La jueza separada del cargo Coralia Carmina Contreras, fue beneficiada con una resolución en la que un juez revocó la orden de captura que pesaba sobre ella, por su supuesto involucramiento en el caso Fugas, que la vincularía con otorgar ordenes de libertad, con datos falsos, para que reos pudieran salir de prisión.

El juez Séptimo Penal, Sergio Mena, llevó a cabo una audiencia a puerta cerrada este lunes 6 de febrero y en esta revocó la orden de captura contra la jueza Contreras.

En dicha audiencia solamente revocaron la orden de captura contra la jueza, y se fijó para el 29 de marzo la audiencia de primera declaración.

Ovidio Orellana, abogado de la jueza Contreras, dijo que su patrocinada se presentó a la judicatura de manera voluntaria para resolver su situación jurídica.

Confirmó que el juez Mena le revocó la orden de captura a su clienta.

Suspendida y sin inmunidad

El 18 de febrero de 2021 el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) suspendió del cargo a la jueza Coralia Carmina Contreras Flores, quien perdió la inmunidad por su vinculación al caso Fugas SP, que investiga la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público.

Según la investigación, Contreras habría firmado órdenes de libertad falsas, como jueza de ejecución penal, que favorecieron que presos, entre ellos pandilleros, pudieran salir libres de la cárcel.

El 13 de enero de ese año la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retiró el derecho de antejuicio del que gozaba la juzgadora ante la posibilidad de que haya incurrido en los cargos de cooperación a la evasión y falsedad ideológica.

El caso más polémico de Contreras fue el 23 de septiembre de 2020 cuando emplazó al Ministerio de Gobernación para que en 24 horas reuniera a 13 jefes pandilleros de la mara 18 en la cárcel Fraijanes 2.

Apenas días antes, las fuerzas de seguridad habían trasladado a esos pandilleros a otros centros para evitar juntos coordinaran crímenes y extorsiones.

Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) suspende del cargo a la jueza Coralia Carmina Contreras Flores, que recientemente perdió la inmunidad por su vinculación al caso Fugas SP, que investiga la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.

Según la investigación, la jueza habría firmado órdenes de libertad falsas como jueza de ejecución penal.

El 13 de febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retiró el antejuicio de la juzgadora ante la posibilidad de que haya incurrido en los cargos de cooperación a la evasión y falsedad ideológica.

Contreras, jueza G Pluripersonal de Ejecución Penal, habría firmado órdenes de libertad con datos falsos para que reos pudieran salir de la cárcel.

El caso más polémico de Contreras fue el 23 de septiembre de 2020 cuando emplazó al Ministerio de Gobernación para que en 24 horas reuniera a 13 jefes pandilleros de la mara 18 en la cárcel Fraijanes 2.

Apenas días antes, las fuerzas de seguridad habían trasladado a esos pandilleros a otros centros para evitar juntos coordinaran crímenes y extorsiones.

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Trece líderes, conocidos como la Rueda del Barrio 18, pudieron reintegrarse durante unos días debido a un fallo judicial que ordenó su traslado a la cárcel Fraijanes 2, lo cual ya quedó sin efecto.

El Ministerio de Gobernación acató, pero planteó un amparo, del cual obtuvo una resolución favorable que se tradujo en el traslado de los reos a diferentes cárceles.

La jueza Coralia Carmina Contreras Flores quedó sin inmunidad para que sea investigada por dos delitos tras un requerimiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) retiró el antejuicio de la juzgadora ante la posibilidad de que haya incurrido en los cargos de cooperación a la evasión y falsedad ideológica.

Según la Feci, Contreras, jueza G Pluripersonal de Ejecución Penal, habría firmado órdenes de libertad con datos falsos para que reos pudieran salir de la cárcel.

El caso más polémico de Contreras fue el 23 de septiembre de 2020 cuando emplazó al Ministerio de Gobernación para que en 24 horas reuniera a 13 jefes pandilleros de la mara 18 en la cárcel Fraijanes 2.

Apenas días antes, las fuerzas de seguridad habían trasladado a esos pandilleros a otros centros para evitar juntos coordinaran crímenes y extorsiones.

Si bien Gobernación acató en su momento la orden de Contreras, una apelación dejó sin efecto la reunificación de los pandilleros.