La CorteIDH, que hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sesionó en Bogotá por invitación del Gobierno colombiano hasta este viernes y abordó en audiencias públicas casos en los que se discutió la eventual responsabilidad internacional de Chile, Guatemala y Brasil por supuestas violaciones de derechos fundamentales de esos Estados contra civiles.

“Los derechos humanos en la región están en una situación en algunos aspectos complicados. En otros aspectos vemos que hay reacciones que permiten verificar que algunos niveles de respeto derechos están mejorando”, asegura el presidente del organismo regional.

La razón de ser

En más de 40 años de existencia, según explica Pérez, la función esencial de la Corte es juzgar casos en los cuales se denuncia a un Estado por eventuales incumplimientos a derechos recogidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aunque también tiene otras competencias que las expresa a través de opiniones consultivas y de dictar medidas provisionales.

“Hemos manifestado nuestra preocupación por algunos aspectos que tienen que ver con el deterioro de algunos sistemas democráticos, con afectaciones en algunos casos a independencia judicial y a la libertad de expresión. Eso a partir de elementos puntuales que la Corte ve a través de sus casos”, explica.

En ese sentido dice que el tribunal internacional ha revisado casos que tienen que ver con derechos civiles y libertad de expresión; independencia judicial, y otros vinculados con el derecho de igualdad.

Sobre este último tema remarca que “siguen existiendo conductas discriminatorias contra personas en función de su pensamiento político, de su condición sexual, su pertenencia étnica, de su edad, de su de su género, entonces ahí vemos que hay procesos discriminatorios que lamentablemente siguen apareciendo”.

Crisis climática

En un mundo cambiante, dice Pérez, también aparecen nuevas problemáticas que están vinculadas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que tienen que ver también con asuntos vinculados con la igualdad, pobreza, acceso a la salud, trabajo y que por sus persistencia siguen sin resolverse pese al paso del tiempo.

“Encontramos que esas causas (las que originan la vulneración de derechos) siguen manteniéndose a lo largo del tiempo y que todavía es posible adoptar medidas, sobre todo de no restitución para que los estados adopten decisiones que permitan de alguna forma intentar evitar que la violación del derecho se mantenga”, puntualiza.

Ahora, otro punto de atención mundial es “toda la preocupación sobre medio ambiente y efectos del cambio climático”.

Por ello dice que la Corte está trabajando en una Opinión Consultiva en la que se analiza la situación del cambio climático y de qué manera afecta la región, zona en la que las desigualdades son mayores.

Lo que se busca es construir una serie de recomendaciones “de cuál debería ser una línea de coherencia en cuanto a preservar a la región y a nuestra ciudadanía de la mejor manera contra los efectos negativos del cambio climático”.

Pérez Manrique recordó que la región es muy vulnerable al cambio climático, a la deforestación que, sin duda, afecta a la gente y sus derechos fundamentales porque los que más lo sufren son los menos favorecidos.

Ni de derecha ni de izquierda

La CorteIDH ha sido señalada por algunos sectores de ser parcializada e incluso de tener una postura que favorece a la izquierda a lo que Pérez señala que no hay nada de eso.

“Los derechos humanos no le pertenecen ni a ningún sector político, ni a ningún sector social, no son de izquierda ni de derecha, son de los de cada uno de nosotros”, puntualiza.

El presidente del tribunal explica que los derechos humanos están fundados en la dignidad humana y “la dignidad humana es algo que nace con la propia persona (…) y nos une a todos como integrantes de una misma categoría de seres que somos los seres humanos”.

Pérez Manrique, que termina su período como presidente de la CorteIDH al final de este año, espera que se le recuerde como la persona que trabajó para abrir la entidad a las personas y que como cabeza de la institución luchó por los derechos civiles y políticos, la independencia judicial y la libertad de expresión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó este viernes 27 de agosto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) mantener medidas provisionales al exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, y dos fiscales más, quienes tienen a su cargo la investigación de casos de ejecuciones extrajudiciales.

“La Comisión le solicita que reitere al Estado (de Guatemala) su deber de asegurar que los operadores de justicia cuenten con las garantías de seguridad en términos de las sentencias que se han dictado, solicitando que se continúe con el monitoreo cercano de los propuestos beneficiarios”, dijo Esmeralda Arosemena de Troitino, relatora de país para Guatemala de la CIDH durante una audiencia pública de la CorteIDH de solicitud de medidas cautelares por los casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el operativo “Plan Gavilán” entre 2005 y 2006.

Alejandro Rodríguez, representante de una de las víctimas, dijo que en ese operativo participaron funcionarios del actual gobierno, entre ellos el presidente Alejandro Giammattei, el ministro de Gobernación Gendri Reyes y el procurador general de la Nación Luis Donado.

Arosemena señaló que el 28 de julio pasado se presentó la solicitud de otorgamiento de medidas provisionales a favor de Sandoval y dos fiscales más, identificados como B y C, para que el Estado les brinde medias de protección y que se restituya al exjefe de la Feci; además que se garantice la estabilidad laboral de los otros dos para que las investigaciones que efectúan sigan su curso.

Esta solicitud se relaciona con dos sentencias emitidas el 11 de octubre de 2019 en el caso de la muerte de dos reos, donde la Corte se refirió a la situación de las personas involucradas en el proceso penal por la muerte de Tirso Román Valenzuela Ávila y decidió que el Estado debe continuar con las investigaciones para procesar y juzgar a los responsables de esa muerte.

“La Comisión considera que la solicitud planteada se diserta en un contexto monitoreado por la CIDH referido a la situación de las y los operadores de justicia del país, y en particular observa con preocupación de este contexto adverso hacia las labores de la Feci y otros órganos del sistema de justicia en la lucha contra la corrupción, a través de acciones o medidas que tienen como efecto el debilitamiento de las y los operadores de justicia, por consiguiente, eso representa severos retroceso en la lucha contra la corrupción en el país ”, señaló Arosemena.

Añadió que “la Comisión considera que la situación de las personas propuestas como beneficiarias se encuentran íntimamente ligadas a la situación contextual referida, y por tanto corresponde al Estado que los propuestos beneficiarios cuenten con las debidas garantías para desempeñar sus funciones de manera adecuada, independiente e imparcial, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y de conformidad con lo resuelto por esta Corte en sentencias dictadas”.

 No tiene competencia

Jorge Luis Donado, procurador general de la Nación, señaló que la Corte “debe rechazar las medidas provisionales solicitadas en el marco de la supervisión de sentencias dictadas en los casos Valenzuela versus Guatemala y Ruiz Fuentes y otras versus Guatemala”.

“Es preocupante la falta de fundamento jurídico con la que los representantes solicitaron las medidas provisionales, así como la decisión misma de esta Corte mediante nota de fecha 25 de agosto de 2021 en la que se limita el objeto de la presente audiencia exclusivamente sobre la solicitud de restituir al licenciado Sandoval como fiscal de sección”, añadió.

El jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN) agregó que “llama la atención cómo se pretende hacer la presente solicitud para focalizar a uno de los tres propuestos beneficiarios, desnaturalizando el procedimiento actual y demostrando que la integridad y la vida tanto del fiscal B como del auxiliar fiscal C no representan urgencia y necesidad que manifiestan los representantes, ya que se brinda un trato distinto, diferenciado y atención privilegiada a la petición del licenciado Sandoval”.

Donado dijo que “estimamos que la Corte no tiene competencia apara conocer la presente solicitud y la medida provisional y en todo caso no puede ser entregada en virtud de no concurrir los elementos establecidos en el articulo 63.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”.

Además justificó que “es improcedente que la Corte entre a conocer la solicitud de adoptar como medida provisional la restitución de Sandoval, puesto que la solicitud de los representantes pretende obtener la protección y restitución de un derecho laboral, cuando no se han agotado los recursos interpuestos  ante la referida restitución” y que si la Corte llegase a otorgar las medidas provisionales estaría prejuzgando de manera indirecta, “lo que constituye una grave violación al derecho internacional”.

Por aparte, Jordán Rodas Andrade, procurador de los Derechos Humanos, reconoce la competencia de la Corte para conocer la solicitud, “porque la justicia, el trabajo y el debido proceso son derechos humanos y estos han sido vulnerados por el Estado de Guatemala de forma flagrante, al hacer referencia a la destitución de Sandoval al frente de la Feci.

“No es un hecho casual. Los funcionarios íntegros han tenido que salir al exilio, lo que es una señal alarmante, lo que nos pone a las puertas de un régimen autoritario en Guatemala. Es importante que se reinstale al fiscal Sandoval para dejar un precedente ante otros estados.

El tribunal con sede en San José consideró que el Estado nicaragüense ejerció violencia institucional y discriminación contra la menor “en razón de su género y su condición de niña”, informó en un comunicado.

Según la CorteIDH, no se le garantizó el acceso a la justicia cuando su madre llevó el caso a los tribunales en 2001. Al año siguiente, la justicia declaró inocente al imputado en el caso.

“El Estado se convirtió en un segundo agresor”, determinó la Corte interamericana en su sentencia, divulgada este miércoles.

Hicieron que la niña se pusiera en la posición en que la violaron

Consideró “particularmente grave” que las autoridades estatales hayan requerido que la niña participara de diligencias judiciales como narrar repetidamente los hechos, colocarse en la posición que fue abusada y ser fotografiada en esa postura.

También se le sometió a “revisiones ginecológicas reiteradas“, que agravaron el trauma que sufrió por los abusos.

“En lugar de protegerla y brindarle mecanismos de contención que la hagan sentirse segura, entendida y escuchada, tal como es la obligación estatal, la niña fue sujeta a un proceso de revictimización“, determinaron los juristas de la Corte.

Además, la Corte ordenó a Nicaragua disponer medidas de reparación dirigidas a evitar que casos así se repitan, como adoptar protocolos de investigación y actuación durante el proceso penal, así como de atención integral para menores víctimas de violencia sexual.

También ordenó crear una figura especializada que brinde asistencia jurídica gratuita a menores víctimas de delitos, especialmente de violencia sexual.

]]> 185375 https://www.guatevision.com/noticias/internacional/corteidh-condena-al-estado-de-guatemala-por-adopcion-irregular Fri, 18 May 2018 23:00:41 +0000 https://www.guatevision.com/?post_type=post-noticias&p=183529

La CorteIDH emitió el jueves la sentencia condenatoria contra el Estado guatemalteco por separar arbitrariamente a los hermanos Ramírez de su familia y posteriormente dar en adopción irregular a dos familias distintas de Estados Unidos.

“Esta medida contribuirá a evitar la repetición (…) y la sentencia emitida puede coadyuvar para mejorar la precaria situación de la niñez en Guatemala“, consideró Leonel Dubón, director ejecutivo de la asociación guatemalteca El Refugio de la Niñez.

En tanto, Marcela Martino, subdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para Centroamérica y México, consideró que el fallo es positivo porque “aborda las causas estructurales que originaron la vulneración de los derechos de los niños”

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Entre esas causas figuran “la discriminación por su condición de pobreza y los estereotipos vinculados a los roles de género”, agregó Martino.

El Refugio de la Niñez y el CEJIL fueron representantes de las víctimas en este caso.

Adopciones en marco de corrupción

Según la sentencia, estas adopciones “se dieron dentro de un marco de corrupción, en el que un conjunto de actores e instituciones públicas y privadas operaban bajo el manto de la protección del interés superior del niño, pero con el real propósito de obtener su propio enriquecimiento”.

Osmín Tobar Ramírez y su hermano J.R. fueron separados de sus padres en 1997 cuando tenían 7 y 2 años, respectivamente, a través de un proceso de declaración de supuesto abandono y luego institucionalizados para entregarlos en adopción a las familias estadounidenses.

En julio de 1998, Osmín fue llevado con su familia adoptiva a la ciudad estadounidense de Pittsburgh (Pensilvania, este). Su hermano corrió un destino similar, aunque hasta el momento no se sabe dónde está.

Osmín, ahora de 28 años, pudo reencontrarse con su familia biológica gracias a las redes sociales en 2009. Actualmente vive en Guatemala, y se ha convertido en la voz de 27.871 niños guatemaltecos que fueron víctimas de una red ilegal de adopciones internacionales entre 1996 y 2006.

El suyo es el primer caso de este tipo que conoce la CorteIDH.

Guatemala era considerado uno de los países con más casos de adopciones ilegales, pero en 2007 cambió su legislación para endurecer los controles.

Antes de esa fecha se daban en adopción unos 5.000 niños cada año, 95% a parejas estadounidenses, en operaciones que generaban unos 250 millones de dólares anuales.