El pasado 1 de septiembre una persona atentó contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner cuando saludaba a una multitud que la esperaba a las puertas de su casa en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires.

La persona fue identificada como Fernando Sabag Montiel, alias “Tedi” y según relatan las autoridades al  medio Infobae, tenía cien balas en su domicilio el cual está ubicado en la zona de San Martín.

Este descubrimiento se llevó a cabo en un allanamiento en el domicilio de Montiel en la calle Uriburu al 700. Ordenado por la jueza María Eugenia Capuchetti a la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal de Argentina (PFA).

Específicamente fueron encontradas dos cajas de 50 balas cada una, con munición para una pistola 9 milímetros.

Las autoridades informan que tuvieron el conocimiento de la casa de Montiel debido a que un vecino suyo lo delató cuando vio sus imágenes divulgar en los diferentes medios luego del incidente.

El vecino, además de confirmar la identidad del responsable del intento de asesinato, brindó más información a los oficiales de la Comisaria 8 de la Bonaerense, como que tenía 3 taxis que manejaba por Argentina, así como su número de teléfono.

El video del arma contra @CFKArgentina pic.twitter.com/8j1xpMnPoe

— Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) September 2, 2022

Actualmente, Montiel se encuentra en una cárcel de la calle Cavia de la PFA. El arma que utilizó para intentar asesinar a Kirchner, una Bersa.380 fue incautada por la policía con cinco balas en su interior.

Historial

No se trata de la primera vez que Fernando Sabag Montiel se encuentra en el ojo de la justicia argentina. El 17 de marzo de 2021 llamó la atención de las autoridades al portar un arma blanca dentro de su vehículo.

Todo comenzó cuando un policía de la comisaría A15 interceptó un Chevrolet Prisma de color negro, mientras se encontraba de patrullaje.

El vehículo no tenía placas y llevaba los vidrios delanteros abajo. Es ahí que apareció Sabag Montiel, y afirmó al policía que era un trabajador de una empresa telefónica.

También dijo que su vehículo no cargaba placas debido a un supuesto accidente de tránsito que sufrió días anteriores. Cuando el oficial le pidió que se bajara del vehículo, Montiel abrió la puerta y dejó caer un cuchillo de 35 centímetros.

Esto provocó que se abriera un acta contravencional, un informe en el que los policías detallan todo lo que vieron sobre un posible crimen o falta, en contra de Montiel, y que el cuchillo fuera incautado.

Foto: La Capital

Kirchner, actual senadora nacional, es la política de oposición con mayor apoyo según los sondeos para las elecciones presidenciales de 2019, en las que el mandatario Mauricio Macri buscará volver a contender por cuatro años más en la Casa Rosada.

La expresidenta, que acumula siete procesos judiciales en su contra, asegura que es inocente y que las acusaciones en su contra tienen la intención de proscribirla de la actividad política.

El caso por el que será enjuiciada junto a sus hijos, investiga el alquiler de complejos habitacionales en manos de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Baez, ambos bajo arresto.

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El juez Julián Ercolini investiga el llamado caso ‘Los Sauces’ en el que están acusados la expresidenta y sus hijos, el diputado Máximo Kirchner y su hermana Florencia.

Según la acusación Kirchner lideró entre enero de 2009 y marzo de 2016 una asociación ilegal que ejecutó “un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces S.A.”, la empresa inmobiliaria familiar.

La acusación sostiene que de esa manera “se logró legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por empresas del grupo Báez y del grupo Indalo (de Cristóbal López) a través de la actividad inmobiliaria y hotelera”.

Juicio empezará en 2019

En total otras 18 personas serán juzgadas junto con los Kirchner, según el pedido de elevación a juicio que se divulgó este miércoles.

Aunque el juicio aún no tiene fecha se estima que iniciará el año próximo.

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Otra de las causas contra la expresidenta (2007-2015) es el llamado “cuadernos de la corrupción” sobre una supuesta trama de sobornos que implica a grandes empresarios de la construcción como a una docena de exfuncionarios kirchneristas.

Por en esta última causa, el juez Claudio Bonadio solicitó el procesamiento de Kirchner con prisión preventiva, pero la medida no fue efectiva debido a los fueros de Kirchner como senadora nacional.

Redacción

BBC News Mundo, Cono Sur

El juez acusa a la exmandataria de asociación ilícita en la investigación de un supuesto esquema de sobornos de empresarios a funcionarios kirchneristas que fue detallado por el chofer de un importante ministro.

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En la resolución judicial de 500 páginas, el juez también pidió prisión preventiva para la hoy senadora, que goza de inmunidad parlamentaria.

Mientras espera a que el Congreso discuta los fueros, un proceso de mucha complejidad política que puede tomar meses, se prevé que el juez lleve a Kirchner a juicio oral.

El domingo, la expresidenta divulgó un video desde su casa en el sur del país en el que muestra lo que para ella son los daños que dejaron los allanamientos de la justicia a sus propiedades hace dos semanas.

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“Persecución política”

Kirchner alega que este y los otros cuatro casos en los que es investigada por corrupción son parte de una persecución política del gobierno de Mauricio Macri quien, según ella, busca desviar la atención de la crisis económica por la que atraviesa Argentina.

El caso de los cuadernos, para unos la versión argentina del Lava Jato brasileño, tiene a una decena exfuncionarios kirchneristas bajo prisión preventiva.

Algunos de ellos, según la prensa local, han colaborado con la justicia e incluso han implicado a Kirchner en busca de una reducción de penas que garantiza la ley del arrepentido introducida por Macri.

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Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Argentina

Aunque el juez ha pedido una y otra vez el desafuero, una iniciativa que necesita la aprobación de dos tercios del Senado, Kirchner tiene por ahora garantizado el apoyo de una importante cantidad de congresistas.

Los senadores del peronismo, incluso aquellos considerados moderados o antikirchneristas, han dicho que no votarán a favor del desafuero hasta que haya una condena firme, lo que implicaría el aval de la Corte Suprema.

Pero el tema de los fueros no significa que el procedimiento legal no pueda continuar. Incluso se puede dar el caso, como ocurre con el expresidente Carlos Menem, de que Kirchner sea condenada y siga en libertad gracias a los fueros.

Dentro de los próximos meses, se espera que el juez eleve esta y las otras a causas de Kirchner a juicio oral y público, un proceso que puede durar meses o años y que, si bien no tendrá resolución judicial en el corto plazo, absorberá gran parte de la agenda noticiosa.

La implicación política del caso no solo es grande debido al debate que tendría que darse en el Congreso por la inmunidad de Kirchner, sino porque el próximo año habrá elecciones en Argentina y ella puede ser candidata.

Hace un mes, cuando se divulgaron los cuadernos de las coimas, todos hablaban de la corrupción K, hace dos semanas el tema era la crisis económica y ahora vuelve la corrupción a la escena.

No queda duda de que esos serán los ejes de una campaña que para muchos ya empezó.

Daniel Pardo

Corresponsal de BBC Mundo en Argentina

Son las 8:30 de la mañana de un miércoles soleado en Buenos Aires y el presidente de Argentina, Mauricio Macri, arranca una cadena nacional con un sonriente “buenos días”.

“La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados”, continúa, y luego anuncia que acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se adelante parte de la línea de financiación que se acordó en mayo para evitar el colapso de la economía argentina.

El mensaje dura menos de dos minutos, es escueto y omite detalles sobre cuánto y cuándo será el adelanto.

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La idea de Macri, dijo, era calmar los rumores de que Argentina puede volver a declararse en default, una cesación de pagos que sería, al menos, el fracaso político de un gobierno de tecnócratas que fue elegido para ordenar las cuentas.

El objetivo no se cumplió. Al contrario, el peso argentino perdió 8% de su valor, la peor caída en un día desde aquel 8 de mayo, fecha en que Macri anunció la polémica vuelta del FMI.

El mensaje que buscaba generar confianza parece solo haberla pulverizado.

El gobierno argentino ha hecho cualquier cantidad de cosas para detener la caída del peso, que ha perdido 50% de su valor en el último año: invirtieron reservas, modificaron gabinete, se endeudaron, reestructuraron la deuda local y subieron las tasas de interés al 45%, la más alta del mundo.

Pero la llamada “corrida cambiara” sigue y con ello se profundiza el miedo entre los argentinos, que acuden al dólar para defenderse de la devaluación.

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Errores e infortunios del presente

Es difícil decidir por dónde resulta conveniente comenzar una explicación de lo que pasa con la economía argentina: si por sus desbarajustes históricos y estructurales, o por los errores e infortunios del presente.

Porque, por supuesto, hay un poco de ambas cosas.

Macri, exempresario y millonario, quiso resolver los problemas heredados del gobierno de Cristina Kirchner —alta inflación y déficit fiscal— con un modelo liberal y de mercado.

De manera gradual, recortó la nómina pública, bajó impuestos a exportaciones y aumentó las tarifas de los servicios subsidiados, entre otras. Pactó con mercados para poder endeudarse y con privados para expandir la obra pública.

Pero cuando Macri quiso “volver al mundo”, el mundo estaba en otra tónica: auge del proteccionismo, aumento de tasas de interés en Estados Unidos y ambiente de tensión política y financiera.

Cuando —en mayo— fue evidente que el gradualismo estaba agotado y había que acudir al FMI, un organismo que casi nunca ha tenido buenas experiencias en este país, el capital político de Macri a nivel local ya estaba muy desgastado.

Para entonces, los mercados se empezaban a preguntan si su proyecto, supuestamente pensado para dos décadas, tendría siquiera cuatro años.

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Ahora, tanto la inflación como el déficit fiscal son más altos que cuando llegó Macri al poder, hace casi tres años. Y es casi seguro que el país volverá a la recesión.

Dentro de un año hay elecciones y muchos —sobre todo los mercados— se preguntan si en medio de esta crisis económica el proyecto liberal de Macri puede reelegirse o volverá el proteccionismo del pasado.

Cristina Kirchner puede ser candidata, pero si bien mantiene un 30% de aceptación, carga con cinco causas de corrupción por las que está imputada o procesada.

La última de ellas, conocida como “los cuadernos de las coimas K”, da la impresión de que la corrupción era sistemática y estaba enquistada en el seno del poder político y económico argentino, cosa que, también, ha lacerado la confianza de los inversionistas en el país sudamericano.

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Los mercados no terminan de confiar

Y es que confianza no es algo que precisamente haya generado Argentina a lo largo de su historia.

Al menos desde los años 70, gobiernos autoritarios y democráticos han cambiado una y otra vez el modelo económico que se busca aplicar a uno de los exportadores de alimentos más grandes del mundo.

Lo único que ha quedado del salto entre liberalismo y proteccionismo han sido déficits comercial y fiscal estructurales y una idea general de que en Argentina, el país que más ha caído en default después de Venezuela, cuesta confiar.

A las 8:30 de la mañana del miércoles, Macri probó que cuenta con el apoyo político y financiero del FMI.

De hecho, 10 horas después de la cadena nacional la directora del organismo, Christine Lagarde, comunicó que “reiteré mi apoyo a los esfuerzos de política de la Argentina y nuestra disposición a ayudar al gobierno a revisar sus planes de política económica”.

Pero durante el día quedó claro que esto no basta para los inversionistas, pendientes de una agenda local dominada por protestas, escándalos de corrupción y números macroeconómicos en rojo.

Para ellos, una sonrisa minutos antes de que abran los mercados no es suficiente.

Por orden del juez Claudio Bonadio, comenzó al mediodía un enorme operativo en un departamento de Kirchner en el exclusivo barrio de Recoleta, en Buenos Aires, con varias camionetas policiales, personal de brigadas de explosivos, bomberos y perros entrenados.

Las pesquisas en el departamento de más de 200 metros cuadrados proseguían nueve horas más tarde. Los peritos revisan la estructura para compararla con los planos y contrastar con relatos de imputados que se han acogido a la figura de arrepentido y colaboran con la justicia.

En la calle, un grupo de partidarios que creció en tamaño a medida que pasaban las horas expresó su apoyo a la exmandataria con carteles y consignas.

Carlos Beraldi, abogado de Kirchner, denunció que se le impidió permanecer en el lugar durante el allanamiento. “Estamos frente a una farsa, en clara violación de los principios del estado de derecho. Vamos a pedir la nulidad del operativo. Yo abrí la puerta. Puse a disposición el domicilio para que sea revisado. Voy a denunciar penalmente al juez”, dijo antes de retirarse visiblemente furioso.

En la tarde, otras brigadas ingresaron a la casa de Kirchner en Río Gallegos, una propiedad de dos pisos con amplio jardín que le sirve como lugar de descanso en la Patagonia, extremo sur de Argentina. La revisión allí terminó al anochecer.

Autorizados el miércoles por el Senado, los allanamientos se llevan a cabo sin la presencia del juez ni del fiscal Carlos Stornelli.

Kirchner posee una tercera casa en El Calafate, también Patagonia, pero su registro se realizará posiblemente este viernes.

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Esta medida fue requerida por Bonadio y necesitaba la aprobación del Congreso dado que la exmandataria (2007-2015), elegida senadora en 2017, está amparada por fueros parlamentarios, por los cuales no puede ser detenida, pero se la puede imputar y condenar.

Tras la sesión parlamentaria en la que ella misma estuvo presente, Kirchner se retiró a la casa de su hija Florencia, donde pasó la noche. El jueves por la tarde se dirigió al Instituto Patria, sede de su formación política, sin hacer ninguna declaración pública.

La senadora, de la corriente de centro-izquierda peronista y quien sucedió a su esposo Néstor Kirchner en la presidencia, es la persona de más alto rango involucrada en el escándalo conocido como “los cuadernos de la corrupción”, que indaga presuntos sobornos de importantes empresarios entre 2005 y 2015 para obtener contratos de obra pública.

Según los cálculos iniciales, la trama de sobornos podría alcanzar a los 160 millones de dólares.

Inspección en el convento

Paralelamente, la policía realizó este jueves una inspección ocular en un convento de monjas a las afueras de Buenos Aires, donde en 2016 el exviceministro de Obras Públicas José López fue capturado in fraganti cuando intentaba ocultar bolsos con nueve millones de dólares en efectivo.

López, detenido desde entonces y en pleno juicio oral por aquel episodio, ha comenzado a colaborar en la causa de los “cuadernos de la corrupción”.

El proceso judicial se inició hace menos de un mes sobre la base de apuntes tomados por un exchofer del ministerio de Planificación, Oscar Centeno, quien supuestamente hizo durante diez años (2005-2015) recorridos por Buenos Aires para llevar y traer bolsos cargados de millones de dólares.

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El departamento de Kirchner en Buenos Aires, así como la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada, sede del gobierno, figuran en esos cuadernos como puntos de entrega de los bolsos.

A los apuntes del chofer se agregaron las confesiones de varios empresarios que decidieron colaborar con la justicia y evitar así quedar detenidos, y más recientemente dos exfuncionarios de la gestión kirchnerista.

 Desapego

En el discurso ante el Senado, Kirchner reiteró que el proceso en su contra tiene como motivación apartarla de la política.

“Si algo faltaba para consagrar la persecución política en Argentina era esta causa. Voy a ser la primera senadora allanada”, aseveró.

Germán Garavano, ministro de Justicia del gobierno del presidente Mauricio Macri, dijo este jueves que ve en la expresidenta “un profundo desapego a lo institucional y un profundo rechazo a la justicia”.

De su lado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que Macri “tomó la decisión desde el primer día de que haya total independencia del poder judicial, de la prensa y de aquellos actores que puedan proveer información”.

Una docena de expresidentes salpicados

En Argentina, unos cuadernos escolares han sacudido por algunos días a políticos y grandes patrones empresariales. Oscar Centeno, el chofer de un ministro durante las administraciones de la era Kirchner, anotó meticulosamente las decenas de millones de dólares pagados entre 2005 y 2015 a sus gobiernos por ejecutivos privados para obtener contratos públicos.

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Varios funcionarios de alto rango y ejecutivos corporativos están entre rejas y Cristina Kirchner, presidenta de 2007 a 2015 y ahora senadora, pasó brevemente este lunes por el juzgado donde se negó a declarar.

“Es la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI”, escribió la expresidenta en Twitter.

En Perú, la difusión de grabaciones unas grabaciones a principios de julio ha situado al sistema judicial en el ojo del huracán. En los audios se escucha a jueces negociando las sentencias de acusados.

El ministro de Justicia, Salvador Heresi; el presidente del Tribunal Supremo, Duberli Rodríguez, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Orlando Velásquez, quien nombra a los jueces y fiscales, se vieron obligados a renunciar.

En respuesta al escándalo, el presidente peruano, Martín Vizcarra, lanzó una reforma judicial masiva y anunció un referéndum para legitimarla.

En Centroamérica, el expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2004-2009), en prisión desde hace casi dos años, admitió haber desviado más de 300 millones de dólares durante su mandato. Su sucesor, Mauricio Funes (2009-2014), acusado de los mismos delitos, está prófugo en Nicaragua.

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El exjefe de Estado de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue extraditado en junio desde Estados Unidos: está acusado en una veintena de casos de corrupción.

Desde el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva a los últimos cuatro mandatarios de Perú, actualmente en la región latinoamericana “hay una docena de expresidentes en la cárcel, fugitivos, involucrados o destituidos”en casos de este tipo, aseguró el abogado peruano José Ugaz, expresidente de la ONG anticorrupción Transparencia Internacional.

Una parte de estas causas está conectada con el gigante de la construcción brasileño Odebrecht, en el centro de un gran escándalo de corrupción que socava a la clase política regional.

Dinero y política

“La relación entre el dinero y la política está en el corazón del tema”, explica a la AFP Gaspard Estrada, director de Opalc, el observatorio de América Latina del Instituto de Estudios Políticos de París.

Desde Brasil hasta Argentina “encontramos los mismos mecanismos con empresarios corruptos y políticos que buscan financiar sus campañas”, sintetiza.

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Para “salir de esta dependencia y romper este círculo vicioso”, es necesario un marco más estricto: “Debería haber límites para las donaciones de personas privadas y esto se acompaña de un financiamiento estrictamente público”.

“El gran problema institucional en América Latina es la falta de mecanismos de ‘check and balance’ (control y equilibrio)”, afirma Raúl Ferro, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), preguntado por la AFP.

“No hay dudas de que los cuadernos describen con precisión el modo en que el kirchnerismo recaudó ilegalmente fondos durante siete años sin que saltara la alarma de ningún órgano de control”, observó recientemente el politólogo argentino Nicolás Solari, radicado en Miami, EEUU.

“Cada vez más difícil”

“En América Latina tenemos una historia de corrupción. Siempre van a haber casos, está en la naturaleza del ser humano”, admite Ferro, que sin embargo se dice “optimista, sin ser ingenuo”.

“Lo importante es que cada vez es más difícil hacerlos y cada vez es más fácil denunciarlos. Los escándalos permiten tener pequeños avances”, opina.

“El caso ‘Lava Jato’ (Lavadero de autos) en Brasil ha generado una dinámica en la región a la que se le ha sumado un mecanismo nuevo e interesante que es la ciudadanía. Hemos visto a miles de personas marchar contra la corrupción. Este es un motivo de esperanza”, afirmó el abogado José Ugaz.

“Ojalá que no termine como la Primavera Árabe, en un fogonazo. La población tiene que mantenerse alerta”, advirtió el abogado.