El cardenal Álvaro Ramazzini en declaraciones a La Red este jueves 30 de noviembre, informó de una posible persecución en su contra y que hay una queja del gobierno ante el Vaticano.

“Esa fue la información que yo recibí de la Nunciatura Apostólica, el nuncio me indicó que sí, que habían enviado una carta por parte del gobierno, no entré en detalles, no le pregunté”, indicó.

Agregó: “Él -el nuncio- textualmente me dijo es una carta muy fuerte contra usted, yo no he tenido acceso a esa carta, tampoco le pedí a él que me la mostrara porque no lo creí prudente”.

Ramazzini agregó que por su condición de cardenal tiene una dependencia directa con el Vaticano y “con mayor razón” por el hecho de ser cardenal.

Dijo que tiene que comunicarse al Vaticano, pues no ha recibido ninguna comunicación de la Secretaría de Estado.

Resaltó que la comunicación será para que le digan cuál es el contenido de esa carta, pues el nuncio ya cumplió con su responsabilidad en cuanto que tiene esa relación directa de representar al Vaticano delante del gobierno. Enfatizó que desconoce el contenido de la misiva.

Cuando le preguntaron de la posible demanda y supuesta orden de captura en su contra, Ramazzini respondió: “Esperaría que no, pero fue alguien de los 48 Cantones que me llamó para decirme que contaba yo con su apoyo porque habían sabido que había una demanda judicial contra mí y que eso podría suponer, usted sabe en qué país estamos, podría suponer una orden de captura”.

Indicó que no ha recibido ninguna notificación al respecto, “pero sí preferí decirlo porque a veces es mejor decir las cosas y no quedarse uno en silencio, porque si esto existirá tendría que verificar con abogados de qué se trata, y si no existiera, son solamente rumores, rumores son rumores, pero sí lo quise decir públicamente, para que si los que lo están haciendo, presentando esta denuncia, sepan que yo ya lo estoy sabiendo, pero no se realmente de qué se trata, yo no considero que haya cometido ningún delito por el cual me estén acusando”.

Indicó: “Puede ser que tal vez en algunas de mis declaraciones alguna persona se sienta ofendida y que se sienta agraviada, en general trato de ser respetuoso en las declaraciones que hago, porque el principio fundamental para mí es respetar a las otras personas aunque piensen diferente de mí”.

Reiteró que no tiene ninguna notificación legal y que la persona que lo alertó no le dio más detalles, “entonces es mejor aquello de que a golpe avisado no hay quite, entonces mejor adelantarse”.

Informó que los obispos de Centroamérica están reunidos y la tarde del miércoles 29 de noviembre les informó a los religiosos, porque la noticia a él se la dio el nuncio de “una manera privada”.

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Indicó que el nuncio debe mantener esa relación diplomática entre la Santa Sede y el gobierno, mientras que él como cardenal sí tiene un acceso directo a la Secretaría de Estado y por eso va a averiguar para saber si han recibido alguna notificación.

Según Ramazzini, los obispos que se han enterado han tenido una reacción de fraternidad, pero tanto ellos como él, están desconcertados “porque no sabemos de dónde viene, no sabemos si es verdad, no sabemos qué se pretende con esto”.

Afirmó que estará atento a “qué pueda venir”.

Se consultó a Presidencia si tiene información de una carta que envió el gobierno al Vaticano para quejarse del cardenal Álvaro Ramazzini y esta respondió: “Los temas de carácter diplomático, reciben el tratamiento establecido en la Constitución Política de la República respectivamente”.

También se le hizo la misma pregunta a Cancillería, pero se indicó que harán la consulta y aún se está a la espera de respuesta.

Mientras que al Ministerio Público se le consultó si tiene información de una supuesta demanda y orden de captura en contra del cardenal Álvaro Ramazzini, aún se espera respuesta del ente investigador.

Con información de La Red

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) indicaron este 18 de noviembre, por medio de un comunicado, que “rechazan el ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público (MP) de Guatemala, mediante incesantes acciones e injerencias indebidas”.

De acuerdo con la CIDH y y la RELE las acciones “atentan contra el orden democrático, el proceso de transición presidencial en curso y el ejercicio individual y colectivo de las libertades civiles y políticas en el país”.

De acuerdo en comunicado emitido por CIDH y RELE, “el 16 de noviembre, el MP anunció la apertura de una investigación por hechos relacionados con las movilizaciones estudiantiles y la ocupación de la Universidad de San Carlos (USAC), ocurridas entre el 19 de mayo de 2022 y el 9 de junio de 2023, en las que la comunidad universitaria denunciaba irregularidades en el proceso de elección del rector de esa casa de estudios”.

Según la CIDH “el MP indicó que la USAC tuvo un daño de 90 millones de quetzales en su estructura física”.

Además, señaló que el objeto real de la toma de esa Universidad “fue la comisión de delitos para postular y apuntalar a personas candidatas de partidos políticos a los máximos cargos de elección popular, Presidente y Vicepresidente de la República, diputados al Congreso de la República, entre otros”.

La secretaría seneral de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que “estas decisiones del MP constituyen acciones de carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático”.

Por otra parte, la CIDH advierte con preocupación que la solicitud del retiro de inmunidad del presidente y vicepresidenta electos “ocurre en un contexto ampliamente documentado sobre reiteradas acciones injerencistas del MP en las elecciones generales y en el proceso de transición en curso, mediante la instrumentalización del derecho penal”.

Asimismo, añaden, “alerta sobre el riesgo de esas injerencias respecto de la toma de posesión del presidente electo, conforme la voluntad soberana expresada en las urnas, lo que socava gravemente el principio de separación de poderes y profundiza la inestabilidad política en Guatemala”.

El mismo 16 de noviembre, el MP informó sobre la presentación de solicitudes de retiro de inmunidad de cinco diputados integrantes de los partidos Movimiento Semilla, VOS y Winaq; así como del binomio presidencial electo.

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del MP anunció la solicitud de 31 órdenes de allanamiento y 27 órdenes de aprehensión en contra de líderes y lideresas universitarias, personal académico, el exjefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, entre otras.

A estos los sindican de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada y asociación ilícita.

Hasta el 16 de noviembre, cinco personas habían sido detenidas, Rodolfo Chang Shium, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Alfredo Beber Aceituno, Javier Alfonso de León Gómez y Marcela Blanco Fuentes, excandidata a diputada del partido Semilla.

El respeto a los derechos humanos; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; y la separación e independencia de los poderes públicos, son elementos esenciales de la democracia representativa, según el Artículo 3 de la Carta Democrática, citan en el comunicado.

La CIDH recuerda que “el régimen democrático no se agota en los procesos electorales, sino que se expresa también en el ejercicio legítimo del poder dentro del marco del Estado de derecho que incluye el respeto a los elementos, componentes y atributos de la democracia”.

La CIDH y su RELE reiteran en este informe el llamado a cesar las acciones injerencistas del MP “que atentan contra el orden democrático y la voluntad soberana de la población, y de esta forma cumplir con las obligaciones internacionales que emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana”.

Urgen al Estado “garantizar y respetar el proceso de transición presidencial”.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció este sábado 7 de octubre el envío de una delegación integrada, entre otros, por el elexministro de Defensa de Uruguay Luis Rosadilla para mediar en la crisis de Guatemala.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio respuesta así a la petición que le hizo el Gobierno guatemalteco para que iniciara “un proceso de mediación” con mesas de diálogo para resolver la crisis desatada tras las elecciones presidenciales.

En una carta para el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, el secretario general reveló que ha instruido que “una misión de mediación y diálogo” viaje a ciudad de Guatemala en “la fecha más próxima posible”.

La misión estará conformada por el exministro de Defensa de Uruguay Luis Rosadilla, la secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, Maricarmen Plata; y el representante de la OEA en Guatemala, Diego Paz.

Su objetivo será el de “reunirse con los actores principales de la coyuntura social y política” en Guatemala, así como presentar “recomendaciones puntuales” para que el Gobierno pueda tomar decisiones políticas urgentes” para resolver el malestar social.

Guatemala encadena varios días de fuertes protestas y bloqueos en carreteras para exigir la dimisión de la fiscal general, Consuelo Porras, quien está sancionada por corrupción por EE.UU.

Las manifestantes la acusan de intentar interferir en las elecciones presidenciales que ganó en agosto pasado el candidato progresista Bernardo Arévalo de León.

En una actuación inédita, la Fiscalía requisó hace una semana las actas de votación, un gesto que se suma a los varios allanamientos que ha llevado a cabo de las sedes del Tribunal Electoral y del Movimiento Semilla, de Bernardo Arévalo.

El mismo presidente electo acusó a Porras el 1 de septiembre de llevar a cabo “un golpe de Estado” en su contra, para evitar su investidura en enero de 2024.

La mision de mediación y diálogo de la @OEA_Oficial en #Guatemala estará integrada por el exministro de Defensa de Uruguay Luis Rosadilla, la Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de #OEA, @PlataMcp, y el representante de OEA en Guatemala, Diego Paz pic.twitter.com/iLX8kaOE93

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) October 7, 2023

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó el pasado miércoles a sus miembros a suspender la participación de Nicaragua en este organismo, tras la detención de varios políticos de la oposición. Se prevé suspender la participación de un miembro de la OEA si dos tercios de sus miembros consideran que se ha producido “una ruptura del orden democrático” y que “los esfuerzos diplomáticos han sido infructuosos”.

En una carta que envió al Presidente del Consejo Permanente, Embajador Ronald Sanders de Antigua y Barbuda, Almagro citó “una embestida sin precedentes contra líderes de la oposición, precandidatos a cargos de líderes electorales públicos, líderes sociales y empresariales”.

Las autoridades nicaragüenses han detenido a cuatro candidatos a la presidencia en los últimos días en las próximas elecciones en las que el presidente, Daniel Ortega, busca la reelección. Para aprobar la suspensión, la máxima sanción que tiene la OEA, son necesarios 24 votos. En sus 70 años de historia, la OEA solo ha suspendido a dos estados, Cuba y Honduras.

Los cuatro, que aspiran a participar en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, son acusados ​​por el Ministerio Público de cometer diversos delitos, que incluyen lavado de activos, falsedades ideológicas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.

El martes pasado, la Policía Nacional de Nicaragua, controlada por Ortega, arrestó a los candidatos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.

La semana pasada fue detenida la candidata opositora Cristiana Chamorro, hija de la presidenta de Nicaragua Violeta Chamorro (1990 a 1997) y actualmente continúa bajo arresto domiciliario. Días después, otro candidato de la oposición, Arturo Cruz, también fue detenido.

En el caso de Chamorro, también está acusada de manejo abusivo de recursos de la cooperación internacional a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para promover el periodismo independiente.

Arturo Cruz, quien se desempeñó como embajador de Ortega en Estados Unidos entre 2007 y 2009, es señalado por el régimen de Ortega por presionar a Estados Unidos para que imponga sanciones económicas contra el gobierno de Nicaragua. El exdiplomático también es acusado por el Ministerio Público de supuestos actos que atentan contra la sociedad y los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación, según una ley recientemente aprobada por el Congreso dominado por Ortega.

Hacemos nuestro el comunicado y el llamado de la @CIDH y @OACNUDH. La dictadura debe liberar de inmediato a los candidatos y candidatas detenidos en Nicaragua. #OEAconNicaragua https://t.co/Uv8MHyTkps

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) June 9, 2021

Félix Maradiaga y Juan Chamorro están acusados ​​de realizar actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones y actos que atentan contra la independencia, incitando así la injerencia extranjera en los asuntos internos y solicitando intervenciones militares, detalló un comunicado de la Policía Nacional.

Todos los detenidos, excepto Cristiana Chamorro, han sido acusados ​​de conspirar contra la soberanía e independencia de Nicaragua y de organizar actos terroristas con ayuda financiera de potencias extranjeras y detenidos bajo una controvertida ley de traición aprobada en diciembre por la Asamblea Nacional de Nicaragua dominada por aliados de Ortega.

Según la ley, que el gobierno dice tiene como objetivo proteger “la independencia, la soberanía y la autodeterminación” de Nicaragua, el gobierno tiene el poder de prohibir a los candidatos postularse para cargos públicos si se los considera traidores a Nicaragua. Cualquiera designado traidor puede ser enviado a prisión por hasta 15 años.

Pero los críticos dicen que la ley está diseñada para evitar que los políticos de la oposición se presenten a las elecciones.

Nota presentada en la mañana de hoy a la Presidencia del Consejo Permanente para abordar situación de #Nicaragua. pic.twitter.com/738dE4ZcY3

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) June 9, 2021

La declaración de dos implicados en el caso “Política y Falsedad” sugiere que no existió la asamblea en la que se declaró al exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, secretario general provisional del grupo proformación del partido Ambientalista Guatemalteco, lo que compromete al abogado que señala persecución política.

José Miguel Quintanilla Castillo y Roberto Cáceres Estrada dijeron en audiencia de primera declaración en el Juzgado Sexto Penal que no acudieron a una asamblea del grupo proformación del partido Ambientalista Guatemalteco el 1 de marzo de 2020. Esas aseveraciones sugieren que la reunión de 556 personas que se describe en actas no se realizó, esos documentos se presentaron al Tribunal Supremo Electoral por el propio Solórzano Foppa.

En su defensa el exsuperintendente no aclaró los señalamientos de la realización de la asamblea, aunque aceptó cierto grado de responsabilidad en el proceso de constitución de la agrupación política.

La liberación de Leopoldo López, tradicional líder antichavista que desafió a Maduro en 2014 y terminó en la cárcel, ha hecho que Venezuela se levante este martes sobresaltada.

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Privado de libertad desde 2014, López es un símbolo para toda la oposición venezolana y lidera el partido de Voluntad Popular, el mismo en el que milita Juan Guaidó y que ahora lidera la estrategia radical de la oposición contra Maduro.

López es el mentor político del que se considera como presidente encargado.

Este último e inesperado paso se produce en un momento en el que las protestas convocadas recurrentemente por el líder opositor, que el pasado 23 de enero invocó la Constitución y se declaró presidente interino del país ante lo que considera una “usurpación” de Maduro, parecían perder su impulso inicial.

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Como pasaban las semanas y Maduro seguía al frente del gobierno, sus propios simpatizantes comenzaban a admitir en privado que el efecto Guaidó corría el riesgo de diluirse.

El sorpresivo movimiento en torno a López este martes reactiva la apuesta política de Guaidó y también las esperanzas de sus seguidores.

¿Cuál es la apuesta?

Aunque Guaidó ha logrado en otras ocasiones poner de manifiesto que hay aspectos que se escapan del control de Maduro, como cuando violó la prohibición de salida del país y completó una gira internacional, nunca hasta ahora había logrado con éxito un golpe de efecto como el que supone la liberación de López con ayuda de efectivos militares.

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Sus llamados a que los militares dieran la espalda a Maduro y se sumaran a su movimiento o su anuncio de que la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos y sus aliados entraría en Venezuela “sí o sí” no tuvieron el efecto deseado, pese a que decenas de efectivos desertaron a Colombia y Brasil.

Poner en la calle a López supone una demostración de fuerza que no había logrado hasta ahora, ya que pone en duda la lealtad hacia Maduro de los agentes de seguridad encargados de la crítica tarea de custodiar al que sin duda es el preso más simbólico de Venezuela, y quizá de Latinoamérica.

La situación es muy incierta, pero Guaidó ha conseguido respaldar con hechos algo que lleva semanas anunciando, que “la cadena de mando en Venezuela se ha roto”.

Lo que no está claro aún es si de veras puede lograr que la Fuerza Armada Nacional, y no solo unos cuantos militares, por importante que sea su labor, se alinee en su bando y colabore en un eventual cambio de gobierno.

Nicaragua ya no genera titulares, pero que la situación en el país centroamericano está lejos de haber regresado a la normalidad luego de la ola de protestas que estalló hace exactamente un año lo demuestra el hecho de que su periodista más prestigioso ahora trata de explicarla desde el exilio.

Carlos Fernando Chamorro, ganador del prestigioso premio Maria Moors Cabot y del premio a la libertad de expresión en Iberoamérica, se instaló en Costa Rica en enero luego de que las instalaciones de los medios que dirige fueran ocupadas por la policía nicaragüense.

El gobierno del presidente Daniel Ortega ha acusado en numerosas ocasiones al comunicador de de ser un agente de Washington y de estar detrás de lo que el mandatario ha denunciado como un intento de golpe de Estado organizado desde la capital estadounidense.

Pero Chamorro describe el estallido de abril de 2018 como el inicio de una rebelión cívica espontánea y explica su salida como una consecuencia del hostigamiento al que han sido sometidos todos los críticos del gobierno, incluidas organizaciones de derechos humanos y prensa independiente.

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La situación -que ha dejado al menos 320 muertos, centenares de prisioneros, decenas de miles de exiliados y millonarias pérdidas económicas en el segundo país más pobre del continente americano- estalló después de que el 18 de abril de 2018 un grupo de simpatizantes del gobierno atacaran una pequeña protesta de un grupo de pensionados.

Y un año después, los esfuerzos por encontrar una salida a la crisis parecen estancados, con el gobierno insistiendo en que la demanda de un adelanto de elecciones -una de las exigencias claves de los manifestantes de abril, secundada por Chamorro- constituiría un rompimiento inaceptable del orden constitucional nicaragüense.

Para recordar cómo se llegó ahí, conocer su perspectiva sobre la situación actual y analizar las perspectivas de salida de la crisis, BBC News Mundo conversó vía telefónica con el periodista, hijo de la expresidenta Violeta Chamorro, pero también exdirector del diario del FSLN de Ortega en la década de 1980.

Cuando se dio aquella pequeña protesta contra las reformas al sistema de pensiones, el 18 de abril de 2018, ¿se imaginó que un año después iba a estar en el exilio en Costa Rica? ¿Qué pasó en Nicaragua para que eso ocurriera?

La rebelión ha sido un fenómeno absolutamente impredecible. Antes del 18 de abril (de 2018) sabíamos que el régimen de Ortega no era sostenible porque estaba fundado en pies de barro: en una excesiva centralización del poder, en una excesiva corrupción; y que una alianza como la que le sostenía, con el gran capital, no era duradera sin instituciones democráticas y sin rendición de cuentas. Pero nadie podía predecir, ni imaginar el estallido social que se iba a producir.

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Cuando se convocó a esa protesta del 18 de abril enviamos un equipo a cubrirlas, pero suponíamos que iba a ocurrir lo mismo que pasaba siempre: que las fuerzas de choques llegaban, sometían a los participantes en las protestas en el lapso de una hora y posteriormente se mantenía el control político y social del régimen sobre todos los espacios públicos.

Sin embargo todo cambió, en parte por la resistencia de la gente en León y Managua ese día, que generó mucho repudio por la represión y el ataque de las fuerzas de choque del que fueron víctimas, la colusión y complicidad de la policía.

Eran hechos que habían ocurrido muchas veces antes. ¿Por qué esto desencadenó al día siguiente esta rebelión? Yo creo que está directamente relacionado a la rebelión de los estudiantes universitarios. Los estudiantes universitarios, fundamentalmente los de las universidades públicas, explotaron en la noche del 18 de abril y a lo largo del día 19, 20, 21 y ese fue el motor principal de esta protesta.

Pero lo que la generaliza, lo que convierte esto en algo irreversible es la manera como el régimen reacciona, es el nivel de violencia estatal, policial y paramilitar que desplegaron.

El día 18 no hubo ni un muerto; hubo heridos, robos, agresiones. Pero el 19 ya hubo tres muertos y el 20 había siete más. Y el 21 y 22 la cifra sobrepasaba ya los 25. Es decir, hubo un baño de sangre desde los primeros días, y eso fue lo que provocó la crisis definitiva del régimen.

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Ha utilizado la palabra rebelión varias veces. ¿En qué difiere eso de la caracterización de lo ocurrido como un “intento de golpe de Estado”, que es la versión del gobierno de Nicaragua?

El gobierno nunca habló de intento de golpe de Estado en abril. Ese fue un relato que inauguró Ortega el 19 de julio, varios meses después, cuando había plena evidencia para los nicaragüenses, para la prensa internacional y para las comisiones internacionales de Derechos Humanos que en Nicaragua lo que se había desatado era una insurrección cívica, por ponerlo de alguna manera.

Fue una combinación de muchas formas de protesta, no armadas -porque esto no estaba dirigido por un movimiento armado ni tenía esa dirección- y con banderas políticas que estaban enfocadas en el cese de la represión, en la renuncia de Ortega y Murillo, por su responsabilidad en estos crímenes, y por otro lado en reformas políticas para llamar a elecciones anticipadas.

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El representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el señor Guillermo Fernández, recuerdo que yo lo entrevisté y le hice la pregunta directa, y dijo: “Aquí no hay ningún indicio de que se haya producido algo parecido a un intento de golpe de estado lo que ha habido es un exceso de violencia estatal, policial y parapolicial”.

Y el mismo diagnóstico han dado también los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Internacional de Expertos Independientes.

Es decir, hay tres entidades de derechos humanos internacionales que corroboran que en Nicaragua lo que hubo fue un baño de sangre desatado por la represión estatal.

Nicaragua, sin embargo, en cierta forma dejó de contar muertos en julio, cuando la CIDH contabilizó 320 muertos en el marco de las protestas. Y usted se fue del país siete meses más tarde…

La represión ha tenido varias etapas, como la ha caracterizado muy bien la CIDH. Primero fue la matanza, el uso excesivo de la fuerza estatal, policial y paramilitar. Eso tiene su momento más intenso en el mes de julio con la “Operación Limpieza” para desmantelar las barricadas y los tranques en los diferentes puntos del país.

Posteriormente viene la operación de detención de los participantes en las protestas cívicas, secuestros y capturas ilegales Llegaron a existir aproximadamente más de 700 presos políticos en las cárceles.

Y en el mes de septiembre se impone lo que la propia CIDH calificó como un estado de excepción de facto: la prohibición que establece el Estado de la libre movilización, la prohibición de las marchas cívicas, y la conculcación de derechos constitucionales sin imponer un estado de emergencia, sin hacerlo por la vía del parlamento.

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En el mes de diciembre se produce una escalada contra organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, incluidos Confidencial y Esta Semana, los medios que yo dirijo.

No es que la agresión contra la prensa empezó en diciembre, fue una escalada. La represión contra la prensa empezó antes del 18 de abril y se intensificó el 18 de abril. La primera semana de las protestas se produjo el asesinato del periodista Ángel Gahona, asaltos y agresiones contra reporteros y medios, el incendio de Radio Darío, la censura contra 100% Noticias, y eso vino escalando. Se contabilizan más de 700 agresiones contra la prensa.

Luego, la noche del 13 de diciembre, la redacción de Confidencial y Esta Semana es asaltada por la policía a medianoche. No había ningún reportero en ese momento, solo los guardias de seguridad, y se produce un asalto durante cuatro horas. La policía saqueó nuestra redacción y al día siguiente regresó a ocuparla de manera definitiva.

Y al día de hoy “Confidencial” y “Esta Semana” continúan ocupadas por elementos armados de la policía sin ninguna orden judicial y sin ninguna justificación de tipo administrativo. Es un acto de confiscación de facto.

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Pero lo más grave, lo que provoca realmente mi decisión de salir al exilio para proteger mi libertad y mi integridad física es lo que ocurre una semana después en el asalto contra 10% Noticias, el canal de cable dirigido por Miguel Mora, que es asaltado por la policía a eso de las 9:00 pm, y son capturados Miguel Mora, Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa y periodista, y Verónica Chávez, esposa de Miguel y periodista.

El medio es sacado del aire y al día siguiente se les abre a ellos un proceso criminal. Son acusados de delitos totalmente fabricados e inexistentes, como incitación al odio, conspiración y terrorismo. Y hoy tienen más de 114 días de estar presos, sometidos a ese juicio político.

¿Pensabaque le podía pasar lo mismo?

Yo conocí en los días posteriores a la Navidad que había ya una decisión política al más alto nivel de capturar a otros periodista y someterlos a procesos criminales similares, y que en esa lista estaba mi persona.

Y tenía el dilema de esperar a ser capturado y que me fabricaran un juicio político penal, o ponerme en resguardo y preservar mi libertad. Y por eso salí al exilio a Costa Rica para continuar desde aquí haciendo periodismo en Nicaragua, desde Costa Rica.

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Porque aclaro lo siguiente: la mayoría de mi staff está en Nicaragua, y ha seguido trabajando en Nicaragua bajo condiciones de persecución, de amenazas, de intimidación, pero nuestros medios nunca han salido del aire.

Es decir, si el objetivo de la dictadura era callarnos nunca lo lograron, porque hemos estado siempre en línea el sitio web de Confidencial, y el programa de TV lo hemos seguido produciendo y transmitiendo ahora a través de las redes sociales, YouTube y Facebook, debido a la censura de facto que impusieron también contra Canal 12, el canal que transmitía los programas de televisión Esta Noche y Esta Semana.

Las noticias que llegan afuera, sin embargo, hablan de un reinicio del diálogo, de la liberación de presos políticos, de un programa de repatriación del gobierno de Nicaragua. Y el gobierno insiste que poco a poco las cosas han regresado a la normalidad. ¿No ha mejorado la situación?

La situación no ha mejorado porque se mantiene el estado de sitio de facto. A lo largo de estos tres meses se han producido nuevas capturas, nuevos secuestros de personas que simplemente salen a los espacios públicos a ondear la bandera azul y blanco. Ese es el peor crimen. La dictadura ha criminalizado el uso del símbolo nacional como si esto fuese un delito.

Es cierto que Ortega aceptó en el mes de febrero sentarse nuevamente a negociar con la Alianza Cívica y creo que fue el 20 de marzo que acordó con la Alianza Cívica y se comprometió a liberar a todos los presos políticos en un plazo de 90 días. Pero al día de hoy eso no ha ocurrido: se ha producido la excarcelación, no liberación, de unos 200 presos políticos; quedan más de 300 o 400 en las cárceles.

Y el compromiso no es excarcelarlos, el compromiso es liberarlos plenamente, lo que implica anular los juicios políticos para que recuperen plenamente su libertad.

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¿Y por qué tendría que esperar 90 días? No hay ningún motivo, ninguna razón, simplemente es que, para Ortega, los presos políticos desde el primer momento han sido rehenes políticos.

Y son rehenes que él mantiene encarcelados como una moneda de cambio, como un mecanismo de último recursos para ponerlo en la mesa de negociación. ¿A cambio de qué? Pues posiblemente a cambio de la impunidad de los crímenes que ha perpetrado la dictadura.

En estos momentos en Nicaragua no hay -excepto un guarda de seguridad que asesinó a una estudiante de medicina de nacionalidad brasileña- ningún perpetrador de crímenes de la represión que haya sido investigado o que esté siendo procesado. Ningún policía ha sido investigado o dado de baja por estos crímenes, y tampoco ningún paramilitar.

El tema de la impunidad es central para el futuro de Nicaragua, y lo que prevalece hoy en el país es un estado de sitio de facto. Nicaragua es un país que está absolutamente dominado por la policía, en el que no se permite el ejercicio del derecho constitucional de reunirse, de marchar y protestar.

¿Y hay solución a la vista? ¿Se puede confiar en el diálogo entre el gobierno y la denominada Alianza Cívica?

La única salida a la crisis de Nicaragua pasa por una negociación política. Pero en estos momentos Ortega no tiene voluntad política de ceder ni en las precondiciones de esa negociación, que son la liberación de todos los presos y, en segundo lugar, el restablecimiento de las libertades públicas.

No puede haber una negociación política en igualdad de condiciones si el pueblo está con censura, sin libertad de prensa y sin libertad de movilización. Por lo tanto yo creo que todavía no hay condiciones para llegar a la negociación de fondo sobre la reforma política y el adelanto de elecciones, y por el otro lado la investigación de los crímenes para que sean sometidos eventualmente a la justicia y no queden en la impunidad.

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¿Cómo se llega a ese punto? Yo creo que la única manera de llegar a esa negociación política es bajo condiciones de mayor presión nacional e internacional. Y una presión también de naturaleza económica.

La economía nicaragüense está en proceso de recesión, que podría convertirse en depresión y llegar incluso al colapso de la economía. Hay una gran precariedad del sistema financiero: se ha perdido por lo menos un tercio de las reservas del Banco Central y hay una fuga permanente de depósitos del sistema bancario; los bancos han anunciado que no están en condiciones de financiar el próximo ciclo agrícola.

Pero hasta hoy Ortega sigue teniendo capacidad para mantener el control de las finanzas públicas y para pagar la planilla del estado, el subsidio del transporte público y el subsidio de la energía, que en mi opinión son tres variables claves.

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La única salida es a través de una negociación política porque esta no es una revolución armada. El único camino pasa por la negociación. La pregunta es si la negociación será con o sin Ortega. En estos momentos Ortega es un obstáculo para esa negociación, porque no está facilitando la reforma política para ir a elecciones adelantadas, y solamente llegaremos a ese momento cuando el régimen se sienta realmente al borde del abismo.

Hoy Ortega está apostando a que él es parte de una alianza regional con Cuba y con Venezuela, y mientras (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro mantenga una posición de fuerza frente a las demandas de cambio que está enfrentando, yo tampoco veo a Ortega cediendo. Ortega solamente va a ceder cuando las condiciones de presión nacional e internacional lo pongan en una situación extrema.

Y esa situación extrema, me temo, es bastante incierta y peligrosa, porque podría desatar una nueva ola de represión. Aunque yo espero que en una circunstancia como esa el ejército de Nicaragua pueda jugar un papel estabilizador, para que no se produzca otra matanza.

Esa situación extrema, sin embargo, afectaría también especialmente a los más pobres. ¿Es ese un precio que vale la pena pagar?

Ya está afectando a los más pobres. Hay 70.00, 80.000 refugiados y exiliados, la mayor parte de ellos en Costa Rica, y son en su mayoría personas de escasos recursos. Y también hay una pérdida de más de 340.000 empleos en Nicaragua. El punto es que no hay otra salida. El riesgo mayor que se corre en esta crisis es que por la desesperación y la presión que hay en el país se acepte un mal arreglo.

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Cuando digo mal arreglo, me refiero a uno que le permita a Ortega preservar una alta cuota de poder a cambio de unas pocas concesiones. Hay premura y hay presión de los grandes capitales y los sectores empresariales para que se llegue a un acuerdo político para que la economía pueda respirar y se pueda recuperar. El problema es que un mal acuerdo político puede simplemente hacer que el país sea ingobernable en el futuro.

Nicaragua necesita una salida política integral, y esa salida política pasa por una reforma electoral, por adelantar las elecciones, sentar las bases para la justicia, desmantelar las bandas paramilitares y reformar integralmente la Policía Nacional. De lo contrario no importa si mañana Ortega deja la presidencia de la República y en una elección anticipada una coalición nacional puede ganar la presidencia. Ese no es el objetivo de lo que empezó en abril del año pasado.

El objetivo de la revolución de abril, de esta revolución pacífica, ha sido siempre la democratización y la justicia en Nicaragua. Y eso no sería posible nunca si el país sigue siendo ingobernable bajo el control de Ortega y de sus fuerzas paramilitares y del control político y económico que él mantiene en el país.

“Anuncio mi regreso al país. Convoco al pueblo venezolano a concentrarse, en todo el país, mañana a las 11:00 am (15H00 GMT)”, escribió Guaidó en su Twitter, sin haber dado detalles de su retorno.

El opositor, reconocido por más de 50 países como presidente interino, pidió a sus seguidores estar “atentos a las redes oficiales”, donde informará de los puntos de concentración. “#VamosBien porque vamos todos. ¡Vamos Venezuela!”, subrayó.

Hacia el mediodía de este domingo, Guaidó aún se encontraba en Ecuador, pese a que su agenda tenía previsto la salida de ese país alrededor de las 14H30 GMT.

#Venezuela

Tal y como dije ayer, anuncio mi regreso al país.

Convoco al pueblo venezolano a concentrarse, en todo el país, mañana a las 11:00 am.

Atentos a las redes oficiales, estaremos informando puntos de concentración #VamosBien porque vamos todos. ¡Vamos Venezuela!

— Juan Guaidó (@jguaido) March 3, 2019

El regreso de Guaidó, quien visitó Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, supone un reto para el presidente Nicolás Maduro, quien deberá decidir si arrestarlo y provocar una fuerte reacción internacional o dejarlo entrar tranquilo, socavando la autoridad del poder judicial.

Guaidó salió sorpresivamente de Venezuela hace 10 días para asistir a un megaconcierto en la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta y apoyar el ingreso de ayuda humanitaria, tras lo cual desarrolló luego su intenso periplo por la región.

Maduro dijo la semana pasada que Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora, debe “respetar la ley” y que si regresa a Venezuela “tendrá que ver la cara de la justicia”.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General, aliadas del gobierno, abrieron investigaciones contra Guaidó, acusándolo de “usurpación” de funciones y dictaron, además del impedimento de salida, el congelamiento de sus bienes. No obstante, hasta ahora no ha sido acusado formalmente.

El opositor había reiterado que regresaría a Venezuela “a pesar de las amenazas”. Estados Unidos y los países del Grupo de Lima (Canadá y 13 países latinoamericanos) han expresado su preocupación por la seguridad de Guaidó a su regreso al país.

Guaidó, de 35 años, se autojuramentó el 23 de enero luego de que el Congreso declarara a Maduro “usurpador” por asumir el 10 de enero un segundo mandato que -como gran parte de la comunidad internacional- considera ilegítimo y originado en una reelección “fraudulenta”.

Este es un recuento de los éxodos o migraciones más importantes de la historia, luego de la masiva movilización de hondureños hacia Estados Unidos.

En la actualidad, 68 millones de personas han sido obligadas a abandonar su lugar de origen huyendo, sobre todo, de la violencia y la pobreza, siendo esta la crisis humanitaria más grande desde la Segunda Guerra Mundial.

Según la Agencia de la ONU para Refugiados, una persona asume ese status cuando huye de su país buscando escapar de persecuciones étnicas, religiosas, políticas y por su orientación sexual, entre otras.

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Éxodo, el segundo libro de la Biblia

El éxodo es el segundo libro de la Biblia y, como dicen sus letras, fue liderado por Moisés que fue designado por Dios para que guiara al pueblo israelita en su liberación de la esclavitud a la que estaban sometidos en Egipto, esto por la religión y cultura.

Entre 1948 y 1967, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se da la migración de judíos supervivientes del Holocausto Nazi a Palestina con el objetivo de crear un Estado propio, Israel.

El Movimiento Sionista, promotor y responsable en gran medida de la fundación del Estado de Israel, organizó redes de contrabando de personas que llevaron a más de 400 mil judíos a Palestina.

Esto provoca la guerra árabe israelí de 1948, que causa un nuevo éxodo, pues como un efecto dominó tras la llegada de los judíos, entre 700 y 900 mil palestinos huyeron.

Veinte años después, se volvió a producir una huida de la población civil de Cisjordania ante el avance israelí. Según un censo realizado por la ONU en el 2008, los refugiados palestinos eran más de 4 millones y medio.

Masiva migración

Desde los primeros días de la Revolución Cubana, muchos ciudadanos buscaron refugio a 145 kilómetros de la isla, en Estados Unidos. El primer éxodo fue impulsado por personas que no creían que el nuevo gobierno duraría mucho y se fueron del país dejando sus bienes con otros familiares.

Entre 1960 y 1962 ocurrió la operación llamada Peter Pan, en la cual más de 14 mil niños fueron enviados a Estados Unidos y estuvieron bajo el cuidado de la Iglesia Católica. Luego fueron entregados a familias temporales hasta que pudieran reunirse de nuevo con su familia.

Entre 1965 y 1973 la única manera legal de salir del país eran los vuelos de La Libertad, que conectaban el país con Miami. Estos vuelos eran limitados a familiares directos de personas que ya estaban en Estados Unidos.

Entre abril y octubre de 1980, se dio el éxodo de Mariel, un significativo movimiento de cubanos hacia Estados Unidos. Se calcula que 125 mil cubanos llegaron en pequeños balsas.

Un censo realizado en el 2010 identificó que en Estados Unidos viven 50 millones de hispanos, de los cuales 1.7 millones son cubanos.

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El país con más refugiados

En el 2011, cuatro millones de sirios huyeron a países vecinos desde el inicio del conflicto del régimen de Bashar Al Assad en marzo de ese año.

Turquía y Líbano fueron los primeros países de acogida, luego Jordania, Iraq y Egipto.

La llegada de los refugiados tiene consecuencias sociales y económicas, la población de Líbano creció más de 25% y la de Jordania más de 10.

En ese momento, los niños eran la mitad de los refugiados, aproximadamente 387 mil en edad escolar.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, publicados en junio de este año, Siria es el país con más refugiados en el mundo. En total 6.3 millones de personas que abandonaron el país de manera forzada y 6.2 que dejaron sus ciudades.

Datos del 2016 calculaban que, en América Latina, hay alrededor de cinco mil refugiados sirios.

Otras migraciones

Según la oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, hasta junio del 2018 cerca de 2.3 millones de venezolanos han abandonado sus hogares debido a la inseguridad, falta de oportunidades, crisis económica y anarquía.

El julio pasado, el gobierno de Colombia divulgó que 50 mil venezolanos entraron al país en un solo día buscando nuevas y mejores oportunidades de vida.

Por su parte, Nicaragua sufre una grave crisis social y política que empezó en abril de este año.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calcula que alrededor de 450 personas murieron a consecuencia de la represión del estado en contra de las manifestaciones callejeras.

Eso motivó a muchos a dejar sus pertenencia e huir en busca de seguridad y oportunidades.

Se calcula que, actualmente, hay entre 100 y 150 familias nicaragüenses que viven en Costa Rica y según ACNUR, 23 mil personas han ido en busca de asilo.

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Fue el turno de los hondureños

Guatemala ha sido utilizado como paso para migrantes que buscan el sueño americano.

En el 2015, los africanos empezaron su travesía para llegar hacia Estados Unidos. En el 2016, la policía detuvo a más de mil 600 en el país. De ellos, un grupo era originario de la República Democrática del Congo y otros haitianos procedentes de Brasil.

Ahora, es el turno de los hondureños, más de cinco mil han pasado por Guatemala. Niños, jóvenes, adultos y ancianos han caminado decenas de kilómetros con el objetivo de llegar a estados unidos.

El motivo de esta masiva migración es la crisis económica y política, la falta de oportunidades laborales y la violencia.

Esa caravana ya ha llegado a México y podrían estar más cerca de cumplir su sueño americano.

El gobierno de Guatemala anunció la juramentación de Víctor Manuel Martínez Ruiz como nuevo ministro de Finanzas Públicas en sustitución de Julio Héctor Estrada.

Estrada recordó hace poco, que su renuncia se mantenía vigente, la misma que presentó al mandatario hace un año cuando inició la crisis con CICIG.

En ese mismo momento, Martínez también dimitió por la crisis, sin embargo, sus renuncias no fueron aceptadas.

Juramentan a Victor Manuel Martínez Ruiz como nuevo ministro del @MinfinGT en sustitución de @julioHestrada pic.twitter.com/5IRnGtYlzs

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) September 13, 2018

Según el nombramiento, firmado por el presidente Jimmy Morales, se aceptó la renuncia de Estrada al cargo.

Se despide

Sin mayor explicación, así fue la despedida del ministro en Twitter.

Agradezco al pueblo de Guatemala la oportunidad de haberme permitido servirles como Ministro de Finanzas Públicas. Concluyo una etapa de mi vida y espero, como ciudadano, seguir contribuyendo al desarrollo del país en otras iniciativas que considere legítimas y justas.

— Julio Héctor (@JulioHectorE) September 13, 2018

[EN DESARROLLO]