También surgieron incidentes en la cabecera de Totonicapán, Almolonga (Quetzaltenango), Sololá y Cunén (Quiché), derivados de disposiciones de autoridades para contener el covid 19.

En San Francisco El Alto las exigencias, según indicaron manifestantes a medios de comunicación locales, surgen porque no permiten transportar sus productos a pequeños y medianos agricultores, pero el gobierno sí permite el transporte de productos de empresas.

En algunos tramos se colocaron rocas y quemaron llantas.

Por la tarde la Policía Nacional Civil (PNC) informó que la Sub Estación 44-3 con sede en San Francisco El Alto, denunció que fueron atacados por un grupo de vecinos de Aldea Rancho de Teja, quienes les cerraron el paso para atender llamado de emergencia por parte de un vecino.

Bloqueos para el paso de camiones de carga, y otros vehículos, se dieron en Sololá, y Cunén (Quiché) este sábado, además el viernes 15 sucedió algo similar en Los Encuentros.

Manifestantes en Sololá pidieron que les permitan pasar sus productos, y en medio de los bloqueos el gobernador de Sololá, Rodolfo Salazar, fue agredido por manifestantes que paralizaron el tránsito sobre la carretera Interamericana en Los Encuentros.

Salazar les dijo aunque los dejen pasar con sus cosecha no podrán entregar el producto porque todos los mercados del país están cerrados. Se les pidió esperar porque según disposiciones del gobierno hay restricciones de movilización y los mercados volverán a abrir el lunes 18 de mayo, por lo que se les pidió esperar.

Este sábado también se dio un incidente entre vendedores ambulantes y elementos de Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Totonicapán luego de efectuar operativos para velar por las restricciones de horarios establecidos por el gobierno donde se prohíbe las ventas en las calles y mercados.

En Almolonga, Quetzaltenango se intensificaron los controles de ingresos al municipio debido a que se confirmó dos casos de covid-19. Luego de las medidas surgió tensión en los pobladores quienes arremetieron contra autoridades y periodistas.. En los mercados los pobladores mostraron su descontento por no permitirles vender su producto, lugar donde viven de la agricultura.

El Ministerio de Agricultura informó que 17 mil 830 familias de 13 comunidades del corredor seco de Quiché, salieron afectadas por la larga canícula.

Los agricultores claman por ayuda

Según el representante del Ministerio de Agricultura necesitan 30 millones de quetzales para cubrir las pérdidas en todo el país y no los tienen.

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En relación a que los datos no coincidieron con los efectuados por las municipalidades manifestó que el poco personal y recursos provocaron ese problema.

El alcalde de Joyabaj señaló que el informe detalla que 4232 familias salieron afectadas. Tras un recorrido la municipalidad identificó a más de 10 mil afectados.

La Comisión Interagencial empezó a mediados de junio con el proceso de levantamiento de información en campo, con el fin de hacer el cálculo de las pérdidas, cuantificar los daños, así como del proceso de reconstrucción y sus costos.

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Miguel Ángel Moir, jefe de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), resaltó que una vez cuantificado el total de las pérdidas se procederá a la recuperación de los medios de vida y producción de las personas damnificadas, sobre todo en vivienda, que es el principal activo de las familias.

La evaluación estuvo a cargo de Omar D. Bello quien presentó los siguientes resultados:

• Sector social: Q394 millones.
• Infraestructura: Q102 millones.
• Sector productivo: Q1 mil 033 millones.
• Ambiente: Q88 millones.
• Costo de emergencia: Q20 millones.
• Sector Público: Q201 millones.
• Sector Privado: Q1 mil 441 millones.

“Fue un análisis y es una estimación piso, por lo que el informe tuvo ciertos atrasos por situaciones de la propia emergencia”, dijo el especialista de la Cepal.

Moir de Segeplan refirió en junio pasado que los resultados serían la base para empezar con el proceso del plan de recuperación con transformación y definir los criterios de intervenciones por cada ministerio en sus áreas.

La delegación

El equipo técnico fue liderado por Omar D. Bello, coordinador de la Unidad de Desarrollo Sostenible y Evaluación de Desastres de la Cepal, a solicitud del Gobierno de Guatemala.

La Comisión fue conformada por 75 personas, entre especialistas de organismos internacionales y técnicos de varias instituciones estatales que harán la medición en Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla.

Karin Slowing, exjefa de Segeplan, indicó que cada evaluación de una catástrofe natural tiene un proceso diferente de medir y que lleva un tiempo determinado.

“No es lo mismo hacer un recuento de daños y pérdidas por un huracán, una inundación, un terremoto o una erupción”, dijo.

Recordó que en la erupción uno de los riesgos son los lahares —deslizamientos de tierra— que pueden representar un peligro para los técnicos y podría ser que a eso se deba el retraso del informe de daños y pérdidas.

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Fase decisiva

En junio, el Consejo Científico de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró como inhabitables la comunidad de San Miguel Los Lotes, Escuintla y la finca La Reunión, Sacatepéquez.

Con esa medida se adoptarán las decisiones para la fase de reconstrucción, según Moir. En la resolución de Conred se determinó cuáles son las áreas propensas a sufrir descensos de lahares y flujos piroclásticos, y que se recomiendan ser declaradas inhabitables.

También se identificó que 172 comunidades cercanas al volcán son áreas de alto riesgo, lo que se considerará en la reconstrucción.