Denuncias de migrantes sobre el peligro que representan las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) de México recopiladas en 2022 por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, en inglés) “anticipaban” la tragedia que ocurrió en Ciudad Juárez, reveló este lunes el informe anual de la organización fronteriza con sede en El Paso (Texas).

El informe llamado “El Estado de los Derechos Humanos y Civiles en México de 2022” documentó 56 casos en los que se identificaron 202 abusos a migrantes. Más de la mitad (116) de estos abusos fueron cometidos por agentes o personal del INM.

Fernando García, director de BNHR, calificó la situación de los migrantes que pasan por territorio mexicano como “preocupante”.

“La muerte en Ciudad Juárez de migrantes que estaban bajo candado no fue una cuestión aislada”, dijo el activista en entrevista con EFE sobre los hallazgos del informe.

Para octubre del año pasado ya había dos denuncias documentadas por BHNR del uso de candados en albergues del INM. “Esta es una cuestión sistémica”, resaltó García, y agregó que la práctica de encerrar a los migrantes “es común por parte del Instituto” y la tragedia ocurrida en el centro de migración de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes el mes pasado, había sido anticipada.

Uno de los casos fue denunciado por un migrante ecuatoriano de 39 años que estuvo detenido más de un mes en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula (Chiapas).

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“Los agentes del INM me insultan, me tratan mal, me tienen detenido. Es como un secuestro porque no me puedo comunicar con mi familia. En las noches ponen candados a las puertas donde nosotros estamos descansando, como si fuéramos delincuentes. Nosotros no cometimos ningún delito. Nos engañaron que nos iban a ayudar y luego nos encerraron”, dijo en su testimonio el migrante.

El informe además identificó 25 incidentes de abuso verbal y psicológico por parte de trabajadores del INM hacia los migrantes y 15 violaciones al debido proceso.

“También vemos un sistema de corrupción que afecta a esta institución”, la cual debería desaparecer, consideró García.

El reporte identificó igualmente 50 abusos perpetrados por la Guardia Nacional de México. Al respecto, García advirtió que no se debería permitir que los soldados lidien con temas de inmigración. “Se documentó la muerte de un migrante por disparos de un soldado”, relató.

Treinta y cuatro de los abusos fueron cometidos por la Policía de México y dos por miembros de la Secretaría de Marina.

García subrayó que el reporte solo es una muestra de lo que está pasando porque documenta los casos de migrantes que están dispuestos a denunciar. “Los casos son muchos más”, aseveró.

Agregó que no solo los migrantes son víctimas de estas políticas. El informe recolectó varias denuncias de indígenas mexicanos a los que se les violó su derecho de tránsito en el país.

La organización hizo una serie de recomendaciones en las que instaron al Gobierno de México a garantizar que todas las agencias e instituciones policiales rindan cuentas por sus acciones, que se castigue a los abusadores, que se repare el daño y que se realicen cambios sustanciales a las políticas y estrategia migratorias actuales en el país.

También se recomendó la abolición inmediata del INM, entre otras propuestas. “Estamos pidiendo que lo eliminen. Ya no tiene sentido; es un centro de corrupción, de injusticia y de abuso que han matado migrantes. No se puede seguir sosteniendo una estructura de ese tipo”, puntualizó.

Dos guatemaltecos se declararon culpables de tráfico de personas que provocó la muerte de una migrante en 2021 en Estados Unidos, informó este 30 de septiembre el Departamento de Justicia estadounidense.

En mayo de 2021 se descubrió el cuerpo de una joven indígena guatemalteca en un área remota a las afueras de Odessa, en el sur de Texas. Además de la víctima, dentro del camión había más migrantes que habían entrado ilegalmente en el país, libros de contabilidad detallados y más de cien teléfonos celulares.

En agosto de ese año, Armando Gael Galicia, de 26 años, y José Diego Tercero González, de 22, fueron detenidos en Texas, donde residían.

Ambos se declararon culpables ante un tribunal federal de Texas “de conspiración para transportar y albergar extranjeros con fines de lucro y con resultado de muerte“, informa el Departamento de Justicia en un comunicado.

Los acusados se exponen a cadena perpetua

Los acusados admitieron ser responsables del transporte de la migrante fallecida.

La operación corrió a cargo de la Fuerza de Tareas Conjunta Alpha, creada en junio de 2021 para combatir el creciente tráfico de migrantes procedentes de Centroamérica. Desde entonces detuvo a más de cien personas.

En el comunicado, el Departamento de Justicia califica de “fundamental” la colaboración de las fuerzas de seguridad guatemaltecas en la operación.

Esta investigación está relacionada con la detención de cuatro personas en agosto de este año en Guatemala.

Two Guatemalan Nationals Plead Guilty to Human Smuggling Conspiracy Resulting in 2021 Death of Migrant in Odessa, Texashttps://t.co/KuQxzxz2uA

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) September 30, 2022

Se les acusa de facilitar el viaje de muchos migrantes desde Guatemala hasta Estados Unidos a través de México cobrándoles entre US$10 mil y US$12 mil. También se les considera responsables de la muerte de la indígena guatemalteca transportada por Gael Galicia y Tercero González.

Two Guatemalan nationals plead guilty to human smuggling conspiracy resulting in 2021 death of migrant in Odessa, Texas. pic.twitter.com/VlI6BF4bmC

— Homeland Security Investigations (@HSI_HQ) September 30, 2022

La Inspectoría General (IG) de la Policía Nacional Civil (PNC) ya investiga un nuevo caso de corrupción dentro de la institución. Esta vez Petén vuelve a ser el escenario, y lo migrantes quienes deben dar dinero para que les dejen continuar su recorrido hacia México y los Estados Unidos.

Una fuente de la IG confirmó que el hecho está bajo investigación y ocurrió en un punto fronterizo con México ubicado en Petén. El PNC, que pertenece a las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) ha sido identificado, pero por las averiguaciones no pueden ampliar detalles.

Escondiéndose a un costado de un bus, un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) fue grabado cuando cobraba la denominada “mordida” a un grupo de migrantes cubanos que trataban de salir de Guatemala.

Se supone que el caso ocurrió el pasado 30 de julio, pero este extremo tampoco lo confirmó la fuente de la IG. Eso sí, precisó, el hecho está bajo investigación.

El vídeo fue originalmente compartido en la red Kwai, y luego se volvió viral en otras como Twitter en donde mencionaron a la PNC.

En este se aprecia cómo el agente recibe el dinero de algunos de los migrantes que se bajaron del autobús para negociar, mientras otro lo graba. Este material es que servirá para llevarlo ante la oficina de asuntos internos de la PNC.

El vídeo tuvo pronta repercusión y los usuarios de esta red demandaron más transparencia de la institución, aunque otros dijeron que era “el pan nuestro de cada día”. 

En abril pasado la Pastoral de Movilidad Humana compartió un vídeo parecido en donde se observaba la misma acción: cobrarle a los migrantes para que siguieran su recorrido hacia México y los Estados Unidos.

La Pastoral de Movilidad Humana, en el área de Petén, ha señalado que han hecho estudios y calificación de confianza en las entidades públicas, principalmente de seguridad como la PNC por parte de migrantes centroamericanos, y ésta es la peor de todas. 

Los migrantes han asegurado que la Policía guatemalteca extorsiona, roba, persigue, maltrata y amenaza con la expulsión del país si no les dan “una mordida” (soborno). 

Un estudio de la firma ProDatos del 2019, reveló que solo el 30 por ciento de los guatemaltecos afirmaba que la institución le transmitía confianza. El número, ya de por sí bajo, había crecido ocho puntos desde 2011.

Al parecer la falta de confianza se mantiene. Un sondeo efectuado por Prensa Libre en Twitter esta semana, en el que participaron mil 725 personas, arrojó que el 38% desconfía de que pueda ser víctima de soborno o robo por parte de la Policía, un 30.6% teme que se relacionen con el crimen organizado, un 23.2% desconfía de posibles abusos de autoridad y un 8.2% por implantación de pruebas.

#PNCLucesySombras ¿Desconfía de la PNC? Si es así, ¿por qué?

— Prensa Libre (@prensa_libre) July 25, 2022

De enero a julio de este año, la IG ha recibido mil 427 denuncias de las que menos del 30% se abrió un expediente (415), aunque se desconoce al final cuál ha sido el final de estas investigaciones.

Inland Coalition for Immigrant Justice (ICIJ, en inglés) y la organización Earthjustice denunciaron el uso en un centro de detención para indocumentados del producto químico HDQ, un pesticida y desinfectante regulado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. que se usa en la industria hospitalaria, y que debe ser aplicado siguiendo estrictos protocolos de seguridad por los riesgos que implica para la salud.

No obstante, en centros de detención como el de Adelanto, en California, estas organizaciones activistas aseguran que esas medidas de seguridad no se cumplen por parte del personal que trabaja en las instalaciones, operada por la compañía privada GEO.

“Han estado rociando este producto químico HDQ cada 15 a 30 minutos al día para prevenir la Covid-19”, aseguró en conferencia de prensa Kimberly Galindo, integrante de ICIJ y quien dijo mantener comunicación con los detenidos en Adelanto.

El pesticida se está usando de día y de noche, ahondó Raúl García, director de comunidades saludables de Earthjustice, quien agregó que las pautas de seguridad estipulan que el químico sólo debe usarse con equipo de protección y que únicamente debe ser rociado al aire libre o en áreas bien ventiladas.

“No debe ser inhalado ni ingerido, y, si lo es, la persona afectada debe ser trasladada inmediatamente a un área con aire fresco”, añadió García.

Según las denuncias de los activistas, ninguna de estas prácticas de seguridad se está llevando a cabo en el centro de Adelanto, donde los detenidos vienen denunciando problemas respiratorios y de visión, erupciones de piel, náuseas y dolor de cabeza tras las constantes aplicaciones del producto.

En aislamiento

A los problemas de salud que están enfrentando por el químico HDQ los detenidos, se suma el hecho que los guardias de GEO estarían tomando represalias contras los inmigrantes que necesitan buscar atención médica por esta razón, de acuerdo con Galindo.

“Si van a un hospital, de regreso los ponen en confinamiento solitario durante 14 días y sabemos que el confinamiento solitario no es autocuarentena”, denunció la activista de ICIJ.

Estos no serían los únicos problemas que afrontan los detenidos en Adelanto, ubicado al noreste de Los Ángeles.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció esta semana que los oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) impidieron a una “vasta mayoría” de indocumentados acceder a unas mil 900 pruebas para detectar el coronavirus que se enviaron a esa instalación en mayo.

Según datos del ICE, desde que comenzó la pandemia en Adelanto se han reportado hasta el momento un total de 13 contagios, y actualmente hay tres personas con positivos que han sido aisladas.

En total, en todos los centros de detención en EE. UU. se han reportado desde el inicio de la pandemia cuatro mil 531 casos, cinco de ellos letales. En la actualidad se registran mil 147 casos que son vigilados por las autoridades.

A medida que la pandemia avanza en EE. UU., el país más golpeado por el coronavirus y con más de 5.2 millones de casos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins más voces se han unido para urgir a ICE a que deje en libertad condicional a los indocumentados y puedan seguir sus procesos de asilo en hogares de familiares o allegados.

El congresista federal Mark Takano advirtió este jueves que las cárceles han sido focos de propagación del coronavirus, por lo que aseveró que “una política racional sería minimizar el número de personas en estos centros”.

El demócrata destacó que los inmigrantes detenidos por ICE enfrentan acusaciones civiles, que no son crímenes violentos, y que se les debería liberar bajo fianza, como se hizo en el Gobierno de Barack Obama (2009-2017).

“Muchos, muchos detenidos pueden ser liberados en la comunidad de forma segura, y ellos se presentarán en sus audiencias”, aseguró Takano.