Organizaciones del Sector Justicia advierten que la elección de los nuevos magistrados no será pronto. La Corte Suprema de Justicia debe renovarse desde octubre del 2019, pero el Congreso aún no elige a los magistrados sucesores.

¿Cuál es la razón?

La Corte de Constitucionalidad publicó este viernes 23 de abril el Acuerdo 3-2021, en el que confirma que a partir del 14 de abril de este año continúan integrando la VIII magistratura José Francisco de Mata Vela y María Cristina Fernández García, hasta que el Congreso de la República emita un decreto para que se integre a dicha corte al magistrado titular que designe el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y los magistrados titular y suplente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

La VIII magistratura de la CC para el periodo 2021-2026 fue instalada el 14 de abril pasado sin la presencia de tres magistrados designados, dos titulares y una suplente, cuya juramentación está bloqueada por amparos e impugnaciones.

Se trata de Gloria Porras, magistrada titular designada por la Usac y Néster Vásquez y la abogada Claudia Paniagua, magistrados titular y suplente, respectivamente, por el Cang.

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Los amparos

En el caso de Porras, dos amparos provisionales bloquearon su juramentación. El primero, el 9 de abril de 2021, por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a favor de Edwin Rueda Masaya, exaspirante a magistrado de la CC por el CSU, quien accionó así después de que el CSU rechazara sin entrar a conocer una impugnación. El segundo es el amparo provisional del 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, también exaspirante a magistrado que presentó recurso de reposición que fue rechazada por el consejo sancarlista. De ambos recursos el CSU comunicó al Congreso que tuvo conocimiento el 13 de abril.

Mientras tanto, Vásquez y Paniagua aguardan que el Cang resuelva recursos de impugnación para poder certificar al Congreso la designación y finalmente ser juramentados.

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Según el acuerdo 3-2021 publicado este viernes 23 de abril, la CC ampara su decisión en el artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que establece, en el segmento conducente, que “[…] La designación de Magistrados por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala podrán ser impugnadas conforme a la ley; pero mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos.

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Detalla que en los procesos particularizados para la designación de los magistrados,  titulares y suplentes, que tenían que ejercer el cargo para el periodo 2021-2026, ocurrió el supuesto previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; esto, porque, al haber sido presentadas diversas impugnaciones, que están en trámite, suspendieron la adquisición de firmeza de las decisiones que para el efecto profirieron la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, impidiendo la juramentación y la toma de posesión, en los respectivos cargos, de los profesionales que obtuvieron la designación en los procesos de elección realizados en cada uno de esos órganos designantes.

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Además, que en el primero de los casos mencionado afecta al magistrado titular y al suplente y en el segundo solo titular. Agrega que de esa cuenta, al darse el supuesto contenido en la disposición por imperativo legal continúan en el ejercicio de los cargos los funcionarios quienes, habiendo sido designados para el periodo que correspondió al 2016-2021.

Una vacante

Agrega que aunado a estas impugnaciones, también existe una circunstancia especial que consiste en que el cargo que corresponde al magistrado titular que designa el Cang se encuentra vacante, motivo por el cual no opera, de inmediato, la permanencia del funcionario electo con anterioridad, de acuerdo con la regulación establecida.

Es por ello que se asignó a la magistrada Fernández García, electa como suplente en la magistratura 2016-2021, para la elaboración, administración, aprobación y presentación de ponencias al Pleno de la CC, con relación a los asuntos asignados a la vocalía que corresponde.

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El acuerdo también establece que este no modifica la categoría de magistrada suplente de Fernández García.

Este acuerdo fue firmado el 21 de abril de 2021 por el presidente de la CC, Roberto Molina Barreto y los magistrados Dina Josefina Ochoa Escribá, José Francisco de Mata Vela, Leyla Susana Lemus García, Juan José Samayoa Villatoro y Lizbeth Carolina Reyes.

La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo suspendió en definitiva un amparo contra el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac) que detiene la juramentación de Gloria Porras, magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Argumentando falta de materia, el fallo de la Sala fue contra lo solicitado por Erwin Rolando Rueda Masaya, un exaspirante a togado por el CSU.

En consecuencia, esta resolución revoca el amparo provisional del 9 de abril de 2021. La votación fue unánime, de los magistrados titulares Juana Solís, presidenta, y Mario Efraín Rojas y Nadya Morales de León, vocales.

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Ese amparo, cuando era provisional, junto con el de la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, también provisional a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, exaspirante a magistrado, detuvieron la juramentación de Porras en el acto del 13 de abril.

La Universidad de San Carlos (Usac), autoridad impugnada en los amparos, no ha informado sobre el estado de las dos acciones legales contra el proceso de designación de magistrados.

Porras fue elegida por el CSU para su tercer periodo en la CC, pues anteriormente ya había sido designada por el Ejecutivo (administración de Álvaro Colom para el periodo 2011-2016), el Congreso para 2016-2021 y ahora por la Usac para 2021-2026.

Diego García-Sayán, relator de la ONU para la independencia judicial, expresó este 19 de abril su preocupación por la negativa del Congreso de Guatemala a juramentar a Gloria Porras como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) y criticó el “continuo acoso al poder judicial” en Guatemala.

“Me preocupa enormemente el uso sistemático de armas jurídicas para obstaculizar la toma de posesión de la jueza Porras”, destacó el experto en un comunicado, donde recordó la carrera de la magistrada en materia de protección y garantías de los derechos humanos y el estado de Derecho.

García-Sayán recordó que Porras ha sido objeto de varias formas de acoso judicial, discursos de odio y campañas de estigmatización en las redes sociales, incluso por motivos de género.

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“Estas acciones son parte del debilitamiento del estado de Derecho y de la independencia judicial en Guatemala”, aseguró el jurista.

Porras fue reelegida para el cargo el 4 de marzo a través del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y debía reanudar sus funciones para otro mandato de cinco años el 14 de abril, sin embargo, un amparo provisional bloqueó su juramentación a la espera de que se resuelvan las impugnaciones al proceso de selección.

Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia admitió también a principios de marzo una solicitud de retiro de inmunidad contra Porras y otro magistrado del tribunal, José Francisco de Mata Vela, y días después se creó una comisión pesquisidora en el Congreso para retirar su inmunidad judicial.

García-Sayán consideró estas acciones “actos de intimidación y represalias”, mediante el “uso indebido del procedimiento de destitución y otras medidas legales, que también se han utilizado contra otros magistrados titulares y suplentes de la Corte” y que en su opinión buscan interferir en la independencia del poder judicial.

#Guatemala: Es un honor que la magistrada Gloria Porras de la @CC_guatemala nos visite esta semana en nuestras oficinas en Washington D.C.; se reunirá con el Dr. Alberto Mora, director de Programas Globales @ABARuleofLaw @JusticeDefend a conversar sobre el Estado de Derecho.

— ABA Justice Defenders Program (@JusticeDefend) April 19, 2021

Habla Porras

Actualmente, Porras está en Washington atendiendo invitaciones del Programa de Defensores de la Justicia del Colegio de Abogados Norteamericanos (ABA en inglés) para dar entrevistas y conferencias sobre estado de Derecho. En una entrevista con el portal digital salvadoreño El Faro, Porras señaló que la operación en su contra es “una violación del estado de Derecho y un atentado contra la democracia” de Guatemala.

También esas acciones contra su reelección son resultado de los fallos de la Corte, en los cuales su voto ha inclinado la balanza contra la corrupción e impunidad. “Eso ha resultado molesto para diferentes actores: personas de organismos de Estado, personas que están vinculadas con el crimen organizado…”, consideró.

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Tras la decisión del Congreso de no juramentar a Porras, varios actores políticos que se han visto afectados por sus decisiones como presidenta de la Corte de Constitucionalidad han amenazado con interponer acciones civiles y penales contra ella.

Mientras tanto, miembros del oficialismo han criticado que la CC del periodo anterior, en la cual Porras fue parte, abusó de su poder que tuvo como efecto el cierre de empresas y la independencia de poderes.

Encadenados a las puertas de ingreso de la Corte de Constitucionalidad (CC), este miércoles 14 de abril un grupo de guatemaltecos mostró su rechazo a los magistrados que fueron juramentados el martes último por el Congreso.

Los manifestantes exigen nuevas elecciones y lanzaron consignas contra los magistrados Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto, Leyla Lemus, Nester Vasquez y Alfonso Rosales.

“Queremos cortes no mafias. Tienen tachas,” gritaban los manifestantes, mientras la PNC reforzaba la seguridad en el lugar.

“Estos delincuentes ya han ido cooptando los diferentes órganos del Estado. Esta corte no la vamos a entregar en manos de delincuentes y vamos a dar batalla hasta el final, hasta que se elija magistrados sin tachas, idóneos y honrados”, dijo otro manifestante.

Al mismo tiempo, Acción Ciudadana (AC) interpuso un amparo que buscar dejar sin efecto el acto de juramentación de los magistrados y que se ordene la celebración de un nuevo acto en el que se incluya a todos los togados.

El Congreso desistió el martes último de juramentar como magistrada del máximo tribunal del país a la abogada Gloria Porras, catalogada por expertos como una defensora de la lucha anticorrupción.

La decisión del Congreso, según su presidente, Allan Rodríguez, obedece a un recurso legal en contra de Porras, miembro de la Corte de Constitucionalidad durante los últimos 10 años.

Rodríguez forma parte de la agrupación política Vamos, partido del presidente Alejandro Giammattei, que con alianzas tiene mayoría en el Organismo Legislativo.

Porras no fue juramentada al igual que otros dos abogados electos para los cargos. Los otros siete magistrados que conforman la nómina de 10 miembros de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026 sí recibieron formalmente la designación en sus puestos por parte del Parlamento.

La designación de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad ha estado bajo la lupa de funcionarios de Estados Unidos este año y, además de acuerdo con analistas, es clave para la lucha anticorrupción en Guatemala.

La elección culminó en marzo pasado con el nombramiento de los 10 magistrados para el período 2021-2026 del máximo tribunal del país, en una polémica designación que enfrentó al presidente de la nación, Alejandro Giammattei, con su vicepresidente, Guillermo Castillo.

De acuerdo a la ley guatemalteca, cinco entidades eligen cada una a dos magistrados, uno titular y uno suplente: el Organismo Ejecutivo, el Organismo Judicial, el Congreso, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Los magistrados electos para el período 2021-2026 son Leyla Lemus y Juan Samayoa, designados por el Organismo Ejecutivo; Roberto Molina y Wálter Jiménez, por el Organismo Judicial y Dina Ochoa y Luis Rosales, elegidos por el Congreso.

Además, Gloria Porras y Rony López, elegidos por parte de la Universidad de San Carlos; y Néster Vásquez y Claudia Paniagua, nombrados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Porras, Vásquez y Paniagua, sin embargo, no fueron juramentados este martes como inicialmente estaba programado, todos por recursos judiciales aún por resolverse de acuerdo con el Congreso.

Con información de AFP y EFE

Estados Unidos y la Unión Europea (UE) mostraron preocupación este martes 13 de abril por la juramentación incompleta de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), en un hecho que podría impactar en la independencia judicial.

La falta de juramentación de la magistrada Gloria Porras, designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es lo que más preocupa a varios sectores nacionales e internacionales, quienes la califican como una “maniobra de retraso”.

“Estamos profundamente preocupados por la maniobra de hoy para retrasar la juramentación de un magistrado de la corte constitucional seleccionado”, escribió en su cuenta de Twitter Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU.

De acuerdo con Chung, el retraso en la juramentación impactará  en la independencia judicial en la lucha contra la corrupción. “Esto socava el compromiso de Guatemala con un poder judicial independiente y con el abordaje de la corrupción sistémica”, agregó.

.@WHAAsstSecty: Nos preocupa profundamente la maniobra de hoy para retrasar la juramentación de un magistrado electo a la Corte de Constitucionalidad. Esto debilita el compromiso de Guatemala con un poder judicial independiente y con abordar la corrupción sistémica. https://t.co/f9RFPUGQGQ

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) April 14, 2021

Por aparte, la congresista Norma Torres criticó la designación de magistrados con supuestos vínculos con la corrupción y desaprobó los ataques contra quienes luchan por un estado de derecho.

“Me preocupa que #Guatemala elija jueces constitucionales con conflictos de intereses y presuntos vínculos con la corrupción mientras atacan a los verdaderos campeones de #EstadodeDerecho. Los guatemaltecos merecen un poder judicial independiente y un proceso transparente”, escribió Torres en su cuenta de Twitter.

Los guatemaltecos merecen un poder judicial independiente y un proceso transparente.

Me preocupa que #Guatemala elija jueces constitucionales con conflictos de intereses y presuntos vínculos con la corrupción mientras atacan a los verdaderos campeones de #EstadodeDerecho.

Los guatemaltecos merecen un poder judicial independiente y un proceso transparente.

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) April 13, 2021

Además, el embajador de la Unión Europea en Guatemala, Thomas Peyker, refirió que le preocupa la falta de independencia judicial al juramentar una CC incompleta.

“Estamos muy preocupados por la independencia de la Justicia y el #EstadoDeDerecho en Guatemala”, escribió en Twitter Peyker.

Estamos muy preocupados por la independencia de la Justicia y el #EstadoDeDerecho en Guatemala. ⁦@CongresoGuate⁩ ⁦@GuatemalaGob⁩ ⁦⁦@UEGuatemala⁩ https://t.co/ujSn2rWXuk

— Thomas Peyker (@TPeyker) April 13, 2021

En el caso de Porras, dos amparos provisionales bloquearon su juramentación. El primero, el 9 de abril de 2021, por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a favor de Edwin Rueda Masaya, exaspirante a magistrado de la CC por el CSU, quien accionó así después de que el CSU rechazara sin entrar a conocer una impugnación. El segundo es el amparo provisional del 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, también exaspirante a magistrado que presentó recurso de reposición que fue rechazada por el consejo sancarlista. De ambos recursos el CSU comunicó al Congreso que tuvo conocimiento hoy.

Además, Nester Vásquez y Claudia Paniagua, magistrados titular y suplente elegidos por la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), no fueron juramentados, porque aguardan que el Cang resuelva recursos de impugnación para poder certificar al Congreso la designación.

La Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026 fue juramentada este 13 de abril sin dos magistrados titulares y una suplente a causa de amparos provisionales e impugnaciones contra los procesos de designación de los colegios electores.

Se trata de Gloria Porras, magistrada titular designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac); Nester Vásquez y Claudia Paniagua, magistrados titular y suplente elegidos por la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

En el caso de Porras, dos amparos provisionales bloquearon su juramentación. El primero, el 9 de abril de 2021, por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a favor de Edwin Rueda Masaya, exaspirante a magistrado de la CC por el CSU, quien accionó así después de que el CSU rechazara sin entrar a conocer una impugnación. El segundo es el amparo provisional del 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, también exaspirante a magistrado que presentó recurso de reposición que fue rechazada por el consejo sancarlista. De ambos recursos el CSU comunicó al Congreso que tuvo conocimiento hoy.

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Mientras tanto, Vásquez y Paniagua aguardan que el Cang resuelva recursos de impugnación para poder certificar al Congreso la designación y finalmente ser juramentados.

En una tarde lluviosa, la sesión solemne se desarrolló en el Congreso de la República, cuyo presidente, Allan Rodríguez, criticó a la CC saliente: “Ya no más inestabilidad constitucional, ya no más ingobernabilidad constitucional. Ya no más prevaricato, queremos resoluciones apegadas a la Constitución y al orden jurídico. Ya no más abuso de poder, ya no más abuso de autoridad ni sesgo ni retorcimiento de la Constitución”, expresó.

Justo luego de ese discurso la junta directiva del Legislativo hizo del conocimiento del pleno el amparo que impidió la juramentación de Porras, quien estaba presente en el Palacio Legislativo y se marchó en ese momento.

“Todo esto lo sabía porque es claro que hay una confabulación para no dejarme tomar posesión”, dijo Porras en rueda de prensa.

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Luego de esa controversia llegó el momento de la juramentación de tres magistrados titulares, Dina Ochoa, designada por el Congreso; Leyla Lemus, del Ejecutivo, y Roberto Molina Barreto, por la Corte Suprema de Justicia, justamente los magistrados cuyos cuerpos electores no son impugnables, según el artículo 156 de la Ley de Amparo.

Asimismo, fueron juramentados cuatro magistrados suplentes, Luis Rosales, por el Congreso; Walter Jiménez, por la CSJ; Rony López, por la Usac, y Juan José Samayoa, por el Ejecutivo.

Luego de la sesión solemne Rodríguez dijo en rueda de prensa que el Congreso cumplió con su deber constitucional de dar juramento a los magistrados designados. “No soy juez, soy diputado”, respondió sobre preguntas de que los amparos que bloquearon la juramentación de Porras podrían ser espurios.

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Quiénes siguen

En vista de que la CC asume sin los magistrados titulares designados por el Colegio de Abogados y del CSU surge la duda de quién ocupará esos espacios. El párrafo segundo del artículo 156 de la Ley de Amparo, sobre la impugnación de las designaciones de magistrados, dice que mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos.

Gloria Porras, magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), no fue juramentada este 13 de abril en el Congreso de la República a causa de dos amparos provisionales contra el proceso de su designación.

“Todo esto lo sabía porque es claro que hay una confabulación para no dejarme tomar posesión”, dijo Porras al abandonar el Palacio Legislativo.

Se trata de dos amparos provisionales dictados por las salas Primera y Sexta de lo Contencioso Administrativo, constituidos en tribunales de amparo, de lo cual la junta directiva del Legislativo dio lectura minutos antes de comenzar la juramentación.

El primero, el 9 de abril de 2021, por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a favor de Edwin Rueda Masaya, exaspirante a magistrado de la CC por el CSU, quien accionó así después de que el CSU rechazara sin entrar a conocer una impugnación. El segundo es el amparo provisional del 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, también exaspirante a magistrado que presentó recurso de reposición que fue rechazada por el consejo sancarlista. De ambos recursos el CSU comunicó al Congreso que tuvo conocimiento hoy.

“He sido jueza independiente y ser juez independiente en Guatemala implica este tipo de acciones”, expresó Porras, que añadió que no se pronunciará sobre lo ocurrido porque “no se prestará a un show”. Adelantó que accionará legalmente para tomar posesión del cargo.

Porras fue designada magistrada titular por el Consejo Superior Universitario de la San Carlos para el periodo 2021-2026, junto con Rony López, quien sí fue juramentado.

Previo a la juramentación, Allan Rodríguez, presidente del Congreso, criticó a la CC saliente, de la cual Porras formó parte. “Ya no más inestabilidad constitucional, ya no más ingobernabilidad constitucional. Ya no más prevaricato, queremos resoluciones apegadas a la Constitución y al orden jurídico. Ya no más abuso de poder, ya no más abuso de autoridad ni sesgo ni retorcimiento de la Constitución”, expresó.

Porras comentó que lo dicho en el hemiciclo contra la CC “me enorgullece”.

Este martes 9 de marzo es el primero de los tres días de manifestaciones pacíficas que distintas organizaciones sociales llevarán a cabo en la capital en rechazo a los candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), pues los consideran que no son idóneos para ocupar esos cargos.

Las protestas fueron convocadas el lunes pasado y participan organizaciones y comunidades indígenas, estudiantes, jóvenes, grupos de mujeres, sindicatos y víctimas del conflicto armado interno.

Daniel Pascua, coordinador general del Comité de Unidad Campesina (CUC), manifestó que manifestarían desde este martes 9, también miércoles 10 y jueves 11 de marzo en varios puntos de la capital, principalmente frente a la CC, el Congreso y la Casa Presidencial, donde mostrarán su descontento por la forma cómo se ha elegido a los magistrados.

Indicó que es preocupante que un proceso tan delicado como elección de magistrados a la CC, que afectará al país durante los próximos años, esté viciado y que integrantes del pacto de corruptos estén tratando de manipularlo y cooptar esa corte y la Corte Suprema de Justicia.

Además, que esos grupos buscan también destituir al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y manipular las leyes, como la de partidos políticos, para lograr que Zury Ríos pueda participar como candidata a la presidencia y también la Ley de Reconciliación Nacional, para dar amnistía a asesinos y violadores de derechos humanos.

Dijo que también les preocupa que con las modificaciones a las leyes pueda abrirse la puerta a candidatos no idóneos que conlleve a un gobierno de impunidad en el futuro.

Interponen amparos

Pascual dijo que interpusieron tres amparos. El primero contra la solicitud de retiro de antejuicio de Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), pues el Congreso ya está tratando de conformar la comisión que va a investigar el caso.

También hay un amparo en contra del diputado Luis Rosales, quien fue electo como magistrado suplente de la CC por el Congreso de la República, pues las organizaciones consideran que por haber sido abogado de Efraín Ríos Montt en el caso de genocidio y es miembro de un partido político tiene conflicto de intereses para estar en esa magistratura.

El tercer amparo es contra el proceso de elección de magistrados a la CC en representación del Congreso, pues consideran que fue anómalo y lejos del escrutinio público.

“Quieren seguir saqueando al país”

Esperanza Tubac una líder indígena, dijo que los pueblos indígenas comienzan este martes una jornada de lucha, resistencia a nivel nacional.

Hizo un llamado al pueblo en general para que esté atento porque el pacto de corruptos está preparando el terreno para seguir saqueando al país y secuestrando ríos, montañas y para implementar proyectos que llegan a dañar la salud de la población.

La Sala Primera de Mayor Riesgo resolvió no entrar a conocer dos amparos que había planteado Mynor Moto contra la orden de captura girada por la jueza de mayor riesgo D, Erika Aifán, por el caso Comisiones Paralelas, según se informó este martes 9 de marzo.

La resolución de dicha Sala se da luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolviera que Moto ya no goza de inmunidad porque no está ejerciendo funciones como juez de Primera Instancia con funciones jurisdiccionales en el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala.

La Fiscalía contra la Corrupción confirmó la resolución de la CSJ sobre la inmunidad de Moto y por eso hay vía libre para investigarlo por el caso Libramiento Chimaltenango.

La resolución de la CSJ fue envidada el pasado 5 de marzo y por eso ya se gestiona que se asigne un juzgado para que conozca el proceso.

El pasado 16 de octubre de 2020 el Juez Mynor Mauricio Moto Morataya, quien era titular del Juzgado Tercero de Instancia Penal que llevaba el caso Libramiento Chimaltenango, benefició a 15 de 28 sindicados con falta de mérito.

Moto también dio medidas sustitutivas a exfuncionarios y exmiembros de la Junta de Calificación del Ministerio de Comunicaciones quienes estuvieron relacionados con la última fase del proyecto.

Además, el juez rechazó girar orden de captura en contra del exministro de Comunicaciones, José Benito, quien está prófugo por estar vinculado a los más de Q122 millones en diferentes monedas que fueron encontrados en varias maletas en una propiedad en Antigua Guatemala.

Moto cuestionó la auditoría de la Contraloría practicada en la obra. “Es necesario fortalecer y ampliar el trabajo de la Contraloría, las investigaciones correctamente con los elementos de soporte para que el juez no venga con la imaginación sino a discutir concretamente con el informe técnico”, reprochó.

En diciembre de 2020, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó que Moto, entonces titular del Juzgado Tercero de Instancia Penal, ya no conociera el caso del Libramiento y que fuera resuelto por el Juzgado C de Mayor Riesgo, cargo de la juzgadora Silvia de León.

Moto también había rechazado girar orden de captura contra Benito, quien ya se encontraba prófugo por estar vinculado con los más de Q122 millones en diferentes monedas que fueron encontrados en varias maletas en una propiedad en la ciudad colonial.

El caso

La investigación del Ministerio Público establece que para adjudicar el proyecto fueron utilizados documentos falsos, se compraron terrenos inexistentes. Además, existen anomalías técnicas en su construcción y también sobrevaloración de costos. El costo total del proyecto fue de Q387 millones 203 mil 159.35, después que se modificó 17 veces.

El 6 de febrero de 2021 el MP y la Policía Nacional Civil (PNC), realizó varios allanamientos y capturó a varias personas que en su momento fueron beneficiados por el juez Moto.

Moto en las Comisiones Paralelas

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP) informó el miércoles 10 de febrero que considera que el antejuicio solicitado en contra de Mynor Moto ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quedó sin materia y desistió del mismo debido a que este ya tiene orden de captura vigente.

El 4 de enero del 2021 el MP informó que en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020, la Feci solicitó el retiro de la inmunidad en contra del juez tercero de primera instancia penal, Mynor Mauricio Moto Morataya por los delitos de conspiración para la obstrucción de justicia y prevaricato.

El 19 de enero del 2021, el Juzgado Octavo Penal trasladó a la CSJ la petición de retiro del derecho de antejuicio del que gozaba el juez Mynor Moto, vinculado a ese caso.

En febrero de 2020 la Feci presentó una investigación que denominó Comisiones Paralelas 2020, en la que expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción) con el fin de manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

Según la Feci, los señalamientos contra Moto son por haberse reunido con personas señaladas en el caso Comisiones Paralelas 2020 y haber intentado tener el control de ese procedimiento para favorecerlas.

Mynor Moto fue electo el 18 de enero como magistrado titular del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para concluir el período 2016-2021 en la Corte de Constitucionalidad (CC), fue juramentado por el Congreso de la República, pero no tomó posesión del cargo.

El juez Moto, al ganar la elección del CANG solicitó al CCJ que le otorgara la excedencia para atender su designación como magistrado de la CC, la que concluye el 13 de abril del 2021 y esta fue autorizada.

El 26 de enero último, el Congreso de la República juramentó a Moto, pese a que había varios recursos legales pendientes y él intentó en varias oportunidades que le dieran posesión en el cargo, pero no pudo.

El Juzgado de Mayor Riesgo D, presidido por Erika Aifán, ordenó el lunes 1 de febrero la detención de Moto y de Dennis Billy Herrera Arita por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia, por su vinculación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Un días después, la misma jueza declaró a Moto y a Herrera en rebeldía y bajo arraigo y desde entonces están prófugos de la justicia.

El 4 febrero pasado la CC suspendió el acto de juramentación de Moto en el Congreso de la República y por eso no tomó posesión como magistrado titular de esa corte.

Ese mismo día Moto envió una carta a los miembros del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) en donde solicita que se le revoque la excedencia (permiso) que le habían otorgado para asumir la magistratura en la CC.

El Consejo de la Carrera Judicial acordó, por mayoría, dar las cinco constancias de excedencia -permisos- que Mynor Moto solicitó para conservar sus condiciones legales de juez, pues levantaron el acta 21-2021, en la que detallan que Moto pertenece a la carrera judicial y sigue como juez.

El presidente de CCJ, Rolando Barrera Florián, fue el único con voto razonado disidente y considera que Moto dejó el cargo de juez el 26 de enero cuando fue juramentado por el Congreso para magistrado de la CC y que no ejerce ningún cargo en la actualidad.