El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó el pasado miércoles a sus miembros a suspender la participación de Nicaragua en este organismo, tras la detención de varios políticos de la oposición. Se prevé suspender la participación de un miembro de la OEA si dos tercios de sus miembros consideran que se ha producido “una ruptura del orden democrático” y que “los esfuerzos diplomáticos han sido infructuosos”.

En una carta que envió al Presidente del Consejo Permanente, Embajador Ronald Sanders de Antigua y Barbuda, Almagro citó “una embestida sin precedentes contra líderes de la oposición, precandidatos a cargos de líderes electorales públicos, líderes sociales y empresariales”.

Las autoridades nicaragüenses han detenido a cuatro candidatos a la presidencia en los últimos días en las próximas elecciones en las que el presidente, Daniel Ortega, busca la reelección. Para aprobar la suspensión, la máxima sanción que tiene la OEA, son necesarios 24 votos. En sus 70 años de historia, la OEA solo ha suspendido a dos estados, Cuba y Honduras.

Los cuatro, que aspiran a participar en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, son acusados ​​por el Ministerio Público de cometer diversos delitos, que incluyen lavado de activos, falsedades ideológicas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.

El martes pasado, la Policía Nacional de Nicaragua, controlada por Ortega, arrestó a los candidatos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.

La semana pasada fue detenida la candidata opositora Cristiana Chamorro, hija de la presidenta de Nicaragua Violeta Chamorro (1990 a 1997) y actualmente continúa bajo arresto domiciliario. Días después, otro candidato de la oposición, Arturo Cruz, también fue detenido.

En el caso de Chamorro, también está acusada de manejo abusivo de recursos de la cooperación internacional a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para promover el periodismo independiente.

Arturo Cruz, quien se desempeñó como embajador de Ortega en Estados Unidos entre 2007 y 2009, es señalado por el régimen de Ortega por presionar a Estados Unidos para que imponga sanciones económicas contra el gobierno de Nicaragua. El exdiplomático también es acusado por el Ministerio Público de supuestos actos que atentan contra la sociedad y los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación, según una ley recientemente aprobada por el Congreso dominado por Ortega.

Hacemos nuestro el comunicado y el llamado de la @CIDH y @OACNUDH. La dictadura debe liberar de inmediato a los candidatos y candidatas detenidos en Nicaragua. #OEAconNicaragua https://t.co/Uv8MHyTkps

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) June 9, 2021

Félix Maradiaga y Juan Chamorro están acusados ​​de realizar actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones y actos que atentan contra la independencia, incitando así la injerencia extranjera en los asuntos internos y solicitando intervenciones militares, detalló un comunicado de la Policía Nacional.

Todos los detenidos, excepto Cristiana Chamorro, han sido acusados ​​de conspirar contra la soberanía e independencia de Nicaragua y de organizar actos terroristas con ayuda financiera de potencias extranjeras y detenidos bajo una controvertida ley de traición aprobada en diciembre por la Asamblea Nacional de Nicaragua dominada por aliados de Ortega.

Según la ley, que el gobierno dice tiene como objetivo proteger “la independencia, la soberanía y la autodeterminación” de Nicaragua, el gobierno tiene el poder de prohibir a los candidatos postularse para cargos públicos si se los considera traidores a Nicaragua. Cualquiera designado traidor puede ser enviado a prisión por hasta 15 años.

Pero los críticos dicen que la ley está diseñada para evitar que los políticos de la oposición se presenten a las elecciones.

Nota presentada en la mañana de hoy a la Presidencia del Consejo Permanente para abordar situación de #Nicaragua. pic.twitter.com/738dE4ZcY3

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) June 9, 2021

Mensajes encriptados para comunicarse con personas que se esconden, reuniones clandestinas organizadas en lugares secretos… en Nicaragua hablar abiertamente se está volviendo cada vez más difícil.

Y tratar de comunicarse con algunos de los afectados por la profunda crisis política que afecta al país desde abril pasado también resulta cada vez más complicado, pues muchos temen por su seguridad.

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Ese temor, en muchos casos, parece además plenamente justificado.

De hecho, algunos de los testimonios que emergen en el país centroamericano evocan los peores años de los regímenes militares latinoamericanos de la década de 1970.

Ahí está, por ejemplo, la historia de Maritza Castellón y su esposo, Juan Pablo García, una pareja de ciegos que han representado a Nicaragua en ajedrez y maratón paraolímpico, respectivamente.

A inicios de octubre, fuerzas progubernamentales irrumpieron en su casa en medio de la noche y se llevaron a su hijo adolescente, Engel, por supuestamente haber organizado protestas en contra del gobierno.

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Los hombres armados nunca se identificaron ni mostraron ninguna orden de arresto, y Maritza dice que le clavaron una pistola en el pecho.

“Fue horrible”, me dijo, mientras trataba de que las autoridades le dieran alguna información sobre el paradero de Engel.

“Como somos ciegos, no sabemos quiénes eran, ni cómo se veían. Mi hijo menor lloraba y me decía: ‘Mamá, llevan pasamontañas’, mientras un hombre pateaba la puerta trasera y gritaba que si no nos quitábamos iba a disparar”, contó.

El gobierno del presidente Daniel Ortega asegura que sus fuerzas no han cometido ningún delito.

Sin embargo, hay evidencia de que grupos paramilitares actúan con total impunidad y con el apoyo del gobierno.

Numerosos estudiantes también han sido encarcelados, acusados de serterroristas.

No sorprende, por lo tanto, que mucha gente opte por permanecer en las sombras.

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¿Qué está pasando en Nicaragua?

Cientos de miles de nicaragüenses han estado protestando desde abril, pidiendo el fin del gobierno del presidente Daniel Ortega.

Pero el mandatario, de 72 años, afirma que las protestas son lideradas por “terroristas” que quieren dar un golpe de Estado en su contra.

La crisis inició con una pequeña protesta en contra una reforma del sistema pensiones que fue atacada por simpatizantes gubernamentales y la situación escaló cuando el gobierno reprimió las siguientes marchas y se produjeron los primeros muertos.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las víctimas fatales ya suman al menos 322, en su mayoría como resultado de las acciones de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares afines al gobierno.

Algunas ONGs locales, sin embargo, estiman la cifra en más de 500 y también acusan a las autoridades de graves violaciones a los derechos humanos.

El gobierno, por su parte, solamente reconoce 199 muertos y asegura que buena parte de los fallecidos eran simpatizantes sandinistas.

Cientos de personas también han sido arrestadas y son juzgadas, acusadas de terrorismo, por su participación en las protestas.

“Es Orteguismo”

Entre aquellos que prefieren no abandonar su refugio está Dora María Téllez, una antigua comandante guerrillera que alguna vez estuvo cerca de Daniel Ortega.

Hoy, sin embargo, no duda en calificarlo de “dictador”.

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“Lo habíamos estado advirtiendo por 23 años y desgraciadamente teníamos razón”, me dice por Skype, sentada frente a un muro gris ubicado en alguna parte de Nicaragua.

En 1978, cuando nada más tenía 22 años, Téllez ayudó a liderar un audaz operación que se saldó con la captura del parlamento nicaragüense.

Fue un momento clave de la lucha contra el presidente de facto, Anastasio Somoza, que concluyó un año más tarde con la llegada al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de Ortega.

Pero en 1990, Téllez se separó del FSLN para ayudó a formar el Movimiento Renovador Sandinista. Y ahora teme ser arrestada por sus viejos camaradas.

“Ortega no solo confiscó al FSLN, sino que también disolvió el sandinismo para remplazarlo por orteguismo, el modelo político que le da forma a la dictadura debajo de la que estamos viviendo los nicaragüenses”, sostiene Téllez.

Los simpatizantes del gobierno, sin embargo, rechazan tajantemente la idea de que en Nicaragua existe una dictadura.

“Daniel Ortega es el presidente constitucional de la República, el resultado de un proceso electoral que ganó con una amplia mayoría”, dice Gustavo Porras, el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el partido sandinista.

“¿Cuál es la razón para llamarlo dictador? Justificar una agresión”, afirma.

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Según Porras, hay mucho dinero que está siendo inyectado por organismos basados en Washington, “como la Fundación Nacional para la Democracia”.

“Lo justifican diciendo que aquí no hay democracia y llamando dictador al presidente“, sostiene.

Clínicas clandestinas

Sin embargo, muchos observadores internacionales alertan que desde que cesó lo peor de la violencia callejera el Estado ha tomado represalias de manera sistemática.

Y para hablar de ello me encuentro con el doctor José Luis Borgen, quien aceptó que nos encontráramos en un sitio seguro: las oficinas de una organización local de defensa de derechos humanos.

Este cirujano, con décadas de experiencia, iba a formalizar una queja contra lo que dice fue su despido arbitrario de un hospital público hace algunos meses.

Aunque con todo el sistema de justicia supuestamente controlado por el gobierno de Ortega, Borgen no confía en que se le haga justicia.

“Empezamos a recibir muchísimos pacientes con heridas de bala. Muchos muertos. Y la gente no tenía quien los atendiera durante el conflicto”, recuerda.

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Según el cirujano, el Ministerio de Salud prohibió que los hospitales públicos atendieran a esos pacientes, lo que hizo que numerosos doctores y estudiantes de medicina “abrieran clínicas clandestinas en casas particulares y algunas universidades”.

“Algunos atendía a los pacientes, otros llevaban medicinas, jeringas… Todo en nuestro tiempo libre”, cuenta.

Y esa parece ser la razón por la que perdió su trabajo.

Borgen dice que había un clima de intimidación y persecución en el sector salud.

“Y entonces empezaron los despidos masivos: a 35 personas las corrieron de un hospital, a 40 de otro, a 18 de un tercero”, denuncia.

En total, él estima que unos 300 profesionales de la salud, la mitad de ellos médicos, fueron despedidos en todo el país.

Y aunque la Comisión de la Verdad del parlamento controlado por Ortega afirmó en su reporte que durante la crisis no se le había negado el acceso a atención médica a nadie, sus críticos han denunciado dicho informe -que no menciona las represalias denunciadas por numerosos médicos- como un intento de encubrimiento.

“No nos han remplazado. De hecho, continúan despidiendo gente”, agrega Borgen.

“Ha sido difícil. Mi familia está asustada. Muchos han recibido amenazas de muerte, otros decidieron irse del país”, cuenta.

Es una difícil elección que ahora enfrentan muchos de los opositores a Ortega: vivir escondidos o irse al exilio.

El periodista austríaco-estadounidense Carl Goette-Luciak, quien cubría las protestas antigubernamentales en Nicaragua para medios internacionales, fue detenido y deportado a El Salvador, informaron este martes ONGs y medios locales.

Goette-Luciak fue detenido el lunes en su casa en Managua por agentes que se lo llevaron descalzo, sin camisa y vestido solo con un pantalón corto, dijo la revista digital nicaragüense Confidencial, del periodista Carlos Fernando Chamorro, citando declaraciones del propio reportero.

El gobierno de Daniel Ortega no se ha pronunciado sobre la presunta captura y deportación de Goette-Luciak a El Salvador, ni sobre los cargos que se le imputan.

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Consultado por AFP, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo tener reportes de un ciudadano estadounidense arrestado en Nicaragua, pero declinó dar más detalles.

“Una de las funciones más importantes del Departamento de Estado y de embajadas y consulados es proveer ayuda para ciudadanos estadounidenses que son encarcelados o detenidos. Debido a razones de privacidad no tenemos más comentarios”, señaló una portavoz.

Confidencial dijo que habló con Goette-Luciak desde El Salvador.

“Me preguntaban si era agente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) y me enseñaban las publicaciones y los memes de las redes sociales”, contó el periodista.

“Un policía me dijo que me iban a deportar porque en mis artículos escribía y opinaba cosas falsas, y también por andar en las marchas ilegales (…) Me preguntó que si no conocía las nuevas leyes”, señaló Goette-Luciak.

La policía nicaragüense declaró la semana pasada que las marchas de la oposición son ilegales, y advirtió que los organismos y personas que las convoquen serán responsables de daños o riesgos a la vida que ocurran en estos desplazamientos.

La organización de escritores PEN, Capítulo de Nicaragua, dijo que “lamenta la detención” de Goette-Luciak, reportero independiente para diarios como Washington Post, The Guardian y la BBC.

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El periodista era objeto de “amenazas y acusaciones en las redes sociales de ser enemigo y hasta pertenecer a agencias de inteligencia extranjeras”, señaló PEN en un comunicado.

Goette-Luciak, hijo del académico estadounidense Ilja Luciak, también es documentalista y antropólogo.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, también se pronunció el lunes sobre la captura de Goette-Luciak y recordó que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) pidió investigar “la campaña de acoso digital” y garantizar su seguridad personal.

De Nicaragua ya fue deportada la documentalista brasileña Emilia Mello, tras ser detenida el 25 de agosto junto a un grupo de estudiantes mientras se dirigían a una marcha en Granada.

“Estamos muy dolidos por el prójimo que murió y porque sigue la represión”, dice a la AFP Socorro Castillo, de 72 años quien llegó a venerar al santo en oración dentro de la parroquia, debajo de cuyo campanario cuelga un enorme lazo negro en señal de luto.

Sus pobladores, dice la locuaz anciana frente al altar del santo de barba blanca, no olvidan cómo los policías antimotines y paramilitares desalojaron semanas atrás a balazos a los manifestantes en Masaya y otras ciudades que se rebelaron contra el gobierno desde abril.

Con más de 100.000 habitantes de raíces indígenas y una historia de rebeldía, Masaya, 30 km al sur de la capital, fue la ciudad más golpeada por la represión y la última en caer ante las fuerzas del gobierno, que emprendieron una “operación limpieza” para retomar control de ciudades y carreteras en manos de manifestantes.

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La violenta represión dejó más de 320 muertos, la mayoría civiles, según organismos de derechos humanos.

Esta vez, las fiestas patronales no tienen “el mismo esplendor” porque “hay mucha tristeza y dolor en el ambiente” por los muertos, detenidos y secuestros de manifestantes, explica a la AFP el párroco de la iglesia José Espinoza.

Afirma que el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, “dejó este año a criterio de cada parroquia” los festejos religiosos debido a una de las peores crisis que vive el país desde la década de los 80.

En Masaya, la parroquia decidió celebrar “en un ambiente de oración, recogimiento y sobriedad”, y miles de feligreses llegaron a cumplir las promesas frente al santuario de San Jerónimo, conocido como el santo de los pobres y los enfermos.

“Estamos de acuerdo con la iglesia por tantos muertos que ha habido”, dice a la AFP Gerardo Díaz, de 63 años, quien con sus dos hijos agradecía con una vela en la mano la protección del santo, en cuyos lados destacan la bandera de la iglesia y de Nicaragua.

Gemelo del santo desafía luto

Pero el presidente Ortega, quien acusa a sus opositores de “golpistas”, asegura que el país ha retornado a la normalidad después de las “terroríficas” protestas que iniciaron el 18 de abril y que persisten con menos intensidad por la represión.

Cerca de la iglesia, debajo de una improvisada carpa, partidarios del gobierno alistan una réplica de la imagen de San Jerónimo con ayuda de tradicionalistas religiosos y la alcaldía de la ciudad, para hacer su fiesta al son de una banda filarmónica.

Escoltado por decenas de antimotines, el “gemelo” del santo sale sobre su peana a recorrer la ciudad sin la bendición del sacerdote ni el tradicional repique de campanas.

“Nos da pesar que el padre no abrió las puertas (para sacar al verdadero) a San Jerónimo, hace mal”, reprocha la joven Hazel Rodríguez, mientras bailaba en medio de la bulliciosa procesión.

“El pueblo es el que manda, no el padre”, señala su pareja Milton, quien cargaba a su hija sobre sus hombros, convencido que la réplica del santo es tan milagrosa como la verdadera.

“Estoy aquí por devoción”, dice por su lado Josefa Urbina, quien desde hace 20 años asiste a las fiestas patronales de Masaya, que arrancan en agosto y terminan en octubre, en medio de dos masivas procesiones, carnavales y actividades culturales.

El gobierno también organizó festivales gastronómicos, desfiles hípicos, bailes y reabrió el famoso mercado de artesanía de la ciudad, que se incendió durante los disturbios en las protestas.

“El gobierno lo hace para burlarse del pueblo y la iglesia. Se burlan de todos los que no están de acuerdo con ellos y ahora se burlan del luto del pueblo”, denuncia Francisco Villareal, de 52 años.

“Es una falta de respeto, es una provocación, Masaya está de luto”, critica Martín González, de 58 años.

En mayo, en medio del auge de las protestas, los opositores y seguidores del gobierno se pelearon por el color que debía llevar la estatua del héroe nacional, Augusto César Sandino, en su ciudad natal de Niquihomo, vecina de Masaya.

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Mientras los opositores lo pintaban del color azul y blanco de la bandera, con la que simbolizan su lucha contra Ortega, los sandinistas la retocaban con el rojo y negro de la bandera del partido de gobierno.

]]> 228866 https://www.guatevision.com/noticias/bbc/crisis-en-nicaragua-las-razones-del-gobierno-de-daniel-ortega-para-ilegalizar-las-protestas-en-el-pais-y-la-reaccion-de-sus-criticos Mon, 01 Oct 2018 18:10:00 +0000 https://www.guatevision.com/?post_type=post-noticias&p=228839

Lejos de calmarse, la crisis política y social en Nicaragua se profundiza.

Desde este viernes, las manifestaciones en contra del gobierno de Daniel Ortega son ilegales.

Así lo explicó la Policía Nacional en un comunicado oficial:

“La Policía Nacional reitera que ante cualquier alteración y/o amenaza a la tranquilidad, el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover acciones delictivas, destructivas y criminales”.

El anuncio, realizado por el comisionado general de la Policía, Jaime Antonio Vanegas Vega, se produce en un contexto de crisis política y aislamiento internacional del país centroamericano.

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En los últimos seis meses, la violencia en Nicaragua ha causado más de 300 muertos, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

EPA

Las autoridades, sin embargo, solo reconocen 197 muertos como consecuencia de las protestas y el presidente Ortega insiste en que las manifestaciones son en realidad un “intento de golpe de Estado“.

Críticas a la decisión

La CIDH se pronunció sobre la decisión de ilegalizar las protestas:

“Recibimos con preocupación nota de prensa de Policía Nacional de Nicaragua que califica de ilegal las manifestaciones y criminaliza su convocatoria. Esto es contrario a los estándares interamericanos e inhibe el ejercicio de derechos inherentes a una sociedad democrática”, expuso la CIDH.

Edison Lanza, relator de la CIDH para la libertad de expresión, declaró que requerir autorización previa para manifestarse “es una restricción incompatible con los derechos de expresión, reunión y asociación. Una marcha pacífica no puede declararse ilegal previamente con el fin de criminalizarla”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, también expresó su rechazo a la decisión de la policía nicaragüense. Lo hizo a través de Twitter:

#Nicaragua: #OACNUDH advierte que considerar responsables o exigir cuentas a organizadores y participantes en las reuniones por el comportamiento ilícito de otros viola normas básicas de la responsabilidad penal y los estándares sobre derecho a la libertad de reunión pacífica (1)

— OACNUDH (@OACNUDH) September 29, 2018

Muerte del joven Matt Andrés Romero

Por su parte, la policía nicaragüense se basa en la muerte del joven Matt Andrés Romero durante una protesta para defender su decisión.

Según las fuerzas de seguridad, la muerte de Romero, que se produjo el pasado 23 de septiembre por un disparo durante una marcha, es responsabilidad de delincuentes que hicieron que el muchacho de 16 años fuera víctima del fuego cruzado.

REUTERS

Los familiares de Romero no comparten esta teoría y culpan de la muerte a los antidisturbios y los paramilitares.

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Los artículos 53 y 54 de la Constitución Política nicaragüense establecen el derecho a la reunión pacífica.

“Responderán ante la justicia las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover acciones delictivas, destructivas y criminales”, señaló la policía en un comunicado.

Agregó que “los organismos y personas que han convocado y convocan a estas actividades ilegales” también serán responsables “de cualquier amenaza, daño, o riesgo a la vida” que ocurra en las manifestaciones.

“La Policía es responsable de resguardar la seguridad” pública, “así como de establecer responsabilidades y cargos contra quienes pretendan seguir violentando la paz, el derecho y la constitución de Nicaragua”, advirtió.

Nicaragua en rebeldía

Los grupos opositores llamaron a participar la tarde de este sábado en la marcha “Nicaragua en rebeldía”, que tiene previsto partir de una rotonda del centro de la capital, con una ruta que aún no ha sido definida.

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La actividad es parte de las protestas que se iniciaron el 18 de abril para pedir la dimisión del presidente Daniel Ortega, cuya represión ha dejado más de 320 muertos.

El gobierno acusa a los manifestantes de “terroristas” y “golpistas” y mantiene frecuentemente a sus partidarios en las calles para contrarrestar las protestas opositoras.

La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo confirmó que este sábado los partidarios del gobierno saldrán a respaldar al presidente en una avenida que une el sur y norte de la capital.

“Nos estamos llamando a caminar por la paz mañana sábado, a reunirnos como cada sábado, a reunirnos con Daniel” Ortega, dijo Murillo a medios oficialistas.

]]> 228697 https://www.guatevision.com/noticias/internacional/dos-muertos-en-ataque-de-fuerzas-de-ortega-en-masaya Sat, 14 Jul 2018 18:17:50 +0000 https://www.guatevision.com/?post_type=post-noticias&p=201441

Las dos muertes -un policía y un civil- ocurrieron en el barrio Monimbó, en el sur de Masaya, “atacada con armas de alto calibre” por las fuerzas de Ortega, afirmó Álvaro Leiva, de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos.

“Resistimos, se les respondió con bombas de contacto (artesanales) y morteros. Tenemos un caído del pueblo y un policía que murió en el ataque, varios heridos”, declaró por teléfono a la AFP un dirigente opositor en Monimbó, pasado el enfrentamiento.

En el suroeste de Managua, policías y paramilitares tenían sitiada desde hacía unas siete horas la iglesia Divina Misericordia, donde se refugiaron decenas de estudiantes que fueron atacados en sus trincheras en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), al lado del templo.

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En la oscuridad, el sacerdote Raúl Zamora salió del templo con una bandera del Vaticano para evacuar a los heridos graves y al periodista del Washington Post, Joshua Partlow, que salieron tras una negociación de la Iglesia. Otros tres reporteros locales siguen atrapados en la parroquia.

Escenas dramáticas se difundieron en las redes sociales: “Vinieron todos con armas de fuego, a matar”, aseguró un joven en la iglesia. “No podemos salir, estamos acorralados”, gritó otro.

“Por favor ayúdennos”, “Aquí morimos todos”, “Mamá, perdóname, lo hice por mi patria”, decían, entre disparos, muchachos desesperados, agachados detrás de las barricadas, en videos que circularon durante el ataque en horas de la tarde.

Las fuerzas combinadas del gobierno actuaron durante el paro con que los opositores exigen la salida de Ortega. Más de 270 muertos y unos 2.000 heridos deja la ola de violencia en tres meses de protestas.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y altos funcionarios de Estados Unidos condenaron los ataques.

 “Camino a la paz”

Mientras se registraba el ataque en Monimbó y zonas aledañas, Ortega culminaba el recorrido de una caravana que no pudo entrar a ese aguerrido barrio de Masaya, donde pobladores están atrincherados en resistencia al gobierno.

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A bordo de una camioneta rodeada de escoltas, Ortega, junto a su esposa Rosario Murillo, llegó a la rebelde Masaya, 35 km al sur de Managua, tras cientos de vehículos y motocicletas de seguidores, para contrarrestar el paro.

“Invitamos a todos (…) a que tomemos el camino de la paz que es el único que nos va a dar tranquilidad”, exhortó Ortega frente a la estación policial de Masaya, fuertemente custodiado por policías y antimotines encapuchados, con quienes se tomó fotografías.

La caravana conmemoró el histórico “repliegue”, una gesta guerrillera previa al triunfo de la insurrección popular que, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.

Los opositores acusan a Ortega, exguerrillero sandinista de 72 años que gobierna desde 2007 por tercer periodo consecutivo, de desatar una feroz represión contra las protestas y crear una dictadura con su esposa, marcada por la corrupción y el nepotismo.

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Como salida a la crisis, la Iglesia católica, mediadora en un diálogo entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -grupos de la sociedad civil-, propuso adelantar los comicios de 2021 a 2019. Pero Ortega lo descartó.

En Washington, en sesión de la OEA sobre Nicaragua, siete países presentaron un proyecto de resolución que exhorta a Ortega a apoyar elecciones anticipadas en acuerdo con la oposición.

Nicaragua paralizada

Mercados, bancos, tiendas, gasolineras, restaurantes y pequeñas ventas de comida no abrieron en ciudades y pueblos, en apoyo al llamado opositor, pero también por temor a saqueos o asaltos.

El paro de 24 horas, el segundo tras el del 14 de junio -que dejó cuatro fallecidos-, fue convocado por la Alianza Cívica, un día después de una gran marcha en Managua y manifestaciones en otras ciudades, con saldo de cuatro policías y un civil muertos en el municipio Morrito, en el sureste del país.

La policía detuvo este viernes al dirigente campesino Medardo Mairena, uno de los delegados opositores en un diálogo con el gobierno, al que acusó de “terrorista” y de ser quien “ordenó” el “ataque” contra los uniformados y el civil.

En la tercera jornada de presión de la Alianza, que condenó los ataques y la detención de Mairena, los opositores irán el sábado en caravana de vehículos por los conflictivos barrios orientales de Managua.

Entre el llanto y la indignación, familiares y vecinos enterraron a las tres personas que murieron la víspera en la incursión de antimotines y paramilitares a esta ciudad ubicada 35 kms al sur de Managua, que el lunes se declaró en rebeldía para exigir la salida del poder de Ortega.

https://twitter.com/Puyujenzo/status/1009414145475739649

“Esto está horrible. La gente se está muriendo por este gobierno que no se quiere ir”, dijo a AFP Ramona Alemán, ama de casa de 40 años, en un cementerio de Masaya donde sepultaron a Marvin López, muerto en una trinchera de un disparo en la garganta. Su féretro fue cubierto con la bandera de Nicaragua.

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En algunas zonas de la ciudad se escuchaban aún disparos de balas y el estallidos de morteros. Camionetas de antimotines con pasamontañas recorren el casco central, pero en los barrios de la periferia aún muchos pobladores permanecen atrincherados.

Pobladores reportaron también disparos y ataques de hombres fuertemente armados en las ciudades de Jinotepe, León, Matagalpa y Estelí, donde el miércoles murió una persona.

“Ortega vende patria”

Exguerrillero de la revolución sandinista que ostentó la presidencia de 1979 a 1990, Ortega volvió al poder en 2007 y es acusado de nepotismo, de controlar los diversos poderes del Estado y de instaurar, con su esposa Rosario Murillo, la extravagante vicepresidenta, un gobierno autocrático y corrupto.

“Ortega vende Patria”, dice en letras rojas sobre una enorme manta negra que cubre una barricada, donde ondea una bandera nacional -blanca y azul-. Tres muñecos la custodian, buscando engañar a la policía.

Escombros del hotel Masaya y de algunas casas quemadas esta madrugada eran levantados por habitantes. Una mujer en bicicleta mostró a la AFP tres casquillos de fusil que recogió en el camino.

“Entraron a mi negocio, regaron combustible dentro, a mi tío lo sacaron a golpes y le partieron la cabeza con culatas de AK47. Le perdonaron la vida y lo sacaron descalzo ensangrentado”, narró el activista estudiantil Cristian Fajardo, dueño del hotel.

Casi todos los negocios en Masaya están cerrados por el temor a nuevos ataques, pero hay unos pocos que se arriesgan porque, dicen, si no trabajan, no comen.

“Queremos que haya paz, que renuncie. Los antimotines y los grupos paramilitares que están en la entrada de la ciudad son unos sanguinarios. Hoy hubo lluvia de balas en la madrugada”, contó José Ramírez, un vendedor de helados ambulante.

S.O.S internacional

El ataque a Masaya ocurrió luego de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) suspendiera el lunes un diálogo a la espera de que el gobierno invitara a un grupo de organizaciones internacionales para investigar los hechos de violencia, lo que finalmente hizo este miércoles.

MASAYA siendo MASACRADA por la guardia de Daniel Ortega en este momento! @CIDH , @totonia68 , @JoelHernandezG , @OACNUDH , @PauloAbrao @JoelHernandezG #SOSNicaragua @BiancaJagger pic.twitter.com/RKZnbPap30

— La Novia Viuda (@lanoviaviuda) June 19, 2018

“Esto es una anarquía total, lanzamos un S.O.S a la comunidad internacional, que nos apoye. Están masacrando a un pueblo que no tiene armas”, lamentó el carpintero Edgar Taleno, de 35 años, quien contó cómo tuvo que escabuillirse entre las balas en el ataque a Masaya.

Esa convocatoria se había acordado entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a sectores de la sociedad civil, el pasado viernes luego de que el diálogo pasara varios días suspendido por el recrudecimiento de la violencia.

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“La Unión Europea, el Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) han informado a los Obispos de Nicaragua haber recibido oficialmente las respectivas invitaciones del gobierno”, publicó en Twitter Silvio Báez, arzobispo auxiliar de Managua.

Nicaragua revive la violencia en otra jornada con al menos seis muertos . Masacre en #Masaya Armamento de guerra contra el pueblo de #Nicaragua pic.twitter.com/Tj919Sl3Rw

— Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) June 20, 2018

Tres activistas nicaragüenses que acudieron este miércoles al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, advirtieron que el gobierno de Ortega utiliza el diálogo para continuar la represión contra la población.

“El presidente se ha aprovechado de este diálogo nacional para aumentar la represión y la violencia”, dijo en el consejo el sociólogo Denis de Jesús Darce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.

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Tras condenar la “violencia e intimidación patrocinada por el gobierno”, Estados Unidos se sumó a la presión por la presencia de organismos internacionales y el adelantamiento de elecciones.

El martes envió a Managua a su representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, quien se reunió con la Alianza Cívica y tiene previsto encontrarse con Ortega este miércoles.

El gobierno exige el levantamiento de los bloqueos de vías y la Alianza Cívica un adelanto de las elecciones de 2021 a marzo de 2019 y reformas en el poder judicial.

En el día de receso del diálogo entre el gobierno y la oposición, que las partes intentan mantener a flote con la mediación de la Iglesia católica, se multiplicaron las críticas por la muerte de ocho personas.

Seis personas, entre ellas un niño de dos años y un bebé murieron luego que un grupo armado incendió su casa en Managua, mientras que dos personas fueron atacadas por encapuchados cuando intentaban despejar una carretera bloqueada, según las autoridades.

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“¡Qué horribles días han sido éstos: muertes, tras muertes, policías jefeando hordas de paramilitares, jóvenes desaparecidos, golpeados! Tanta violencia ha culminado ayer (sábado) en el dantesco y tristísimo incendio donde pereció una familia entera con niños pequeños”, repudió la reconocida escritora nicaragüense Gioconda Belli.

Belli se pronunció en una carta pública dirigida a la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, con quien compartió el exilio durante la lucha contra la dictadura somocista (1936-1979).

Murillo, en tanto, ha rechazado la responsabilidad del gobierno en los últimos crímenes, que calificó de “monstruosidad”.

Es “abominable provocar tanto dolor” y “después acusar. Cuánto descaro, cuanta maldad”, refutó el sábado por la noche la esposa del presidente.

“Todos los nicaragüenses deben tomar sus responsabilidades (..)para abrir un camino nuevo de reconciliación y de paz”, consideró el nuevo nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw, tras una misa en Managua.

“Los niños lloraban”

Cientos de personas sepultaron este domingo a la familia asesinada, de cuya muerte culpan a grupos apoyados por la policía.

“Eran hombres armados que andaban con fusiles, en una camioneta. Yo me tiré del balcón y todavía trataron de matarme pero no pudieron (..) los niños lloraban pidiendo auxilio”, dijo en el entierro una sobreviviente, Cinthia Velázquez.

“Yo misma vi la camioneta con la policía y todos los armados”, dijo la mujer durante el entierro en Managua.

La masacre, tildada como la más brutal desde que iniciaron las protestas, fue condenada por la Organización de Estados Americanos (OEA) como un crimen de “lesa humanidad”.

Este domingo la violencia continuó con al menos una persona muerta en Masaya (sur), luego de que policías y paramilitares enfrentaran a manifestantes en una de las barricadas de la ciudad, informó la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.

También hubo protestas en Managua, con un plantón de personas demandando justicia para la familia masacrada y marchas en Bluefields (Caribe) y Matagalpa (norte) contra de la represión.

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Al menos 178 personas han muerto desde que estallaron las protesta, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Avances del diálogo

El diálogo reabierto el viernes entre el gobierno y la oposición logró avanzar el sábado en la discusión de la agenda de democratización, que incluye la propuesta de adelantar las elecciones presidenciales de 2021 a marzo de 2019.

“Es un avance, porque el objetivo final de este diálogo es iniciar un proceso de democratización y que se haga justicia por las víctimas de esta represión salvaje”, declaró a la AFP Ernesto Medina, rector de la privada Universidad Americana (UAM).

Las sesiones continuarán el lunes con las comisiones de trabajo creadas para tratar las reformas en el Estado.

 “Máquinas para matar”

Medina lamentó que mientras se busca una solución pacífica a la crisis en el dialogo, aumente la represión.

“El gobierno no asume su responsabilidad” cuando “son ellos los que han armado, financiado a estas fuerzas criminales que se han convertido en una seria amenaza”, dijo. “Son una máquina para matar a un pueblo desarmado”.

Los obispos, sin embargo, están  convencidos de que si no se insiste en el diálogo no habría “una montaña de muertos (..) sino ríos de sangre”, afirmó el obispo Rolando Alvarez durante una misa en la norteña ciudad de Matagalpa.

El diálogo es lo único que puede evitar “una catástrofe mayor”, advirtió.

El presidente debe irse “para facilitar la reforma, la transición y elecciones libres”, dijo en un tuit Carlos Fernando Chamorro, periodista e hijo de la expresidenta Violeta Barrios.

Nicaragua vive un clima permanente de protestas desde que comenzaron las manifestaciones contra una fallida reforma de pensiones, que se extendieron luego por inconformidad con la pareja presidencial.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia abandonó las mesas de trabajo tras acusar al gobierno de incumplir un acuerdo para invitar a los organismos internacionales a ayudar a investigar la violencia contra las sangrientas protestas.

El trabajo de las comisiones se realizaba a puertas cerradas en el seminario de Nuestra Señora de Fátima, en Managua. Al entrar los delegados ya se advertía un ambiente sombrío por la muerte de seis miembros de una familia el fin de semana en un ataque atribuido a bandas paramilitares y civiles afines al gobierno del presidente Daniel Ortega.

El martes “nos reincorporaremos al plenario del diálogo nacional y demandaremos el cumplimiento de lo acordado como condición indispensable para seguir trabajando”, dijo la oposición en un comunicado.

Trabas burocráticas

El dirigente estudiantil Lesther Alemán dijo que durante más de una hora se le pidió al gobierno la carta que debió enviar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Unión Europea (UE) y “como no la traían lo que hicieron fue levantarse”.

El canciller Denis Moncada, jefe de la delegación oficial alegó razones “burocráticas” para no haber invitado a los organismos , dijo el académico Carlos Tünnerman, delegado de la sociedad civil en las conversaciones.

“Vaya usted a su oficina, redacte las cartas, mande las invitaciones y traiga copia de esas cartas para el plenario del diálogo el martes”, refirió Tünnerman que le dijo a Moncada.

Tras la suspensión del encuentro, el gobierno emitió una declaración en la que se desmarcó de la represión contra las protestas y expresó su “gravísima preocupación por la trágica escalada de violencia que sufre el pueblo nicaragüense”.

Aseguró que propuso a la oposición “trabajar para alcanzar acuerdos verificables de seguridad, paz y reconciliación en los municipios y departamentos de Nicaragua”.

Sin embargo, el ejecutivo evitó referirse al reclamo de la oposición de cumplir el acuerdo de invitar a organismos internacionales de derechos humanos.

Los participantes del diálogo tenían previsto discutir este lunes el levantamiento de los tranques (bloqueos) de las vías, el adelanto de las elecciones a marzo y reformas al poder judicial.

Tunnerman destacó que el gobierno incumple lo que ha firmado en el diálogo porque se comprometió a poner en práctica 15 recomendaciones de la CIDH, incluyendo el cese de la represión y el desarme de las bandas civiles armadas, y “eso no se ha cumplido”.

“Necesitamos que esos organismos estén en el país como garantía” de que lo acordado tenga cumplimiento y termine la violencia contra la población, dijo la dirigente del Movimiento de Mujeres, Azhalia Solís.

ONU espera invitación

En Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, condenó la violencia en Nicaragua y llamó al gobierno a cumplir los compromisos firmados el viernes.

“Condeno la violencia, incluyendo el horrible ataque incendiario del sábado 16 de junio”, dijo Al Hussein en relación a la muerte de seis miembros de una familia calcinada dentro de su vivienda, entre ellos un bebe de cinco meses y una niña de dos años.

Un emisario de la UE visitó Nicaragua el 15 y 16 de junio y sostuvo encuentros con el gobierno de Ortega y representantes de la oposición para apoyar una solución negociada la crisis en el país.

En los encuentros, Hugo Sobral, director del Departamento de las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, reiteró la necesidad de cesar la violencia” que desangra el país desde que estallaron las protestas el 18 de abril.

Mientras tanto, persisten las acciones violentas de bandas paramilitares con tiroteos indiscriminados en barrios de la capital y en ciudades del interior, según reportes de pobladores a través de videos enviados a las redes sociales y medios de comunicación.

Las protestas gubernamentales contra una reforma a la ley de seguridad social han dejado 180 muertos, en dos meses y más de 1000 heridos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Ortega, en el poder desde 2007, ha sido señalado de ejercer un gobierno autoritario al lado de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, con pleno control de todos los poderes del estado.

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