La Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicó este 14 de junio, en el Diario de Centro América, el acuerdo número 30-2023 para la implementación del control telemático en el proceso penal en Guatemala.

Según la CSJ, “el objeto del presente acuerdo es desarrollar la implementación del dispositivo de control telemático, cuando a criterio del juez pueda auxiliarse del mismo, como medio eficaz alternativo a la prisión, para garantizar el efectivo cumplimiento de la medida sustitutiva, las medidas de prelibertad y libertad controlada, así como las medidas de seguridad a víctimas del delito y de violencia contra la mujer”.

En la publicación se menciona que este sistema de vigilancia podrá ser aplicado a personas sindicadas, sancionadas y/o condenadas en los casos y condiciones que la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal establece, quedando en libertad, sujetas al control por parte del Estado.

También se establece que este tipo de control será aplicable a presuntos agresores, para la efectiva protección de la seguridad física de las víctimas.

La normativa da cuenta que el dispositivo de control telemático será financiado por el sindicado, sancionado o condenado; salvo criterio del juez competente, previo estudio socioeconómico del sujeto.

Casos excepcionales

El acuerdo también señala que el juez competente, de manera excepcional y atendiendo al autofinanciamiento, cuando del estudio socioeconómico se establezca que el sindicado, sancionado o condenado no cuenta con la suficiente capacidad económica, ordenará que el Ministerio de Gobernación sufrague el costo del dispositivo de control telemático.

Acotó que en caso de ser necesario el estudio socioeconómico, el mismo deberá ser requerido por el juez competente, al trabajador social que se encuentre asignado a su judicatura, en caso de no contar con dicho profesional, se solicitará al órgano jurisdiccional más cercano que cuente con el mismo.

Disponibilidad

El acuerdo dice que para otorgar el control telemático, el juez deberá verificar la disponibilidad de dispositivos para el caso concreto. Asimismo, deberá solicitar, por los medios más expeditos, a la Unidad de Control Telemático, el informe de factibilidad técnica, el cual conlleva: informe acerca de la cobertura, funcionamiento del dispositivo, la existencia de capacidad operativa de respuesta y otros aspectos que determinen la factibilidad.

“Al momento de solicitar la aplicación del control telemático, se deberá indicar el ámbito geográfico específico del desplazamiento del sindicado, sancionado o condenado, según corresponda, a efecto que el juez solicite los informes correspondientes a la Unidad de Control Telemático, relacionados con los lugares donde permanecerá o tendrá restringido permanecer”, se lee en el acuerdo.

Aplicación

La normativa señala que será un juez o integrantes de un tribunal decidirá la pertinencia o no, de la colocación del dispositivo de control telemático, y si resultara con que es afirmativo, deberá informar según corresponda, al presunto agresor, sindicado, sancionado o condenado, lo siguiente:

• a) Que el dispositivo de control telemático, consiste en un sistema de monitoreo, por el cual se le rastreará su posición geográfica y verificará el cumplimiento de las se condiciones impuestas por el Juzgado y/o Tribunal, mediante la Unidad de Control Telemático, con quien deberá mantener comunicación permanente;
• b) Que la destrucción, alteración y evasión del dispositivo es constitutivo del delito regulado en el artículo 10 de la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal y su respectiva sanción;
• c) Que se aplicará con el consentimiento expreso de la persona, salvo en casos de medidas de seguridad que ameriten a criterio de juez competente;
• d) Dado el consentimiento de forma expresa, por el presunto agresor, sindicado, sancionado o condenado; el mismo en el plazo que le fije el juez deberá hacer efectivo el pago por el uso del dispositivo de Control Telemático en la Unidad de Control Telemático o el lugar que indique dicha Unidad.

El acuerdo también menciona que una vez realizado el pago por parte del privado de libertad, señalado o agresor, la Unidad de Control Telemático, dentro del término de 48 horas procederá a la colocación del dispositivo; la Unidad de Control Telemático, lo hará del conocimiento del Juez competente.

Entonces el juez deberá notificar a la Unidad de Control Telemático, cuando otorgue el uso del dispositivo de Control Telemático. Si el presunto agresor, sindicado, sancionado o condenado, no hiciere efectivo el pago por el uso del dispositivo dentro del plazo establecido por el juez, la Unidad de Control Telemático, lo hará del conocimiento al Juez competente, para que resuelva lo que en derecho corresponda.

Colocación del dispositivo

Se establece que en aquellos casos que conforme al artículo 22 de la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, se disponga la utilización del dispositivo de control telemático por parte del presunto agresor, el Tribunal, proporcionará a la Unidad de Control Telemático, la información necesaria para que comparezca el presunto agresor a fin de obtener el dispositivo de control telemático y su colocación al vencimiento del plazo de oposición.

Conforme lo dispuesto en el artículo anterior, la resolución judicial que se emita sobre el Control Telemático, deberá contener lo siguiente:

• a) Identificación del proceso y el tipo de delito;
• b) Identificación del presunto agresor, sindicado, sancionado o condenado en el caso que corresponda;
• c) Fecha de inicio y plazo de la aplicación del dispositivo de control telemático, en el caso que corresponda;
• d) Ámbito geográfico de locomoción de la persona portadora del dispositivo de control telemático;
• e) Si fuere el caso, la individualización completa de la o las personas a las cuales tiene prohibición de aproximarse;
• f) Elementos generales de funcionamiento y condiciones de uso de los dispositivos de control telemático, de conformidad con el resultado del informe de factibilidad técnica remitido por la Unidad de Control Telemático, así mismo las consecuencias de su violación;
• g) Todos aquellos aspectos adicionales que el Juez competente estimaré importantes para su correcta aplicación.

Cómo liberarán al señalado

Uno de los artículos del acuerdo se refiere a la libertad del sindicado, sancionado o condenado cuando se encuentre privado de libertad y se le instale el control telemático.

Se menciona que la instalación del dispositivo se realizará en el lugar donde el juez competente disponga. Para el efecto, la Unidad de Control Telemático informará al órgano jurisdiccional competente, la colocación del dispositivo de Control Telemático y proporcionará los datos de identificación del mismo.

Cuando este paso se haya cumplido, el juez ordenará la libertad del sindicado, sancionado o condenado, sujeto al control telemático.

Incumplimiento

El acuerdo menciona que en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas,  en la aplicación del dispositivo de control telemático, la Unidad de Control Telemático deberá informar al órgano jurisdiccional competente, “para que proceda de conformidad con el Artículo 9 de la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan si fuera el caso, por los delitos de destrucción, alteración y evasión de dispositivo de control telemático; así como de cooperación de destrucción, alteración y evasión de dispositivos de Control Telemático, de conformidad con los Artículos 10 y 11 de la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal”.

Finalización del uso del dispositivo

Se establece que cuando a criterio de juez competente deba finalizar el uso del dispositivo de control telemático, éste ordenará a la Unidad de Control Telemático para que proceda a la remoción del mismo.

Par controlar el funcionamiento del sistema de vigilancia telemática, el juez competente podrá requerir a la Unidad de Control Telemático informe sobre el uso del dispositivo de control telemático, para verificar el cumplimiento de la medida impuesta.

La CSJ instruye a las dependencias del Organismo Judicial para realizar las acciones necesarias dentro del ámbito de su competencia a efecto de la implementación del presente acuerdo.

Añade que los casos no previstos en el presente acuerdo serán resueltos de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, los Convenios Internacionales ratificados por Guatemala, la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal y demás leyes ordinarias.

Las situaciones no previstas en el presente acuerdo serán resueltas por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Además, se establece que la implementación de Control Telemático podrá aplicarse efectivamente al momento que el Ministerio de Gobernación, informe a la Corte Suprema de Justicia, respecto a la capacidad de operativizar el control telemático.

También que la implementación se realizará de forma progresiva, hasta cubrir el territorio nacional, según la capacidad técnica, operativa y financiera.

Para el efecto, el Ministerio de Gobernación informará a la Corte Suprema de Justicia los lugares geográficos en donde se iniciará la implementación del Control Telemático, quien lo hará de conocimiento de los órganos jurisdiccionales.

El presente acuerdo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América, es decir a partir del 15 de junio de 2023.

Este miércoles 31 de mayo, el Ministerio de Gobernación (Mingob) mostró cómo funcionará una nueva tecnología que será implementada en el sistema de justicia penal y que permitirá el monitoreo en tiempo real de privados de libertad, este monitoreo será mediante el uso de grilletes electrónicos.

Dos mil grilletes electrónicos estarán a disposición del sistema de justicia a partir de este 1 de junio como parte del nuevo sistema de control telemático que impulsa el Mingob.

Según la referida cartera, el objetivo de su implementación es modernizar el sistema penal, reducir la población en los centros carcelarios y brindar condiciones favorables a los reclusos para su readaptación a la sociedad.

Cómo funciona

El sistema de control telemático permite llevar a cabo un monitoreo y vigilancia permanente en tiempo real mediante cuatro pantallas en las que se observa un mapa con opción a vista satelital para controlar el recorrido del usuario gracias a tecnologías de geolocalización.

Además, un mapa de calor que indica el tiempo que la persona estuvo en cada lugar y si permaneció o no dentro del perímetro permitido para circular.

Mientras que Sergio Ramos, subdirector del Centro de Control Telemático del Mingob, explicó que la tobillera funciona por medio de una correa de sujeción que va directo al Smart tag.

Funciona con cuatro tecnologías: GPS, LDS, WiFi y radiofrecuencia. Al momento de que el portador incumpla con alguna de las reglas, el sistema va a alertar en tiempo real para poder terminar qué es lo que está sucediendo con el dispositivo y el portador.

Van a contar con personal con un turno de 24/7 los 365 días del año y con analistas de riesgo, los cuales van a estar determinando, conforme a la veracidad de las alertas, cuál es el comportamiento de los privados de libertad.

Según las alertas generadas, así van a ser los procedimientos que van a ejecutar conforme a los protocolos de actuación.

Para cubrir los dos mil dispositivos, van a comenzar con 15 monitores, un supervisor en cada turno y analistas de riesgo en acompañamiento, dos en cada turno.

Además, tienen establecido un rango de importancia en atención de la alerta, así es como van a monitorear.

David Napoleón Barrientos, ministro de Gobernación, resaltó que el control telemático permitirá, paulatinamente, disminuir la cantidad de privados de libertad que, hoy por hoy, es el 400% de la capacidad de la infraestructura que se tiene en los centros carcelarios desde hace muchísimos años y que han sobrepasado su capacidad.

Dijo que esta medida va a permitir que las personas no tengan que estar en prisión preventiva, por ejemplo, según lo determinen los jueces.

Agregó que hay personas que laboralmente pueden ser muy productivas y están guardando prisión, entonces pueden seguir con sus actividades laborales, comerciales, ya que el aparato no es grande y permite movilidad en las áreas laborales, particulares, profesionales o estatales.

Destacó que esto es un avance para el sector de justicia en Guatemala.

“Al evento se le llamó plan piloto porque es una experiencia nueva para nosotros, para el sistema judicial, para el país, para el Ministerio de Gobernación. Hemos hecho el análisis y la preparación cuidadosa y estamos preparados para hacerlo”, afirmó el ministro.

Añadió que tienen dos mil equipos inicialmente y, en la medida que los jueces vayan otorgando esta medida y vaya creciendo la cantidad de usuarios, tienen que ampliar la cantidad de dispositivos.

“No tenemos un límite. El límite lo pondrá el Organismo Judicial. Hasta el momento, no se ha hecho ningún pago. Los pagos se van a hacer durante tres años y, de acuerdo con el rango de usuarios que existan, hay un monto a cancelar por el uso de esa tecnología”, añadió.

El Mingob explicó que en caso de ser transgredidas las medidas establecidas por el juez o jueza competente, o un intento de retirar el dispositivo, los agentes de la unidad de control telemático podrán comunicarse con el usuario y activar los protocolos correspondientes.

De acuerdo con el artículo 7 de la ley de Implementación del Control Telemático en el proceso penal, sobre autofinanciamiento, “el dispositivo de control telemático será financiado por el sindicado, sancionado o condenado, salvo criterio del juez competente, previo estudio socioeconómico del sujeto”.

El Mingob también informó que un juez competente determinará si la persona que porta el aparato deberá pagar por sus medios la cantidad de Q1 mil 500 mensuales o si será absuelta del costo.

En cuanto al incumplimiento de las disposiciones establecidas por el Organismo Judicial (OJ), tendrá como consecuencia la revocación de la medida, el pago de una multa, pena de prisión y la captura inmediata.

Para leer más: Publican protocolo de acción y operación para los privados de libertad con control telemático

En febrero pasado, el Mingob adjudicó por Q110 millones 367 mil 144 al arrendamiento de 2 mil dispositivos de control telemático, en el cuarto intento por adquirir el servicio, pues en las ocasiones anteriores el evento había sido anulado.

El 11 de mayo recién pasado, Sergio Ramos, subdirector del Centro de Control Telemático del Mingob, comentó que el control telemático es un conjunto de sistemas de telecomunicaciones e informática de vigilancia electrónica permanente que permite rastrear al portador del Dispositivo de Control Temático, al que denominan (DTC).

Agregó en esa oportunidad que el DTC es un rastreador de ubicación que permite geolocalizar, en tiempo real, a las personas que portan el dispositivo.

[#𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼] Aplicación del #ControlTelemático será eficiente y transparente.

La información acá https://t.co/WEHVL6WfjS pic.twitter.com/lqagMyLuR7

— MinGob (@mingobguate) May 31, 2023

El Ministerio de Gobernación (Mingob) publicó este 30 de mayo el protocolo de acción y operación que se implementará para la coordinación entre instituciones que están involucradas en el nuevo sistema de control telemático para privados de libertad.

El Mingob publicó en el Diario de Centro América el acuerdo ministerial 280-2023, de fecha 26 de mayo, y refiere que el decreto 49-2016 del Congreso de la República dio vida a la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, en el cual se regula la aplicación del control telemático a las personas sujetas a proceso penal, para garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas sustitutivas, prelibertad y libertad controlada, así como para la protección de las víctimas del delito y víctimas de violencia contra la mujer.

Añade que por eso se hizo necesario emitir las disposiciones de coordinación institucional que deben cumplir las dependencias del Ministerio de Gobernación, para dar efectivo cumplimiento a la mencionada ley.

Fuer por ello que aprobó la Normativa de coordinación institucional para la aplicación del control telemático en el proceso penal, la que tiene como objetivo definir las acciones administrativas y operativas, que debe desarrollar la Unidad de Control Telemático (UCT) en forma coordinada con las dependencias del Ministerio de Gobernación y la comunicación con las entidades que tengan relación con la aplicación del control telemático en el proceso penal.

Añade que será la mencionada Unidad de Control Telemático es la encargada de velar por el cumplimiento del Decreto Número 49- 2016 del Congreso de la República.

Protocolo

En el artículo del acuerdo, menciona que los protocolos de actuación y operación de la Unidad de Control Telemático regirán para la comunicación institucional entre la mencionada unidad, la Dirección General de la Policía Nacional Civil y la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Agrega que estos protocolos deberán ser aprobados el despacho superior del Mingob y estos deberán ser actualizados, atendiendo a las necesidades de la Unidad de Control Telemático dentro del ámbito de su competencia.

La UCT deberá informar a requerimiento del órgano jurisdiccional competente -juzgado- sobre la disponibilidad de dispositivos y la factibilidad técnica.

También señala que para realizar la evaluación técnica de factibilidad es necesario conocer el ámbito geográfico especifico de desplazamiento del sujeto portador del dispositivo, así como los lugares y temporalidad donde tendrá permitido o restringido permanecer.

La UCT deberá informar al órgano jurisdiccional competente, el cumplimiento de los procedimientos de instalación, desinstalación o reemplazo de los dispositivos de control telemático, así como cualquier incidente derivado por incumplimiento de las condiciones impuestas al sujeto portador del dispositivo de control telemático, para que resuelva conforme a lo que en derecho corresponda.

Se menciona que la Coordinación de Enlace de la UCT deberá generar los mecanismos de comunicación con cualquier entidad pública o privada en los casos que lo ameriten, para informar o coordinar los aspectos relacionados a la aplicación del control telemático.

La PNC

Se establece que la Dirección General de la Policía Nacional Civil deberá cumplir con las siguientes acciones:

• a) Brindar a través de la Subdirección General de Operaciones el acompañamiento de seguridad para proteger la integridad física del personal y equipos de la Unidad de Control Telemático, en las diligencias y evaluaciones que se realicen para determinar la factibilidad técnica, en los procedimientos de soporte técnico, instalación, desinstalación o reemplazo de los dispositivos de control telemático, y otros procedimientos instruidos por órgano jurisdiccional competente.
• b) Informar la ubicación geográfica y distancia de la sede o sedes policiales más cercanas al ámbito geográfico de aplicación de control telemático, para determinar la capacidad operativa de respuesta del Informe de factibilidad técnica solicitado por el órgano jurisdiccional competente.
• c) Designar de forma permanente a los Operadores de Enlace de la Sección 110 específicos para la Unidad de Control Telemático, que permitan la atención de las alertas que ameriten acciones para prevenir o responder ante circunstancias relacionadas con el incumplimiento a las condiciones impuestas por el órgano jurisdiccional competente, o ante la posibilidad de comisión de algún delito. Los miembros policiales deberán informar los resultados, para los efectos correspondientes.
• d) Proteger a las víctimas del delito y víctimas de violencia contra la mujer, cuando sea requerido por la Unidad del Control Telemático de conformidad con los protocolos establecidos.

Sistema Penitenciario

La Dirección General del Sistema Penitenciario deberá cumplir con las siguientes acciones:

• a) Designar a los enlaces institucionales específicos para la Unidad de Control Telemático con disponibilidad permanente, con el propósito de mantener canales efectivos de comunicación, que permitan el cumplimiento de las resoluciones emitidas por órgano jurisdiccional competente en relación a las libertades anticipadas, prelibertad y libertad controlada con aplicación del control telemático.
• b) Informar a la Unidad de Control Telemático para efectos de control, sobre las salidas y traslados establecidos por la Ley, de los sujetos portadores del dispositivo de control telemático que gocen del beneficio de libertad anticipada o del régimen de prelibertad o libertad controlada.

Resguardo de la información

Según el artículo 10, con la finalidad de garantizar la transparencia de la administración pública, la rendición de cuentas y el principio de máxima publicidad, la información que administre la Unidad de Control Telemático, la Dirección General de la Policía Nacional Civil y la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobernación, es clasificada como información pública.

Salvo los límites respecto a datos personales sensibles o cuando la información pueda causar un serio perjuicio o daño a las actividades de investigación, prevención o persecución de los delitos y los expedientes judiciales en tanto que no hayan causado ejecutoria conforme al decreto número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, la cual es clasificada como información reservada.

La Dirección General de la Policía Nacional Civil y la Dirección General del Sistema Penitenciario deberán mantener una base de datos sobre la información de los sujetos portadores del dispositivo de control telemático, como medida adicional de control. Para el caso de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, que permita la identificación de los sujetos portadores del dispositivo de control telemático dentro del territorio nacional.

El presente acuerdo ministerial  empieza a regir a partir de su publicación en el Diario de Centro América.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) publicó este miércoles 17 de mayo, en el Diario de Centro América, las tarifas que deberá pagar el sindicado, sancionado, condenado o el presunto agresor que opte por utilizar los servicios de control telemático que dará esa institución.

Refiere al Decreto Número 49- 2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de implementación del control telemático en el Proceso Penal, el cual regula la aplicación del control telemático a las personas sujetas a proceso penal, para garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas sustitutivas, prelibertad y libertad controlada, así como las medidas de seguridad en casos previstos.

En el acuerdo gubernativo 89-2023, de fecha 16 de mayo de 2023, el Mingo que señala que para dar cumplimiento al autofinanciamiento establecido en el artículo 7 de la referida Ley, se hizo necesario fijar las tarifas que deberá pagar el sindicado, sancionado, condenado o el presunto agresor, por los Servicios de Control Telemático.

Será la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros del Mingob el responsable de recaudar y administrar los ingresos propios que perciba por el cobro de los servicios de control telemático y que para eso deberá establecer los controles internos correspondientes.

Tarifas

Las tarifas individuales por el uso de los dispositivos de control telemático serán las siguientes:

1. Tarifa diaria: Q50
2. Tarifa mensual: Q1 mil 500.

El Minigob estableció que los ingresos percibidos por las mencionadas tarifas constituyen ingresos propios para la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros del Ministerio de Gobernación, y se utilizarán para cubrir los gastos de administración y mantenimiento de la Unidad de Control Telemático.

Forma de pago

En cuanto al pago de la tarifa correspondiente al uso del control telemático, el Mingob definió que deberá realizarse antes de que al sindicado, sancionado, condenado o presunto agresor se le coloque el dispositivo de control.

El pago deberá hacerse en moneda de curso legal mediante transacciones bancarias, con dos días de anticipación al inicio del plazo de ejecución de la medida.

La Dirección de Servicios Administrativos y Financieros del Ministerio de Gobernación deberá establecer los procedimientos para la aplicación del tarifario por día y mes.

El Mingob también menciona sobre el incumplimiento del pago de tarifas, y señala que, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales, el incumplimiento en la obligación de los pagos establecidos en el tarifario autorizado, será informado al juez competente por parte de la Unidad de Control Telemático, para que resuelva de conformidad con la Ley.

Los ingresos percibidos y administrados por la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros del Mingob se trasladarán a la cuenta “Gobierno de la República Fondo Común Ingresos Privativos Tesorería Nacional”, del Banco de Guatemala; asimismo, deben registrarse en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) y en la cuenta corriente de ingresos propios por parte de la Unidad Ejecutora.

El Mingob, a través de la Unidad de Auditoría Interna, será la encargadas de auditar y evaluar los procesos presupuestarios, contables y financieros de la recaudación y administración de los ingresos percibidos.

El presente acuerdo empezará a regir al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América, es decir el jueves 18 de mayo.

Q110 millones

En febrero pasado, el Mingob adjudicó por Q110 millones 367 mil 144 el arrendamiento de 2 mil dispositivos de control telemático, en el cuarto intento por adquirir el servicio, pues en las ocasiones anteriores el evento había sido anulado.

La empresa que ganó la licitación fue Tecnología, Acceso y Seguridad Sociedad Anónima, que fue la única que presentó oferta, según consta en el portal Guatecompras.

El pasado 11 de mayo, el Mingob informó que A partir del 1 de junio de 2023 personas privadas de libertad podrán optar al uso de un dispositivo de control telemático como método alternativo a la prisión preventiva.