La semana pasada el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se inscribió como precandidato a la reelección en el El Salvador para el próximo año. Pero, ¿está permitido por la Constitución de ese país?

Como recuerda AS, al menos 90 por ciento de los salvadoreños respaldan a Bukele, según la más reciente encuesta de TResearch.

De acuerdo con la publicación, el artículo 152 de la Constitución es claro en señalar que “no podrá ser candidato a la Presidencia de la República el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.

En tanto, el artículo 88 establece que “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”, recuerda AS.

A esto se suma, según la publicación, el artículo 154, que establece por cinco años el período de la Presidencia, “sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.

Estrategias oficialistas

Pese a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, electa por el Legislativo, que cuenta con mayoría oficialista, estableció en el 2021 que la decisión de permanencia en el poder “la decide el pueblo”, e interpretó a su manera dichos artículos.

“Esto implica únicamente que el pueblo tendrá entre su gama de opciones a la persona que a ese momento ejerce la presidencia, y es el pueblo quien decide si deposita nuevamente la confianza en él o si se decanta por una opción distinta”, dijo la Suprema en su resolución.

En tanto, el Tribunal Supremo Electoral, también con tendencia oficialista, dijo que acataría la decisión de la Corte.

Para entidades prodemocracia, como Acción Ciudadana y otros organismos internacionales, se trata de argucias para que Bukele se perpetúe en el poder.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir la Convención para escribirla (en 2021), el país decidirá finalmente a través de un plebiscito obligatorio si aprueba o rechaza la Carta Magna propuesta.

El resultado de la Convención fue un texto que consta de 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias.

“Tengamos conciencia del momento histórico que estamos viviendo. Por primera vez en nuestra historia republicana vamos a tomar una decisión respecto a una Constitución escrita de forma democrática, donde hay dos alternativas, ambas legítimas”, dijo hace unos días el presidente Gabriel Boric, partidario del “apruebo”.

Conforme fue trabajando la Convención y tras conocerse el texto propuesto se ha agudizado la división en el país que voto por una abrumadora mayoría por cambiar la Constitución de 1980, solución que nació como respuesta al estallido social de 2019.

El texto no generó el consenso esperado y, según las últimas encuestas, el “rechazo” parece tener ventaja.

La coalición de gobierno que lidera Boric ya propuso cambios incluso si la Constitución se aprueba, en un intento de mitigar los miedos de los partidarios del “rechazo” ante ciertas propuestas del texto que ven como “radicales”.

El oficialismo propuso modificaciones en cuestiones como la plurinacionalidad, las pensiones, la propiedad de la vivienda, la seguridad y el poder judicial.

Si gana la opción “apruebo”, la flamante Carta Magna empezará a regir en el acto, y a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazaría al Senado.

El gobierno y el Congreso trabajarían de inmediato en acuerdos para ciertas modificaciones.

Si gana el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguirá vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo. Se espera en ese caso que haya algún tipo de acuerdo entre sectores políticos para modificar el texto actual o proponer la redacción de otra nueva versión de Carta Magna.

Pase lo que pase este domingo, el proceso constitucional que nació del estallido social de 2019 no acabará.

• 5 cambios que propone hacer el gobierno de Chile al proyecto de Constitución si se aprueba el texto

En BBC Mundo te explicamos algunas de las diferencias más relevantes entre la Constitución propuesta que se vota este domingo y la actual que rige desde hace más de 40 años.

1. De “República Democrática” a “Democracia Paritaria”

Ha sido la primera vez en Chile y en el mundo que un grupo equiparado de hombres y mujeres escribe una Constitución.

Ese principio se refleja en la nueva Constitución propuesta, que define a Chile como una “democracia paritaria”, plantea que las mujeres ocupen al menos el 50% de todos los órganos del Estado y ordena tomar medidas para “alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad”.

“Que esta Constitución se haya escrito en forma paritaria se refleja tanto en los derechos que han sido considerados como en la forma en que se organiza el Estado. La democracia paritaria es un principio que inunda toda la Constitución. Esa es una diferencia radical”, afirma Lita Vivaldi, doctora en Sociología de la Universidad de Londres, y parte de la Asociación de Abogadas Feministas.

La Constitución en curso sólo plantea que “hombres y mujeres son iguales ante la ley” y que el Estado debe “asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.

“No incluye nada relacionado con enfoque de género y paridad. Lo más cercano fue la reforma constitucional donde se estableció que las personas nacen libres e iguales en derechos. Antes sólo decía los hombres”, recuerda Javier Couso, constitucionalista y académico de la Universidad de Utrecht.

2. De la omisión indígena a “Estado plurinacional e intercultural”

La Constitución en ejercicio no menciona a los pueblos originarios ni indígenas.

En un giro radical y muy polémico, el nuevo proyecto define a Chile como Estado Plurinacional e Intercultural, reconociendo 11 pueblos y naciones (Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam “y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley”, dice el texto).

• 4 factores que explican la división política y social que provoca la propuesta de nueva Constitución en Chile

También ordena constituir Autonomías Regionales Indígenas con autonomía política, precisando que su ejercicio no permite la secesión, ni atentar contra el carácter “único e indivisible” del Estado de Chile, y que sus competencias se establecerán por ley.

Plantea que, dentro de las entidades territoriales que forman el Estado chileno, pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgar consentimiento en aspectos que afecten sus derechos.

Asimismo, la propuesta reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, precisando que deben respetar la Constitución y tratados internacionales, y que cualquier impugnación a sus decisiones será resuelta por la Corte Suprema.

Para el exintegrante del Tribunal Constitucional chileno Jorge Correa Sutil, el texto en general no deja bien delimitado el ejercicio de la autonomía política y la justicia indígena. “En una cuestión tan importante como la igualdad ante la ley no habría costado nada haber establecido algunos límites”.

“Yo entiendo que el reconocimiento de autonomía política implica que puedes repudiar una ley de Chile. De lo contrario no sé qué puede significar… Se establece también la posibilidad de una justicia propia para las autoridades indígenas. No queda definido qué autoridades, en qué materias, en qué territorios o respecto a qué personas… Esto va a requerir una legislación, que puede ser muy razonable, pero que no tiene límites constitucionales”, afirma.

“No puede leerse el concepto de autonomía sin tomar nota que siempre dice ‘de acuerdo a la ley y la Constitución'”, responde el constitucionalista Patricio Zapata.

“Y sobre el pluralismo jurídico, no sólo en Ecuador o en Bolivia el Estado nacional, al advertir que en su interior hay comunidades que tienen su propio derecho, admite que ciertos conflictos sean resueltos de acuerdo a él. Lo hace Canadá con los francoparlantes de Quebec, Estados Unidos con sus primeras naciones, Nueva Zelanda, Australia. No tiene nada extraño. Y el cierre de cualquier juicio lo hará la Corte Suprema”.

La coalición gobernante dijo que, si se aprueba el texto, seguirán “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, para lo cual se establecerá “expresamente” que sus atribuciones deben ser “coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile”.

Zapata ahonda en la importancia de la plurinacionalidad: “Es uno de los cambios más profundos. Significa cambiar la forma en que la república chilena se relaciona con los pueblos originarios, pero también la forma en que se ve a sí misma”.

“Cambia la idea de que, a partir de la mezcla española e indígena, habría surgido una ‘raza chilena’ mestiza, victoriosa sobre nuestros vecinos… Toda esa autopercepción que fue muy marcada por los historiadores del siglo XX en Chile desconoce e ignora el hecho de la pluralidad, de la diferencia. Esto es un viraje”.

3. De “La ley protege la vida del que está por nacer” a “Asegurar condiciones para embarazo, interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”

La Constitución en ejercicio protege en forma explícita “la vida del que está por nacer”, pero no impidió despenalizar el aborto en tres causales en Chile en 2017, ya que el Tribunal Constitucional planteó que la persecución penal no era “mecanismo idóneo para proteger al no nacido” y que la sanción penal absoluta choca con los derechos de la mujer.

La ley fundamental propuesta reconoce el ejercicio libre, autónomo y no discriminatorio de los derechos sexuales y reproductivos, y plantea que el Estado debe asegurar las condiciones para un embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos, y para una interrupción voluntaria del embarazo.

“Este derecho no implica interrumpir el embarazo en cualquier momento. Será un derecho que estará regulado y reglamentado por el legislador, que dirá cuáles son los plazos y la forma de hacerlo”, explica a BBC Mundo Vivaldi.

4. Pensiones, salud y cuidados: un “Estado social y democrático de derecho”

La demanda general del estallido social de octubre del 2019, que abrió paso al proceso constituyente en Chile, fue recuperar un sentido de dignidad dañado por las falencias del modelo político y económico refrendado en la Constitución de 1980, que favorece el actuar de las instituciones privadas por sobre el Estado en la provisión de bienes sociales como educación, salud y pensiones (en este último caso, exceptuando a las Fuerzas Armadas).

El nuevo documento constitucional describe a Chile como “Estado social y democrático de derecho” que debe proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas.

La Constitución en vigor, por el contrario, plantea que el Estado debe “contribuir a crear las condiciones sociales” para la realización de las personas, pero le impide participar en cualquier actividad empresarial, a menos que lo autorice la ley.

“La Constitución de 1980 afirma la prescindencia del Estado siempre que el privado pueda. Ahora se afirma de forma contundente que es deber del Estado preocuparse de educación, vivienda, salud, pensiones, trabajo. Eso es un cambio de paradigma en el modelo político chileno que obedece a las demandas del estallido”, plantea Claudia Heiss, jefa de Ciencia Política en la Universidad de Chile.

En pensiones, ambas constituciones consagran el derecho a la seguridad social. La actual indica que el Estado debe garantizar prestaciones básicas uniformes otorgadas por instituciones públicas o privadas (las llamadas AFP en Chile). La propuesta recién elaborada propone un Sistema de Seguridad Social público, financiado con rentas nacionales y cotizaciones obligatorias. No menciona a prestadores privados.

Si gana el “apruebo”, el oficialismo se comprometió en el caso de las pensiones a incluir en la Carta Magna la implementación de que “el derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.

En salud, ambas constituciones incluyen prestadores públicos y privados. Pero la ley vigente permite que las personas destinen todos sus pagos forzosos a las aseguradoras privadas, mientras que ahora se propone crear un Sistema Nacional de Salud que recibirá todas las cotizaciones obligatorias en salud, dejando abierta la opción de contratar seguros privados extra.

“Se termina con la segregación en la salud en Chile”, declara Couso. “El sistema de salud público es más débil cuando las élites no están incluidas. En esta Constitución la cotización de salud irá a un fondo común en salud, como en Inglaterra. Y si bien habrá prestadores privados, estarán bajo el régimen de lo público”, explica.

El carácter social del Estado se expresa también en otras normas, como el derecho a la ciudad, a una vivienda digna, el reconocimiento al trabajo doméstico o la creación de un Sistema Integral de Cuidados universal y solidario.

“El derecho a los cuidados surgió de una iniciativa popular y reconoce las tres dimensiones: el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Este es un derecho clave, que junto a otros derechos económicos y culturales, marcan una diferencia sustancial en vías de obtener una vida más digna, que fue lo que impulsó el estallido de 2019”, destaca Vivaldi.

5. Agua: de “propiedad” a “inapropiable”

La Constitución en vigencia incluye una mención breve pero poderosa al agua en Chile. Plantea que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

La propuesta recién escrita establece el agua como bien “inapropiable”. También establece un “derecho humano al agua”, que prioriza sobre sus demás usos, y crea una Agencia Nacional de Aguas para su uso sostenible.

Se trata de un tema de especial significación en Chile, donde, en medio de una megasequía, decenas de comunas viven bajo emergencia hídrica, hay sectores rurales que dependen del agua repartida en camiones aljibes y no se descarta incluso la posibilidad de un racionamiento en la capital, Santiago.

El uso, acceso y preservación del agua están en el corazón del debate en Chile y son parte de un creciente número de conflictos ambientales y casos judiciales.

“Si en materia indígena antes no había nada, aquí había dos líneas: ahora hay un capítulo completo. Aquí se pasa de una constitución extremadamente escueta en materia ambiental, a una constitución que está cruzada por el cambio climático y la preocupación ecológica. Se llegó a reconocer incluso los derechos a la naturaleza”, destaca Couso.

El texto declara que personas y pueblos “son interdependientes con la naturaleza y forman, con ella, un conjunto inseparable. La naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos”.

6. Sistema Político

En ambos textos el gobierno y la administración del Estado corresponden a la figura presidencial. En el nuevo texto, la edad para postular al cargo baja de 35 a 30 años cumplidos. El período presidencial se mantiene en cuatro años, pero se autoriza la reelección consecutiva por una vez.

La coalición gobernante propone que “la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

Sobre el poder legislativo, la Constitución de 1980 define un Congreso Nacional con “dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado” y precisa que ambas concurren a la formación de leyes (donde el Senado puede “perfeccionar” el trabajo de la Cámara).

En el nuevo texto, se elimina el Senado y se crean dos Cámaras de poder “asimétrico”: un Congreso de Diputados y Diputadas para la formación de leyes (con al menos 155 integrantes), y una Cámara de las Regiones acotada a las leyes “de acuerdo regional”.

Para el abogado Correa Sutil, “la Constitución vigente tenía un hiperpresidencialismo muy fuerte que hacía funcionar al gobierno siempre que se entendiera con el Congreso: en el momento en que el gobierno tenía minorías en el Congreso, entrábamos en crisis”.

“Funcionó muy bien en los primeros años de la transición (a la democracia) por un acuerdo entre partidos que tenía que ver fuertemente con el temor de los sectores de izquierda de un regreso del autoritarismo”.

Con el nuevo texto, advierte, “vamos a experimentar con un sistema inédito en el mundo que es un presidencialismo con cámaras con poderes muy asimétricos, lo que es muy propio de sistemas semipresidenciales o semiparlamentarios”.

“Yo veo que hay varios elementos que implican riesgos de deterioro de la política en Chile, porque no se regulan los partidos políticos, no hay sistema electoral en la Constitución: eso lo va a fijar el propio Congreso”.

El proceso legislativo chileno, que requiere de altos quórum para realizar reformas en áreas clave, es uno de los elementos que definen a la Constitución de 1980. La nueva propuesta rebaja los quórum y suma elementos como las iniciativas populares de ley.

“La Constitución de 1980 es extremadamente hostil a la democracia participativa. Esta es una Constitución que introduce elementos de democracia directa”, describe Couso.

En mayo de 2022, el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Chicago Tom Ginsburg destacó cómo el proceso chileno podría mostrar al mundo la posibilidad de canalizar una serie de energías políticas muy diversas en un proyecto constitucional.

“Tenemos que ver qué pasará, pero hasta ahora, Chile tiene posibilidades de conseguir ese logro“, dijo a Bloomberg.

“Cuando uno mira el proceso en su conjunto, hubo grupos que no quisieron seguir las reglas, hubo provocaciones, hubo una derecha que saboteó el proceso desde el día uno. Me hubiera gustado más apertura de sectores radicalizados, maximalistas, sí. Pero prevaleció la sensatez. Pudo haber sido mejor, pudo haber habido más diálogo”, continúa Couso.

“Pero atendiendo a lo fracturado que estaba el país, a que además se hizo en pandemia, yo diría que es un proceso a la altura del acervo republicano chileno”.

*Este artículo se publicó originalmente en julio y fue actualizado con motivo de la celebración del plebiscito de este domingo.

Desde el inicio de la era democrática, para la toma de posesión de los presidentes electos se ha celebrado un acto protocolario, este contempla que el gobernante tome juramento de fidelidad a la Constitución por lo que debe levantar su mano derecha y colocar la mano izquierda encima de la Biblia.

Así se hizo hasta 2008, cuando el entonces presidente Álvaro Colom cambió la Biblia por la Constitución Política de la República. Luego, los mandatarios Otto Pérez Molina y Jimmy Morales hicieron lo mismo.

Ahora, el Congreso retomará la tradición original y para la toma de posesión de Alejandro Giammattei dejará la Constitución resguardada en la urna para que el juramento sea encima de la Biblia. La hija del presidente de Vamos sostendrá los sagrados textos, a diferencia de otros gobernantes que han acostumbrado que ese acto lo realice su esposa.

El Congreso ordenó la elaboración de una nueva Biblia, Giammattei será el primer presidente en firmarla, pero el objetivo es que quede en resguardo del Organismo Legislativo para posteriores juramentaciones.

En otros países, los presidentes también hacen juramento con una mano encima de la Biblia como promesa del cumplimiento de su función no solo ante la Constitución sino también ante Dios.

“Ha sido ratificada la Constitución por la mayoría de los ciudadanos”, dijo en conferencia de prensa Alina Balseiro, presidenta de la Comisión.

En el referendo nacional, celebrado el domingo, el 95.8% de las boletas resultaron válidas. Del total de 7.8 millones de votantes, 6.8 millones votaron por el “Sí” a la nueva Constitución (86.85%) y 766 mil 400 por el “No” (9%), dijo Balseiro, que calificó de “satisfactorio y favorable el resultado”.

Balseiro informó que de las boletas depositadas en urnas, 2.53% estaban en blanco, y el 1.62% fue anulada por diferentes motivos.

Tradicionalmente, la oposición ilegal en Cuba, donde el voto es voluntario, manifiesta su desacuerdo abteniendose, votando en blanco o dañando la boleta con consignas para que sea anulada.

Pero el referendo constitucional dio la oportunidad de votar por el no, a lo que llamó la oposición en una tenaz campaña en las redes sociales.

Según Balseiro, 766 mil 400 cubanos votaron por el no, 198 mil 674 dejaron su boleta en blanco y 127 mil 100 boletas fueron anuladas.

El gobierno y sus partidarios, desplegaron una ominipresente campaña por el “Si” en los medios, las calles y diferentes espacios.

La nueva Constitución, que sustituye a la de 1976, debe ser ahora proclamada por la Asamblea Nacional (Parlamento), en una sesión probablemente a realizarse en el mes de abril, y luego tiene que ser publicada en la Gaceta Oficial para que entre en vigor.

El texto ratifica el carácter “irrevocable” del socialismo como sistema social en la isla, pero abre su economía al mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera, todo bajo control del Estado.

También reconoce al Partido Comunista (PCC) como único y “fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”.

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En un comunicado, ese organismo europeo aboga para que la administración de Jimmy Morales “respete plenamente el orden constitucional, en particular la independencia del tribunal constitucional”, al tiempo que respalda la postura de la Secretaría General de ONU en torno a que la Cicig debe continuar funciones hasta septiembre de 2019, cuando termine su mandato.

Pero el organismo hace ver que durante el tiempo que le queda a la comisión se debe “respetar la integridad el personal nacional y extranjero y brindar toda la protección necesaria”.

También se refiere a la comisión en estos términos: “Desde su creación, la Cicig ha estado trabajando muy exitosamente de la mano con las autoridades judiciales de Guatemala para combatir la corrupción, la impunidad y fortalecer el estado de derecho. Sus logros fueron reconocidos a través de la renovación de su mandato en varias ocasiones. Cicig se ha beneficiado del apoyo financiero de la UE y de los Estados miembros de la UE desde su creación.

La UE reitera su voluntad de continuar trabajando en el fortalecimiento del sistema judicial de Guatemala en cooperación con las autoridades del país”.

La UE considera asimismo que “Guatemala debe fortalecer aún más su estado de derecho para garantizar la estabilidad” y que seguirá vigilando de cerca la situación y “reaccionará a la luz de los acontecimientos”.

Así, la UE se suma al G13 (embajadas de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Suecia, Suiza y Reino Unido), que el martes últimos expresó “preocupación por los acontecimientos de los últimos días”, y resaltó que es importante que el Gobierno de Guatemala respete el orden constitucional, la institucionalidad democrática, el estado de Derecho y la separación de poderes.

Países cooperantes, como Estados Unidos, Canadá y Alemania, han hecho declaraciones sobre el cese unilateral de la Cicig. Estados Unidos se expresó preocupado por el futuro de la lucha contra la corrupción, y Canadá y Alemania rechazan la decisión presidencial.