece un proceso penal vigente.

En las elecciones generales del 25 de junio, los guatemaltecos tienen que elegir a presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales para el periodo 2024-2028.

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este jueves 16 de febrero no otorgar el amparo provisional solicitado por el diputado José Armando Ubico Aguilar, quien buscaba suspender la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que dio trámite a la petición de antejuicio del Ministerio Público (MP), luego de que fuera pedido en extradición por EE. UU.

El 10 de enero recién pasado, el pleno de magistrados de la CSJ admitió para su trámite la solicitud de retiro de antejuicio contra Ubico, quien tiene una orden de extradición por parte de EE. UU., que lo señala de tener vínculos con el narcotráfico.

Por lo anterior, el pleno de magistrados decidió, por unanimidad, que continuara el proceso en su contra; además, se asignó a Freedyn Fernández como juez pesquisidor, quien preside la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.

“Resolviendo la petición que al respecto formuló en el escrito originario el postulante del amparo, por razón de que, a juicio de esta Corte, las circunstancias no lo hacen aconsejable y porque no se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se deniega el amparo provisional solicitado”, señala la resolución de la CC.

Narcotráfico

El 28 diciembre de 2022, el MP informó que presentó solicitudes para retiro de inmunidad de José Armando Ubico Aguilar, diputado al Congreso de la República de Guatemala; Freddy Arnoldo Salazar Flores, diputado suplente del Parlacen; Crystian Omar Escobar Ángel, alcalde de El Rodeo, San Marcos, y Esvin Fernando Marroquín Tupas, alcalde de Cuilapa, Santa Rosa.

Ese día se detalló que la solicitud se debe a una petición del Gobierno de Estados Unidos, que vincula a dichos funcionarios con el narcotráfico.

En el caso de Ubico, se presentó una acusación en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

José Armando Ubico Aguilar es diputado distrital de Sacatepéquez y era de la bancada Todos.

Había sido incluido en la lista de corruptos de Estados Unidos en 2018, donde en 2003 fue condenado por narcotráfico en ese país.

La lista de funcionarios corruptos señala que Ubico Aguilar “es un diputado que fue condenado a 46 meses de prisión en 2003 en Estados Unidos por tráfico de heroína y que después de su liberación anticipada en libertad condicional en el 2005 y posterior deportación, fue elegido en el 2015 para integrar el Congreso”.

Qué dice el artículo 28 de la Ley de Amparos

El pleno de magistrados de la CC se basó en el artículo 28 de la Ley de Amparos referente al amparo provisional de oficio, el cual establece que deberá decretarse de oficio la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, entre otros, en los casos siguientes:

• Si del mantenimiento del acto o resolución resultare peligro de privación de la vida del sujeto activo del amparo, riesgo a su integridad personal, daño grave o irreparable al mismo.
• Cuando se trate de acto o resolución cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el amparo al hacer difícil, gravosa o imposible la restitución de las cosas a su estado anterior
• Cuando la autoridad o entidad contra la que se interponga el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia.
• Cuando se trate de actos que ninguna autoridad o persona pueda ejecutar legalmente.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala retiró el jueves recién pasado la inmunidad al diputado de oposición Aldo Dávila Morales y dio vía libre a una investigación interpuesta por un exministro del Gobierno que preside Alejandro Giammattei.

Dávila Morales podrá ser investigado por los delitos de injuria, calumnia y difamación a raíz de una denuncia interpuesta en 2021 por el exministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, según informó el Organismo Judicial de Guatemala.

El exministro Romero acusa a Dávila de “excederse en su función de fiscalizar e invadir su vida privada”.

Dávila Morales, que llegó al Congreso en 2020 con el partido de izquierda Winaq como el primer diputado abiertamente gay del país, ha sido denunciado en 10 ocasiones por funcionarios del actual Gobierno e incluso por el propio presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

La Corte Suprema de Justicia ha retirado la inmunidad en dos ocasiones al congresista, la primera de ellas por una denuncia de un agente policial que lo acusó de agredirlo verbalmente.

Dávila Morales ha declarado en repetidas ocasiones ante periodistas que estas denuncias son “espurias y un intento de impedir” su “trabajo de fiscalización a entidades públicas”.

Unas horas antes de quedar sin inmunidad nuevamente, el diputado criticó en sus redes sociales que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están en proceso de adquirir 13 vehículos blindados por un precio de US$1.2 millones.

El 13 de octubre de 2022, el Supremo guatemalteco cumplió 3 años sin cambiar a sus 26 magistrados, por lo que organizaciones sociales y analistas han denunciado que el Congreso se niega a realizar el cambio debido a que las actuales autoridades defienden sus intereses.

Representantes de del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ) exigen a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un aumento salarial de Q10 mil para todos los trabajadores, entre auxiliares judiciales, administrativos, técnicos y personal de seguridad, esto derivado del ajuste de sueldos que se autorizó para jueces y magistrados, pues consideran que con esas acciones se violó el derecho de igualdad, establecido en el pacto colectivo de dicho organismo.

En diciembre pasado, los magistrados de la CSJ decidieron aumentarse el sueldo, fundamentados en lo establecido en el inciso “d” del artículo 27 de la Ley del Organismo Judicial, y “obviamente los estudios realizados previamente, se ha brindado un ajuste salarial”, confirmó en ese entonces Rudy Esquivel, vocero del OJ.

Según un documento que contenía los montos del aumento salarial, ahora los jueces de Paz ganarán Q20 mil; los de Primera Instancia Q33 mil 400; magistrados de Salas de Apelaciones y Salas de Apoyo, Q46 mil 700; y el magistrado presidente de Sala de Apelación, Q47 mil 100.

Respecto a la CSJ, los magistrados vocales recibirían un salario de Q67 mil; y al hablar de la presidencia el salario se eleva a Q79 mil.  Antes de estos ajustes, la Presidencia de la CSJ percibía un salario de Q46 mil 800, lo que implica que el incremento es de Q32 mil 200.

El incremento salarial no se otorgó a todos los trabajadores del OJ, pues fue exclusivo para jueces y magistrados de la CSJ.

Ante ese escenario, este miércoles 4 de enero, representantes del STOJ entregaron un memorial a la presidencia del CSJ, en el que exigen que se otorgue un incremento salarial de Q10 mil al resto de los empleados del OJ.

La petición se deriva del ajuste de honorarios que en diciembre del año pasado se otorgó a magistrados y jueces.

“Debido a las acciones dadas en cuanto a los aumentos de salarios desmedidos autorizados a Jueces y Magistrados, recientemente, con fecha 20 de diciembre del 2022, nos vimos en la obligación de presentar ante la Presidencia del Organismo Judicial un memorial, mediante el cual solicitamos aumento de salario por Q10 mil para toda la clase trabajadora del OJ, entre ellos: auxiliares judiciales, administrativos, técnicos, seguridad, debido a la violación del Pacto Colectivo y Derecho de igualdad”, señala un comunicado publicado por el STOJ.

El documento agrega que “esperamos en el primer pleno de este año, nos sea resuelto de la mejor manera nuestra petición, ya que dependiendo de dicha resolución se estarían tomando las acciones que legalmente correspondan”.

Los sindicalistas advierten que si sus demandas no son atendidas emprenderán las acciones legales que tienen a su alcance.

“El día 19 de diciembre del año 2022, fuimos enterados de un aumento salarial otorgado única y exclusivamente a jueces, magistrados y personal de confianza del OJ”, dice una parte del memorial entregado en la CSJ.

En el documento se lee que el incremento de salarios de jueces y magistrados “no fue producto de una negociación colectiva; sino se dio de forma arbitraria y en total discriminación de la clase trabajadora del OJ”.

El STOJ manifestó su inconformidad ante el incremento salarial para un grupo de trabajadores judiciales, pues en abril de 2022 fue rechazada una solicitud similar que incluía a todo el personal del OJ.

Se informó que en esa ocasión se solicitó un aumento salarial de Q10 mil, pero el pleno de magistrado de la CSJ rechazó a la petición, supuestamente por falta de presupuesto. Ahora el STOJ espera que esa solicitud sea retomada por los magistrados.

Esquivel por aparte informó que se recibió el memorial del STOJ el 20 de diciembre de 2022. “Dicho memorial ya fue enviado al pleno para que sea agendado y conocido, según estimen lo pertinente los señores magistrados”, agregó.

También dijo que para el miércoles 11 de enero se tiene programado que el pleno conozca la petición.