La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó denuncias a finales del año pasado contra las autoridades de los hospitales General San Juan de Dios y Roosevelt por dudas en el destino de por lo menos Q28 millones, informaron este jueves 25 de enero autoridades de la Dirección de Auditoría al Sector Salud y Seguridad Social.

De acuerdo con la CGC, durante la auditoría no quedó claro el manejo de Q25 millones en el Hospital General San Juan de Dios; además, hay dudas del destino de Q3 millones que autoridades del Hospital Roosevelt destinaron para pagar un arrendamiento.

Se informó que el Ministerio de Salud es una de las instituciones del Estado que se encuentra bajo monitoreo permanente por parte de la CGC, por lo que en la actualidad se encuentra en proceso una auditoría financiera.

Además, se detalló que en la Dirección de Salud se emitieron cuatro nombramientos de auditoría de cumplimiento con “nivel de seguridad limitada”, de las cuales tres son para el Hospital General San Juan de Dios, donde, además, se generaron tres denuncias.

La primera denuncia, según la CGC, es por “pagos improcedentes” por trabajos de remozamiento no efectuados por Q18 millones, y que fueron hechos a la Empresa Construced.

Otra denuncia que se planteó en contra de las autoridades de ese entonces del San Juan de Dios es por el pago de Q7 millones para la compra de batas no estériles, pero estas no fueron entregadas al nosocomio.

Además, hay otra denuncia por un “pago improcedente por otros servicios no realizados en canaletas plásticas de cableado en diferentes áreas, tuberías de vapor y readecuación y pulido de cabina de acero inoxidable de los elevadores del hospital”. El proveedor es Voltar intermedia, según la CGC.

En tanto, en el caso del Hospital Roosevelt, la CGC colocó una denuncia por dudas en el manejo de los fondos en el arrendamiento de una bodega que “no cumplía con las especificaciones del contrato”, y por la cual se pagaron Q3 millones.

Auditorías

Se informó que en la actualidad para el Hospital San Juan de Dios hay en proceso cinco auditorías, una a requerimiento del Ministerio Público (MP), dos a requerimiento de la sociedad civil y dos a requerimiento del Congreso de la República.

En tanto, para el Hospital Roosevelt hay dos auditorías en proceso, las cuales fueron requeridas la sociedad civil, señaló la CGC.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó dos denuncias contra los magistrados del Tribunal Supremo Electorales, la primera relacionada por la compra del sistema informático usado en las elecciones, y la segunda por aparentes compras innecesarias.

Esta decisión de la CGC, se da tras realizar una serie de auditorías relacionadas con los gastos que realizó el TSE para las votaciones del 25 de junio y del 20 de agosto.

“En el proceso se garantizó el derecho de defensa de los auditados, llevando a cabo todos los procedimientos que la ley establece, entre ellos la discusión de hallazgos en donde cada persona tuvo la oportunidad de presentar sus pruebas y argumentos de descargo, se llevó a cabo la evaluación correspondiente, dando como resultado la presentación de dos denuncias ante el Ministerio Público (MP)”, informó la CGC.

La primera denuncia corresponde por la aparente falta de calidad del gasto del TSE, al momento de suscribir el contrato del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que tuvo un costo de, Q148 millones.

La segunda denuncia, es por la aparente compra de equipo tecnológico innecesario para las votaciones del 2023. El informe que la CGC está por hacer pública, señala que por esta acción habría gastos alrededor de, Q26 millones.

Estos datos están por ser presentados de manera oficial de parte de autoridades de la CGC, quienes analizaron el uso de los recursos públicos que fueron entregados al TSE para las votaciones generales del 2023.

Las denuncias que presentó la CGC son en contra de los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Mynor Franco y Rafael Rojas, junto al encargado de informática del TSE, el ingeniero Jorge Santos.

Por la contratación del TREP los magistrados arriba señalados también enfrentan ya un proceso de antejuicio, expediente que se está tramitando ante una Comisión Pesquisidora en el Congreso de la República.

Justamente los magistrados señalados, deberán de comparecer el próximo lunes ante los diputados para presentar sus pruebas de descargo relacionadas con la contratación del TREP.

La tesis que maneja el MP, es que pudo existir una posible sobrevaloración en el costo del sistema informático, por lo que consideran prudente que se les retire la inmunidad a los magistrados para que así puedan ser investigados.

No afecta resultados

El TREP fue la herramienta informática que se utilizó en los comicios generales del 2023, y su función fue transmitir la tendencia del voto para los eventos electorales del 25 de junio y 20 de agosto.

Los resultados no están siendo cuestionados por la CGC, ellos dijeron que únicamente se enfocan en posibles irregularidades en el contrato y en la compra de tecnología que se fundamentó en el proceso electoral del 2023.

“Este resultado se deriva de hallazgos de la mala calidad del gasto público sobre los bienes adquiridos y servicios contratados, derivado de una planificación deficiente. No tiene relación con  los resultados electorales, la CGC  no tiene competencia para conocer o fiscalizar el resultado del proceso electoral 2023, ya que es únicamente competencia del TSE”, detalló la CGC.

Las denuncias ingresaron al MP la madrugada de este 25 de noviembre, y ahora compete al ente investigador designar a alguna fiscalía para que analice los reportes enviados por la CGC.

Defiende al TSE

Tras hacerse pública la denuncia, el magistrado, Rafael Rojas, expresidente del TSE, informó que todas las compras que realizó el TSE cuentan con un respaldo técnico y planificación.

“Para toda la adquisición del equipo informático, de todo lo que pudo adquirir el TSE para poder garantizar las elecciones, se hizo con una debida planificación, un análisis y un estudio de la Dirección Electoral”, explicó Rojas.

El magistrado añadió que cuentan con todos los documentos de respaldo, que permitirán, en su momento, esclarecer los hallazgos detectados por la CGC que ahora se presentan en forma de denuncia ante el MP.

“Nosotros, yo en lo particular y mis colegas también, tenemos la seguridad de que todas las acciones que tomamos para obtener el equipo y dotar de insumos y capacidades a todas las dependencias del TSE se hicieron para garantizar un proceso electoral eficiente y transparente”, dijo.

Finalmente, el magistrado envió un mensaje a la ciudadanía, explicando que tomaron acciones para garantizar el proceso electoral, “hay distintas percepciones y formas de ver los resultados. De ninguna manera cualquier acción que se pueda estar promoviendo va incidir en los resultados que ya nosotros oficializamos”.

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió un amparo en definitiva y deja en firme retiro de inmunidad a Carlos Mencos, actual diputado y exjefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que es señalado por haber avalado servicios considerados innecesarios para beneficiar a dos empresas, cuando era titular de la CGC.

Según se estableció, Mencos habría beneficiado a dos empresas a través compras que no siguieron los procedimientos de ley, las cuales suman Q1.3 millones

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un comunicado el miércoles 20 de julio en el que informaba que, por unanimidad, le fue retirada la inmunidad al excontralor y diputado Carlos Mencos.

La CSJ tuvo que conocer de nuevo una solicitud de retiro de derecho de antejuicio contra el diputado Carlos Mencos, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y exjefe de la Contraloría General de Cuentas.

La Corte de Constitucionalidad (CC) informó en ese momento que había anulado el fallo de la CSJ y el pleno de magistrados tendría que emitir una nueva resolución.

Según indicó la CC en ese momento, los magistrados no podían realizar un análisis de fondo de los hechos que el Ministerio Público busca investigar ni calificarlos.

“Valoración y calificación de los hechos corresponde con exclusividad a los jueces o tribunales del orden penal, en caso de que se estime necesario el inicio del proceso”, detalló la CC en ese entonces.

Señalamiento contra Mencos

Según la investigación, el excontralor Mecos habría autorizado la adquisición de bienes y servicios innecesarios por un costo de Q1 millón 380 mil durante su gestión al frente de la Contraloría General de Cuentas.

Según el  MP, personal de la Dirección de Tecnologías de la Información de la Contraloría habría beneficiado a dos empresas dedicadas al suministro de servicios informáticos.

Los trabajadores de la Contraloría, también señalados por el MP, habrían simulado una “falsa necesidad” para la adquisición de servicios, por los cuales Mencos habría autorizado las bases de cotización con ciertas especificaciones para poder beneficiar a las empresas.

La Corte Suprema de Justicia dio trámite a la solicitud de retiro de derecho de antejuicio planteada por el MP, el 4 de marzo último, cuyo proceso quedó en manos de la magistrada vocal I de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, nombrada jueza pesquisidora.

La Comisión de Postulación que elegirá a los seis candidatos finales para dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC) dejó fuera de la carrera por el puesto a 15 aspirantes, en la sesión que se llevó a cabo este sábado 8 de octubre.

A 14 de los excluidos no se les aceptaron las pruebas de descargo que presentaron por algunas inconsistencias en sus expedientes que fueron detectadas por los postuladores, mientras que otro más ni siquiera las presentó.

Los aspirantes que quedaron fuera son:

• Guillermo Ranferí Castillo López
• Rolando de Jesús de Paz Fajardo
• Óscar Hugo Werner Ochoa
• Jorge Anthony Villatoro Esteban
• Efraín Ángel Matías Aguirre
• Jessica Manuela Álvarez Flores
• José Domingo Conde Juárez
• Irma Consuelo Cristóbal Pérez
• Julio Roberto de Paz
• Édgar Rolando Zapeta Morales
• Gonzalo Ezequiel Rodríguez Tercero
• Gustavo Alexander Orozco Miranda
• Pablo Rolando Soch Ixtabalán
• Mario René Álvarez Galán
• Wenceslao de Manuel Lemus Morales

De esa forma, ahora quedan 33 aspirantes más a dirigir la Contraloría que serán entrevistados a partir del martes por los integrantes de la Comisión.

Las entrevistas serán públicas. Cada uno tendrá 30 minutos durante los cuales tendrán que explicar su plan de trabajo y deberán responder las preguntas de los integrantes de la postuladora.

La Comisión informó que el período para que la población civil presente tachas en contra de cualquiera de los aspirantes será del 12 al 14 de octubre.

Entre los aspirantes que siguen el proceso resalta Nora Segura, que ya dirigió la CGC del 2010 al 2014.

La Comisión de Postulación deberán escoger a una lita final de seis aspirantes de la cual el Congreso de la República deberá elegir al sucesor de Edwin Humberto Salazar, actual contralor.

La Postuladora para contralor General de Cuentas se estancó este sábado 1 de octubre debido a un intento de cambiar la tabla de gradación, que ya está aprobada. 

La comisión, que este sábado debería de entrar a conocer los expedientes de los aspirantes, no avanzó por varios reclamos de comisionados cercanos al oficialismo contra la tabla de gradación.

Tras los intentos, varios rectores denunciaron que se pretendía buscar dar mejores punteos a quienes tienen menos méritos profesionales y académicos. 

Los valores de la tabla habían sido ya aprobados por la comisión durante la semana. 

Finalmente, los inconformes no lograron el cambio y la comisión entrará a conocer los expedientes este domingo. 

El nuevo contralor debería tomar posesión luego de 13 de octubre; sin embargo, el plazo para desarrollar el procedimiento requerido sería insuficiente, según reconoció en septiembre el presidente de la Comisión, Roberto Moreno, rector de la Universidad de Valle de Guatemala.

“Vamos con unos días de retraso. Estaremos tratando en los próximos días el cronograma, acatando los plazos de ley que son inamovibles y entregar a menor tiempo posible la nómina al Congreso de la República”, dijo Moreno.

Sin embargo, aseguró que la nómina no podrá ser entregada antes del 13 de octubre, cuando vence la gestión del actual contralor.

“Se estima entre unos 24 días de trabajo para entregar la nómina al Congreso. No solo es el trabajo de la Comisión, sino el tiempo que requiera el Congreso para que los diputados puedan examinarla y tomar una decisión”, argumentó.

También indicó que en anteriores procesos han surgido inconvenientes y ha sido el subcontralor quien tome posesión hasta la nueva designación.

Este miércoles 21 de septiembre, en el Congreso de la República, se juramentó a los integrantes de la Comisión de Postulación que conformará la terna de aspirantes para jefe de la Contraloría General de Cuentas de la Nación.

El nuevo contralor deberá tomar posesión luego de 13 de octubre, cuando termine la gestión de Edwin Salazar; sin embargo, el plazo para desarrollar el procedimiento requerido sería insuficiente.

Roberto Moreno, rector de la Universidad de Valle de Guatemala y presidente de la Comisión de Postulación, indicó que el 12 de agosto se debió comenzar con el trabajo para poder entregar la nómina el 20 de septiembre.

“Vamos con unos días de retraso. Estaremos tratando en los próximos días el cronograma, acatando los plazos de ley que son inamovibles y entregar a menor tiempo posible la nómina al Congreso de la República”, dijo Moreno.

Sin embargo, aseguró que la nómina no podrá ser entregada antes del 13 de octubre, cuando vence la gestión del actual contralor.

“Se estima entre unos 24 días de trabajo para entregar la nómina al Congreso. No solo es el trabajo de la Comisión, sino el tiempo que requiera el Congreso para que los diputados puedan examinarla y tomar una decisión”, argumentó.

También indicó que en anteriores procesos han surgido inconvenientes y ha sido el subcontralor quien tome posesión hasta la nueva designación.

“Lo que la ley establece es que, terminado el plazo del contralor, es el subcontralor quien asume funciones en tanto se completa en nombramiento”, aseguró.

#CongresoGT | Son juramentados los 23 miembros de la Comisión de Postulación que conformará la nómina de seis aspirantes a Contralor General de Cuentas. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/iK8oUIwwSn

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) September 21, 2022

Moreno añadió que la primera sesión de trabajo se efectuará mañana jueves 22 de septiembre.

El 9 de julio por la noche falleció Óscar Eugenio Dubón Palma, excontralor General de Cuentas y quien enfrentó señalamientos de triangular fondos para la campaña política de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN), además de ser uno de los beneficiados por el desfalco millonario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.

Dubón Palma se desempeñó como Contralor general de cuentas entre el 2002 y 2004, gestión que estuvo empañada de acusaciones por lavado de dinero y peculado.

Fue el 3 de marzo de 2004 que el Congreso de la República aprobó el acuerdo 17-04 donde fue removido del cargo de contralor por negligencia.

Un día después Dubón Palma había huido del país, pero fue detenido en Peñas Blancas, Nicaragua por los agentes policiales de ese país quienes lo entregaron a las autoridades guatemaltecas, al retornar quedó a disposición del Ministerio Público.

Los casos en su contra

En una investigación periodística presentada en febrero 2004 se reveló que Dubón contrató a la asociación Civil Amigos en Acción, que luego fue la que trianguló fondos a los partidos UNE y PAN para financiar campañas de sus candidatos Álvaro Colom y Leonel López Rodas respectivamente.

Dubón recibió sentencia de 7 años de cárcel por el delito de peculado y quedó absuelto por el de lavado de dinero. Logró libertad condicional en 2008.

Mientras que en 2019 la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) reabrió un caso sobre un desfalco millonario al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) donde Dubón figuró como uno de los beneficiados.

La investigación conjunta de la Cicig y del MP se le denominó Caso Fénix, en la cual se determinó cómo Gustavo Adolfo Herrera Castillo (vinculado al Partido Patriota) utilizó una empresa off shore y sociedades anónimas para desviar fondos del Seguro Social. Una de esas empresas era Jekyll Propertiers que había sido constituida en las islas Bahamas y Guatemala, recibió el dinero saqueado.

El dinero malversado fue distribuido entre varios beneficiarios, entre ellos Oscar Dubón Palma, quien aparentemente recibió Q. 350 mil.

No obstante, fue el 27 de enero de 2021 que la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló el proceso penal por el caso Fénix.

El referido fallo judicial benefició a 52 sindicados de haber participado en un desfalco al IGSS por Q 350 millones que se ejecutó entre 2002 y 2004.

La Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad y  la organización Acción Ciudadana, accionaron penalmente contra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, pues aseguran que están preocupados por la “negligencia y la gran corrupción con que se ha manejado la infraestructura vial del país”.

Las organizaciones emitieron un comunicado, el que titularon “El agujero llamado corrupción conlleva el colapso de la infraestructura del país”, y aseguran que tomaron acciones por el mal manejo que dicho ministerio le ha dado a la emergencia en carreteras.

“En los últimos meses se ha evidenciado un aumento sin precedentes del presupuesto destinado al mantenimiento de las carreteras del país, ampliaciones presupuestarias que con la aprobación del estado de Calamidad aprobado por el Congreso el día de ayer llega a la exorbitante cantidad de 4 mil millones de Quetzales”, se lee en el documento.

Señala que pese a las grandes cantidades de dinero que supuestamente se han invertido en el mantenimiento de las carreteras, en pocos días de lluvia se ha visto el colapso de importantes tramos de la red vial, como ejemplo el puente Petapilla, Chiquimula; el km 15 de la ruta al Pacíficel libramiento de Chimaltenango y un derrumbe en San Lucas Sacatepéquez, entre otros.

“Pareciera intencional que se deje a merced del clima a las carreteras, esto para justificar la aprobación de un estado de Calamidad que permite robar a manos llenas y restringir derechos constitucionales”, agrega el documento.

Acciones legales

Según las organizaciones, por ese motivo decidieron accionar penalmente contra el Ministerio de Comunicaciones y por eso tomaron estas acciones:

1. Denuncia penal por la mala gestión y posibles contrataciones anómalas en las obras de mantenimiento del puente Petapilla que comunica Zacapa y Chiquimula.
2. Solicitud dirigida a la Contraloría General de Cuentas para verificar la mala gestión del hundimiento de la ruta hacia el Pacífico.

“Exigimos que las autoridades locales y del gobierno central asuman su obligación para atender la emergencia y no seguir afectando a la población. Los hacemos responsables que cualquier perdida humana que derivado del mal manejo de la crisis se derive”, se lee en el comunicado.

También exigen al Ministerio Público y a la Contraloría General de Cuentas que deduzcan responsabilidades a los funcionarios, que, ya sea de forma intencional o de forma negligente, hayan contribuido en el colapso de red vial y sus consecuencias en el desarrollo del país.

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), coordinó con la Policía Nacional Civil la captura en flagrancia de Pedro Luis Pocón, auditor de la Contraloría General de Cuentas, quien exigía Q300 mil al alcalde de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, Bartolomé Chocoj Camey a cambio de no presentar una denuncia en su contra por supuestos hallazgos que encontraron en una auditoría que efectuaron.

La captura ocurrió en un restaurante ubicado en el km 47.5 de la ruta Interamericana, Sumpango, Sacatepéquez, en donde Pocón había acordado que recibiría el dinero que exigía al funcionario.

“De acuerdo con la investigación de la fiscalía, derivado de la auditoría financiera y de cumplimiento del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 realizada a la Municipalidad de San Martín Jilotepeque Chimaltenango, requirió al alcalde de dicha municipalidad, la cantidad de Q300 mil quetzales para no presentar denuncias por los hallazgos establecidos en dicha auditoría”, según informó el MP.

Según la Policía, Pocón fue detenido cuando recogía una mochila negra que en el interior había dos sobres de manila que simulaban tener los Q300 mil.

La denuncia que presentó el alcalde Chocoj detalla que el 3 de febrero pasado, a las 15 horas, al despacho municipal ingresó el auditor Pedro Luis Pocón Tale y un compañero de este, identificado como Marvin Oswaldo Mérida Mérida, para contarle que ya habían terminado la auditoria y que ya se habían subido al sistema de la Contraloría algunos hallazgos.

Añadió que derivado de la auditoría se iban a presentar denuncias ante el Ministerio Público, pero que si el alcalde no quería que se presentaran dichas denuncias tenía que pagar Q300 mil.

Ese día acordaron que la entrega del dinero sería el martes 8 de febrero a las 7 horas en un restaurante ubicado en la ruta Interamericana.

La denuncia también menciona que el auditor Mérida Mérida le dijo al alcalde que si no entregaba el dinero tendría que enfrentar un proceso largo y podría tener problemas.

Por medio de un comunicado, la CGC informó que como ente responsable de velar por la buena ejecución de los recursos públicos, la ética y probidad de los servidores públicos, obtuvo información acerca de posibles actos anómalos en la Municipalidad de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango; por lo cual, se coordinaron acciones con el Ministerio Público que tuvieron como resultado la captura de un auditor de manera flagrante.

El proceso para retirar el antejuicio al diputado Carlos Mencos avanzó este 4 de marzo cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite a la solicitud de la Fiscalía contra la Corrupción.

El proceso pasará a manos de la magistrada vocal I de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, quien fue nombrada jueza pesquisidora.

De acuerdo con la fiscalía, Mencos, quien dirigió la Contraloría General de Cuentas (CGC), autorizó y permitió la adquisición de bienes y servicios innecesarios por Q1 millón 380 mil.

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De ese señalamiento se desprende que personal de la Dirección de Tecnologías de la Información de la Contraloría habrían beneficiado a dos empresas dedicadas al suministro de servicios informáticos, a cambio de lo cual habrían recibido beneficios, como viajes con gastos pagados a Bogotá en 2016.

La compra cuestionada, con el NOG 6355501, es “servicio de instalación de cableado estructurado de 576 puntos de red categoría 6 y 10 fibras ópticas om4 para el edificio de la CGC en la zona 1 de la capital”.

También está el NOG 6406866 “Adquisición de equipo activo para crecimiento y redundancia de infraestructura de red, para interconexión de edificios de la CGC”.

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Los trabajadores beneficiados con esos viajes fueron José Danilo Cruz Sagastume, coordinador de Informática de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la CGC;

Olga Mamertita Terre Acosta de Cal, subdirectora de la Dirección de Tecnologías de la Información, y José Antonio Franco Rodríguez, analista de Seguridad de la CGC.

La compra de los boletos aéreos corrió a cuenta de José Roberto Falla González, director y representante de Electrónica Comunicaciones y Servicios Sociedad Anónima (Ecssa).

Luego del viaje, Cruz Sagastume elaboró un informe para justificar la adquisición de equipos y puntos de red, simulando una “falsa necesidad”, pues no existían razones justificables para realizar las contrataciones.

Según la fiscalía, Mencos aprobó las bases de cotización que artificiosamente fueron elaboradas por Cruz Sagastume y Alfaro Pineda específicamente para favorecer a Ecssa.

La investigación indica que los ingenieros en informática de la CGC, con el aval de Mencos, elaboraron especificaciones generales de los equipos a adquirir y colocaron dentro de las bases de la cotización características de equipos cuyo proveedor exclusivo era Ecssa, con lo cual se determina el ánimo de beneficiar a dicha entidad mercantil.