La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) informó este lunes 19 de septiembre que con base en su mandato legal, da cumplimiento a la sentencia del Caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH-.

Explicó que entre los otros puntos resolutivos a cumplir están: brindar atención medica psicosocial de manera gratuita, garantizar, a través de las instituciones de salud, que la atención medica se otorgue en la clínica más cercana al lugar de residencia de las víctimas, asumiendo los costos de traslado.

También, implementar mecanismos de fiscalización y supervisión de los servicios de salud, mejorar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de las prestaciones de salud para las personas que viven con el VIH.

Además, garantizar la provisión de antirretrovirales y la demás medicación indicada a toda persona afectada, ofrecer a la población las pruebas diagnósticas para la detección del VIH.

La sentencia ordena que se debe poner en marcha un cronograma de capacitación para funcionarios del sistema de salud, garantizar tratamiento médico adecuado a mujeres embarazadas con VIH, realizar campañas de concientización y sensibilización.

Asimismo, realizar los pagos indemnizatorios en concepto de daño material e inmaterial a favor de las víctimas con vida y familiares de las víctimas fallecidas.

De qué trata el caso

Según sentencia de la Corte IDH, del 23 de agosto de 2018, al 2 de diciembre del 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, sometió el caso a la Corte IDH, por la presunta responsabilidad internacional del Estado, por la violación de diversos derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de 49 personas, quienes fueron diagnosticadas con VIH en los años 1992 y 2003.

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La Copadeh afirmó que dentro del marco de su competencia, asesora y coordina para dar cumplimiento a cada uno de los compromisos ya descritos, por lo cual realiza la coordinación de reuniones interinstitucionales, con el objetivo de fijar rutas de trabajo y avanzar en el cumplimiento de los compromisos.

Foto principal: El listón rojo es símbolo del conocimiento y el compromiso a favor del trabajo preventivo y solidario hacia las personas con VIH y sida. (Foto Guatevisión: Pexels)

Alejandro Giammattei participo este martes 28 de junio en la Sesión Protocolar ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el criticó que Guatemala la hayan incluido el capítulo IV.B del informe de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de estos derechos.

Desde 2015 que Guatemala no era incluida en el capítulo IV.B del informe de derechos humanos de la CIDH, y en este se incluyen informes especiales sobre países que requieren una “atención especial” por parte del organismo, según los criterios establecidos en el Artículo 59.6 de su Reglamento.

En ese año, Guatemala ya había sido incluida en el informe debido a “situaciones estructurales en materia de justicia, seguridad ciudadana, marginación y discriminación”

Ese capítulo es conocido como la “lista negra” puesto que incluye a países como Cuba y Venezuela y, desde el 2018, a Nicaragua. También han figurado otras naciones como Colombia y Honduras.

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La CIDH destacó en su informe de 2021, publicado en mayo pasado, “el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática” en el país, dirigido por el presidente Alejandro Giammattei, “las injerencias sistemáticas contra la independencia” del sistema judicial, las “irregularidades en el proceso de elección de magistrados”, así como “la criminalización y estigmatización” de los jueces.

Qué dijo Giammattei en la OEA

En la sesión estaban los representantes de la OEA, el secretario general, Luis Almagro y Elizabeth Darius-Clark, representante permanente de Santa Lucía que tiene la presidencia rotatoria del Consejo Permanente de la OEA.

Antes de la participación de Giammattei, Almagro pidió un minuto de silencio por los migrantes que murieron en San Antonio, Texas, EE. UU., entre los que habían varios guatemaltecos.

El mandatario le dijo a la presidenta Elizabeth Darius-Clark que se ha tomado nota el informe anual 2021 de la CIDH, el cual fue hecho público antes de su presentación oficial ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de laOEA, con lo cual se había alterado la costumbre y tradición en cuanto a la temporalidad y a la formalidad la presentación de dicho informe.

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Señaló que oportunamente el Estado de Guatemala expresó su inconformidad “de manera enérgica” y lamentó la decisión de la CIDH de incluir a Guatemala en el en el capítulo IV B, cuando la situación actual del país en materia de derechos humanos y combate a la corrupción no corresponde y es contraria a los supuestos previstos en la citada acción.

El mandatario afirmó que eso “no se ajusta al criterio de inclusión que requiere la existencia de un acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del poder que socave o contraria al estado de derecho, tal y como lo indica, y tampoco existe una infracción sistemática de la independencia del poder judicial y mucho menos actos de insubordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil constituida conforme a la ley, en virtud de que la actual de los distintos órganos de la administración de justicia del país es independiente y en observancia de toda garantía constitucional y convencional”, dijo el mandatario en su mensaje.

Criticó que el informe no visibiliza las acciones, logros y metas alcanzados por el Estado de Guatemala y las acciones y gestiones estatales “que se traducen en el esfuerzo y trabajo diligente de los empleados y funcionarios públicos, los cuales abogan por el respeto irrestricto del orden jurídico interno y el marco convencional vigente en el país”.

Giammattei también comentó que ser demerita la inversión y el gasto del erario público en los programas de acciones concretas para salvaguardar los derechos humanos de los habitantes o en su caso, la reparación digna a las personas vulneradas y sus derechos fundamentales.

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Puntualizó que el capítulo IV B, se encuentra plagado de errores de metodología que evidencian la falta de rigor jurídico y el sesgo ideológico y que eso afecta a Guatemala,  porque el informe hace referencia y cuestiona resoluciones judiciales. Mencionó que la CIDH debe actuar en forma subsidiaria y no como una cuarta instancia dentro de las instituciones judiciales de un país y tampoco es la CIDH revisora o juzgadora de las resoluciones internas las cuales tienen regulados sus propios mecanismos de impugnación

“Cuestionar esas resoluciones sin que hay sin que haya sido agotado en el ámbito interno todos los recursos y que sin que exista un informe de fondo de la CIDH bajo el sistema de peticiones casos es una clara arbitrariedad y un error metodológico grosero”, dijo Giammattei.

También explicó que el informe cuestiona las investigaciones en curso contra distintos fiscales y jueces que “abusaron de su poder en el fuero interno, que violaron el debido proceso y violaron los derechos humanos de muchos ciudadanos, en algunos casos, hubo personas que murieron después de 3 años de estar en prisión provisional, una figura jurídica que no está reconocido en el ordenamiento legal, pero que fue puesta de moda recientemente. Ese su defecto procesal que nos dejó la triste historia de la Cicig en en Guatemala”, detalló.

“Cuestionar estas investigaciones socava nuestra institucionalidad y quebranta también el principio de subsidiariedad o complementariedad de la CIDH. Este nuevo gravísimo error metodológico evidencia un claro activismo ideológico carente de objetividad”, afirmó Giammattei.

Giammattei también señala que el informe cuestiona que Guatemala haya firmado el Consenso de Ginebra que reconoce, tal y como lo hace la Convención Americana de Derechos Humanos,  la vida desde su concepción.

“¿Cómo puede la CIDH cuestionar un acto soberano de la política exterior que está en consonancia con el artículo cuatro de la Convención Americana de los Derechos Humanos? Existe otro error metodológico que bien sea una agenda en favor del aborto que se exceden sus competencias, porque la CIDH no debería ser activista en estos temas, sino respetar la soberanía y la libertad de cada estado para decidir sobre estos temas”, señaló el presidente guatemalteco.

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Acusa a la CIDH de extorsión

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, acusó a la CIDH de “extorsión” y la criticó duramente por haber incluido a este país entre los que vulneran los derechos humanos, una decisión con un claro “sesgo ideológico”, consideró.

En su intervención Giammattei señaló como una “extorsión” y una “amenaza” la nota que el Consejo envió al Gobierno de Guatemala exigiendo que recibiera a una delegación de este organismo para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos o por el contrario el país sería incluido en el citado apartado.

“Y nosotros no permitimos ni la amenaza ni la extorsión”, añadió.

Recalcó su disconformidad por incluir a Guatemala en ese apartado “cuando la situación actual del país en materia derechos humanos no corresponde y es contraria a los supuestos previstos”.

Señaló así que “no se ajusta” a los criterios que hablan de “un ejercicio abusivo del poder que socave el Estado de derecho” y consideró que “tampoco hay una infracción sistemática de la independencia del poder judicial y mucho menos actos de insubordinación a las instituciones del Estado”.

“El apartado se encuentra plagado de errores metodológicos que evidencia la falta de rigor jurídico y el sesgo ideológico que afecta a Guatemala” dijo Giammattei sobre la decisión del CIDH.

Además consideró que este organismo debe “actuar de forma subsidiaria y no como cuarta instancia de las instituciones judiciales de un país”.

La comisión, continuó, “tampoco es revisora o juzgadora de las resoluciones internas” del país.

Por todo ello pidió a la CIDH que “reconozca y respete las autonomías de los Estados”, tome sus decisiones con “objetividad, sin sesgos que polaricen a las sociedades” y no se utilice como “método perverso para entronizar ideologías”.

La razón del arresto de Rojas Marín, una peruana transgénero que en ese entonces era un hombre homosexual, era verificar su identidad, debido a que no llevaba documentos.

Eso fue lo que le dijeron los agentes que la llevaron a la comisaría de su ciudad, Casa Grande, en la costa norte de Perú.

Esa detención fue el inicio de una batalla legal de más de diez años del que acabaría convertido en el primer caso por discriminación a una persona LGBTI que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Este martes fue la primera audiencia de su demanda contra el Estado peruano, que según le dijo a BBC Mundo, está investigando los hechos por segunda vez, ante las demandas internacionales.

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La madrugada del arresto, en la estación de policía, tres guardias la agredieron física, sexual y verbalmente, con frases homofóbicas, dice el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) de Perú, una de las organizaciones que defiende a la agraviada.

“La tocaron y desnudaron a la fuerza. Mientras dos de ellos la sujetaban de los brazos y piernas, un tercero le introdujo una vara de goma en el recto en dos ocasiones, lo cual le causó lesiones sangrantes”, añade Promsex.

“Durante estos actos de tortura sexual se le exigía reiteradamente que indicara el paradero de su hermano, quien era sospechoso de haber cometido un crimen”, asegura la ONG.

Después de unas horas, la liberaron.

El caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Ese mismo día, Rojas Marín fue a denunciar el incidente a la misma comisaría de Casa Grande, pero no la atendieron.

Entonces, la joven acudió a los medios de comunicación y la Fiscalía, detalla Promsex.

Rojas Marín denunció a los tres policías por violación, abuso de autoridad y tortura. Pero la Fiscalía desestimó al cargo por tortura y, en enero de 2009, el Poder Judicial archivó las demandas por violación y abuso de autoridad.

Luego de agotar las vías nacionales, tres organizaciones ayudaron a Rojas Marín a llevar su caso a instancias internacionales: Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Redress Trust, que busca reparaciones para sobrevivientes de tortura.

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Estas tres entidades presentaron el proceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que Rojas Marín había sido víctima de una “detención ilegal y arbitraria […], y tortura sexual […] motivadas por su orientación sexual no heterosexual”, explica Promsex.

Las organizaciones argumentaron también que las autoridades habían violado los derechos de Rojas Marín a la integridad y a la libertad personal, al respeto a la honra y a la dignidad, a la igualdad ante la ley, y al debido proceso y a la protección judicial.

Ensañamiento y tortura

La CIDH determinó en agosto de 2018 que en el caso de Rojas Marín no se habían cumplido los requisitos de la detención con fines de identificación, que es legal en algunas circunstancias.

https://twitter.com/CIDH/status/1166359870691520515

Gabriela Oporto, abogada de Rojas Marín, dijo a BBC Mundo que “el Estado falló en demostrar que la restricción de la libertad de Azul haya sido necesaria porque nunca se le dio la facilidad de acudir a su casa a encontrar su documento de identidad”.

“Los agentes estaban en la obligación de darle a Azul las facilidades para que encuentre su documento. Sin embargo no lo hicieron”, añadió.

En un informe de agosto de 2018, la CIDH señaló que “encontró elementos suficientes para considerar que […] existió un especial ensañamiento con la percepción de Azul Rojas Marín, para ese momento, como un hombre gay”.

“Lo sucedido a la víctima debe ser entendido como violencia por prejuicio y que se encuentran presentes los elementos constitutivos de la tortura”, concluyó también la CIDH.

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Además, la CIDH determinó que a lo largo de la investigación en instancias peruanas, “la víctima fue descalificada y su credibilidad puesta en duda de manera revictimizante”.

La CIDH consideró también que “el Estado contravino las obligaciones de atención y protección de una víctima que denuncia violencia sexual, con el factor agravado del prejuicio existente respecto de las personas LGBT”.

https://twitter.com/promsex/status/1166370107389546503

La CIDH recomendó al Estado reparar a Rojas Marín y a su madre, Juana Rosa Tanta Marín, así como investigar los hechos, imponer las sanciones correspondientes, ofrecer tratamiento médico y psicológico gratuito a las víctimas, y evitar que estos casos se repitan.

La madre de la demandante está incluida en el pedido de reparación debido a que según pericias psicológicas, “le causó mucho estrés y daño emocional el hecho de que Azul estuviera luchando tantos años para encontrar justicia”, explicó Oporto.

“La Corte reconoce que los familiares de las víctimas también pueden ser consideradas dentro de las reparaciones por cómo se ven afectadas a causa de lo que les ocurre a sus familiares”, añadió.

Si bien la CIDH reconoce que “el Estado peruano adoptó medidas para evitar que casos como este se repitan y para que se reabra la investigación penal […]”, señala que no ha cumplido con reparar a la víctima.

A la luz de estas conclusiones, la Comisión elevó el caso a la Corte IDH en agosto de 2018.

La Procuraduría Pública Especializada Supranacional de Perú, encargada de representar al país frente a la Corte IDH, envió un comunicado a BBC Mundo en el que asegura que el Estado peruano inició “una nueva investigación ante el Ministerio Público por el delito contra la Humanidad, en la Modalidad de Tortura”.

“El Estado peruano rechaza y condena todo tipo de discriminación en contra de las personas LGTBI+, y se compromete con la lucha contra la impunidad”, añade el mensaje de la Procuraduría.

Según la corte, al condenar a Manuel Martínez a la pena capital en 1995, y su ejecución por inyección letal el 10 de febrero de 1998, el Estado guatemalteco vulneró los principios de legalidad y derecho a la vida contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Martínez y otro hombre fueron acusados del asesinato de siete personas el 16 de mayo de 1995 en la aldea El Palmar, Chiquimula.

La CorteIDH cuestionó la actuación del defensor de los dos imputados, nombrado por el Estado, y señaló que las deficiencias ameritaban su sustitución por otro defensor.

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“la Corte determinó que Guatemala violó las garantías judiciales, toda vez que incumplió el deber de brindar garantías mínimas necesarias para una adecuada defensa”, dice la sentencia de la CorteIDH.

También ordenó al Estado de Guatemala a pagar una indemnización a la familia de la víctima, cuyo monto no fue revelado.

Grupos defensores de los derechos humanos presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a su vez lo elevó a la corte.

La pena de muerte está suspendida en Guatemala desde 2000 or un vacío legal surgido cuando el entonces presidente Alfonso Portillo pidió al Congreso derogar la postestad presidencial de otorgar indulto a los condenados a esta sentencia.

Posteriormente, en 2017, el máximo tribunal de justicia de Guatemala derogó la aplicación de la pena de muerte.

La Corte IDH señaló en su información que “de conformidad con todas las anteriores consideraciones y de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 63.2 de la Convención Americana, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los 14 casos indicados en el Considerando 50, la Corte requiere al Estado que interrumpa el trámite legislativo de la iniciativa de ley 5733 que pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional”  señaló parte del documento que presentó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

En la resolución se señaló que la reforma, es estaría “concediendo una amnistía para todas las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno y la archive“.

#ALERTA Tras audiencia por caso Molina Theissen, la @CorteIDH ordena al Estado de #Guatemala interrumpir y archivar el trámite de la iniciativa 5377 para reformar la Ley de Reconciliación Nacional que pretende mantener en impunidad los crímenes del conflicto. #NoALaAmnistía pic.twitter.com/6UfNJ4VhUR

— CEJIL (@cejil) March 13, 2019

A ello el Asesor Especial para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, que pidió a los miembros del Congreso de Guatemala a rechazar el proyecto de ley de revisión de la Ley de Reconciliación Nacional de 1996. El Asesor también expresó su profunda preocupación por las graves consecuencias que tendría la aprobación de este proyecto ley para la estabilidad del país y la cohesión de la sociedad guatemalteca.

Según el Asesor Especial, “el proyecto de ley representa una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia“. El Asesor Especial destacó que, a pesar de los muchos desafíos y retrasos que se han presentado a lo largo de los años, las recientes decisiones judiciales en los casos de Sepur Zarco, Molina Theissen y dos Erres han demostrado cómo un país puede trabajar para superar un legado de guerra e impunidad, y de este modo contribuir a la prevención de crímenes en el futuro.

El Asesor Especial destacó que “el juicio por genocidio contra el ex Jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt hace algunos años en los tribunales de Guatemala, envió un incuestionable mensaje al mundo de que la justicia puede prevalecer y de que nadie está por encima de la ley. Guatemala fue el primer país que enjuició en sus tribunales a un ex jefe de Estado por genocidio. ¿Qué mensaje y ejemplo enviará Guatemala al mundo si se aprueba este proyecto de ley? ¿Qué es la impunidad, y no la justicia, lo que prevalece después de todo? Esto constituiría una afrenta a las víctimas, una violación de sus derechos y un riesgo para su seguridad “.

#Comunicado Asesor Especial del Secretario General para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, urge al Congreso a rechazar la #iniciativa5377 que reforma Ley de Reconciliación Nacional https://t.co/I6uFwr73ec pic.twitter.com/tsqEQw2hZF

— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) March 13, 2019

La solicitud ante la CIDH

Este lunes 11 de marzo Familiares de un menor desaparecido durante el conflicto interno en Guatemala y defensores de derechos humanos alertaron este lunes sobre una reforma en discusión en el Congreso guatemalteco para instaurar una amnistía para crímenes cometidos durante la guerra civil.

Las advertencias se hicieron en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en San José, para evaluar el cumplimiento de la sentencia condenatoria contra el Estado guatemalteco por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen, a los 14 años.

El menor fue secuestrado por militares que incursionaron en su casa en octubre de 1981, un día después de que su hermana Emma, entonces de 21, escapara de un cuartel militar donde sufrió torturas y violación a manos de los solados.

Cuatro militares de alto rango fueron sentenciados en mayo de 2018 a más de 30 años de prisión por el caso.

Ana Lucrecia Molina Theissen, hermana de las víctimas, declaró en la audiencia: “La justicia alcanzada es una satisfacción para mí y para mi familia y para otras miles de víctimas de crímenes horrendos”.

Pero advirtió que la reforma a la ley de reconciliación nacional de 1996, que contempla amnistías para los crímenes cometidos durante el conflicto armado, será un retroceso en lo avanzado por la justicia.

“La reforma a la ley de reconciliación nacional que está a punto de aprobarse es un agravio más para Marco Antonio, Emma, mi familia y las decenas de miles de víctimas del terrorismo estatal”, sostuvo.

La ley de reconciliación nacional fue promulgada tras los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado en Guatemala (1960-1996), y excluyó la posibilidad de exculpar los delitos de lesa humanidad, como tortura y desaparición forzada de personas.

La reforma en discusión en Guatemala busca amnistiar esos delitos, y fue aprobada en dos debates legislativos, requiriendo un voto más para ser adoptada.

“La inminente aprobación y entrada en vigencia (de la reforma) alentaría la repetición de hechos violatorios, profundizaría la impunidad e incumpliría con los compromisos internacionales“, expuso en la audiencia la jurista Claudia Paz y Paz, directora regional del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Agregó que “esta iniciativa solo tiene un propósito: garantizar la impunidad a a los graves perpetradores de los crímenes” cometidos durante el conflicto armado.

El representante del Estado guatemalteco en la audiencia, Jorge Luis Borrayo, aseguró que el gobierno del presidente Jimmy Morales no tiene incidencia sobre la votación en marcha en el Congreso.

Los familiares reclamaron al gobierno la falta de atención a la búsqueda de los restos de Marco Antonio Molina.

“No se imaginan, le destrozan a uno la vida, mi corazón está siempre pensando lo mismo: ¿Dónde está mi hijo, qué hicieron con él?”, lamentó Emma Theissen, madre del desaparecido.

En la audiencia efectuada en la sede de la Cancillería salvadoreña, el panel de cinco jueces de la Corte IDH encabezados por su presidente el mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, escucharon los alegatos finales del caso tanto de la defensa de Gómez Virula, como de los abogados del Estado y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“El Estado de Guatemala no violó en ningún momento el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, libertad de asociación, protección judicial en perjuicio del señor Yovany Gómez Virula”, señaló en sus alegatos el representante del Estado, Felipe González.

Gómez Virula, de 23 años en el momento del crimen, era secretario de finanzas del Sindicato de Trabajadores de la Maquila RCA, una fábrica coreana de ropa en Ciudad de Guatemala.

Desapareció el 13 de marzo de 1995. Siete días después, su cuerpo fue encontrado abandonado con señales de tortura en un barranco en el norte de la capital. Organizaciones sociales sostienen que el crimen fue cometido por fuerzas de seguridad del Estado.

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González señaló en sus alegatos que en el caso de la muerte del sindicalista no existe “ninguna prueba orientada a la participación de agentes del Estado” en el mismo.

No obstante, Juan Francisco Soto, abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) que representa a la familia de la víctima, señaló en su alegato que el Estado guatemalteco “sí incumplió su deber de investigar” el asesinato de Gómez Virula.

El padre de la víctima, Antonio Gómez, tras responder a preguntas tanto de sus defensores y de los representantes del Estado de Guatemala, con voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas pidió “justicia” por la muerte de su hijo.

“Me sentí muy mal en aquel entonces, y es así como me siento ahora, pero lo que pido es justicia, nada más eso”, dijo Antonio Gómez a la AFP.

El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró en un informe que “el Estado (de Guatemala) incumplió su obligación de investigar con la debida diligencia” la desaparición y muerte del dirigente sindical. Eso fue ratificado este lunes por representantes de ese organismo durante la audiencia.

La defensa de Gómez Virula solicitó que la Corte IDH condene al Estado y establezca “reparaciones” económicas a favor de los padres del sindicalista asesinado.

El presidente de la Corte IDH indicó que las partes involucradas en el proceso tendrán que entregar sus alegatos finales “en forma escrita” a más tardar el 27 de setiembre próximo.

La audiencia se efectuó en el marco del 59 período extraordinario de sesiones de la Corte IDH.

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