Cuatro diputados del partido Vamos presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) la noche del domingo 5 de febrero, con el que buscan que se deje en suspenso el acuerdo legislativo 11-2024, y la reforma a este en el acuerdo 12-2024, en el que se aprobó la distribución parcial de comisiones ordinarias de trabajo del Congreso, pues consideran que se incumplieron las disposiciones legales que rigen la materia.

El amparo lo interpusieron los diputados de Vamos, Víctor Alfredo Valenzuela Argueta, Héctor Adolfo Aldana Reyes, Greicy Domenica de León de León y Allan Estuardo Rodríguez Reyes y hacen la denuncia contra el Pleno del Congreso de la República, quien según ellos “realizó una acción arbitraria, incompatible con principios y derechos constitucionales y que vulnera disposiciones legales, materializándose a través del voto de 105 diputados para la aprobación de los acuerdos.

Según los diputados de Vamos,  en la emisión del acuerdo legislativo número 11-2024 y su respectiva reforma mediante acuerdo legislativo número 12-2024 del Congreso de la República, del 30 de enero del 2024,  se aprueba la distribución únicamente de 34 -de las 38- comisiones ordinarias de trabajo del Congreso de la República, a los distintos bloques legislativos para el periodo 2024-2025.

Añade que el pleno se abstuvo de distribuir la totalidad de comisiones ordinarias de trabajo que estable el artículo 31 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto número 63-94 del Congreso de la República sin justificación o sustento legal alguno.

Explican que eso limita y obstaculiza “el cumplimiento efectivo de las funciones legislativas establecidas en ley e incumpliendo lo establecido en el artículo 34 del citado cuerpo normativo”.

Los diputados piden que se otorgue amparo provisional “a fin de que se deje en suspenso el Acuerdo Legislativo No. 11-2024 y se respectiva reforma mediante Acuerdo Legislativo 12-2024, ambos del 30 de enero de 2024”, y que como efecto del amparo provisional otorgado en definitiva se ordene al Pleno del Congreso de la República, se proceda a realizar la distribución y su respectiva aprobación, de la totalidad de Comisiones Ordinarias de Trabajo del Congreso.

Las comisiones

Con 105 votos a favor, el Congreso de la República aprobó el martes 30 de enero la distribución de 34 de las 38 comisiones legislativas, dejando fuera las cuatro que le correspondían a los diputados de partido Movimiento Semilla, el cual está suspendido de manera provisional por orden del juez Sétimo Penal, Fredy Orellana.

Debido a dicha suspensión, los diputados del bloque Semilla tienen prohibición para presidir salas legislativas.

Por esa razón, es que de las 38 comisiones de trabajo que hay en el Congreso de la República para el periodo 2024-2025, no se asignaron las comisiones de Finanzas, Economía, Ambiente y Legislación y Puntos Constitucionales, que le corresponderían a Semilla.

El presidente del Congreso, Nery Ramos, señaló ese día que se reunirán para hacer la redistribución entre los bloques de las cuatro comisiones que le correspondían al Movimiento Semilla.

Presidentes de comisiones de trabajo 2024-2025

1. Comisión de Relaciones Exteriores, Lucrecia Carola Samayoa Reyes, Bien
2. Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, Rolando Guzmán Figueroa, Cabal
3. Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Mario Velásquez Pérez, Cabal
4. Comisión de Seguridad Alimentaria, Jairo Danilo Orellana Sandoval, Cabal
5. Comisión de Turismo, Kevin Luis Carlo Escobar Castillo, Cabal
6. Comisión de Transparencia y Probidad, Rodrigo Antonio Pellecer Rodríguez, Elefante
7. Comisión de Asuntos Municipales, Esduín Jerson Javier Javier, Cambio
8. Comisión de Previsión y Seguridad Social, Cristian Rodolfo Álvarez Álvarez, Creo
9. Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, Jorge Mario Villagrán Álvarez, Partido Azul
10. Comisión de Vivienda, Rudy Berner Pereira Delgado, Nosotros
11. Comisión de Deportes, Gustavo Adolfo Cifuentes Navarro, Todos
12. Comisión de Gobernación, Julio Daniel Marroquín Ordóñez, UNE
13. Comisión de Asuntos Electorales, Juan Ignacio Quijada Heredia, UNE
14. Comisión de Derechos Humanos, José Adolfo Quezada Valdez, UNE
15. Comisión de Desarrollo Social, Karla Betzaida Cardona Arreaga, UNE
16. Comisión de Defensa Nacional, Francisco Vitelio Lam Ruano, UNE
17. Comisión de Apoyo Técnico, León Felipe Barrera Villanueva, UNE
18. Comisión de Migrantes, Julio Pedro Gómez Gómez, UNE
19. Comisión de Trabajo, Sonia Marina Gutiérrez Raguay, Winaq/URNG/Maíz
20. Comisión de Cultura, Sherol Ivanisse Arévalo Ávila, Valor
21. Comisión de Pequeña y Mediana Empresa, Ernesto Bran Colindres, Valor
22. Comisión de Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales, Randy Arely Coc Figueroa
23. Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, Jeovanni Omar Domínguez Orozco
24. Comisión de Salud y Asistencia Social, Evelin Oddeth Morataya Marroquín
25. Comisión de Energía y Minas, Orlando Joaquín Blanco Lapola, VOS

Hacen falta 8 comisiones que preside el partido Vamos y 1 que tienen los Unionistas, que no han enviado el nombre respectivos.

Además, faltan las cuatro comisiones que le corresponderían a Semilla.

Un grupo de diputados del partido Vamos presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) pues quieren evitar que los congresistas del Movimiento Semilla vuelvan a ser bancada y continúen como independientes y con ello no puedan presidir comisiones de trabajo.

Los diputados buscan que se declare con lugar el amparo promovido en contra del Pleno del Congreso de la República y que se le ordene que se “abstenga de realizar actos de poder que constituyan amenazas de vulneración de derechos tales como los identificados en este escrito, garantizando el debido respeto de los derechos y principios constitucionales”.

Los congresistas que presentaron el amparo son Allan Rodríguez, Greicy de León, Héctor Aldana y Víctor Valenzuela, quienes creen que de restituir a los diputados de Semilla como bloque estaría violando una resolución definitiva de la propia CC.

El amparo va contra lo que consideran actos arbitrarios y una  “amenaza cierta e inminente” si se aprueba y emite un acuerdo Legislativo que pretende reestablecer como Bloque Legislativo del Congreso de la República de Guatemala a los diputados que fueron electos para el periodo 2024 al 2028 del Movimiento Semilla.

También señalan que con ese eminente acuerdo legislativo en el cual se haría la distribución de las Comisiones de Trabajo y la designación de diputados independientes como presidentes de dichas comisiones de trabajo, lo que creen que es “una clara contravención a principios y derechos constitucionales, convencionales y régimen interno”.

Piden que se otorgue el amparo provisional para prevenir al Pleno del Congreso de la República que se abstenga de aprobar y emitir un acuerdo legislativo que pretende constituir o “reestablecer” como Bloque Legislativo a los mencionados congresistas.

Momentos de tensión se viven este jueves 18 de enero frente a la Corte de Constitucionalidad (CC), en la zona 1 capitalina, en donde se reportan golpes, empujones e insultos entre grupos de personas que manifiestan a favor y otros en contra de una resolución de esa corte que ordenó que se repita la elección de la junta directiva del Congreso.

Esta mañana un grupo de autoridades ancestrales y vecinos llegaron a la CC a manifestar su rechazo a la decisión que tomó esa corte el miércoles de ordenar que se repitiera la elección de la junta directiva del Congreso, la cual el 14 de enero eligió presidente a Samuel Pérez, del Movimiento Semilla.

El edificio de la CC estaba rodeado de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y los manifestantes expresaban su rechazo a la resolución de la CC, que luego de conocer cinco acciones de amparo, ordenó que se repita la elección de junta directiva del Congreso de la República, que fue ganada por la planilla encabezada por Samuel Pérez, proceso que debe ajustarse a las normas que le rigen, relativas a los requisitos que deben reunir los diputados para optar a esos cargos.

“En resolución de esta fecha, esta Corte otorgó el amparo provisional derivado de que, en los actos realizados para concretar la elección de la Junta Directiva de la décima legislatura del Congreso, se dejó de observar el principio de legalidad y con ello, la supremacía constitucional, principios que, también, invocó esta Corte oportunamente para garantizar la efectiva instalación de esta legislatura”, dice un comunicado de la CC.

La CC enfatizó que esta resolución no afecta la juramentación de Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta de la República.

Al mismo tiempo llegó a la CC otro grupo de manifestantes, convocados por la organización Propatria, que están a favor de la mencionada resolución y en contra del gobierno de Bernardo Arévalo.

Enfrentamiento

Al inicio los dos grupos se lanzaron insultos y algunos objetos, pero luego varios de los manifestantes, de ambos grupos, pasaron a los empujones y golpes.

Gritos, empujones y golpes se dieron en el sitio, lo que obligó a la PNC a reorganizar fuerzas para evitar incidentes mayores.

Hasta el momento se viven momentos de tensión en el lugar.

El diputado Allan Rodríguez, expresidente del Congreso de Guatemala, junto a los congresistas Greicy de León, Héctor Aldana, Roberto Calderón y Víctor Valenzuela, todos integrantes de la bancada Vamos, presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la elección de la junta directiva de ese organismo, que ahora encabeza Samuel Pérez, del Movimiento Semilla.

El amparo fue presentado este miércoles 17 de enero a las 00.47 horas, según marcó la Secretaría General de la CC.

La autoridad denunciada en el amparo es el Pleno del Congreso de la República y lo que se reclama es la emisión de los acuerdos legislativos números 5-2024, en el que se designa la junta directiva de ese organismo para el período 2024-2025 y el 6-2024. Los ponentes señalan que en estos acuerdos se realizaron actuaciones no facultadas en ley.

Según el amparo, el Pleno del Congreso “realizó una acción arbitraria, incompatible con principios y derechos constitucionales y que vulnera disposiciones legales, materializándose a través del voto de noventa y dos diputados que incumplieron a todas luces con la normativa legal vigente”.

En el amparo, se menciona que la emisión del acuerdo legislativo 5-2024 del Congreso de la República, de fecha 14 de enero 2024, que declara la elección de junta directiva, es acto arbitrario, pues esta está integrada “ilegalmente por diputados independientes (sin bloque legislativo en ese momento), en una clara contravención a principios y derechos constitucionales, convencionales y régimen interno”.

Añade que la emisión del acuerdo legislativo 6-2024, que reforma el 1-2024 que emitió la Novena Legislatura, “que por control constitucional declara la calificación de credenciales de los diputados para el periodo siguiente 2024-2028, ello porque no puede una nueva legislatura (2024-2028) calificarse ellos mismos sus credenciales para el periodo en que ejercerán sus funciones”.

Gracias a esa modificación que hicieron los nuevos diputados se dio la toma de posesión del diputado Julio Héctor Estrada, que había quedo fuera de la juramentación, pues la Junta de Revisión de Credenciales encontró que a este le aparecía una denuncia penal en el sistema de la Contraloría General de Cuentas.

La petición de los diputados que interpusieron el amparo en la CC es que se otorgue el amparo provisional a fin de que se deje en suspenso los dos acuerdos legislativos que emitió la nueva legislatura  pues consideran que estos ocasionan graves agravios a la consolidación de un estado de derecho.

La Corte de Constitucionalidad (CC) admitió para su trámite las solicitudes de amparo que fueron promovidas por la diputada Sandra Érica Jovel Polanco y Fundación Contra el Terrorismo y le otorgó 48 horas al Congreso de la República para que le remita informes del proceso de elección de la junta directiva del Congreso el pasado 14 de enero, en donde ganó la planilla encabezada por Samuel Pérez, del Movimiento Semilla.

Según señaló la CC, esto es parte del trámite normal de las solicitudes de amparo, razón por la cual se ha fijado el plazo de 48 horas para que se remitan los informes correspondientes.

La diputada Sandra Jovel, del partido Valor, encabezaba la planilla 1 que se presentó en el Congreso ese 14 de enero, pero perdió frente a la 2 que encabezaba Samuel Pérez, de Semilla.

El amparo promovido por Jovel, que fue presentado en la CC el 15 de enero, busca que la elección de la junta directiva del Congreso de la República se repita.

Según Jovel, la planilla que ganó está integrada por varios diputados independientes que tienen prohibición legal para optar a dichos cargos por no tener bloque legislativo.

Entre estos diputados está Pérez, como presidente y Andrea Villagrán, como primera secretaria, ambos de Movimiento Semilla.

Pérez Álvarez fue elegido como presidente para el período 2024-2025, tras lograr acuerdos con distintas bancadas y sumar más de los 90 votos necesarios.

El 15 de enero la Fundación contra el Terrorismo, encabezada por Ricardo Méndez Ruiz, también interpuso un amparo para que la CC ordene la anulación de la elección, que califica de ilegal, de la junta directiva del Congreso, presidida por Pérez.

Señalaban que los diputados eleigieron la junta directiva a sabiendas de la resolución de la CC que le negó un amparo a Semilla y que aún así los diputados aliados de ese partido forzaron su elección,  y con eso cometierion graves delitos.

Suspendido

El pasado 12 de enero, la Comisión Permanente del Congreso declaró independientes a los diputados del Movimiento Semilla, en cumplimiento a una orden judicial emitida por el juez penal Fredy Orellana.

Con esa decisión de la Comisión Permanente también se bloqueaban todas las posibilidades de que integrantes del bloque Movimiento Semilla integraran la Junta Directiva del Congreso e integren comisiones legislativas.

El 8 de enero, el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, envió un nuevo oficio al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el que pedía que de manera “inmediata” se le diera cumplimiento a la resolución en la que se suspende la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla.

El 14 de enero, cuando la nueva legislatura estaba eligiendo su junta directiva, Jovel, del Partido Valor, y otros diputados presentaron su planilla, pero solo obtuvieron 75 votos.

Esa planilla estaba asociada con Valor, de la excandidata Zury Ríós, en alianza con el partido Vamos, de Alejandro Giammmattei.

Una alianza de otras bancadas presentó la planilla de Pérez y esta ganó con 92 votos y por eso asumió como presidente del Congreso.

En esa sesión los diputados también revocaron la declaratoria que hizo la Comisión Permanente de que los diputados de Semilla eran independientes y por eso volvieron a ser bloque legislativo.

La medida fue presentada por la diputada Andrea Villagrán y se aprobó con 93 votos a favor y 66 en contra.

El Pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) tomó la decisión de no otorgar al Movimiento Semilla el amparo provisional que les permitiría continuar en el Congreso de la República como bloque legislativo.

Cabe recordar que la anterior Comisión Permanente, encabezada por el partido Vamos, los declaró independientes.

Según la CC, la personalidad jurídica del partido está suspendida de manera temporal, y de esa cuenta los diputados tendrán que asumir la Décima Legislatura como independientes y no podrán optar a cargos en la Junta Directiva en el Legislativo. Tampoco tendrán voz y voto en la reunión de Instancia de Jefes de Bloque, en donde se afina la agenda, ni podrán presidir comisiones de trabajo.

El Movimiento Semilla había informado que buscaría la presidencia del Congreso, impulsando la candidatura del diputado Samuel Pérez, que dijo el pasado viernes contaban con un apoyo sólido de la mayoría de bancadas políticas.
Sin embargo, tras la resolución de la CC se derriban la posibilidad de que esto ocurra, ya que la Ley Orgánica del Legislativo indica que para integrar la Junta Directiva se debe ser diputado de bancada, por lo que los independientes no pueden hacerlo.

Mientras que se conocía la situación del Movimiento Semilla, en el Congreso se han vivido momentos de tensión, diputados electos irrumpieron en la sesión que se llevaba acabo en uno de los salones en Casa Larrazábal a raíz de la reunión que se realiza para calificar las credenciales de los diputados electos, que ha sido señalada de querer entorpecer la toma de posesión de quienes fueron elegidos por el voto popular.

Se ha señalado de querer atrasar la toma de posesión de los legisladores, y de pagos bajo la mesa para obtener votos y colocar así a diputados en la Junta Directiva.

Orlando Blanco, diputado electo por el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), mencionó que la elección de los integrantes de dicha comisión “fue a dedo”, y que un proceso que lleva minutos se ha prolongado por más de dos horas.

“Se nombró una comisión a dedo por parte del pacto de corruptos y llevan dos horas encerrados sin que inicie la sesión. Están tratando de retardar el proceso. Mientras tanto allá abajo están comprando a diputados. Estos diputados están cometiendo el delito de sedición”, dijo.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) confirmó que el binomio presidencial electo, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, podrán asumir sus cargos el próximo 14 de enero, luego que fueron rechazados tres amparos que habían sido interpuestos para impedir el cambio de gobierno.

Según se informó, los amparos que rechazaron fueron los que interpusieron el actual diputado y excandidato presidencial Rudio Lecsan Mérida, la Liga Pro Patria y un tercero que argumentaban violaciones constitucionales para el cambio de gobierno.

A finales del 2023 la CC resolvió en definitiva una acción de amparo promovida por el abogado Édgar Ortiz y otro grupo de ciudadanos, que garantiza el proceso democrático y el relevo de las autoridades de Estado.

El mencionado amparo también fue remitido a un juzgado por razón de competencia, y el mismo ordena a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público, el relevo de autoridades el 14 de enero.

El jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, apeló el amparo en donde le ordenan a su fiscalía garantizar el cambio de autoridades y remitió informes con detalles del caso a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las consideraciones respectivas, temas que están siendo evaluados por el órgano electoral.

Amparo de Rudio Lecsan Mérida

El pasado 5 de enero, el actual diputado Rudio Lecsan Mérida, quien fue candidato presidencial del Partido Humanista, presentó una acción constitucional de amparo en la CC que iba en contra del Congreso de la República y el TSE.

Lecsan Mérida, señalaba como acto reclamado: “el riesgo y amenaza inminente de que se establezca, tome posesión y se instale un gobierno ilegitimo, antidemocrático y no representativo”.

Expresaba que el mencionado gobierno estaría dirigido por personas electas en la primera y segunda vuelta electoral, que según él, estuvieron “viciadas y sujetas a investigación penal por responsabilidad de la máxima autoridad electoral; y todo el procedimiento de escrutinio electoral y cómputo de votos, de digitalización, grabación y validación de los datos consignados en los documentos cuatro, desde los centros de votación para la presentación y publicación de los resultados y de establecer resultados municipales, departamentales y nacionales realizado por el programa informático operado, manejado y controlado por una empresa privada a la cual El Tribunal Supremo Electoral”.

En cuanto al TSE, el diputado señalaba como acto reclamado como agravante el hecho de que el TSE “al cambiar el procedimiento del escrutinio electoral y conteo de votos en las elecciones generales”.

Explicaba que eso contaminó el proceso electoral y afectó su pureza y comentaba como acto vulnerado el derecho de los ciudadanos a la pureza del proceso electoral.

Liga Pro Patria

La organización civil, Liga ProPatria presentó el pasado 9 de enero una acción de amparo ante la CC, en la que buscaba que el binomio electo no tomara posesión.

Referían que el partido político Movimiento Semilla fue inscrito sin llegar a la cantidad mínima de afiliados, hechos que habrían sido respaldados por autoridades electorales.

Indicaban que existían serias violaciones a la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que buscaban que el binomio no asuma y el Congreso nombre a quienes corresponda en el puesto.

El actual diputado Rudio Lecsan Mérida, quien fue candidato presidencial del Partido Humanista, presentó una acción constitucional de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del Congreso de la República y el Tribunal Supremo Electoral, en la que señala “el riesgo y amenaza que se instale un gobierno ilegítimo y antidemocrático”.

Lecsan Mérida, señala como acto reclamado: “el riesgo y amenaza inminente de que se establezca, tome posesión y se instale un gobierno ilegitimo, antidemocrático y no representativo”.

Explica en el amparo que el mencionado gobierno estaría dirigido por personas electas en en la primera y segunda vuelta electoral, que según él, estuvieron “viciadas y sujetas a investigación penal por responsabilidad de la máxima autoridad electoral; y todo el procedimiento de escrutinio electoral y cómputo de votos, de digitalización, grabación y validación de los datos consignados en los documentos cuatro, desde los centros de votación para la presentación y publicación de los resultados y de establecer resultados municipales, departamentales y nacionales realizado por el programa informático operado, manejado y controlado por una empresa privada a la cual El Tribunal Supremo Electoral”.

En cuanto al TSE, el diputado señala como acto señalado como agravante el hecho de que el TSE “al cambiar el procedimiento del escrutinio electoral y conteo de votos en las elecciones generales”.

Explica que eso contaminó el proceso electoral y afectó su pureza.

Señala como acto vulnerado el derecho de los ciudadanos a la pureza del proceso electoral.

Con este amparo el diputado Lecsan Mérida, quien dejará de ser diputado el 14 de enero, buscaría evitar que Bernadro Arévalo y Karin Herrera tomen posesión como presidente y vicepresidenta de Guatemala.

Se intentó contactar a Lecsan Mérida para que diera más detalles del amparo que interpuso, pero no respondió.

Mynor Custodio Franco, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) interpuso una acción constitucional de amparo en contra del Congreso de la República por haberle retirado a él, y a otros magistrados, el derecho de antejuicio.

Según se conoció, el amparo tiene un acto reclamado; la resolución 1-2023 del Congreso de la República en que declaró con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio promovidas contra los magistrados titulares del TSE, Irma Elizabeth Palencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Mynor Custodio Franco Flores.

Según el amparo que presentó Franco, el Congreso no entró a discutir el informe circunstanciado, cuando se propuso la primera moción privilegiada y no se contaba con 107 votos.

Además, señala que el presidente del Congreso en funciones, dejó su micrófono abierto y dejó claro que no iban a discutir .

También que cuando se presenta la segunda moción privilegiada se propuso a votación, nunca a discusión.

Añade que la primera vez no habían 107 diputados y la 2da vez habían más de 130 y los diputados que se integraron en la noche no tuvieron la oportunidad de discutir el informe circunstanciado como lo ordena el artículo 17 de la ley en materia de antejuicio.

Asegura también que por ser la acción penal personalísima, debió haberse conocido de forma individual por parte del pleno del Congreso de la República.

El Congreso de la República recibió la tarde del miércoles 29 de noviembre el informe circunstanciado que recomendaba retirar la inmunidad a los magistrados del TSE y en la sesión del jueves 30 de noviembre, se sometió a votación del pleno a menos de una hora de terminar el período de sesiones ordinarias.

El punto había sido incluido por una propuesta del diputado Javier Hernández, jefe de bloque del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), quien propuso que el antejuicio contra los magistrados se conociera en uno de los primeros puntos de la sesión, que comenzó alrededor de las 10 de la mañana.

La propuesta ganó por mayoría, y el pleno del Congreso votó para saber si es recomendable o no el retiro de la inmunidad con los magistrados del TSE. Sin embargo, antes de votar por el desafuero se suspendió el evento porque el oficialismo no contaba con los votos necesarios -107- para conseguirlo.

A pesar que los diputados estaban en el hemiciclo, algunos se desmarcaron, los suficientes para romper el quorum.

Durante la primera parte de la sesión, los diputados se marcaban y desmarcaban. El diputado Boris España, quien llevó a cabo la dirección de la sesión, ante la ausencia de la presidenta Shirley Rivera, dejó su micrófono encendido y se escuchó lo siguiente: “Hermano, hermano, mira, pues ahorita voy a leer y terminamos esta m…”.

La votación se aplazó y siguieron con el siguiente punto de agenda: aprobar el presupuesto.

Con los votos

Alberto Sánchez, diputado disidente de Movimiento Semilla, inmediatamente después de aprobar el decreto del presupuesto, alrededor de las 23 horas, pidió la palabra para razonar su voto. Boris España, quien presidía la sesión, le cedió la palabra.

Sánchez brevemente justificó su voto a favor del presupuesto y en uso de la palabra propuso al pleno una moción privilegiada para someter a votación el informe pesquisidor del TSE, el cual fue admitido y con 108 votos y aplausos se aprobó.

Con la moción aprobada se sometió a votación la formación de causa de los antejuicios de los cuatro magistrados. De nuevo, 108 diputados, aprobaron retirar la inmunidad y con esto se abre la vía para que el Ministerio Público abra investigaciones en contra de Irma Palencia, Rafael Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, magistrados titulares del TSE.

Magistrados deben volver a labores

Los magistrados salieron del país y recientemente la presidenta del TSE, la magistrada titular Blanca Alfaro, declaró reciente que los cuatro magistrados que salieron del país estarían retornando a sus actividades a inicios de este 2024.

Las licencias y vacaciones de los magistrados Palencia, Rojas y Aguilera concluyeron el pasado 15 de diciembre, fecha en donde el TSE comenzó con su periodo vacacional de fin de año.

El único magistrado del que se extiende su periodo de receso es a Mynor Franco, quien tiene periodo vacacional hasta finales de enero, según informaron autoridades electorales.

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar, de manera definitiva, las acciones de inconstitucionalidad que buscaban volverle a dar al presidente de la República la potestad de destituir al fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

Según se informó este 20 de diciembre, la decisión de los siete magistrados de la CC que conocieron el expediente fue unánime.

Los magistrados que conocieron fueron Héctor Hugo Pérez Aguilera, Néster Mauricio Vásquez Pimentel, Leyla Susana Lemus Arriaga, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá, Luis Alfonso Rosales Marroquín y Walter Paulino Jiménez Texaj.

Con esta resolución, la CC blinda la figura del fiscal general y jefe del MP, que solamente podrá ser destituido por el presidente del país cuando enfrente una condena con sentencia  en firme.

Se señaló que la CC rechazó tres acciones de inconstitucionalidad, que se incluyeron en una misma resolución.

Los expedientes acumulados eran el 6237-2023, 6288-2023 y 6295-2023 y fueron presentadas autoridades indígenas y dos grupos de abogados.

Las acciones pretendían la suspensión de párrafo segundo del artículo 14 de la Ley Orgánica del MP, que establece las causas para la remoción del fiscal general y que se reformó en 2019.

Con esa reforma, la remoción del jefe del MP podía hacerse solo con causa justificada que debía entenderse por “la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Se producirá la suspensión individual total del ejercicio de sus funciones, una vez decretado el auto de prisión preventiva, medida sustitutiva o falta de mérito con medida sustitutiva”.

Las inconstitucionalidades buscaban que se le devolviera la potestad al presidente de la República de destituir al jefe del MP por causa justificada y se retirara del artículo la mención a la condena.

En la coyuntura actual, lo que se pretendía era que Bernardo Arévalo, al asumir el cargo el 14 de enero del 2024, tuviera la potestad de destituir a Consuelo Porras, actual fiscal general y jefa del MP, a quién varios sectores señalan de encabezar acciones judiciales contra Arévalo, otros integrantes de Movimiento Semilla y magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

En el pasado, se generaron bloqueos y protestas ciudadanas para exigir la salida de Porras del MP, por supuestamente promover un golpe de Estado.

De esto también señalan al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche; las fiscales auxiliares Cinthia Monterroso y Leonor Morales y el juez séptimo penal, Fredy Orellana, a quienes los sectores les acusan de una “indebida y arbitraria interferencia al proceso electoral”.

Líderes indígenas habían exigido al presidente Alejandro Giammattei la destitución de Porras, pero este les dijo que debido a las reformas a la Ley Orgánica del MP, el mandatario ya no tenía esa potestad.