La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) dictaminó que Guatemala violó la libertad de expresión de tres pueblos indígenas del país tras la persecución penal y allanamientos a radios comunitarias, una sentencia que fue aplaudida este martes 28 de diciembre por líderes indígenas.

La Corte-IDH, en un comunicado, señaló que “encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en perjuicio de los pueblos indígenas maya” kaqchikel, achí y mam.

Explicó que “tales violaciones ocurrieron principalmente” porque el “marco regulatorio” de la radiodifusión en el país “impidió, en la práctica, que estas comunidades indígenas pudieran operar legalmente sus radios comunitarias”.

“La Corte determinó que, la forma por la cual se encuentra regulada la radiodifusión en Guatemala consiste en una prohibición de facto, casi absoluta, al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas”, añadió.

De acuerdo con la sentencia, las radios “Ixchel” y “Uqul Tinamit La Voz del Pueblo”, en el oeste y norte del país, respectivamente, fueron allanadas en 2006 y 2012 por “autoridades estatales como resultado de órdenes judiciales dictadas en el marco de procesos penales”.

“Sus equipos de transmisión fueron confiscados y algunos de sus operadores, miembros de las respectivas comunidades, fueron procesados criminalmente”, señaló el texto.

La Corte-IDH detalló que las acciones fueron violatorias a los derechos de los pueblos indígenas en los municipios de Sumpango, Cajolá, Todos Santos Cuchumatán (oeste) y San Miguel Chicaj (norte).

Entre las “medidas de reparación”, la Corte-IDH ordenó “reservar a las radios comunitarias indígenas parte del espectro radioeléctrico” y  “abstenerse inmediatamente de (…) allanar dichas radios y aprehender sus equipos de trasmisión”.

“En Guatemala, se encuentran un aproximado de 424 emisoras de radio licenciadas en frecuencia FM y 90 en frecuencia AM, de las cuales, una es emisora comunitaria indígena. Por otro lado, existen diversas radios comunitarias operadas por pueblos indígenas que no cuentan con licencia del Estado para su funcionamiento”, indicó la Corte.

En Guatemala, un país de casi 17 millones de habitantes, los indígenas representan un poco más del 40%, aunque representantes de los pueblos nativos afirman que son el 65%.

Sentencia histórica

Cristian Otzin, representante de las organizaciones indígenas, señaló en conferencia de prensa que esa sentencia es histórica y que  sienta un precedente en la lucha por la libertad de expresión.

“Es una sentencia histórica donde se condena al Estado de Guatemala por la violación sistemática al derecho de libertad de expresión de los pueblos indígenas. Una batalla legal que inicia en el 2011 ante la Corte de Constitucionalidad, donde se denuncia el contenido discriminador y racista de la ley general de telecomunicaciones”, señaló Otzin.

“Las radios comunitarias han tocado puertas de funcionarios y funcionarias, pero no se ha tenido respuesta”, agregó.

Un cofrade de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz le exigió al Gobierno que cumpla y repare los daños causados a las comunidades, pues por medio de la radio “Uqul Tinamit La Voz del Pueblo” ellos transmitían las costumbres y tradiciones, pero debido a la persecución penal esa tarea fue interrumpida después de 12 años de trabajo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Guatemala por haber condenado a pena de muerte, por torturas y violaciones procesales contra Hugo Humberto Ruiz Fuentes, secuestró a un niño en agosto de 1997.

Guatemala deberá investigar y juzgar a los responsables de la muerte de Ruiz Fuentes, investigar y juzgar a responsables de delitos de tortura, así como capacitar a estudiantes a policías sobre la prohibición del empleo de la tortura.

En cuanto a resarcimiento, deberá dar US$60 mil a los deudos de Ruiz Fuentes: 25 por ciento a la cónyuge, 25 por ciento a la compañera permanente y 50 por ciento entre los hijos. Además, US$10 mil a una hermana que fue víctima colateral.

En un comunicado, el tribunal expuso que Ruiz Fuentes fue detenido el 6 de agosto de 1997 junto a otras cuatro personas, integrantes de la banda el General, por el plagio un día antes de un niño. Durante el arresto el sujeto recibió una paliza que ameritó hospitalización.

El 14 de mayo de 1999 fue condenado a la pena de muerte por secuestro. Los recursos legales ante una sala de Apelaciones y la Corte Suprema fueron rechazados, y no hay registro de que haya sido tramitado un recurso de gracia al Ministerio de Gobernación para reemplazar la pena capital por 50 años.

El 22 de octubre de 2005 Ruiz Fuentes se fugó de la cárcel el Infiernito junto a otros 19 internos. El 14 de noviembre de año fue encontrado muerto en Barberena, Santa Rosa. La Corte determinó que fue ejecutado por agentes estatales toda vez que hubo un disparo a corta distancia en el ojo derecho, hay testimonios de la presencia de agentes del Comando Antisecuestros aquel día cerca de la escena del crimen, hubo alteración de la escena del crimen, hubo contradicciones en versiones oficiales y, además, hay una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) respecto a ejecuciones extrajudiciales.

Sobre la parte procesal, la Corte señaló que el tribunal emitió condena por pena de muerte a pesar de que la legislación solo la establecía cuando la víctima había muerto, lo cual no fue el presente caso. Además, los jueces dieron 24 horas a un defensor recientemente designado para preparar su defensa y hubo “graves sufrimientos psíquicos” para Ruiz Fuentes por haber estado en el corredor de la muerte en un proceso con “numerosas falencias”.

Paralelo a esto, las violaciones del Estado contra el reo provocaron un “profundo” sufrimiento y angustia a una hermana de Ruiz Fuentes.

También quedó ligado, pero bajo medida sustitutiva, Jorge Martín Ortiz, un policía jubilado después de 25 años de servicio por haber omitido indicios cuando le asigaron el caso. El sindicado padece cáncer y diabetes.

La audiencia se celebró en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a puerta cerrada porque el caso está en reserva.

Bolaños Acevedo, comerciante en 2001, quedó ligado a proceso por asesinato, en tanto que Ortiz lo fue por obstaculiazación a la justicia.

Bolaños Acevedo no era desconocido en este caso. El 21 de julio de 2003 dio declaración ante el Ministerio Público, de acuerdo con el escrito de alegatos finales sobre el caso elaborado por la Red de Violencia contra las Mujeres, remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013, en demanda de justicia para Véliz Franco.

La Corte condenó al Estado de de Guatemala un año después.

Bolaños Acevedo fue capturado la semana pasada.

De acuerdo con testimonios, Véliz Franco fue vista el 16 de diciembre de 2001 en el almacén de la Sexta Avenida donde trabajaba cuando se fue con un “muchacho de mal aspecto”.

Días después, apareció muerta en un terreno baldío, con signos de violación y tortura.

La Corte IDH señaló en su información que “de conformidad con todas las anteriores consideraciones y de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 63.2 de la Convención Americana, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los 14 casos indicados en el Considerando 50, la Corte requiere al Estado que interrumpa el trámite legislativo de la iniciativa de ley 5733 que pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional”  señaló parte del documento que presentó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

En la resolución se señaló que la reforma, es estaría “concediendo una amnistía para todas las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno y la archive“.

#ALERTA Tras audiencia por caso Molina Theissen, la @CorteIDH ordena al Estado de #Guatemala interrumpir y archivar el trámite de la iniciativa 5377 para reformar la Ley de Reconciliación Nacional que pretende mantener en impunidad los crímenes del conflicto. #NoALaAmnistía pic.twitter.com/6UfNJ4VhUR

— CEJIL (@cejil) March 13, 2019

A ello el Asesor Especial para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, que pidió a los miembros del Congreso de Guatemala a rechazar el proyecto de ley de revisión de la Ley de Reconciliación Nacional de 1996. El Asesor también expresó su profunda preocupación por las graves consecuencias que tendría la aprobación de este proyecto ley para la estabilidad del país y la cohesión de la sociedad guatemalteca.

Según el Asesor Especial, “el proyecto de ley representa una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia“. El Asesor Especial destacó que, a pesar de los muchos desafíos y retrasos que se han presentado a lo largo de los años, las recientes decisiones judiciales en los casos de Sepur Zarco, Molina Theissen y dos Erres han demostrado cómo un país puede trabajar para superar un legado de guerra e impunidad, y de este modo contribuir a la prevención de crímenes en el futuro.

El Asesor Especial destacó que “el juicio por genocidio contra el ex Jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt hace algunos años en los tribunales de Guatemala, envió un incuestionable mensaje al mundo de que la justicia puede prevalecer y de que nadie está por encima de la ley. Guatemala fue el primer país que enjuició en sus tribunales a un ex jefe de Estado por genocidio. ¿Qué mensaje y ejemplo enviará Guatemala al mundo si se aprueba este proyecto de ley? ¿Qué es la impunidad, y no la justicia, lo que prevalece después de todo? Esto constituiría una afrenta a las víctimas, una violación de sus derechos y un riesgo para su seguridad “.

#Comunicado Asesor Especial del Secretario General para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, urge al Congreso a rechazar la #iniciativa5377 que reforma Ley de Reconciliación Nacional https://t.co/I6uFwr73ec pic.twitter.com/tsqEQw2hZF

— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) March 13, 2019

La solicitud ante la CIDH

Este lunes 11 de marzo Familiares de un menor desaparecido durante el conflicto interno en Guatemala y defensores de derechos humanos alertaron este lunes sobre una reforma en discusión en el Congreso guatemalteco para instaurar una amnistía para crímenes cometidos durante la guerra civil.

Las advertencias se hicieron en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en San José, para evaluar el cumplimiento de la sentencia condenatoria contra el Estado guatemalteco por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen, a los 14 años.

El menor fue secuestrado por militares que incursionaron en su casa en octubre de 1981, un día después de que su hermana Emma, entonces de 21, escapara de un cuartel militar donde sufrió torturas y violación a manos de los solados.

Cuatro militares de alto rango fueron sentenciados en mayo de 2018 a más de 30 años de prisión por el caso.

Ana Lucrecia Molina Theissen, hermana de las víctimas, declaró en la audiencia: “La justicia alcanzada es una satisfacción para mí y para mi familia y para otras miles de víctimas de crímenes horrendos”.

Pero advirtió que la reforma a la ley de reconciliación nacional de 1996, que contempla amnistías para los crímenes cometidos durante el conflicto armado, será un retroceso en lo avanzado por la justicia.

“La reforma a la ley de reconciliación nacional que está a punto de aprobarse es un agravio más para Marco Antonio, Emma, mi familia y las decenas de miles de víctimas del terrorismo estatal”, sostuvo.

La ley de reconciliación nacional fue promulgada tras los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado en Guatemala (1960-1996), y excluyó la posibilidad de exculpar los delitos de lesa humanidad, como tortura y desaparición forzada de personas.

La reforma en discusión en Guatemala busca amnistiar esos delitos, y fue aprobada en dos debates legislativos, requiriendo un voto más para ser adoptada.

“La inminente aprobación y entrada en vigencia (de la reforma) alentaría la repetición de hechos violatorios, profundizaría la impunidad e incumpliría con los compromisos internacionales“, expuso en la audiencia la jurista Claudia Paz y Paz, directora regional del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Agregó que “esta iniciativa solo tiene un propósito: garantizar la impunidad a a los graves perpetradores de los crímenes” cometidos durante el conflicto armado.

El representante del Estado guatemalteco en la audiencia, Jorge Luis Borrayo, aseguró que el gobierno del presidente Jimmy Morales no tiene incidencia sobre la votación en marcha en el Congreso.

Los familiares reclamaron al gobierno la falta de atención a la búsqueda de los restos de Marco Antonio Molina.

“No se imaginan, le destrozan a uno la vida, mi corazón está siempre pensando lo mismo: ¿Dónde está mi hijo, qué hicieron con él?”, lamentó Emma Theissen, madre del desaparecido.

En la audiencia efectuada en la sede de la Cancillería salvadoreña, el panel de cinco jueces de la Corte IDH encabezados por su presidente el mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, escucharon los alegatos finales del caso tanto de la defensa de Gómez Virula, como de los abogados del Estado y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“El Estado de Guatemala no violó en ningún momento el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, libertad de asociación, protección judicial en perjuicio del señor Yovany Gómez Virula”, señaló en sus alegatos el representante del Estado, Felipe González.

Gómez Virula, de 23 años en el momento del crimen, era secretario de finanzas del Sindicato de Trabajadores de la Maquila RCA, una fábrica coreana de ropa en Ciudad de Guatemala.

Desapareció el 13 de marzo de 1995. Siete días después, su cuerpo fue encontrado abandonado con señales de tortura en un barranco en el norte de la capital. Organizaciones sociales sostienen que el crimen fue cometido por fuerzas de seguridad del Estado.

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González señaló en sus alegatos que en el caso de la muerte del sindicalista no existe “ninguna prueba orientada a la participación de agentes del Estado” en el mismo.

No obstante, Juan Francisco Soto, abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) que representa a la familia de la víctima, señaló en su alegato que el Estado guatemalteco “sí incumplió su deber de investigar” el asesinato de Gómez Virula.

El padre de la víctima, Antonio Gómez, tras responder a preguntas tanto de sus defensores y de los representantes del Estado de Guatemala, con voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas pidió “justicia” por la muerte de su hijo.

“Me sentí muy mal en aquel entonces, y es así como me siento ahora, pero lo que pido es justicia, nada más eso”, dijo Antonio Gómez a la AFP.

El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró en un informe que “el Estado (de Guatemala) incumplió su obligación de investigar con la debida diligencia” la desaparición y muerte del dirigente sindical. Eso fue ratificado este lunes por representantes de ese organismo durante la audiencia.

La defensa de Gómez Virula solicitó que la Corte IDH condene al Estado y establezca “reparaciones” económicas a favor de los padres del sindicalista asesinado.

El presidente de la Corte IDH indicó que las partes involucradas en el proceso tendrán que entregar sus alegatos finales “en forma escrita” a más tardar el 27 de setiembre próximo.

La audiencia se efectuó en el marco del 59 período extraordinario de sesiones de la Corte IDH.

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