Los cuerpos de tres hombres con las manos atadas y los ojos vendados, visiblemente torturados y tiroteados, fueron encontrados este sábado en una fosa en cercanías de la localidad de Bucha, informó la policía de Kiev.

“Las víctimas fueron torturadas durante mucho tiempo (…) Al final, cada una recibió un disparo en la sien”, afirmó en un comunicado el jefe de la policía de Kiev, Andriy Nebytov, precisando que les ataron las manos, les vendaron los ojos y a algunas les pusieron mordazas en la boca.

Los cuerpos de estos tres hombres fueron encontrados en Myrotske, un pueblo cerca de Bucha, la localidad a las afueras de Kiev que se convirtió en símbolo de las atrocidades de la guerra en Ucrania y donde se encontraron los cuerpos de numerosos civiles muertos.

“Según informaciones preliminares, los ocupantes trataron de ocultar las pruebas de sus abusos, por lo que arrojaron los cuerpos a una fosa y los cubrieron con tierra”, dijo Nebytov.

Ayuda militar a Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este sábado en una charla telefónica con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que seguirá el refuerzo de la ayuda militar destinada a la resistencia ucraniana frente a la invasión rusa, informó el Elíseo.

En la primera conversación entre ambos mandatarios desde que Macron resultase reelecto 5 años más el pasado domingo, la Presidencia gala añadió que Macron tiene “la firma intención” en este segundo mandato de “restablecer la soberanía e integridad territorial” de Ucrania, en coordinación los socios europeos de Francia y aliados.

“El presidente Zelenski ha agradecido a Francia por el envío de equipamientos militares de envergadura que contribuyen a la resistencia ucraniana. El presidente de la República ha indicado que ese apoyo seguirá reforzándose, tal y como el de la ayuda humanitaria”, reveló El Elíseo, que no detalló de qué armas se tratan.

Asimismo, Macron expresó ante Zelenski su “gran inquietud” por los bombardeos rusos contra las ciudades ucranianas” y criticó que se atacase el jueves Kiev durante la visita del secretario general de la ONU y el primer ministro búlgaro.

Ouérémi fue declarado culpable este jueves por crímenes contra la población, secuestros, robo, destrucción de bienes e inmuebles y fue condenado a indemnizar por los daños a las víctimas o sus familiares, recogió hoy el medio local Yeclo.

“El tribunal declara a Amadé Ouérémi culpable (..) y lo condena a cadena perpetua”, dictaminó el juez Charles Bini, del tribunal criminal de Abiyán, la capital económica del país.

Por su parte, la abogada del acusado, Roselyne Aka-Sérikpa, denunció que el juicio fue “parcial” e “injusto” al tener “muchas zonas grises”.

El presidente del Colectivo de Víctimas de Costa de Marfil, Issiaka Diaby, declaró que el proceso no está acabado debido a la ausencia de otros autores de estos crímenes y señaló particularmente a los coroneles Losséni Fofana (alias Loss) y Coulibaly (alias Cool).

El juicio contra Ouérémi comenzó el pasado 24 de marzo, acusado de participar activamente en los sucesos de Doukoué, en los que entre el 28 y 29 de marzo de 2011 murieron más de 800 personas, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

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La localidad de Duekoué fue duramente castigada por el conflicto postelectoral de Costa de Marfil, y sufrió distintos ataques entre diciembre de 2010 y mayo de 2011, en los que murieron cientos de personas.

Esta violencia tuvo lugar a raíz de la celebración de las elecciones del 28 de noviembre de 2010, en las que la Comisión Electoral atribuyó la victoria al actual presidente, Alassane Ouattara, frente al entonces presidente saliente, Laurent Gbagbo.

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Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia declaró nulos los votos en siete regiones del norte y el centro del país favorables a Ouattara -donde, según su rival, se habían producido “flagrantes irregularidades”- y declaró vencedor a Gbagbo.

Esta situación desencadenó una violenta crisis entre los seguidores de ambos líderes en la que durante cinco meses murieron unas 3.000 personas, según cifras oficiales.

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Detenido en abril de 2011, Gbagbo fue trasladado a la Corte Penal Internacional (CPI), acusado de crímenes contra la humanidad.

Pero en enero de 2019 los jueces lo absolvieron por falta de pruebas, junto a su exministro de Juventud Charles Blé Godué, una sentencia confirmada en marzo de este año tras el recurso de apelación presentado en junio de 2020 por la Fiscalía de la CPI, que advirtió ciertas “inconsistencias” en su absolución.

El menor fue secuestrado por militares que incursionaron en su casa en octubre de 1981, un día después de que su hermana Emma, entonces de 21, escapara de un cuartel militar donde sufrió torturas y violación a manos de los solados.

Cuatro militares de alto rango fueron sentenciados en mayo de 2018 a más de 30 años de prisión por el caso.

Iniciativa 5377

La Ley de Reconciliación Nacional fue promulgada tras los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado en Guatemala (1960-1996), y excluyó la posibilidad de exculpar los delitos de lesa humanidad, como tortura y desaparición forzada de personas.

Las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, iniciativa 5377, van dirigidas a extender la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura. Además, de absolver a condenados por estos hechos, aplicando la retroactividad de la ley.

La iniciativa también pretende modificar el artículo 5 de la actual Ley de Reconciliación Nacional para que se declare la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que, hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores.

“Los delitos cuya responsabilidad penal se declara extinguida en este artículo se conceptúan de naturaleza política y la autoridad judicial declarará el sobreseimiento definitivo sin más trámite. Ninguna persona que haya participado en el enfrentamiento armado interno será objeto de medidas de coerción o persecución penal”, propone el nuevo texto.

La reforma también adiciona un nuevo artículo, en el que indica que “toda persona que haya sido juzgada y se encuentre en cumplimiento de condena o se encuentre en proceso penal y se le decretaron medidas de coerción, tales como auto procesamiento, prisión preventiva, medidas sustitutivas de la prisión preventiva, conducción y aprehensión por delitos enmarcados en dicha ley, se le deberá decretar la amnistía y el sobreseimiento en su caso, y ordenarse su libertad por el tribunal correspondiente en el plazo de veinticuatro horas”.