Por Sergio Morales

De acuerdo con el artículo 10 del decreto 18-2008, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, el CNS tiene como funciones, entre otras, aprobar la agenda de riesgos y amenazas, presentar a los organismos del Estado su recomendación e informe frente algún hecho, acto o materia que, a su juicio, atente gravemente en contra de la institucionalidad, o pueda comprometer la seguridad de la nación.

También, conocer y recomendar sobre aquellos asuntos de carácter estratégico para la seguridad del país.

Además, dentro de sus funciones el mismo artículo especifica que es su obligación, definir y aprobar la agenda estratégica de seguridad de la nación, así como el plan estratégico de seguridad y la política nacional de seguridad; promover la actualización del marco normativo e institucional aplicable a las actividades de seguridad; y coordinar y supervisar el funcionamiento de las instituciones responsables de la seguridad.

Aparte del presidente Jimmy Morales y del vicepresidente Jafeth Cabrera, el artículo 9 de la Ley indica que el CNS está conformado por los ministros de Relaciones Exteriores (Sandra Jovel), de Gobernación (Enrique Degenhart), y de la Defensa Nacional (Luis Ralda).

El secretario de Inteligencia Estratégica del Estado (Mario Andrés Duarte) y el Procurador General de la Nación (Jorge Luis Donado), completan la lista de los integrantes del CNS.

Lea también: Nueva embajadora de Noruega indaga sobre la no renovación del mandato de Cicig

Disposición

Según un comunicado que publicó en sus redes sociales, el Gobierno de Guatemala decidió prohibir el ingreso de Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por representar una amenaza a la orden público y la seguridad; además, por considerar que afecta la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y paz del país.

También justifica la medida con el hecho de que después de un año de comenzado un diálogo entre el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas para buscar solución a las “preocupaciones” del Estado de Guatemala respecto a esa misión internacional, estas persisten.

Lea también: Guatemaltecos protestan por decisión presidencial de no renovar el mandato de Cicig

La decisión tomó por sorpresa a varios sectores sociales, algunos de los cuales creen que la medida podría ser considerada ilegal porque vulnera el artículo 8 del acuerdo firmado entre la ONU y el Estado de Guatemala que especifica que el Gobierno debe dar facilidades a la Comisión y sus funcionarios para ejercer su labor.

También porque en su resolución del 18 de octubre de 2017 la Corte de Constitucionalidad ordenó a la Cancillería guatemalteca desistir de la advertencia que hizo a Velásquez cuando le renovó la visa para que permaneciera en el país, de respetar la Constitución Política y de no inmiscuirse en asuntos internos.

Desacatar una resolución de la CC, incluso, podría ser un delito, afirman analistas.

Ya con el anuncio de la no renovación del mandato de la Cicig que Morales dio a conocer la semana pasada, el mandatario recibió críticas de amplios sectores tanto nacionales como internacionales.