La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió otorgar un recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y revocó el amparo provisional que el Juzgado Quinto Civil, constituido en tribunal de amparo, había concedido a favor de la directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, con el cual ella se mantenía en el puesto por tiempo indefinido.

De hecho, el pasado 21 de diciembre, la CC rechazó una apelación presentada por el entonces presidente Alejandro Giammattei, que buscaba poder nombrar a nuevo director para el Instituto de la Víctima, cuyo periodo de la actual había concluido el 20 del mismo mes. Carrillo fue nombrada por el expresidente Jimmy Morales.

Sin embargo, la nueva resolución de la CC abre el camino para que el presidente Bernardo Arévalo pueda gestionar la destitución de Carrillo y nombrar a otra persona en el puesto.

La resolución de la CC detalla que se resuelve con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Estado de Guatemala, por medio del abogado de la PGN, Érick Gabriel Menéndez Avilés.

Además, señala que “revoca el numeral VII del auto apelado y, al resolver conforme a Derecho, deniega el amparo provisional solicitado, siendo este fallo el que debe surtir efectos dentro de los amparos acumulados de mérito, con relación a la solicitud de protección temporal interina”.

Argumento

Según el argumento de la acción de amparo del Instituto de la Víctima, no se puede hacer un nombramiento porque no existe un procedimiento regulado para hacerlo, lo que haría que la decisión pueda ser incluso discrecional.

En el 2019, el Congreso reformó la Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, que estipula que el cargo de director será delegado por el presidente de la República y que la función del puesto es para una duración de cuatro años.

El artículo 16 de la normativa estipula que el director solamente podrá ser removido por causa justificada, estipulando una sentencia condenatoria firme, redacción similar a la normativa que impide al presidente la destitución del fiscal general del Ministerio Público (MP).

Alejandra Carrillo fue nombrada directora del Instituto de la Víctima el 20 de diciembre de 2019 y designada para el puesto por el entonces presidente Jimmy Morales.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, indicó este miércoles 20 de diciembre durante su informe que hubo un atentado contra la magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), Leyla Lemus.

“Estas fuerzas de alguna manera continuarán y continuarán luego del 14 de enero, el atentado frente a la casa de la magistrada Leyla Lemus así lo demuestra”, manifestó el funcionario.

En ese sentido, Prensa Libre y Noticiero Guatevisión consultaron a la magistrada Lemus, quien afirmó que el Ministerio Público se está encargando de la investigación a través de la unidad de Crimen Organizado.

El Departamento de Comunicación de la CC amplió información sobre lo expresado por el secretario Luis Almagro durante la presentación de su informe ante la OEA.

Afirmó que “en efecto el lunes 11 de diciembre ocurrió un incidente frente a la residencia de la señora magistrada, durante el cual incendiaron una patrulla que se encontraba asignada a brindar seguridad a la residencia”.

Agregó que derivado de la naturaleza del asunto, “el hecho fue puesto de conocimiento a las autoridades correspondientes para que sea investigado y determinar los responsables del mismo”.

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Con la muerte de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la ausencia de otro por enfermedad, el presidente Alejandro Giammattei dice que hay un vacío constitucional “muy peligroso”, porque a su criterio esta está desintegrada.

Las declaraciones del mandatario se dan luego de que los magistrados de la CC reprogramaran para el martes 6 de octubre la sesión para conocer el caso del magistrado titular Neftaly Aldana, cuya familia pide que sea suspendido, debido a que sufrió dos derrames cerebrales que le imposibilitan desempeñarse en el cargo.

Por lo anterior y ante el fallecimiento del magistrado titular Bonerge Mejía Orellana, el 5 de septiembre último, Giammattei asegura que la CC está desintegra y urge a los togados a que convoquen al Colegio de Abogados y a la Cortes Suprema de Justicia (CSJ) para designen a los sucesores, quienes deben concluir mandato el 14 de abril del 2021.

“No puede haber fallos constitucionales, ahora los temas constitucionales no pueden ser conocidos porque se requiere de la integración de siete magistrados, de los cuales tienen que estar cinco titulares y dos suplentes. Hay un vacío constitucional muy peligroso, esta constitución nos costó sangre, sudor y lágrimas y representa un pacto social que está en riesgo”, dijo el mandatario.

“La Corte prácticamente está desintegrada, se queda con dos titulares menos, los suplentes de parte de la Corte Suprema de Justicia no existen, y ahora el único llamado que podemos hacer es a respetar la constitucionalidad y hacer un llamado a la CC para que proceda a convocar al Colegio de Abogados y a la CSJ para que puedan integrar la Corte lo antes posible y podamos superar esta crisis; agregó el presidente, quien espera que este lunes sea aceptada la cesantía de Aldana.

Aldana es representante en la CC de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que, de autorizarle la suspensión, esta tendría que elegir al sucesor, lo que anticiparía reacciones de desconfianza ante varios señalamientos de la actual CSJ, y cuyos magistrados debieron entregar el cargo.

Según informaron fuentes de la CC, al togado se le otorgó una licencia por sus padecimientos el 3 de julio y se ha venido prorrogando. La misma vence este sábado, pero la familia solicitó que no se prorrogue, aún si fuera sin goce de salario, por temor a su cuadro clínico.