El Ministerio de Salud será la principal unidad ejecutora y se le asignará el 75 por ciento de los fondos, el 25 por ciento restante será para el Ministerio de Desarrollo.

Crecer Sano es un proyecto financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), dependencia del Banco Mundial, y cuyo objetivo es apoyar la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2022.

En la primera fase del proyecto se atenderá a los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango y Quiché, mientras que la segunda se atenderá a menores de San Marcos, Sololá y Totonicapán.

Estos departamentos fueron seleccionados en base a las altas tasas de mortalidad materna, mortalidad infantil y corta talla en una gran cantidad de niños menores a cinco años y con una alta proporción de población indígena y rural.

Según estimaciones oficiales, aprobar los fondos ayudaría a cambiar la vida de al menos 400 mil niños.

Las prácticas que se promueven como método de prevención son las que componen la Ventana de los Mil Días y se desarrollan en el primer nivel de atención en Salud (PNA):

• Control prenatal
• Control y monitoreo del crecimiento
• Desparasitación
• Suplementación a mujeres en edad fértil y a niños de 6 meses a 5 años
• Vacunación
• Espaciamiento entre embarazos
• Promoción y apoyo de la lactancia materna y alimentación complementaria
• Promoción del lavado de manos y hábitos higiénicos
• Control y tratamiento de infecciones respiratorias y diarreas agudas
• Fortificación de alimentos

Diputados fueron criticados por priorizar otras iniciativas en la agenda Legislativa, tales como las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional que otorgará amnistía a quienes hayan cometido delitos de guerra, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura.

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Los diputados no llegaron a acuerdos e incluso algunos se desmarcaron con el objetivo de no llenar quórum, con ello se perdió el préstamo que daría el Banco Mundial por un monto de 100 millones de dólares para el proyecto Crecer Sano, que estaba destinado a combatir la desnutrición en el país.

Este proyecto apoyaría la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención la Desnutrición Crónica 2016-2020 y llevará a cabo un conjunto coordinado de acciones de manera escalonada en los municipios de siete departamentos seleccionados.

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La primera fase incluiría los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango y Quiché, mientras que la segunda se atenderá a menores de San Marcos, Sololá y Totonicapán.

Estos departamentos fueron seleccionados en base a las altas tasas de mortalidad materna, mortalidad infantil y corta talla en una gran cantidad de niños menores a cinco años y con una alta proporción de población indígena y rural.

Según estimaciones oficiales, aprobar los fondos ayudaría a cambiar la vida de al menos 400 mil niños de los departamentos más afectados por la desnutrición crónica infantil.

¿De quién es la culpa?

El presidente del Congreso además de culpar a los Legisladores en plena sesión, en sus redes sociales culpói a bancadas de “izquierda” por perderse el préstamo “Crecer Sano”.

Hoy perdimos el Préstamo Crecer Sano porque las bancadas de izquierda rompieron el quorum para sabotear la discusión de la Ley de Reconciliación Nacional. Es una lástima que nublados por su ideología no quieran discutir temas importantes y perdamos oportunidades para el país.

— Alvaro Arzú (@AlvaroArzuE) February 20, 2019

Entramparon la agenda

La sesión comenzó y transcurrió de forma normal hasta que llegó al punto sexto de la Orden Del día, discusión en segundo debate de la iniciativa 5377, las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, que estaba antes que la del Préstamo Crecer Sano.

Dicho proyecto va dirigido a extender la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original de la Ley de Reconciliación Nacional, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura. Además de absolver a condenados por estos hechos, aplicando la retroactividad de la ley en materia penal cuando favorece al reo, según establece la Constitución.

Está es la Orden del Día que los diputados aprobaron para la #SesiónPlenaria. Se espera que se apruebe el préstamo para el proyecto Crecer Sano. pic.twitter.com/9T3PmsdaHg

— Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) February 20, 2019

La iniciativa también pretende modificar el artículo 5 de la actual Ley para que se declare la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que, hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores, las personas que pertenecieron a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), así como las autoridades del Estado.

La reforma también adiciona un nuevo artículo, en el que indica que “toda persona que haya sido juzgada y se encuentre en cumplimiento de condena o se encuentre en proceso penal y se le decretaron medidas de coerción, tales como auto procesamiento, prisión preventiva, medidas sustitutivas de la prisión preventiva, conducción y aprehensión por delitos enmarcados en dicha ley, se le deberá decretar la amnistía y el sobreseimiento en su caso, y ordenarse su libertad por el tribunal correspondiente en el plazo de veinticuatro horas”

La aprobación en redacción final del préstamo para el Programa Crecer Sano fracasó en el Congreso. Pese a que diputados habían manifestado tener acuerdos y enmiendas, solo 83 congresistas estuvieron presentes y por falta de quórum se levantó la sesión.

El diputado Javier Hernández de FCN Nación aseguró que desconocía por qué una bancada completa (UNE) se ausentó. Dijo que aún tenían esta semana para aprobar el préstamo, de lo contrario se perderían los recursos destinados al combate a la desnutrición.

El préstamo de 100 millones de dólares beneficiaría a niños menores de cinco años y a mujeres en edad reproductiva de al menos siete departamentos. Entre estos Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Chiquimula, San Marcos, Totonicapán y Sololá.

El proyecto Crecer Sano comenzó en marzo del 2017 y según la planificación terminaría en 2022. El 22 de marzo es el plazo fatal para firmar el convenio entre el Gobierno de Guatemala y el Banco Mundial, de no lograrse no habrían fondos para financiar el programa.

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