La empresa Smartmatic International Holding B.V. presentó una oferta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por Q606 millones por equipo tecnológico para el desarrollo de las elecciones 2023 en un proceso que ha sido cuestionado por falta de transparencia. El representante legal de esta entidad es Elizandro Lopez Flores, exviceministro administrativo de gobernación del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

Según un acta del TSE al que tuvo acceso Prensa Libre, la oferta incluye monitores, impresoras miltifuncional, escáneres, servidores en rack, servicios para infraestructura tecnológica para centros de datos y otros software.

Desde ayer al menos 13 organizaciones académicas y de sociedad civil se presentaron al TSE para demandar públicamente más transparencia en esta compra ya que se identificaron varias anomalías. Entre estas, que el evento no se publicó en Guatecompras y sólo se dieron ocho días para que las entidades interesadas presentaran ofertas.

Smartmatic International Holding B.V., según el comunicado difundido por las organizaciones, fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas y fue inscrita como sucursal en Guatemala el 16 de junio de 2022 y el 6 de septiembre, menos de tres meses después, fue precalificada como proveedora del Estado, antes de la publicación del evento en el portal del TSE, de acuerdo con las asociaciones.

Mientras tanto, organizaciones de sociedad civil exigen al TSE que enmiende el procedimiento y realice el concurso de acuerdo a los parámetros que establece la LCE.

Pronunciamiento de CACIF

El sector empresarial aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) señaló en un comunicado la compra del sistema tecnológico que se implementará en el proceso de elecciones generales del 2023 “no garantizan una adjudicación idónea ni adecuada”.

“Hoy, ese proceso no se ha dado a conocer de manera suficiente, sus bases y términos de referencia deben ser mejor elaborados, y existen dudas fundadas sobre si ha existido una amplia participación de oferentes, lo que es fundamental para tomar una mejor decisión. Es nuestro criterio que las dudas generadas a la presente fecha no garantizan una adjudicación idónea ni adecuada”, dice el comunicado firmado por el presidente del Cacif, Hermann Girón.

La Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) informó que, previo a analizar de forma técnica la ley que amplió el presupuesto por Q3 mil 191 millones 242 mil 500,  para la construcción y mantenimiento de carreteras esperará que el presidente de la República, Alejandro Giammattei, decida en los próximos días si la veta o la sanciona.

Varios  sectores, entre los cuales se encuentran cámaras empresariales y tanques de pensamiento, solicitaron al presidente Giammattei que vetara el decreto 21-2022, el cual amplía el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para “infraestructura estratégica”.

Entre las diversas fallas que contiene la iniciativa, según expertos, se destaca la falta de capacidad técnica para ejecutar dichos fondos y la intención de llevar a cabo los proyectos evadiendo las normas y procedimientos que establece el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Al respecto, Segeplan, ente coordinador del SNIP, dijo que previo a emitir comentarios esperaría que la Presidencia de la República decida si anula el decreto aprobado por el Congreso o, por el contrario, lo mantiene firme.

“La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, respetuosa de los procedimientos, debe esperar a que la iniciativa de ley del Congreso de la República, “Ley para el Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica”, cumpla con el proceso de revisión que corresponde para ser vetada o sancionada”, respondieron autoriades de dicha dependencia.

En caso de que dicha ley sea sancionada sin modificaciones, los proyectos que se ejecuten deberán cumplir con los procesos normados en el SNIP, aseguró dicha dependencia por medio de su oficina de comunicación social.

De igual forma se consultó a la Dirección General de Caminos, a la que se le asignaron Q1 mil 748 millones del total, para consultarle sobre su capacidad técnica para ejecutar dichos fondos, pero no respondieron.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) determinó irregularidades en la construcción del Tren Maya por 86 millones 458 mil pesos en pagos “indebidos” y duplicados, así como obras que no se comprobaron su ejecución.

En un informe se menciona que en la revisión del contrato de prestación de servicios C-TM-008/2019, que tiene por objeto la “Ingeniería Básica para el Tren Maya”, se observó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) autorizó pagos indebidos por un monto de 38 millones 792 miles de pesos por “la incorrecta integración de los precios unitarios del contrato, toda vez que en las matrices de éstos se contemplaron tiempos superiores del personal considerado en la mano de obra con respecto a los tiempos establecidos en los programas de trabajo de la propuesta económica”. Lo anterior significa que los precios fueron más altos a lo que se había pactado en el Plan de Trabajo.

También hubo daño por 10 millones 752 mil pesos, ya que por esa cantidad se realizaron pagos en 6 conceptos a precios unitarios relativos a la partida de trabajos preliminares, terracerías y sistemas de vía; sin embargo, en la documentación que entregaron autoridades a la AFS no se comprobó la ejecución de los trabajos “conforme a los alcances y rendimientos considerados en las matrices de precios unitarios correspondientes, en cuanto a materiales, mano de obra y equipo”.

En la construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya Correspondientes al Tramo 2, Escárcega – Calkiní, en el Estado de Campeche, la ASF detectó que hay un probable daño al erario por 10 millones 364 mil pesos, debido a que la supervisión externa no acreditó la participación de todo el personal que se había considerado.

En la construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya Correspondientes al Tramo 3, Calkiní – Izamal, en los Estados de Campeche y Yucatán, la Autoria detectó un probable daño por 6  millones 876 de pesos, porque no se acreditó la participación de la totalidad del personal considerado en las matrices de los precios unitarios correspondientes.

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En la construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya Correspondientes al Tramo 4, Izamal – Cancún, en los Estados de Yucatán y Quintana Roo, la ASF encontró pagos duplicados. El informe presentado a la Cámara de Diputados señala que la propuesta del contratista a quien se le adjudico este tramo consideró en el análisis de costos indirectos rubros que ya estaban dentro del “Proyecto Ejecutivo Tramo Izamal-Cancún”.

A ello se agrega un presunto daño al erario por 11 millones 763 mil pesos  por el pago de la indemnización de ejidos o predios para la liberación del derecho de paso de vía del Tren Maya, sin contar con la documentación aplicable al tipo de propiedad que corresponda y que contenga los nombres de los propietarios, el tipo y ubicación de los predios, a fin de acreditar su existencia para justificar el gasto.

*En alianza con Forbes México