El conflicto entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, se reactivó este miércoles 17 de enero con enfrentamientos armados, en los que unidades del Ejército quedaron en fuego cruzado y videos revelan los momentos de tensión que se vivieron en la Cumbre de Alaska.

La intervención de unidades especiales del Ejército de Guatemala fue para rescatar a seis agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), uno de ellos herido de bala, que quedaron retenidos durante los incidentes.

Se informó que durante el enfrentamiento también se observaron varias unidades de la PNC y del Ejército con perforaciones de bala.

Además, se detalló que para desalojar a los agentes de la zona fue necesario cerrar temporalmente la ruta Interamericana en la Cumbre de Alaska, para retomar el control.

Rubén Téllez, portavoz del Ejército, informó que luego de la reactivación de los ataques se destacaron dos vehículos blindados para responder y evacuar a los agentes policiales.

“La tripulación del Ejército respondió al fuego y solo se reportaron daños por los impactos de bala en uno de los dos vehículos blindados”, detalló Téllez.

“Este ataque a los vehículos blindados sucedió mientras transitaban también vehículos de civiles”, describió Téllez haciendo ver el nivel de riesgo al que estuvieron expuestos los conductores y vecinos del sector.

En los videos compartidos por el Ejército se muestra el momento exacto en que los efectivos llevan a cabo la operación de rescate, en la que se escucha a uno de los soldados decir de forma angustiada “¡Falta uno, falta uno!”.

“Cierren las escotillas” y “pónganse casco” se escucha decir a otro de los efectivos castrenses que integran el equipo que rescató a los agentes de la PNC.

Este sábado 30 de julio por la mañana ocurrió un incidente con un grupo de turistas nacionales y salvadoreños que fue retenido por pobladores de una comunidad de Nahualá, Sololá, que mantiene un disputa territorial con sus vecinos de Santa Catarina Ixtahuacán.

De hecho, por esta situación el gobierno de Guatemala ha declarado diversos estados de Excepción en el lugar y ha instalado destacamentos militares para evitar que ocurran enfrentamientos armados que en el pasado se han cobrado la vida de decenas de personas civiles.

De acuerdo con el portavoz del Ejército de Guatemala, Rubén Tellez, unos 55 turistas fueron atacados con armas de fuego en el cerro Zunilito, limítrofe entre Sololá y Quetzaltenango, a donde subieron desde el centro recreativo Fuentes Georginas, en Zunil, Quetzaltenango.

Sin embargo, en el trayecto hacia el objetivo a escalar, se desorientaron y se condujeron hacia un área cercana a la de disputa de los dos municipios sololatecos.

Fueron trasladados en vehículos blindados del #EjércitoGt hacia el destacamento militar de Santa Catarina, Ixtahuacán, donde serán entregados a las autoridades regionales de turismo de #Sololá, para ser trasladados a #Quetzaltenango. #365DíasAlServicioDeMiPatria pic.twitter.com/XYp0ayf5iT

— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) July 31, 2022

De este grupo, según Téllez, ocho fueron capturados y retenidos por civiles armados por más de siete hora en el cantón Tzanjuyup de la aldea Pachutikin en Nahualá, Sololá.

El grupo de retenidos, seis guatemaltecos y dos salvadoreños, fueron liberados, dijo Tellez, tras una negociación de elementos del Ejército con los sujetos armados que están en esa jurisdicción.

“Están sanos y salvos”, dijo el vocero militar y agregó que los llevaron en vehículos blindados del Ejército al destacamento en Santa Catarina Ixtahuacán y los entregaron a autoridades de turismo de Sololá que los apoyaron para regresar a Xela donde los esperaba el resto de compañeros con quienes habían escalado hacia el cerro Zunilito.

La Policía Nacional Civil le dio acompañamiento a los turistas nacionales y salvadoreños, así como se hicieron presentes elementos de los Bomberos Voluntarios de Cantel, Quetzaltenango y de la Cruz Roja.

Por segunda vez, representantes de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, se reunieron con el presidente Alejandro Giammattei y los ministros de Gobernación y la Defensa en busca de alcanzar acuerdos para resolver un conflicto limítrofe que, en las últimas semanas se ha cobrado la vida de por lo menos 14 personas.

La mesa de diálogo tuvo lugar este martes 18 de enero en Santa Catarina Ixtahuacán, lugar que fue seleccionado la semana pasada mediante el uso de una moneda que fue lanzada al aíre por Giammattei en un sorteo improvisado al finalizar el evento.

En esta oportunidad hubo algunas inconformidades por parte de los representantes de dichos municipios, por lo que el mandatario intervenía para evitar que las confrontaciones se salieran de control.

“Miren, en primer lugar, señores, deveras parecen güiros”, les dijo el mandatario cuando los pobladores no se ponían de acuerdo con la agenda de la próxima reunión.

Los inconformes alegaban que no se permitiera el ingreso de agricultores para que trabajaran sus terrenos, pero el mandatario señaló que eso aún no se ha acordado, pero que en algún momento tiene que ocurrir.

“Algún día tienen que regresar a lo que es de ellos a trabajarlo, pero si nos vamos a poner en el papel de que aquí nos sentamos y nos cerramos y nos agarramos a balzos, al primero que agarre un arma yo soy el primero en venirlo a traer y me lo llevo preso”, les dijo Giammattei en tono serio.

Agregó que “aquí vamos a hacer que se respete la ley y los derechos, pero vamos a platicar, vamos a dialogar, vamos a llegar a consensos, lo que no podemos permitir es que le gane el hígado a la razón, guardemos el hígado, pongamos la cabeza, porque hoy de lo que estamos hablando es de vidas humanas, y olvídense de las de ustedes, estamos hablando que si no corregimos esto vamos a ver un hijo de ustedes muerto o un hijo de otro”, dijo el presidente antes de que se diera lectura al acta.

“Ahorita estamos llegando a un acuerdo sobre los límites, vamos caminando, ahora vamos a ver los problemas uno por uno, cuáles problemas hay. Que si es muy feo y no quiero porque es muy feo ¿Qué culpa tienen ese pobre de ser feo?, ironizó el mandatario, quien añadió que “no podemos estarnos oponiendo a que la gente haga y viva en paz, con que una persona compre un terreno y vaya a trabajarlo no implica que le esté quitando nada a nadie”.

Durante estos encuentros se acordó empezar con los estudios para la definición de los límites territoriales entre ambos municipios y se informó que se determinó que el Registro de Información Catastral haga un diagnóstico del territorio de una finca ubicada entre las comunidades Chiquisis, en Santa Catarina Ixtahuacán, y Pachutiquim, en Nahualá.

Para la próxima reunión se tiene previsto que se trate el tema de las canteras que operan en el área y los trabajos agrícolas entre comunidades, dos actividades que han detonado en conflicto en otras oportunidades.

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) reconocieron la semana pasada ante diputados de oposición que comunidades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, operan grupos dedicados al tráfico de armas, contrabando, lavado de dinero y tráfico de personas.

Ambas comunidades se han enfrentado durante décadas y analista en temas de seguridad han asegurado que, debido a la debilidad estatal, no se conoce el fondo de las diferencias que, en apariencia tienen su origen por temas limítrofes; sin embargo, en los últimos días, las disputas han subido de todo y se han cobrado la vida de por lo menos 14 personas, entre ellos dos policías y varias mujeres y niños.

El pasado 17 de diciembre, un policía fue asesinado en Nahualá junto a un campesino y el 18 de diciembre las fuerzas de seguridad encontraron los cuerpos de 11 personas masacradas a balazos.

La matanza, aún no aclarada y por la cual ya se detuvo a tres personas, provocó que el presidente Alejandro Giammattei decretara un estado de Sitio el 20 de diciembre en ambos municipios, una medida que limita garantías constitucionales según la Ley de Orden Público y Estados de Excepción y que concluye el próximo 20 de enero.

De igual forma, el 7 de enero fueron atacados con armas de fuego nueve policías cuando realizaban un operativo en Nahualá. En el atentado murió el inspector de la Policía Nacional Civil Mauricio Canahuí.

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) reconocieron este miércoles 12 de enero ante diputados de oposición que comunidades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, donde en las últimas semanas han sido asesinadas al menos 14 personas, operan grupos dedicados al tráfico de armas, contrabando, lavado de dinero y tráfico de personas.

Ambas comunidades se han enfrentado durante décadas y analista en temas de seguridad han asegurado que, debido a la debilidad estatal, no se conoce el fondo de las diferencias que, en apariencia tienen su origen por temas limítrofes; sin embargo, en los últimos días, las disputas han subido de todo y se han cobrado la vida de por lo menos 14 personas, entre ellos dos policías y varias mujeres y niños.

El pasado 17 de diciembre, un policía fue asesinado en Nahualá junto a un campesino y el 18 de diciembre las fuerzas de seguridad encontraron los cuerpos de 11 personas masacradas a balazos.

La matanza, aún no aclarada y por la cual ya se detuvo a tres personas, provocó que el presidente Alejandro Giammattei decretara un estado de Sitio el 20 de diciembre en ambos municipios, una medida que limita garantías constitucionales según la Ley de Orden Público y Estados de Excepción y que concluye el próximo 20 de enero.

De igual forma, el 7 de enero fueron atacados con armas de fuego nueve policías cuando realizaban un operativo en Nahualá. En el atentado murió el inspector de la Policía Nacional Civil Mauricio Canahuí.

Por lo anterior, este miércoles diputados de la bancada UNE citaron al Congreso a las autoridades de los ministerios de la Defensa y Gobernación, así como de la PNC quienes revelaron detalles de las operaciones ilegales que se registra en la zona de conflicto, pero no profundizaron en los posibles errores que se cometieron en el operativo del pasado 7de enero.

Adal Rodríguez, subdirector de Investigación Criminal de la PNC, señaló que aparte de los conflictos territoriales que por años han afectado a esas comunidades hay operaciones del crimen organizado.

“Si existe crimen organizado en el sector. Las rutas se prestas para ello, sabemos que en el área hay casos de tráfico de personas y ya hay casos judicializados en el MP con personas con orden de aprehensión”, refirió el jefe policial, quien agregó que ejecutarlas es complicado por la conflictividad que afecta la zona.

Rodríguez añadió que “las rutas se prestan para el tráfico de armas. Hay tráfico de armas, lavado de dinero, hay grupos armados y hay varios antecedentes en el lugar, incluso en temas de contrabando, ya hay varios casos ya procesados en el MP”.

Rodríguez aseguró que todos los agentes de la PNC que participaron en el operativo en Nahualá iban armados y que los heridos posiblemente fueron alcanzados por proyectiles de 9mm, aunque no descartan el uso de armas largas y escopetas.

Agregó que en total hay 57 policías heridos, nueve por arma de fuego y el resto por objetos contundentes como palos y piedras. Añadió que solo hay un agente en estado crítico por una herida en el ojo, el resto está en recuperación en su hogar.

Con respecto a la presencia de grupos del narcotráfico, las autoridades aseguraron a los diputados que no hay evidencias en la zona, lo que se demuestra con la no incautación de narcóticos o la localización de plantaciones de amapola.

“Tenemos inteligencia en el lugar y no tenemos erradicación alguna en el área porque no existe amapola. Tenemos grupos de inteligencia antinarcótica recabando información y hasta el momento no tenemos ni un indicio de que haya algún tipo de organización o delincuencia organizada en el tema de narcotráficos”, dijo Fernando Rodas, viceministro Antinarcótico del Ministerio de Gobernación.

Los parlamentarios cuestionaron al directore general de la PNC, Edwin Ardiano, sobre cuál es la naturaleza del conflicto, pero el jefe policía señaló que ese es un tema de inteligencia dejando entrever que no se pueden compartir detalles de forma pública.

“Es un tema de materia de investigación, realmente es un trabajo de inteligencia y de investigación criminal que está bajo el liderazgo del Ministerio Público”, afirmó.

De dónde saldrán los Q100 millones

El pasado martes, el presidente Giammattei ofreció Q50 millones para cada comunidad si se pone fin al conflicto, fondos que serán invertidos en temas de desarrollo, por lo que este miércoles las autoridades del Ministerio de Finanza señalaron que cuenta con fondos suficientes para cumplir con esa promesa.

Henry Reyes, ministro de la Defensa, dijo que con respecto al ofrecimiento del presidente es un tema que le compete al Ejecutivo y que ellos solo se encargan de garantizar la gobernabilidad de la zona.

“En relación con ese ofrecimiento lo maneja directamente el Ejecutivo, nosotros como Ministerio de la Defensa damos acompañamiento al diálogo, porque estamos en un estado de Sitio y por medio del Ministerio de la Defensa se mantiene la gobernabilidad en el lugar”, añadió el funcionario, quien reiteró que los soldados no han abandona el área.

En tanto, el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, señaló que el presupuesto les es suficiente para cubrir ese ofrecimiento, aunque dejó abierta la posibilidad de hace readecuaciones presupuestarias para dicha asignación.

“Si tenemos los fondos, lo que tenemos que ver es qué proyectos son. Recordemos que ahí ya están trabajando en una carretera que divide los dos municipios y el presidente tiene otra visita y lo que se pretende es apoyar a la población. No son recursos que no tengamos o que tengan un destino nuevo, creo que donde falta paz y desarrollo es donde el Gobierno tienen que invertir. Tenemos un presupuesto que tienen los recursos necesarios para atender estas prioridades y si hay que readecuar, pues vamos a readecuar en los lugares más prioritarios”, comentó González.

#CongresoGT | Adal Rodríguez, subdirector de Investigación Criminal de ⁦@PNCdeGuatemala⁩ señala que en Sololá el conflicto es limítrofe, pero reconoce qué hay crimen organizado, tráfico de personas, contrabando y tráfico de armas. ⁦@prensa_libre⁩ ⁦ pic.twitter.com/3yw39Dx1cO

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) January 12, 2022

Los cuatro hombres que fueron capturados por las fuerzas de seguridad durante el ataque en su contra el pasado 7 de enero en Pachutiquim, Nahualá, Sololá, fueron ligados a proceso penal por el delito de atentado, informaron este martes 11 de enero fuentes judiciales.

Tres de los detenidos son guardabosques de Totonicapán y se trata de Miguel Santiago Aguilar, de 21 años; Miguel Santos Barreno, 21; y Lucas Batz Vásquez, 32.

En tanto, Felipe Isaías Sohom Ajtzalam, 19, vecino de Paraxquim, Nahualá, fue el único que declaró que trabaja para una emisora local y que se dirigía a inscribirse a una universidad en Quetzaltenango cuando fue capturado.

Los cuatro fueron capturados a inmediaciones de la comunidad Chuitinabaj, jurisdicción de Totonicapán, el pasado 7 de enero, cuando pobladores de Nahualá atacaron a las fuerzas de seguridad y fiscales del Ministerio Público (MP) que se dirigían a efectuar allanamientos por el caso de la masacre de 13 personas.

En su intimación el representante del Ministerio Público argumentó que existe indicios suficientes de que los hombres pudieron haber cometido atentado, ya que habrían agredido con piedras a los agentes en la comunidad mencionada, por la cual se transita para llegar a Pachutiquim, Nahualá.

Ante esto el fiscal pidió que fueran ligados a proceso penal por dicho delito.

Doce miembros de diferentes divisiones de la Policía Nacional Civil ofrecieron su declaración ante el juez, todos coincidieron en que los cuatro capturados agredieron a las fuerzas de seguridad con piedras, además de expresar que podían convocar a la población si no se retiraban del lugar.

La defensa técnica argumentó por su parte que la PNC cometió una arbitrariedad al detener a los tres hombres que han sido designados por la comunidad como guardabosques.

Por su parte el abogado defensor de Sohom dijo que hay contradicción en las declaraciones de los agentes policiales, ya que no coinciden los datos sobre la ubicación de su detención.

Con base en estos argumentos, el juez de primera instancia penal dictó auto de procesamiento penal por el delito de atentado ya que cualquier persona que agreda a las autoridades incurre en este delito.

El Ministerio Público también pidió que se concediera medida sustitutiva de arresto domiciliar ya que no existe peligro de fuga ni obstaculización a la averiguación de la verdad, a lo que accedió el juez.

Los tres guardabosques deberán presentarse para firmar el libro de asistencia a cada 15 días en el juzgado de paz de Totonicapán y Sohom de la misma forma en el juzgado de paz de Nahualá.

Edwin Norato, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quien estuvo presente durante la audiencia, al respecto indicó que la institución que representa velará porque se respete el debido proceso.

Sobre si hubo violación a los derechos de los detenidos, comentó que los hechos se aclararan en los tribunales.

Miguel García, vicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, sobre lo resuelto por el juzgador, comentó que velarán porque se respeten los derechos de los detenidos y se solidarizó con las familias.

La cantidad de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) disminuyó este sábado 8 de enero en Nahualá, Sololá, un día después de los intentos de cateos que culminaron en un enfrentamiento con pobladores de las aldeas Pachutiquim y Tzamjuyub.

Un recorrido realizado por Prensa Libre y Guatevisión evidenció que aproximadamente 70 elementos permanecen en el kilómetro 170 de la ruta Interamericana, a diferencia de los centenares de agentes que el viernes 7 de enero ingresaron a la aldea Pachutiquim junto con personal del Ministerio Público (MP) y el Ejército.

Según policías que se encuentran en el lugar, no hay instrucciones para volver a la comunidad, por lo que permanecen a 10 kilómetros de la entrada. “Solo estamos haciendo turnos por grupos”, dijo un elemento que prefirió ocultar su nombre.

Mientras los agentes realizaban guardias este sábado, un grupo de personas de la comunidad Vásquez, Totonicapán, bloqueó el paso en el kilómetro 178 de la ruta Interamericana. Los manifestantes reclamaron que la PNC capturó a varios vecinos que “no son delincuentes” el viernes 7 de enero.

Vecinos de la comunidad Vásquez, Totonicapán, bloquean el paso en el km 178 de la ruta Interamericana porque afirman que el estado de Sitio en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán también les ha afectado pic.twitter.com/4IlVnU8xwp

— Guatevisión (@Guatevision_tv) January 8, 2022

La PNC detuvo a cuatro pobladores: Miguel Santiago Aguilar, Miguel Santos Barreno, Felipe Sohom y Lucas Batz Vásquez, cuyas edades se desconocen. Los señalan de amedrentar a las fuerzas de seguridad cuando estas intentaban ingresar a la aldea Pachutikim.

La oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH) mencionó en un comunicado que al momento de su detención los sindicados sostenían varas que los identificaban como autoridades indígenas y guardabosques.

Los policías y fiscales se movilizaron a Nahualá el viernes 7 de enero para realizar más de 50 allanamientos que iban a formar parte de la investigación por la masacre de 13 personas el 18 de diciembre de 2021. De acuerdo con el Ministerio de Gobernación (Mingob), los operativos no pudieron realizarse por la inconformidad de comunitarios que arremetieron contra los funcionarios.

El Mingob confirmó el deceso de un miembro de la PNC a causa del ataque. Durante la mañana de este sábado 8, el Gobierno publicó en sus redes sociales las esquelas de cinco agentes, con lo que confirmaban que estaban fallecidos. No obstante, dos horas después, declaró que cuatro de esos policías están vivos y en recuperación en un hospital.

#NotaAclaratoria | El Gobierno de Guatemala informa sobre el estado de salud de agentes heridos durante las diligencias en Nahualá, Sololá. pic.twitter.com/zycaw3MeAT

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) January 8, 2022

“Creo que hubo una equivocación de parte de la persona que subió las publicaciones. Solo un elemento de la Policía Nacional Civil falleció”, dijo el ministro Gendri Reyes.

El cuerpo de Mauricio Canahuí, el inspector de la PNC que murió en el ataque, fue llevado a la Dirección General de la PNC en la zona 1 de la capital para rendirle honores.

En Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá rige un estado de Sitio desde el 20 de diciembre de 2021. Se trata de una medida que impuso el presidente Alejandro Giammattei luego de la masacre que ocurrió por un conflicto territorial entre ambos municipios de Sololá.

El inspector de la Policía Nacional Civil (PNC) Mauricio Canahuí murió este viernes 7 de enero a consecuencia de un balazo que le acertaron pobladores de las aldeas Pachutiquim y Tzamnuyub, Nahualá, Sololá, que se oponían a que las fuerzas de seguridad efectuaran 65 allanamientos y ejecutarán cuatro órdenes de captura relacionadas con la masacre de 13 personas el 18 de diciembre recién pasado.

Canahuí era parte del contingente de las fuerzas especiales de la PNC que junto con fiscales del Ministerio Público (MP) llegaron a esas comunidades para efectuar las diligencias judiciales, pero fueron recibidos a balazos por pobladores que se ocultaban en casas y áreas montañosas.

Varios videos de los momentos de tensión que se vivieron en el área han sido publicados en redes sociales y en algunos de ellos se ven los últimos momentos de vida del Canahuí, a quien sus compañeros tratan de auxiliar en medio de las ráfagas de balas que llegaban desde diferentes flancos.

Una circular girada por las autoridades superiores de la PNC señala que los agentes fueron enviados a ese procedimiento desarmados, aparentemente como parte de los protocoles para ese tipo de diligencias; sin embargo, no se tomó en cuenta los antecedentes de violencia de esa zona, donde, según analistas, operan bandas de atracadores y del crimen organizado.

“Lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero Mauricio Canahui (…), integrante de las Fuerzas Especiales”, informó a periodistas Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, en un informe preliminar de los hechos.

Aguilar señaló que otros cuatro agentes policiales resultaron “heridos por proyectil de arma de fuego” y fueron llevados a hospitales cercanos.

El portavoz del Ejército, coronel Rubén Téllez, dijo que luego del ataque un jefe militar de la zona contactó a los pobladores tras confirmar que miembros de las fuerzas de seguridad fueron retenidos y actualmente se negocia su liberación. Horas después fueron liberados.

“Se encuentra tensa la situación, pero en calma”, reconoció Téllez.

El pasado 20 de diciembre, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei decretó un estado de Sitio en Nahualá y en el vecino Santa Catarina Ixtahuacán, después de que 13 personas, entre ellas tres niños y un policía, fueron asesinadas en una aldea en un hecho vinculado a un conflicto de tierras.

Las víctimas de la masacre pertenecían a Santa Catarina Ixtahuacán y fueron emboscadas en una comunidad de Nahualá cuando se dirigían a recolectar maíz. Tres hombres presuntamente responsables del crimen han sido detenidos hasta ahora.

Once de los fallecidos fueron velados en un tramo de la carretera Interamericana y sus ataúdes fueron colocados sobre la vía como protesta para exigir al Gobierno resolver el conflicto que data de más de 100 años.

Se espera que en los próximos días se retome un diálogo para resolver el problema limítrofe.

Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, ambos de Sololá, mantienen un conflicto por los límites entre ambos pueblos de la misma etnia maya, una disputa que ha generado varios episodios de violencia.

Las comunidades indígenas, muchas de las cuales viven en condiciones de pobreza, representan más de 40% de los 17 millones de habitantes de Guatemala.

Los agentes heridos fueron trasladados por los cuerpos de socorro a diferentes puntos médicos de Sololá, esperando su recuperación. pic.twitter.com/iKKsc3XVnq

— MinGob (@mingobguate) January 7, 2022

Con información de AFP

Al menos un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) murió y otros 19 resultaron heridos este viernes 7 de enero en un ataque contra las fuerzas de seguridad de Guatemala, en Nahualá, Sololá, informó el Gobierno.

Un contingente policías, militares y fiscales fue emboscado con disparos en una zona montañosa de Nahualá, dijo en conferencia de prensa en la capital el ministro del Interior, Gendri Reyes.

La misión se dirigía al lugar para cumplir una serie de allanamientos y capturas en el marco de la investigación de una masacre que en diciembre dejó 13 muertos, producto de un antiguo conflicto limítrofe entre Nahualá y el poblado vecino de Santa Catarina Ixtahuacán.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de un elemento de la Policía Nacional Civil, el que cobardemente fue atacado por estructuras criminales”, declaró Reyes.

El policía fallecido fue identificado como Mauricio Canahuí, mientras que ocho agentes resultaron heridos de bala y otros 11 fueron tratados por golpes “contundentes”, agregó el funcionario.

Videos divulgados por la Policía mostraron el momento en el que varios uniformados intentaban huir por un camino de tierra subidos en patrullas o corriendo, mientras se escuchan detonaciones de arma de fuego. Otros también fueron atacados con piedras, machetes y palos.

Los agentes se replegaron en un campamento improvisado en el km 170 la Cumbre de Alaska, hasta donde han llegado vecinos para prender fogatas y cocinas café para los policías.

A continuación, una serie de imágenes que describen lo que se vive en esa región del país.

Con información de AFP

Las fuerzas de seguridad se retiraron este lunes 3 de enero de Nahualá, Sololá, donde pese a un estado de Sitio, el domingo último grupos de pobladores atacaron a la Policía y el Ejército, una decisión que analista califica de “penosa y vergonzosa”, pues evidencia debilidad institucional.

Contingentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala que formaban parte de un operativo implementado durante el estado de Sitio, decretado por el Gobierno el 20 de diciembre último tras la matanza de 13 personas durante un conflicto entre esta población y Santa Catarina Ixtahuacán, fueron atacados a balazos, con piedras, machetes y bombas caseras por los pobladores.

Este lunes 3 de enero, tanto el Ejército de Guatemala como la PNC anunciaron que los elementos y agentes que estaban destacados en Nahualá fueron retirados de ese municipio para evitar más conflictividad social en el área.

Reiteraron que, debido a eso en Nahulá, no hay presencia de la PNC ni del Ejército y se está esperando el inicio del diálogo entre autoridades y vecinos para que de nuevo puedan ingresar las fuerzas de seguridad a cumplir lo que establece el estado de Sitio.

De acuerdo con Carlos Menocal, exministro de Gobernación y analista en temas de seguridad, la “replegada” de las fuerzas de seguridad “es penosa y vergonzosa” porque eso demuestra debilidad institucional del Estado, al tiempo de destacar que en esas comunidades hay presencia de grupos armados dedicados a robos y atracos de camiones con mercadería”.

“Es preocupante porque no puede ser posible que las fuerzas de seguridad se retiren y no puedan imponer la gobernabilidad y la paz en el lugar”, señaló Menocal, quien reiteró que en ese caso las autoridades hubieran aplicado todo el peso de la ley para tomar el control.

Sin embargo, dijo que “lo más preocupante fue que las fuerzas de seguridad se retiraron replegándose”.

“No es solo enfrentamiento entre comunidades, sino que hay presencia de crimen organizado y grupos armados y eso se evidencia con los enfrentamientos de ayer, donde algunos videos -publicados en redes sociales- dan cuenta que hay personas que tienen hasta fusiles de asalto”, agregó Menocal.

Dijo que “no fue correcto el retiro porque evidencia una debilidad institucional de parte del Estado, una debilidad de parte del Gobierno y de las fuerzas de seguridad, lo que permite que los grupos armados sigan actuando con total impunidad en el área”.

Dijo que en la zona de conflicto confluyen varias cosas: “primero el área limítrofe y segundo, mucha presencia de grupos armados dedicados a robos, asaltos en ruta y atracos de transporte de mercadería y confluyen grupos armados dedicados al trasiego de mercados ilícitos y estos grupos están en el entorno de las comunidades y toman partida en la situación”.

El analista considera que las unidades de inteligencia del Estado no han incursionado en el área, por lo que es un escenario donde no se sabe quiénes son los actores.

“A los grupos armados les interesa la ingobernabilidad y la inestabilidad, porque de alguna manera las comunidades toman a esos grupos armados y algunas veces prestan de sus servicios y eso los empodera en el área y al final los protegen como sucede con los narcotraficantes”, añadió.

En tanto, Mario Mérida, analista en temas de defensa, considera que no hay claridad sobre cuál es el origen de problema, en el que el Estado ha tomado parte del conflicto como un tercer involucrado.

Considera que las fuerzas de seguridad lo que debieron hacer en este caso es determinar cuál es el origen del conflicto y tener claro quiénes son las personas que “verdaderamente representan a los pueblos, saber si efectivamente la resolución de este conflicto está a cargo de las autoridades ancestrales o de otros grupos como los Codedes”.

“No sabemos si realmente están representando los intereses de las personas o de particulares que están detrás de esa situación”, agregó Mérida, quien dijo que “el Estado terminó involucrado como un tercero interesado en que se resuelva la situación, lo que hace más complejo el tema”.

A criterio de Mérida, solo hay dos cosas por hacer, judicializar el caso y respetar la resolución de un juez o que el Gobierno pida colaboración a un organismo como el PNUD para que sea un ente ajeno, porque “el Gobierno ya no es ajeno porque ha tenido que entrar, que reprimir y ha capturado personas y eso complica la resolución del conflicto”.

“Tengo esa enorme incertidumbre de cuál es la verdadera razón por la que dos comunidades se han venido enfrentando ancestralmente, pero periódicamente hay picos en donde la situación se agrava y llegan a ocurrir muertos y heridos y al final el Gobierno sale derrotado de ahí con un camión quemado, un picop quemado, soldados y policías heridos”, dijo el analista.

A diferencia de Menocal, Mérida no se atreve a señalar que grupos del crimen organizado sean los responsables del conflicto y que “no se pude apelar como un antecedente histórico”.

Asegura que las mesas de diálogo ya no tienen credibilidad y recuerda que el vicepresidente Guillermo Castillo aparentemente dejó arreglado todo, pero no se le ha vuelto a ver.

“Esas no son comunidades pujantes, hay pobreza, la gente vive con el día día y adelantarse a hacer criterios antes de tener establecido un contexto real de sí existe poder y control de las autoridades ancestrales y no los Codedes es otro tema que hay que investigar, para saber con quiénes han está negociando la resolución del problema”, reiteró.

En los dos municipios del departamento occidental de Sololá, la PNC tiene desplegados al menos 600 agentes, apoyados por militares, luego de que el presidente Alejandro Giammattei, decidiera el 20 de diciembre, en Consejo de Ministros, decretar el estado de Sitio durante 30 días.

La medida fue adoptada luego del asesinato de 13 personas el 18 de diciembre pasado en la aldea Chiquix, del municipio de Nahualá.

Según manifestó el mandatario al declarar el estado de Sitio, la matanza, fue “obra de un grupo ilegal armado y organizado que actuó contra civiles y fuerzas de seguridad mediante la ejecución de una emboscada en la que se cometió un asesinato múltiple de hombres, mujeres y niños en total desafío al Estado de Derecho”.

Hechos como el ocurrido en Nahualá “ya no son producto de un conflicto ancestral de tierras”, enfatizó Giammattei, quien agregó que “las fuerzas del orden perseguirán a los responsables del ataque hasta detenerlos y consignarlos ante la justicia”.

Entre las víctimas mortales se encuentran una niña de 8 años, dos menores de 5 y 14 años; cinco mujeres de 20, 27, 30, 40 y 43 años; un hombre de 78 años y dos más de 55 y 56 años.

Con información de EFE