El Gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega congeló las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia católica nicaragüense, denunciaron este sábado 27 de mayo fuentes eclesiásticas.

Las diócesis con sus cuentas bancarias restringidas son las de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, y las de Matagalpa y Estelí, a cargo del obispo encarcelado Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados “traición a la patria”, dijeron fuentes religiosas.

El cardenal Brenes, también arzobispo de Managua, dijo al portal Expediente Público que no podía confirmar el congelamiento de las cuentas bancarias de las diócesis y que de momento están “viendo cómo resolver la situación”.

Por su lado, el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, obispo Carlos Herrera, dijo a la plataforma Despacho 505 que han recibido informaciones sobre los inconvenientes con las cuentas bancarias de las diócesis, pero que no han sido notificados de forma oficial.

Transferencias denegadas

La investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina publicó capturas de pantallas sobre intentos de transferencias bancarias a las cuentas de la Arquidiócesis de Managua, sin éxito.

“Verifique que la cuenta ingresada esté correcta e intente de nuevo”, “Su transferencia no ha podido realizarse”, “Cuenta no válida”, son, entre otros, los mensajes que se leen al intentar hacer una transferencia en las cuentas de la Arquidiócesis de Managua, según Molina.

De momento ni el Gobierno ni la banca privada se han referido a la restricción de esas cuentas bancarias de las diócesis, ni a la detención de tres sacerdotes en esta semana.

Hace dos días, la Policía Nacional informó de que investiga al sacerdote Jaime Montesinos por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, la Autodeterminación y la Paz.

El religioso es párroco de la iglesia Juan Pablo II del municipio de Sébaco, departamento de Matagalpa, la diócesis que dirige el obispo Álvarez.

La Policía también investiga a otros dos sacerdotes por “asuntos administrativos” de la disuelta Cáritas Diocesana de Estelí, norte de Nicaragua, que también administra Álvarez.

Acallar a la iglesia

Para el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga, “el bloqueo de las cuentas bancarias de varias diócesis de la Iglesia católica en Nicaragua es un acto extremo de agresión y de persecución a la Iglesia”.

“Es, además, una declaración explícita de las verdaderas aspiraciones de la dictadura: callar y disolver por completo la voz e incluso la presencia, de una institución que, por su peso moral en Nicaragua, es un obstáculo en los planes de los Ortega-Murillo, de consolidar una dictadura dinástica”, advirtió Maradiaga a través de una declaración pública.

“Ya es hora de que la comunidad internacional pase a la fase de desconocimiento absoluto del régimen”, agregó.

Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven ahora momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.

El papa Francisco tildó de “dictadura grosera” al Gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando “un desequilibrio de la persona que dirige” el país centroamericano.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

El obispo nicaragüense Rolando José Álvarez Lagos, muy crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, fue condenado este viernes 10 de febrero a 26 años y 4 de meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados “traición a la patria”, y fue despojado de su nacionalidad.

El magistrado Octavio Rothschuh Andino, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, leyó la sentencia en contra del obispo Álvarez, que fue condenado un día después de que se negara a subir en un avión privado junto a 222 prisioneros nicaragüenses que fueron excarcelados y enviados a Estados Unidos.

Tras negarse a subir el avión, el presidente Ortega anunció anoche que Álvarez había sido trasladado de su residencia, donde guardaba prisión domiciliar desde agosto pasado, al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como la cárcel modelo de Nicaragua.

Álvarez, de 56 años, es el primer obispo arrestado, acusado y condenado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.

El obispo fue sustraído la madrugada del 19 de agosto pasado por la Policía de un palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.

“Téngase al acusado Rolando José Álvarez Lagos como traidor a la patria”, según la sentencia dictada por la jueza del juzgado segundo distrito penal de juicio de Managua, Nidia Camila Tardencilla, aunque fue leída por el magistrado Rothschuh Andino.

De qué delitos lo acusan

La judicial declaró culpable al jerarca por ser autor de los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de la tecnologías de la información y la comunicación, obstrucción de funciones agravada, desobediencia o desacato a la autoridad, todo ello cometido en concurso real y en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.

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Además, el obispo nicaragüense fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular.

“Del mismo modo se declara la pérdida de los derechos ciudadanos del condenado, misma que tendrá carácter perpetuo, todo esto por ser autor del delito de menoscabo de la integridad nacional en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”, según el fallo.

Asimismo, la judicial declaró “la pérdida de la nacionalidad nicaragüense al sancionado Rolando José Álvarez Lagos”.

Detalles de la sentencia

Por el delito de menoscabo a la integridad nacional, el religioso fue condenado a 15 años de prisión, a 5 años por el delito de propagación de noticias falsas, otros 5 años y 4 meses por el delito de obstrucción de funciones agravada y 1 año por el delito de desacato a la autoridad en perjuicio del Estado de Nicaragua.

Además, fue sancionado con 800 días multa (uno 1 mil 555 dólares).

“Las penas de prisión impuestas serán cumplidas de forma sucesiva: 26 años y 4 meses de prisión”, según la sentencia, en la que se establece que el obispo permanecerá en prisión hasta el 13 de abril de 2049.

El obispo tenía previsto enfrentar el juicio el próximo 15 de febrero, sin embargo fue adelantado después que el jerarca se negara a subir a un avión con otros 222 prisioneros.

Ortega tildó a Álvarez de tener un “comportamiento de soberbia de quien se considera ya el jefe de la Iglesia (católica) de Nicaragua, el líder de la Iglesia latinoamericana y que debe incluso pensar en ocupar el cargo de su santidad, el papa” Francisco, por negarse a irse a EE.UU.

“Está desquiciado, pero bueno, eso ya lo deberán determinar las autoridades judiciales y las autoridades médicas que tendrán también que atenderlo, porque ahora que llegó a la modelo, llegó que era un energúmeno”, lanzó anoche Ortega. EFE

“El último día que lo vi fue hace cinco meses, cuando lo secuestraron en mi casa en horas de la noche, sin orden de captura y sin orden de allanamiento”, dice Cárdenas a BBC Mundo.

Ocho patrullas llegaron al lugar aquel 8 de junio, agrega. Policías armados saltaron los muros y tomaron por sorpresa a ella y a Chamorro, que se preparaban para cenar.

“Él estaba de rodillas con las manos arriba, decía que no estaba huyendo y que por favor no me hicieran nada a mí”, relata. “No sé cuántos lo habrán agarrado; es como que lo desaparecieron, porque fue tan rápido que no lo vi”.

Así, Chamorro pasó a ser uno de los siete potenciales candidatos opositores a la presidencia de Nicaragua arrestados y que este domingo no podrán competir con Daniel Ortega, que busca casi sin rivales un cuarto mandato consecutivo.

En total la justicia, a la que acusan de actuar al servicio de Ortega, ordenó este verano más de una docena de detenciones en base a la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación, aprobada en diciembre de 2020.

Los precandidatos detenidos son apenas un subgrupo de lo que muchos llaman “presos políticos” en el país centroamericano, y quizá también la mayor señal de la deriva autoritaria de Ortega y de Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta del país.

Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, otro de los precandidatos presos, sostiene que la votación del domingo será “una farsa electoral” para “legitimar una dictadura”.

“Mis candidatos están presos injustamente por haber defendido su derecho ciudadano de elegir y ser electos, entonces para nosotros este proceso electoral tiene que ser desconocido”, dice Valle a BBC Mundo.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, entre otros.

“Tortura psicológica”

En Nicaragua había 159 “presos políticos” hasta fines de octubre, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos avala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La mayoría de ellos fueron arrestados durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2018, que dejó al menos 328 muertos.

Pero otros ya habían sido encarcelados antes de aquellas manifestaciones.

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Y cerca de 40 figuras políticas y cívicas fueron detenidas desde mayo, incluidos los siete precandidatos, empresarios o líderes estudiantiles como Lesther Alemán, quien en 2018 reclamó en la cara a Ortega que cesara la represión y se rindiera.

Enfrentan cargos como “traición a la patria”, conspiración contra la “integridad nacional” o lavado de dinero, delitos que en el país pueden ser castigados con varios años de cárcel.

Ortega justificó en junio la ola de detenciones de opositores argumentando que eran “criminales” que quieren derribar a su gobierno.

Pero expertos legales y defensores de los derechos humanos afirman que los presos enfrentan acusaciones fabricadas y juicios sin mínimas garantías del debido proceso, a tal punto que varios pudieron ver brevemente un abogado recién semanas o meses después de su encarcelamiento.

El gobierno de Nicaragua declinó las peticiones de entrevista hechas por BBC Mundo en las semanas previas a las elecciones.

Buena parte de los detenidos desde mayo están en celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, también llamada el Chipote, incomunicados, con apenas dos visitas familiares permitidas hasta ahora y alimentación deficiente, según distintas fuentes.

“Félix (Maradiaga) ha perdido 45 libras (unos 20 kilos) en estos últimos cuatro meses”, dice Valle desde Estados Unidos, donde está solicitando asilo político y ha recibido noticias de su esposo por las dos visitas que le hizo su hermana en esa cárcel.

“También nos comentó que hay interrogatorios constantes (y) que esa es una parte bastante difícil porque representa una tortura psicológica”, agrega.

Una abogada que ha trabajado con la situación de los presos en el Chipote y prefiere mantener su nombre en reserva por temor a represalias del gobierno asegura que “el deterioro de la salud es evidente en todos”.

“Rehenes electorales”

En Nicaragua han sido apresados incluso excompañeros de armas de Ortega durante la revolución sandinista como Hugo Torres, quien en 1974 arriesgó su vida para liberar de la cárcel al actual presidente.

“Todos son rehenes electorales y están ahí bajo el control del régimen, que intentará utilizarlos eventualmente como una moneda de cambio”, señala Carlos Fernando Chamorro, un periodista nicaragüense que en los años 80 fue jefe de propaganda sandinista.

Chamorro está desde junio exiliado en Costa Rica, donde mantiene sus críticas al gobierno de Ortega. Su hermana Cristiana Chamorro, quien era favorita para las presidenciales del domingo, fue puesta bajo arresto domiciliario también en junio. Y su hermano Pedro Joaquín lleva cuatro meses encarcelado en el Chipote.

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Los tres son hijos de Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó a Ortega en las urnas en 1990 para convertirse en la primera mujer electa presidenta en América Latina, y de Pedro Joaquín Chamorro, periodista asesinado durante la dictadura de los Somoza.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el jueves la liberación inmediata de los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro, así como de otra docena de presos en Nicaragua.

Pero esta fue la tercera emisión de medidas provisionales por parte de ese tribunal en favor de opositores presos en Nicaragua desde junio, y pocos esperan que el gobierno cumpla las órdenes antes o en seguida después del domingo.

“La razón por la que están presos no sólo fue para anular la vía electoral; también fue para descabezar un movimiento de resistencia cívica: hay muchos otros presos que no eran candidatos presidenciales”, dice Carlos Fernando Chamorro a BBC Mundo.

“No está en los planes de la dictadura suspender el Estado policial. En todo caso, eso está en los planes de la oposición, del movimiento prodemocracia, que necesita ejercer una presión política suficiente para lograrlo”, añade el director de la revista Confidencial.

Cárdenas, por su lado, recuerda que después que se llevaron a su esposo detenido aquella noche de junio, varios policías allanaron su hogar durante cuatro horas.

“Desde ese momento yo no pude volver a mi casa. Sentí mi intimidad, mi familia, mi privacidad totalmente violentadas”, dice.

El 23 de junio se mudó junto con su hija a Estados Unidos. Pasó 84 días antes de recibir noticias del paradero de su esposo. Y no ha podido regresar a Nicaragua para visitarlo en el Chipote, explica, porque ella misma fue acusada de “traición a la patria”.

“Después del domingo lo que va a haber es una dictadura con un gobierno ilegítimo”, acusa. “Lo que cabe en este momento es la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos”.

Los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) de Nicaragua, respectivamente, arrestados este jueves 21 de octubre por la Policía Nacional, permanecerán en prisión hasta 90 días para ser investigados por el supuesto delito de lavado de dinero, informó el Ministerio Público.

La Fiscalía explicó que presentó un escrito de solicitud de audiencia especial de garantías constitucionales para pedir la ampliación del período de investigación y detención judicial en contra de los dos líderes empresariales, “quienes están siendo investigados por la Policía Nacional”.

La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, detuvo este jueves a los dos principales líderes del Cosep para investigarlos por los presuntos delitos de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, y realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, entre otros.

“Las audiencias especiales de cumplimiento de garantías constitucionales se llevaron a cabo hoy mismo y las solicitudes fueron admitidas por las correspondientes autoridades judiciales, quienes dictaron detención judicial por 90 días para cada investigado”, indicó esa cartera, que no precisó el nombre de los jueces.

La Policía, que de momento no ha ofrecido ninguna evidencia, dijo que basa su investigación contra los empresarios citando la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre pasado.

Esa ley, promovida por el Ejecutivo, los cataloga “traidores a la patria” y los inhabilita a optar a cargos públicos.

La detención de Healy y Vargas, críticos del Gobierno de Ortega, se da un día después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigiera la liberación “inmediata” de los aspirantes a candidatos presidenciales y los “presos políticos” en Nicaragua, cuando faltan 17 días para los comicios en los que el mandatario buscará una nueva reelección.

Tanto el Cosep, que es la principal cúpula patronal de Nicaragua, como la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, denunciaron la detención arbitraria de los empresarios, y demandaron su inmediata liberación.

Healy dijo a periodistas, tras salir del Ministerio Público, donde permaneció 10 minutos, que le reprogramaron la cita y no le dieron mayores explicaciones sobre el caso por el que se le investiga.

Posteriormente abordó su vehículo y cuando se dirigía hacia su residencia, fue interceptado por la Policía Nacional y detenido junto a su conductor, Wilber Alvarado, de acuerdo con la denuncia del Cosep y la Alianza Cívica.

Los arrestos de Healy y Vargas son los número 38 y 39, respectivamente, que realiza la Policía Nacional desde el 28 de mayo pasado contra profesionales independientes y disidentes, incluyendo a siete que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia de Nicaragua por la oposición.

Nicaragua vive semanas convulsas tras las detenciones y acusaciones de más de una treintena de dirigentes opositores y profesionales independientes, previo a las elecciones generales del 7 de noviembre próximo, en las que Ortega busca la reelección por cinco años más.

Ortega, un exguerrillero sandinista próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Ahogado por la persecución del régimen del presidente Daniel Ortega, el diario La Prensa, el más grande y antiguo de Nicaragua, anunció el despido de más de la mitad de sus trabajadores, entre ellos personal ligado a la redacción, finanzas, circulación, mercadeo, bodegas e imprenta.

El diario “La Prensa”, el más antiguo e influyente de Nicaragua, anunció este jueves 16 de septiembre la reducción de su personal al mínimo posible, para “garantizar la supervivencia”, 33 días después de que la Policía Nacional allanó y ocupó sus instalaciones, a la vez que arrestó a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro.

El periódico, crítico hacia el Gobierno del presidente Daniel Ortega, informó en su portal que la situación lo “obligó a tomar la dolorosa decisión para operar solo en la cantidad suficiente para continuar informando desde nuestro sitio web y garantizar la supervivencia de la empresa en medio de un ambiente hostil que nos ha impuesto la dictadura”.

La Policía Nacional allanó “La Prensa” el 13 de agosto pasado, para investigar una supuesta defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos, un día después de que el diario anunció la suspensión de su edición impresa debido a que el Gobierno, a través de la Dirección General de Servicios Aduaneros, mantiene retenido su papel.

“Nuestras instalaciones, donde operan la rotativa, la imprenta comercial, la redacción y las oficinas administrativas de Editorial La Prensa, permanecen tomadas, y no hay señales de que la dictadura tenga ánimos de regresarlas a sus legítimos dueños, nuestro gerente general permanece detenido y más bien ha sido acusado absurdamente por el delito de ‘lavado de dinero’ y las cuentas de la empresa han sido congeladas”, detalló el diario.

El gerente de “La Prensa”, arrestado la madrugada del 12 de agosto pasado, fue acusado por la Fiscalía el pasado día 11 por el delito de “lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.

La Junta Directiva del periódico garantizó que los empleados despedidos recibirán sus prestaciones de ley, aunque no informó la cantidad de personas que han quedado desempleadas, fuentes cercanas al medio han afirmado de que se trata de alrededor de 110 colaboradores —11 de ellos periodistas—.

Algunos de los trabajadores afectados confirmaron haber recibido sus cartas de despido, en las que “La Prensa” explicó que la decisión fue tomada como consecuencia de las acciones gubernamentales contra la empresa.

La crisis del diario se da en medio de lo que algunos organismos, como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, han considerado una “ola represiva contra periodistas y medios de comunicación independientes”, a menos de dos meses de las elecciones generales en las que Ortega busca una nueva reelección.

“Hace 42 años titulamos ‘Los enterrados fueron ellos’, cuando el somocismo intentó acabar con La Prensa asesinando a nuestro director mártir, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Hoy, esta otra despiadada dictadura, una vez más intenta destruirnos, pero como ya sucedió con la dictadura somocista hace más de 40 años y con la primera dictadura sandinista hace 30 años, La Prensa prevalecerá para narrar la caída del orteguismo”, concluyó el periódico.

Historia de represión

La Prensa fue fundado en 1926 y ha sido protagonista de los principales hechos que han marcado la historia reciente de un país tan convulso como Nicaragua. La dictadura de Somoza —que gobernó la nación caribeña por más de cuatro décadas— ordenó en 1978 el asesinato de su director, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, la voz más crítica contra el régimen.

También decretó el cierre del diario en varias ocasiones y lanzó la artillería y aviación de la Guardia Nacional contra su sede en junio de 1979, unas semanas antes de que la dinastía fuera derrocada por los guerrilleros del Frente Sandinista.

El Gobierno revolucionario de los ochenta también asedió al diario, que sufrió la censura y la retención de insumos, y cuyos periodistas fueron objetivo de la represión. Una historia que se repite desde 2007, cuando Ortega regresó al poder e impuso el acoso a medios y periodistas como una política de Estado.

“Se puede llegar fácilmente a la conclusión que solicitar semejante medida tiene el único propósito de trancar la negociación e incumplir los acuerdos”, dijo en un comunicado la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

“El lema gubernamental es ‘levanten las sanciones’, con el único propósito de no cumplir con los acuerdos ya firmados y ante el recrudecimiento de acciones internacionales por su nula voluntad de cumplimiento“, agregó el conglomerado opositor en el documento.

La oposición insiste en la liberación de todos los manifestantes detenidos durante las protestas, según un acuerdo firmado el 29 de marzo, que planteó hacerlo en un plazo máximo de 90 días.

Estados Unidos aplicó sanciones económicas a la esposa de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, a su hijo Laureano Ortega y otros cinco funcionarios, señalados de violación de derechos humanos y actos de corrupción.

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También fue sancionado el Banco Corporativo S.A (BANCORP), por supuestos vínculos con la petrolera estatal venezolana PDVSA y ALBANISA, una empresa mixta de ambos países.

Estados Unidos también aprobó en diciembre una ley de condicionalidad a las inversiones y créditos, conocida como Nica Act.

Las medidas de Washington buscan que Ortega realice cambios políticos, en medio de la crisis que atraviesa el país desde hace un año y que ha dejado 325 muertos, unos 800 manifestantes detenidos y miles de exiliados.

Según el bloque opositor, la delegación de gobierno, encabezada por el canciller Denis Moncada, introdujo el lunes de forma “repentina” a las pláticas “la condicionalidad de hacer un llamado, ese mismo día, a la suspensión de sanciones”.

La alianza, que agrupa a diversos sectores económicos y sociales, calificó de “inaceptable y fuera de lugar” esa exigencia oficial porque “no se han producido cambios en las condiciones objetivas del país que amerite tal llamado”.

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Para la ACJD esta demanda coincide con la estrategia empleada en el fallido diálogo del año pasado, cuando el gobierno utilizó el lema “levanten los tranques (bloqueos de vías) para dar paso a la ola de represión que trajo luto, muerte y presos políticos”.

En declaraciones a medios oficiales, Moncada admitió que el gobierno “esta interesado en que se suspenda la Nica Act y otras medidas unilaterales”.

“Estados Unidos está bloqueando y afectando el libre comercio de Nicaragua con otros países. Se está violentando el derecho internacional, las normas y reglamentos de la Organización Mundial de Comercio (OMC)“, añadió.

Durante un acto oficial por el 1º de Mayo, Ortega se pronunció por primera vez sobre las sanciones y calificó de “miserias humanas” a quienes, según él, se alegran por esas medidas estadounidenses, que, a su juicio, afectan a todos los nicaragüenses.

Mairena recibió una condena de 216 años de prisión por “terrorismo” y otros seis delitos atribuidos por la Fiscalía a su participación en las protestas, entre ellos la muerte de cuatro policías y un civil, afirmó el abogado Julio Montenegro, de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

La sentencia fue dictada por el juez Edgard Altamirano, quien en su resolución también condenó a Mena a 210 años de cárcel por terrorismo y otros delitos en el marco de las protestas cuya represión dejó 325 muertos y cientos de detenidos, agregó Montenegro.

Son penas “demasiado exageradas” que “nunca antes se habían contemplado” en Nicaragua, dijo. No obstante, los acusados sólo cumplirán la pena máxima de 30 años que establece la ley nicaragüense.

Las sentencias fueron dictadas después que el juez los declaró culpables en diciembre pasado y la Fiscalía había pedido una pena de 76 años de cárcel para Mairena y de 63 para Mena, explicó Montenegro.

Ambos opositores fueron trasladados este lunes de la cárcel a los juzgados de Managua a escuchar sus sentencias sin previo aviso a su abogado, quien logró, sin embargo, obtener el acta condenatoria y hablar unos minutos con sus defendidos.

“Tomaron la sentencia con mucha fortaleza“, dijo Montenegro, quien anunció que apelará las condenas porque en el proceso se demostró que sus defendidos no cometieron los delitos que les imputó la Fiscalía, controlada por funcionarios afines al oficialismo.

Mairena es uno de los líderes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que se formó en mayo pasado para buscar con el gobierno una solución a la crisis desatada por las protestas. Participó en un proceso de diálogo que no prosperó.

También es el principal líder del movimiento campesino que protesta desde 2013 contra la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, actualmente suspendido, que amenazaba con desalojar a miles de personas del sur del país.

Mena, en tanto, también integra la alianza opositora que participó en un malogrado diálogo con el gobierno de Daniel Ortega para una salida a la crisis política, dijo su abogado.

La represión a las protestas dejó más de 750 detenidos que son acusados de “terrorismo” y otros delitos en base a una ley aprobada en julio pasado que criminalizó las protestas con hasta 20 años de prisión. A Mairena y Mena les multiplican los 20 años por los delitos imputados.

Mensajes encriptados para comunicarse con personas que se esconden, reuniones clandestinas organizadas en lugares secretos… en Nicaragua hablar abiertamente se está volviendo cada vez más difícil.

Y tratar de comunicarse con algunos de los afectados por la profunda crisis política que afecta al país desde abril pasado también resulta cada vez más complicado, pues muchos temen por su seguridad.

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Ese temor, en muchos casos, parece además plenamente justificado.

De hecho, algunos de los testimonios que emergen en el país centroamericano evocan los peores años de los regímenes militares latinoamericanos de la década de 1970.

Ahí está, por ejemplo, la historia de Maritza Castellón y su esposo, Juan Pablo García, una pareja de ciegos que han representado a Nicaragua en ajedrez y maratón paraolímpico, respectivamente.

A inicios de octubre, fuerzas progubernamentales irrumpieron en su casa en medio de la noche y se llevaron a su hijo adolescente, Engel, por supuestamente haber organizado protestas en contra del gobierno.

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Los hombres armados nunca se identificaron ni mostraron ninguna orden de arresto, y Maritza dice que le clavaron una pistola en el pecho.

“Fue horrible”, me dijo, mientras trataba de que las autoridades le dieran alguna información sobre el paradero de Engel.

“Como somos ciegos, no sabemos quiénes eran, ni cómo se veían. Mi hijo menor lloraba y me decía: ‘Mamá, llevan pasamontañas’, mientras un hombre pateaba la puerta trasera y gritaba que si no nos quitábamos iba a disparar”, contó.

El gobierno del presidente Daniel Ortega asegura que sus fuerzas no han cometido ningún delito.

Sin embargo, hay evidencia de que grupos paramilitares actúan con total impunidad y con el apoyo del gobierno.

Numerosos estudiantes también han sido encarcelados, acusados de serterroristas.

No sorprende, por lo tanto, que mucha gente opte por permanecer en las sombras.

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¿Qué está pasando en Nicaragua?

Cientos de miles de nicaragüenses han estado protestando desde abril, pidiendo el fin del gobierno del presidente Daniel Ortega.

Pero el mandatario, de 72 años, afirma que las protestas son lideradas por “terroristas” que quieren dar un golpe de Estado en su contra.

La crisis inició con una pequeña protesta en contra una reforma del sistema pensiones que fue atacada por simpatizantes gubernamentales y la situación escaló cuando el gobierno reprimió las siguientes marchas y se produjeron los primeros muertos.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las víctimas fatales ya suman al menos 322, en su mayoría como resultado de las acciones de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares afines al gobierno.

Algunas ONGs locales, sin embargo, estiman la cifra en más de 500 y también acusan a las autoridades de graves violaciones a los derechos humanos.

El gobierno, por su parte, solamente reconoce 199 muertos y asegura que buena parte de los fallecidos eran simpatizantes sandinistas.

Cientos de personas también han sido arrestadas y son juzgadas, acusadas de terrorismo, por su participación en las protestas.

“Es Orteguismo”

Entre aquellos que prefieren no abandonar su refugio está Dora María Téllez, una antigua comandante guerrillera que alguna vez estuvo cerca de Daniel Ortega.

Hoy, sin embargo, no duda en calificarlo de “dictador”.

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“Lo habíamos estado advirtiendo por 23 años y desgraciadamente teníamos razón”, me dice por Skype, sentada frente a un muro gris ubicado en alguna parte de Nicaragua.

En 1978, cuando nada más tenía 22 años, Téllez ayudó a liderar un audaz operación que se saldó con la captura del parlamento nicaragüense.

Fue un momento clave de la lucha contra el presidente de facto, Anastasio Somoza, que concluyó un año más tarde con la llegada al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de Ortega.

Pero en 1990, Téllez se separó del FSLN para ayudó a formar el Movimiento Renovador Sandinista. Y ahora teme ser arrestada por sus viejos camaradas.

“Ortega no solo confiscó al FSLN, sino que también disolvió el sandinismo para remplazarlo por orteguismo, el modelo político que le da forma a la dictadura debajo de la que estamos viviendo los nicaragüenses”, sostiene Téllez.

Los simpatizantes del gobierno, sin embargo, rechazan tajantemente la idea de que en Nicaragua existe una dictadura.

“Daniel Ortega es el presidente constitucional de la República, el resultado de un proceso electoral que ganó con una amplia mayoría”, dice Gustavo Porras, el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el partido sandinista.

“¿Cuál es la razón para llamarlo dictador? Justificar una agresión”, afirma.

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Según Porras, hay mucho dinero que está siendo inyectado por organismos basados en Washington, “como la Fundación Nacional para la Democracia”.

“Lo justifican diciendo que aquí no hay democracia y llamando dictador al presidente“, sostiene.

Clínicas clandestinas

Sin embargo, muchos observadores internacionales alertan que desde que cesó lo peor de la violencia callejera el Estado ha tomado represalias de manera sistemática.

Y para hablar de ello me encuentro con el doctor José Luis Borgen, quien aceptó que nos encontráramos en un sitio seguro: las oficinas de una organización local de defensa de derechos humanos.

Este cirujano, con décadas de experiencia, iba a formalizar una queja contra lo que dice fue su despido arbitrario de un hospital público hace algunos meses.

Aunque con todo el sistema de justicia supuestamente controlado por el gobierno de Ortega, Borgen no confía en que se le haga justicia.

“Empezamos a recibir muchísimos pacientes con heridas de bala. Muchos muertos. Y la gente no tenía quien los atendiera durante el conflicto”, recuerda.

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Según el cirujano, el Ministerio de Salud prohibió que los hospitales públicos atendieran a esos pacientes, lo que hizo que numerosos doctores y estudiantes de medicina “abrieran clínicas clandestinas en casas particulares y algunas universidades”.

“Algunos atendía a los pacientes, otros llevaban medicinas, jeringas… Todo en nuestro tiempo libre”, cuenta.

Y esa parece ser la razón por la que perdió su trabajo.

Borgen dice que había un clima de intimidación y persecución en el sector salud.

“Y entonces empezaron los despidos masivos: a 35 personas las corrieron de un hospital, a 40 de otro, a 18 de un tercero”, denuncia.

En total, él estima que unos 300 profesionales de la salud, la mitad de ellos médicos, fueron despedidos en todo el país.

Y aunque la Comisión de la Verdad del parlamento controlado por Ortega afirmó en su reporte que durante la crisis no se le había negado el acceso a atención médica a nadie, sus críticos han denunciado dicho informe -que no menciona las represalias denunciadas por numerosos médicos- como un intento de encubrimiento.

“No nos han remplazado. De hecho, continúan despidiendo gente”, agrega Borgen.

“Ha sido difícil. Mi familia está asustada. Muchos han recibido amenazas de muerte, otros decidieron irse del país”, cuenta.

Es una difícil elección que ahora enfrentan muchos de los opositores a Ortega: vivir escondidos o irse al exilio.

Muertos, heridos, desaparecidos, detenidos y numerosos condenados por terrorismo. Esas han sido las consecuencias en Nicaragua de cerca de seis meses de protestas en contra del gobierno presidente Daniel Ortega.

Ahora las autoridades nicaragüenses han prohibido cualquier tipo de manifestación sin autorización previa.

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Esto, sin embargo, no ha logrado acabar con la ola de protestas que empezó en abril pasado y que el gobierno nicaragüense considera un intento de golpe de Estado.

Esta semana una barra de lápiz labial se convirtió en la nueva e inesperada arma de quienes exigen la salida de Ortega.

@BERTAVALLE

@LUNACERO

En las redes sociales, numerosas mujeres y hombres están compartiendo fotos en las que aparecen con los labios pintados.

#SoyDelPicoRojo, proclaman orgullosos y retadores, utilizando el nombre coloquial con el que los nicaragüenses se refieren a la boca.

Y, a menudo, la imagen va acompañada de un llamado a la liberación de “los presos políticos” o de la etiqueta #SOSNicaragua.

@BIANCAJAGGER

@LUISENRIQUE

A la improvisada campaña se han sumado numerosos nicaragüenses, incluyendo a algunos que residen en el extranjero, como la activista por los derechos humanos Bianca Jagger y el salsero Luis Enrique.

Y su historia puede ayudar a entender mejor qué está ocurriendo en el país centroamericano, que en pocos meses pasó de presumir ser “el más seguro” de la región a ser objeto de graves denuncias de violaciones de derechos humanos.

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Bajo arresto

La protesta “del pico rojo” nació el domingo pasado en el centro de detención de El Chipote, luego de que la policía arrestara a 38 personas que se habían reunido frente a un centro comercial de Managua para exigir la liberación de los detenidos por el gobierno.

Unas 200 personas han sido acusadas de “actos vandálicos y terrorismo”, entre otros delitos, y al menos 12 ya han sido sentenciadas a penas que van de los 15 a los 24 años de cárcel.

Pero, según estimaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el número total de “presos políticos” ya ronda los 500.

Los 38 capturados domingo, sin embargo, eran los primeros en ser arrestados después de que la Policía nicaragüense advirtiera que no se iban a permitir movilizaciones sin su autorización previa.

Entre ellos estaba Marlen Chow, una antigua simpatizante sandinista, quien una vez en El Chipote, decidió utilizar su lápiz labial como forma de protesta.

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“Cuando me preguntaron a qué organización pertenecía yo me acordé de que Claribel Alegría, la gran poeta, una vez fundó la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Pico Rojo”, relató luego Chow, de 69 años.

“Yo siempre que voy a las marchas llevo mi lápiz labial rojo, así que había sacado mi pintura y les dije a todas las mujeres que se pintaran de rojo los labios. Y entonces dijimos: ‘Somos de la Asociación de Mujeres Nicaragüenses de Pico Rojo’“, contó.

DCORTESÍA MARLEN CHOW

Según Chow, que fue dejada en libertad al día siguiente, su respuesta desconcertó a sus interrogadores, porque les demostró “que no estábamos dispuestos a achumicarnos (atemorizarnos)”.

Pero su sencillo y desafiante gesto también hizo algo más: les dio a los nicaragüenses que protestan contra Ortega una nueva forma de expresar su descontento sin exponerse a la cárcel.

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Condenados por terrorismo

De hecho, el mismo lunes que Chow daba sus declaraciones, nueve habitantes del vecino municipio de Tipitapa fueron condenados a penas de entre 15 y 24 años de cárcel por “terrorismo en prejuicio del Estado de Nicaragua”, por su participación en los bloqueos de carreteras que caracterizaron la primera etapa de las protestas.

Y el martes, tres dirigentes universitarios de Managua – Hansell Vásquez, Kelvin Rodrigo Espinoza y Marlon Fonseca- recibieron una condena de 17 años y seis meses por terrorismo, tráfico de armas y entorpecimiento de servicios públicos.

REUTERS

Los tres estudiantes estaban acusados, entre otras cosas, de haber participado en la quema de la oficialista Radio Ya, uno de los episodios presentados por el gobierno como evidencia del supuesto talante violento de las protestas.

Pero su juicio fue denunciado por sus familiares como injusto, además de “ilegal y arbitrario”, con la madre de uno de los condenados asegurándole a la BBC que los tres jóvenes se encontraban en su casa en el momento del incendio.

“Si ni siquiera nos permiten entrar a los juicios”, se quejó Lilliam Ruíz, cuando se le preguntó si había podido testificar durante el proceso.

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Las versiones radicalmente encontradas sobre lo que ha estado ocurriendo en el país durante los últimos seis meses, además de profunda desconfianza en el sistema de justicia, no es lo único que actualmente divide a los nicaragüenses.

Versiones encontradas

Las autoridades solamente reconocer 199 muertos en el marco de las protestas y aseguran que buena parte de los fallecidos eran afines al gobierno.

Las cifras de los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos van de 322 fallecidos a 512, y todos apuntan al Estado nicaragüense como responsable de la mayoría de las muertes.

REUTERS

Además, tanto la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han pedido el cese de la represión y la no criminalización de las protestas.

“Las detenciones arbitrarias del domingo han puesto en práctica las amenazas de Ortega de criminalizar a toda persona que se atreva a disentir en contra de su gobierno, y ejercer su derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica”, lamentó también Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

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Y esa situación también explica por qué muchos nicaragüenses recurren a formas cada vez más creativas para presionar a Ortega.

@CONFIDENCIAL_NI

Las reticencias del sector privado de convocar el paro nacional que reclaman muchos, ha dado lugar a llamados de paros de consumo.

En septiembre pasado, para coincidir con las fiestas de celebración de la independencia, muchas calles se llenaron de globos con los colores azul y blanco, que muchos eligieron lanzar subrepticiamente en lugar de convocar a manifestaciones que pudieran ser atacadas por los grupos paramilitares afines al gobierno.

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Y ahora, muchos protestan a través del sencillo acto de pintarse los labios, aunque a Chow le preocupa que la sátira termine variando el sentido político de su gesto, con algunos creando memes en los que aparece el propio Daniel Ortega y varios de sus allegados con la boca pintada.

“El pico rojo debe animar a la gente a seguir está difícil resistencia pacífica y contribuir a sacar del atolladero esta carreta llamada Nicaragua”, opina Chow, quien pertenece al Movimiento Autónomo de Mujeres, una de las principales organizaciones feministas de Nicaragua.

“El pico rojo debe contribuir a que la opinión pública esté clara de la importancia de la creatividad para abrir caminos nacionales e internacionales que coadyuven al derrocamiento de la dictadura”, le dijo a BBC Mundo.