Sin embargo, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que organizó la protesta contra el gobierno de Daniel Ortega, desafió la negativa y mantuvo la convocatoria.

En un comunicado, la policía indicó que ante una petición “escrita presentada por estas personas no identificadas”, la fuerza resolvió “no autorizar” la marcha.

La ley vigente obliga a los organizadores a identificarse y a informar a la policía el recorrido de las marchas.

UNAB rechazó el argumento de las autoridades y afirmó que cumplió “con todos los requisitos que mandata la ley“, incluida la presentación de las cedulas de identidad en la carta informativa de la marcha entregada el viernes a la policía, según detalló en un comunicado.

“En atención a los derechos constitucionales de los que gozamos reiteramos la convocatoria de marchar el domingo” por la mañana, agregó en su nota la principal fuerza opositora.

El gobierno nicaragüense se comprometió en los acuerdos que firmó en marzo con la oposición a restituir varios derechos ciudadanos que habían sido suprimidos como consecuencia de la crisis política que vive el país desde que estallaron las protestas contra Ortega, en abril del 2018.

Entre lo acordado figura el derecho a la protesta, pero la policía no ha permitido que la oposición vuelva a las calles.

Los acuerdos también contemplan la liberación de los detenidos en las protestas en un plazo que vence el próximo 18 de junio.

Pero la oposición, que descree de la promesa, exige agilizar las liberaciones, y ha incrementado la presión tras la reciente muerte a tiros del opositor Eddy Montes durante un disturbio en una cárcel.

De los casi 800 manifestantes detenidos por el gobierno, según la oposición, 336 fueron pasados a prisión domiciliaria en los últimos tres meses, pero sus procesos continúan abiertos y se encuentran bajo vigilancia policial.

La UNAB pidió a los testigos de lo convenido en el marco del diálogo, el enviado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, y al nuncio apostólico Waldemar Sommertag “hacer valer los acuerdos firmados en la mesa de negociación”.

La represión del gobierno a las protestas que sacudieron al país el año pasado dejó 325 muertos y 62.000 exiliados, según grupos humanitarios.

]]> 276659 https://www.guatevision.com/noticias/internacional/video-nueva-ola-de-represion-en-nicaragua-con-golpes-y-disparos-policias-atacan-a-periodistas-y-manifestantes Sat, 16 Mar 2019 21:55:35 +0000 https://www.guatevision.com/?post_type=post-noticias&p=263179

La policía antimotines de Nicaragua atacó este sábado a varios periodistas y decenas de manifestantes que se encontraban dentro de las instalaciones de un banco, al sur de la capital, donde se refugiaron tras ser perseguidos previo al inicio de una protesta convocada por la oposición para demandar la libertad de los presos políticos, constató AFP.

LEA:Crisis en Nicaragua: liberan a 50 presos de los más de 670 que la oposición exige para continuar el diálogo

Hace pocos minutos la policía orteguista reprimiendo en Metrocentro #SOSNicaragua pic.twitter.com/x4nlWYk4PP

— Kenny (@kennybelll) March 16, 2019

“Están atacando el edificio con gases lacrimógenos y tirando balas”, dijo un periodista de video de AFP en el lugar, Luis Sequeira, quien una hora antes del ataque fue agredido en otro punto por policías que le robaron su equipo de trabajo e intentaron detenerlo.

El incidente, que no dejó heridos, ocurrió en la sede del Banco La Fise de Managua, donde los antimotines abrieron la puerta principal del parqueo para disparar y luego se retiraron.

Poco después, los periodistas lograron salir del lugar, incluido un equipo de AFP, pero la zona continuaba asediada por policías.

Managua, metrocentro la policía orteguista #SOSNicaragua pic.twitter.com/mKA3pgPL8t

— Francisco Berrios (@Badcricket20) March 16, 2019

Previo al ataque, la oposición reportó que al menos 30 personas fueron detenidas por intentar participar en la protesta de este sábado, que no logró salir.

Entre quienes se tiene confirmación de sus familiares que están arrestados figuran la exguerrillera Mónica Baltodano y su hermana Sofana Arce.

Los periodistas que aún quedan en #Nicaragua reportar fotos y videos de la represión policial en marcha en Managua. Las protestas no deben ser disueltas y los trabajadores de la prensa deben poder reportar. Que clase de democracia no deja manifestar!! https://t.co/sWyeOuPszN

— Edison Lanza (@EdisonLanza) March 16, 2019

También habrían sido detenidos dos delegados de la oposición en la mesa de diálogo que se inició en febrero con el gobierno de Daniel Ortega para buscar una salida a la crisis que vive el país desde las protestas iniciadas en abril, que dejaron al menos 325 muertos y decenas de presos.

Desde temprano, cientos de policías antimotines fueron desplegados en Managua, principalmente en la zona sur, para evitar que la ciudadanía asistiera a una protesta convocada por la coalición opositora UNAB.

Liberación de 150 presos

La marcha es la primera que la oposición intenta realizar desde octubre pasado, cuando las manifestaciones fueron prohibidas por la policía.

La reciente excarcelación de 150 personas fue considerada “insuficiente” por las fuerzas contrarias al gobierno de Ortega.

El viernes, la policía desautorizó la protesta y advirtió que presentará cargos contra quienes pretendan alterar “la paz” con una marcha.

Pero la oposición decidió desafiar la prohibición a manifestarse amparados en su derecho constitucional a la libre movilización y expresión.

Mensajes encriptados para comunicarse con personas que se esconden, reuniones clandestinas organizadas en lugares secretos… en Nicaragua hablar abiertamente se está volviendo cada vez más difícil.

Y tratar de comunicarse con algunos de los afectados por la profunda crisis política que afecta al país desde abril pasado también resulta cada vez más complicado, pues muchos temen por su seguridad.

• “Me escondo porque me quieren matar”: por qué regresar a Nicaragua a cubrir las protestas en contra de Daniel Ortega es como viajar al pasado

Ese temor, en muchos casos, parece además plenamente justificado.

De hecho, algunos de los testimonios que emergen en el país centroamericano evocan los peores años de los regímenes militares latinoamericanos de la década de 1970.

Ahí está, por ejemplo, la historia de Maritza Castellón y su esposo, Juan Pablo García, una pareja de ciegos que han representado a Nicaragua en ajedrez y maratón paraolímpico, respectivamente.

A inicios de octubre, fuerzas progubernamentales irrumpieron en su casa en medio de la noche y se llevaron a su hijo adolescente, Engel, por supuestamente haber organizado protestas en contra del gobierno.

• “Solo disparamos si es necesario”: hablan los paramilitares que defienden al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua (y que él no reconoce)

Los hombres armados nunca se identificaron ni mostraron ninguna orden de arresto, y Maritza dice que le clavaron una pistola en el pecho.

“Fue horrible”, me dijo, mientras trataba de que las autoridades le dieran alguna información sobre el paradero de Engel.

“Como somos ciegos, no sabemos quiénes eran, ni cómo se veían. Mi hijo menor lloraba y me decía: ‘Mamá, llevan pasamontañas’, mientras un hombre pateaba la puerta trasera y gritaba que si no nos quitábamos iba a disparar”, contó.

El gobierno del presidente Daniel Ortega asegura que sus fuerzas no han cometido ningún delito.

Sin embargo, hay evidencia de que grupos paramilitares actúan con total impunidad y con el apoyo del gobierno.

Numerosos estudiantes también han sido encarcelados, acusados de serterroristas.

No sorprende, por lo tanto, que mucha gente opte por permanecer en las sombras.

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¿Qué está pasando en Nicaragua?

Cientos de miles de nicaragüenses han estado protestando desde abril, pidiendo el fin del gobierno del presidente Daniel Ortega.

Pero el mandatario, de 72 años, afirma que las protestas son lideradas por “terroristas” que quieren dar un golpe de Estado en su contra.

La crisis inició con una pequeña protesta en contra una reforma del sistema pensiones que fue atacada por simpatizantes gubernamentales y la situación escaló cuando el gobierno reprimió las siguientes marchas y se produjeron los primeros muertos.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las víctimas fatales ya suman al menos 322, en su mayoría como resultado de las acciones de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares afines al gobierno.

Algunas ONGs locales, sin embargo, estiman la cifra en más de 500 y también acusan a las autoridades de graves violaciones a los derechos humanos.

El gobierno, por su parte, solamente reconoce 199 muertos y asegura que buena parte de los fallecidos eran simpatizantes sandinistas.

Cientos de personas también han sido arrestadas y son juzgadas, acusadas de terrorismo, por su participación en las protestas.

“Es Orteguismo”

Entre aquellos que prefieren no abandonar su refugio está Dora María Téllez, una antigua comandante guerrillera que alguna vez estuvo cerca de Daniel Ortega.

Hoy, sin embargo, no duda en calificarlo de “dictador”.

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“Lo habíamos estado advirtiendo por 23 años y desgraciadamente teníamos razón”, me dice por Skype, sentada frente a un muro gris ubicado en alguna parte de Nicaragua.

En 1978, cuando nada más tenía 22 años, Téllez ayudó a liderar un audaz operación que se saldó con la captura del parlamento nicaragüense.

Fue un momento clave de la lucha contra el presidente de facto, Anastasio Somoza, que concluyó un año más tarde con la llegada al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de Ortega.

Pero en 1990, Téllez se separó del FSLN para ayudó a formar el Movimiento Renovador Sandinista. Y ahora teme ser arrestada por sus viejos camaradas.

“Ortega no solo confiscó al FSLN, sino que también disolvió el sandinismo para remplazarlo por orteguismo, el modelo político que le da forma a la dictadura debajo de la que estamos viviendo los nicaragüenses”, sostiene Téllez.

Los simpatizantes del gobierno, sin embargo, rechazan tajantemente la idea de que en Nicaragua existe una dictadura.

“Daniel Ortega es el presidente constitucional de la República, el resultado de un proceso electoral que ganó con una amplia mayoría”, dice Gustavo Porras, el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el partido sandinista.

“¿Cuál es la razón para llamarlo dictador? Justificar una agresión”, afirma.

• Crisis en Nicaragua: las razones del gobierno de Daniel Ortega para ilegalizar las protestas en el país (y la reacción de sus críticos)

Según Porras, hay mucho dinero que está siendo inyectado por organismos basados en Washington, “como la Fundación Nacional para la Democracia”.

“Lo justifican diciendo que aquí no hay democracia y llamando dictador al presidente“, sostiene.

Clínicas clandestinas

Sin embargo, muchos observadores internacionales alertan que desde que cesó lo peor de la violencia callejera el Estado ha tomado represalias de manera sistemática.

Y para hablar de ello me encuentro con el doctor José Luis Borgen, quien aceptó que nos encontráramos en un sitio seguro: las oficinas de una organización local de defensa de derechos humanos.

Este cirujano, con décadas de experiencia, iba a formalizar una queja contra lo que dice fue su despido arbitrario de un hospital público hace algunos meses.

Aunque con todo el sistema de justicia supuestamente controlado por el gobierno de Ortega, Borgen no confía en que se le haga justicia.

“Empezamos a recibir muchísimos pacientes con heridas de bala. Muchos muertos. Y la gente no tenía quien los atendiera durante el conflicto”, recuerda.

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Según el cirujano, el Ministerio de Salud prohibió que los hospitales públicos atendieran a esos pacientes, lo que hizo que numerosos doctores y estudiantes de medicina “abrieran clínicas clandestinas en casas particulares y algunas universidades”.

“Algunos atendía a los pacientes, otros llevaban medicinas, jeringas… Todo en nuestro tiempo libre”, cuenta.

Y esa parece ser la razón por la que perdió su trabajo.

Borgen dice que había un clima de intimidación y persecución en el sector salud.

“Y entonces empezaron los despidos masivos: a 35 personas las corrieron de un hospital, a 40 de otro, a 18 de un tercero”, denuncia.

En total, él estima que unos 300 profesionales de la salud, la mitad de ellos médicos, fueron despedidos en todo el país.

Y aunque la Comisión de la Verdad del parlamento controlado por Ortega afirmó en su reporte que durante la crisis no se le había negado el acceso a atención médica a nadie, sus críticos han denunciado dicho informe -que no menciona las represalias denunciadas por numerosos médicos- como un intento de encubrimiento.

“No nos han remplazado. De hecho, continúan despidiendo gente”, agrega Borgen.

“Ha sido difícil. Mi familia está asustada. Muchos han recibido amenazas de muerte, otros decidieron irse del país”, cuenta.

Es una difícil elección que ahora enfrentan muchos de los opositores a Ortega: vivir escondidos o irse al exilio.

Una fuerte condena internacional recibió este domingo el gobierno de Daniel Ortega tras la represión a una protesta opositora y el arresto de 30 líderes y defensores de derechos humanos, que se manifestaban en el marco del movimiento antigubernamental que deja más de 320 muertos desde abril.

La marcha, convocada bajo el eslogan “Unidos por la libertad”, fue reprimida por la policía con bombas aturdidoras, golpes y arrestos.

El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado; y organismos internacionales de derechos humanos pidieron el “cese de la represión” y la liberación de las personas detenidas.

Exigimos al gobierno #Nicaragua libere a manifestantes retenidos, respete el derecho a la protesta pacífica en el país y cese la represión y todo tipo de intimidación contra líderes políticos y la población civil #OEAenNicaragua https://t.co/b9hMuRWRWc

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) October 14, 2018

Profundamente preocupantes las detenciones de esta mañana en Nicaragua. La represión que está sufriendo el pueblo nicaragüense debe acabar.

— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) October 14, 2018

La cancillería costarricense señaló además en un comunicado que la situación de Nicaragua “afecta directamente” a esa nación en lo migratorio, social, económico y humanitario, por lo que solicitó a la comunidad internacional “su mediación” para restablecer el diálogo entre gobierno y oposición, suspendido desde junio.

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrao, denunció en Twitter “inaceptables actitudes represivas y autoritarias” este domingo en Nicaragua. Un “estado de excepción se va consolidando con medidas estatales incompatibles con la democracia y los derechos humanos”, dijo.

“Qué triste e indignante que se produzcan otra vez hoy en Nicaragua actos de represión de la Policía contra la población que se manifiesta pacíficamente. ¡La represión no es la solución! ¡Basta ya de detenciones arbitrarias”, expresó por su parte el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.

También se pronunciaron contra lo ocurrido el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) y Amnistía Internacional.

La Policía informó que 30 personas, entre manifestantes y líderes de organizaciones fueron detenidas. Se les responsabiliza de convocar a una marcha sin el debido permiso. Otras ocho ya fueron liberadas.

Entre los detenidos está el costarricense Alejandro Cordero, cuya condición jurídica fue demandada por la cancillería costarricense.

En tanto, la defensora de derechos humanos Haydee Castillo fue bajada de un avión cuando intentaba viajar y recluida en la cárcel de El Chipote, en Managua, según familiares.

Castillo había denunciado una serie de hostigamientos de parte de autoridades y tiene medidas cautelares dictadas por la CIDH.

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Golpeados y arrastrados

“No disparen”, “libertad”, gritaron los manifestantes a los agentes que los rodearon en el estacionamiento de un centro comercial, donde apenas se estaban agrupando para iniciar la marcha.

Hombres y mujeres, algunos personas mayores, fueron golpeados y arrastrados por la calle para luego ser subidos a patrullas de la policía.

Algunos periodistas también recibieron golpes y fueron retenidos pero luego les dejaron ir, según denunciaron medios de comunicación independientes.

“No respetan a nadie, ni a (personas) mayores ni a niños. Eso demuestra que hay una escala superior de represión”, declaró Azhalea Solís, dirigente de la Alianza Cívica de grupos sociales, empresarios y estudiantes.

La policía anunció el sábado que no iba a permitir marchas sin la debida autorización y que tomaría las medidas necesarias para impedirlas.

Ante la manifestación del domingo, cientos de agentes antimotines fueron desplegados a primera hora en varios puntos de la capital y la carretera a Masaya, donde estaba prevista la marcha entre dos rotondas.

Pero seguidores del gobierno ocuparon las rotondas, según voces oficiales para honrar el legado de monseñor Óscar Arnulfo Romero, canonizado este domingo por el papa Francisco.

“No vamos a pedir permiso para marchar (…) Hemos visto que es la misma policía y los paramilitares los que hacen actos vandálicos para culpar a manifestantes”, dijo la dirigente del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Violeta Granera.

Las protestas antigubernamentales iniciaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de seguro social pero, tras la violenta represión -que hasta ahora deja 320 muertos-, los manifestantes comenzaron a exigir la salida del gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Por Irving Escobar

Guatemala fue uno de los ocho países que se abstuvieron de votar, así como El Salvador, San Cristóbal, Surinam, Belice, Trinidad y Tobago, Haití y Barbados.

El 15 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores divulgó una declaración en la que “condena enérgicamente la situación en Nicaragua y la represión contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, por lo que insta al diálogo y  a la solución pacífica de controversias, basados en los principios de la consolidación de la democracia, paz, libertad y no intervención”.

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“El Gobierno de Guatemala continuará dando seguimiento a la situación en ese hermano país y manifiesta su compromiso de apoyar cualquier solución pacífica a la crisis”, finaliza aquella declaración.

COMUNICADO OFICIAL: El Gobierno de Guatemala, a través del @MinexGt condena enérgicamente la situación en Nicaragua y la represión contra los estudiantes y miembros de la sociedad civil. Lea la nota completa https://t.co/8MUCuOgLxF pic.twitter.com/YEF6fFulZd

— MINEX Guatemala (@MinexGt) July 16, 2018

Analistas políticos criticaron la postura de Guatemala porque fue tardía ante la ola de represión desatada contra la sociedad nicaragüense. Además, el embajador en Managua, Jaime Regalado, no fue llamado a consultas en Guatemala.

La formación de “grupo de trabajo” recibió el aval de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA, lo que muestra una seria preocupación del continente americano sobre Nicaragua.

La votación se celebró durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, donde solo cuatro Estados miembros votaron en contra, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y San Vicente y las Granadinas.

Lea además: Cómo la crisis de Nicaragua afecta las economías de Guatemala y Centroamérica

Para superar la barrera de los 18 votos necesarios para la resolución, los ocho impulsores de la medida (EE.UU., Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina) tuvieron que introducir cambios en su propuesta original, que sugería la creación de una “comisión especial” y no de “un grupo de trabajo”.

El texto establece que el objetivo del grupo será “contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua“, y añade que eso se hará “incluso por medio de consultas con el Gobierno de Nicaragua”, una frase que no había sido incluida en la propuesta original.

No obstante, el ministro nicaragüense de Asuntos Exteriores, Denis Moncada, expresó su oposición a la que sería una de las mayores competencia de ese “grupo de trabajo”: designar una misión que visite el país, para lo que siempre es necesario el consentimiento del Ejecutivo correspondiente.

“El Gobierno de Nicaragua no va a permitir que llegue a nuestro país, a nuestro territorio, ningún grupo de trabajo creado por el Consejo Permanente” de la OEA, dijo Moncada en declaraciones a la prensa.

Recordamos: Nicaragua se libra del somozismo en 1979

Otra de las misiones más importantes del grupo será respaldar el diálogo nacional en Nicaragua, que comenzó en mayo con la mediación de la Iglesia Católica y que se encuentra estancado debido al rechazo del Gobierno a adelantar las elecciones fijadas para 2021, principal reclamo de la oposición.

En concreto, apunta la resolución, el “grupo de trabajo” dará su apoyo al diálogo con “medidas de apoyo, acompañamiento y verificación”, en coordinación con los esfuerzos en curso de la OEA, así como del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), organismo que se baraja como nuevo garante del diálogo.

Además, el grupo entregará mensualmente al Consejo Permanente un informe sobre “sus gestiones y progresos”.

La creación de ese grupo supone un paso “innovador” en la historia del organismo, destacaron los embajadores ante la OEA de México, Jorge Lomonaco, y de Colombia, Andrés González Díaz.

“Es la primera vez que se crea un órgano subsidiario del Consejo Permanente con estas características para una situación como Nicaragua, es un mecanismo innovador”, indicó a la prensa Lomonaco, quien consideró que el “grupo de trabajo” reforzará la relevancia de la OEA en la crisis en Nicaragua.

En contexto: Ortega y la importancia de delimitar el poder

Por su parte, González Díaz subrayó la importancia de haber creado un “instrumento” para dar seguimiento a la crisis, más allá de las palabras puestas en las resoluciones ya aprobadas.

“Las declaraciones son importantes, pero no son suficientes, por eso en ese momento se crea un grupo de trabajo que tiene la característica de la eficiencia y la característica de poder responder a la velocidad en la que se presenten los acontecimientos”, defendió.

Los integrantes del “grupo de trabajo” serán designados como tarde el 10 de agosto.

Estará compuesto por un mínimo de cinco miembros que representan a cada uno de los grupos regionales en la OEA: el Sica, la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), la Comunidad del Caribe (Caricom), así como Estados Unidos y Canadá, países que cada uno se considera como una región propia.

A esos cinco, se sumará un número indeterminado de naciones que el 18 de julio votaron a favor de otra resolución para condenar la violencia en Nicaragua.

En una nota oficial, la Casa Blanca aseguró que Ortega y Murillo “son responsables en última instancia por los grupos parapoliciales favorables al gobierno que han brutalizado a su propio pueblo”.

Las protestas en Nicaragua se iniciaron el 18 de abril contra una reforma del seguro social, pero derivaron en masivas protestas que fueron respondidas por fuerte represión y motivaron pedidos de renuncia de Ortega.

LEA: Ortega acusa a los obispos nicaragüenses de “golpistas”

La iglesia católica nicaragüense intenta una mediación del diálogo entre gobierno y oposición.

En el documento divulgado este lunes, la Casa Blanca pasó revista a las medidas adoptadas a este respecto, en especial la sanción a tres funcionarios nicaragüenses, paso que consideró “el inicio, no el fin, de potenciales sanciones”.

Además, Washington revocó o restringió el otorgamiento de visas a funcionarios nicaragüenses que hayan tenido cualquier relación con represión a protestas o actos de violencia.

Según la nota, la Casa Blanca tramitó la devolución de automóviles que habían sido donados a la Policía Nacional de Nicaragua y que habrían sido utilizados en la represión, y además ha bloqueado nuevas donaciones de equipos a las fuerzas de seguridad.

Presión en aumento

El pasado martes, el vicepresidente Mike Pence ya había exigido a Ortega el fin de la violencia en Nicaragua, que consideró “patrocinada por el Estado”.

En un mensaje publicado en la red Twitter, Pence también pidió que se anticipen las elecciones presidenciales previstas para 2021 en Nicaragua.

Más tarde, durante una ceremonia sobre libertad religiosa que se realizó en el Departamento de Estado, Pence aseguró que en Nicaragua el gobierno “está virtualmente en guerra con la iglesia católica” y personas “armadas con machetes (…) han atacado templos y propiedades de la iglesia”.

Sin embargo, Ortega ofreció en la semana una entrevista al canal de TV estadounidense FoxNews en la que descartó renunciar a la presidencia.

“Inestabilidad, inseguridad…”

De acuerdo con Ortega, “adelantar las elecciones crearía inestabilidad, inseguridad y empeoraría las cosas”.

En esa entrevista Ortega también buscó reducir el tono de enfrentamiento con la iglesia católica, y negó que hombres armados relacionados con el gobierno hayan matado a tiros a dos jóvenes refugiados en una iglesia.

La semana pasada, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó una resolución en la que pide al gobierno la adopción de más sanciones contra funcionarios nicaragüenses.

El texto “pide a Estados Unidos que continúe condenando las atrocidades en Nicaragua, exija la liberación de los detenidos injustamente e identifique a aquellas personas cuya participación en esta violencia califica para la imposición de sanciones”.

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Esas sanciones, como las adoptadas el 5 de julio contra tres funcionarios, se apoyan en la llamada “ley Magnitsky”, aprobada por el Congreso estadounidense para sancionar funcionarios rusos por la muerte de Sergei Magnitsky en 2009.

Esa ley, sin embargo, pasó a ser utilizada por el gobierno para sancionar funcionarios extranjeros cuando considera que ha habido abusos o violaciones de los derechos humanos.

]]> 205169 https://www.guatevision.com/noticias/internacional/crisis-de-nicaragua-y-venezuela-cinco-semejanzas-y-diferencias Fri, 20 Jul 2018 00:44:01 +0000 https://www.guatevision.com/?post_type=post-noticias&p=202968

Aquí, algunas similitudes y diferencias:

Semejanzas

1. Control político:

Ambas protestas, que estallaron en un mes de abril, han demandado la salida del poder de los izquierdistas Nicolás Maduro (Venezuela) y Daniel Ortega (Nicaragua), por renuncia o adelanto de elecciones. Y los gobiernos siguen la misma estrategia.

“Sacaron del juego a los líderes y partidos de oposición, pero no en competencia electoral, sino con sentencias del poder judicial y electoral, espurias e ilegales. Lo hizo Ortega en los comicios de 2016 y Maduro lo copió en los de 2018”, dijo a AFP el politólogo venezolano Luis Salamanca.

Juan Felipe Celia, del centro de análisis Atlantic Council (Washington), señala que ambos mandatarios además “han censurado a los medios y consolidado el poder eliminando los contrapesos”.

2. Represión de las protestas:

Nicaragua tiene las llamadas “turbas sandinistas” y grupos civiles fuertemente armados; Venezuela, los conocidos popularmente como “colectivos”. “Han usado paramilitares afectos al gobierno para enfrentar a manifestantes”, anotó el internacionalista venezolano Mariano de Alba.

“Supuestamente actúan por su propia cuenta, pero a pesar de su carácter civil forman parte de los aparatos de seguridad del gobierno para agredir e intimidar opositores”, comentó a AFP el analista Diego Moya-Ocampos, del IHS Markit (Londres).

Pero “al gobierno nicaragüense se le ha pasado la mano, ha sido mucho más letal”, afirmó Salamanca. En Venezuela hubo en cuatro meses de protestas unos 125 muertos; en Nicaragua superan los 280 en tres meses.

3. Retórica del conflicto:

Los opositores, en los dos países, señalan a Maduro y a Ortega de haber instaurado una dictadura, marcada por la corrupción y el control de los poderes del Estado, sobre todo el judicial y el electoral.

El gobierno nicaragüense acusa a los manifestantes de “terroristas” y “golpistas de derecha” financiados por Estados Unidos, como ocurrió en Venezuela, señaló De Alba.

“El guión perfecto, hoy se lo están aplicando a Nicaragua”, sostiene Maduro, quien denuncia una campaña para mostrar a ambos países “en caos” y al borde de “la guerra civil”.

4. Negociación:

El sociólogo nicaragüense Oscar Vargas estima que, como hizo Maduro, Ortega busca oxígeno en la negociación, mientras apuesta al “desgaste y la división del movimiento opositor”, en una “venezolanización del conflicto”.

Ambos, coincide De Alba, han usado el “diálogo para ganar tiempo y bajar la presión interna”. “La solución depende en gran medida del quiebre de la coalición oficial y del apoyo militar”, agregó.

En esas conversaciones ha participado la Iglesia católica.

5. Presión internacional

Ambos gobiernos también han vivido un creciente aislamiento internacional, con Estados Unidos aplicando sanciones.

La situación en Nicaragua, sin embargo, no ha tenido tanta atención como la de Venezuela“, apuntó De Alba, si bien la Organización de Estados Americanos (OEA) les ha dedicado varias sesiones.

Diferencias

1. Economía

Venezuela vive una severa crisis, pero el gobierno controla la renta petrolera (96% de sus ingresos). “Ortega depende del sector empresarial y los nicaragüenses para que la economía esté a flote“, puntualizó De Alba.

“Nicaragua es una economía muy débil, frágil, y sería el punto de quiebre si no se resuelve esta crisis en el corto plazo“, opinó la analista nicaragüense Elvira Cuadra.

El Banco Central rebajó de 4,9% a 1% la proyección de crecimiento para este año y ya se perdieron más de 200.000 empleos.

2. Peso político

Para Cuadra, otra diferencia es el peso regional de cada país. Venezuela, con la petrodiplomacia del fallecido Hugo Chávez (1999-2013), logró lealtades en países del continente, y algunas se mantienen.

“Al sistema interamericano le ha llevado más tiempo inclinar la balanza contra el gobierno de Venezuela que contra el de Nicaragua, que ha rebasado todos los límites“, añadió.

3. Fuerza Armada

La Fuerza Armada de Nicaragua ha proclamado su no deliberancia y apoyo al diálogo. “Es más institucional, la de Venezuela está altamente politizada“, comento Moya-Ocampos.

La venezolana se declara leal, chavista y socialista. “Maduro sigue teniendo el apoyo de la fuerza militar. En Nicaragua las principales fuerzas represivas han sido grupos civiles armados pro-Ortega“, aseveró Celia.

4. Movimiento opositor:

En Nicaragua las protestas son lideradas por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que aglutina a estudiantes, empresarios, campesinos y otros grupos de la sociedad civil.

La mayoría de manifestantes son jóvenes, como en Venezuela, según Celia. Pero el movimiento nicaragüense no ha tenido un liderazgo partidista.

En Venezuela las protestas las convocó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una alianza de partidos con aspiraciones particulares, que está profundamente dividida y no logró conectar con los sectores populares.

5. Bloque de apoyo:

El analista nicaragüense Mauricio Díaz ve “confusión” en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y señala que “los cuadros históricos no definen con claridad sus lealtades“.

“Los sandinistas no están totalmente cohesionados alrededor de Ortega y varios piensan que debe haber un cambio; el madurismo sufrió bajas importantes, pero la coalición oficialista se mantuvo unida durante la crisis”, comentó de Alba.