Hace un par de años, la microbióloga colombiana Luz Adriana Pérez y la antropóloga forense Ana Carolina Guatame se hicieron esta pregunta mientras estaban en un proyecto de investigación que involucraba víctimas del conflicto armado en el territorio colombiano.

Y se la hicieron a partir de los testimonios que iban recolectando: decenas de ellos relataban cómo los actores de la violencia, en especial los grupos paramilitares, lanzaban los cuerpos sin vida a los ríos para evitar que fueran hallados.

De hecho, un comandante paramilitar, Ever Veloza, más conocido como HH, lo había dicho alguna vez: “Si le sacaran el agua al río Magdalena, encontrarían el cementerio más grande del país”.

Hasta el momento, las autoridades colombianas han reportado que se han rescatado de los ríos de Colombia más de 1.000 cuerpos de personas consideradas víctimas del conflicto que afectó al país por más de 50 años.

“Pero por los relatos que escuchamos y lo que tienen algunas autoridades, la cifra es mucho mayor”, le cuenta a BBC Mundo la bióloga Pérez, quien trabaja para la fundación Equitas.

Entonces, tanto ella como Guatame comenzaron a hacerse preguntas: ¿Cómo se busca un cuerpo en un río?, ¿cómo se puede hacer la búsqueda en una cambiante masa de agua?

“Nuestro primer empeño al trabajar en estos temas es intentar dar respuestas a quienes llevan buscando información sobre sus seres queridos”, señala Pérez.

“Y descubrimos que, debido a la complejidad de la búsqueda en los ríos y lagunas, no existía un modelo similar al que sí se habían hecho en la búsqueda de las personas que habían sido desaparecido bajo tierra”.

Y así nació el proyecto de crear el primer modelo matemático para poder hallar cuerpos de desaparecidos en los cursos de agua de Colombia.

Modelo para armar

Sin embargo, apenas las dos científicas comenzaron a plantear el proyecto se dieron cuenta que tenía que formar un equipo multidisciplinario, que incluyera desde matemáticos y mecánicos de fluidos, a antropólogos forenses y hasta arqueólogos submarinos.

“Solo con nuestras especialidades científicas sabíamos que no íbamos a poder abarcar todo lo que teníamos como objetivo. Necesitábamos más investigadores de otras ciencias”.

Uno de los principales retos era medir el agua: su movimiento en la naturaleza, pero además esas dinámicas que la afectan y están relacionadas a eventos sociales y humanos como es un conflicto armado.

Es decir, un campo totalmente nuevo de investigación.

Así, decidieron acudir al Instituto del Agua de la Universidad Javeriana, liderado por el ingeniero y experto en hidrodinámica ambiental Jorge Escobar.

“Nunca nos habíamos aproximado a un tema así, pero nos movió la responsabilidad social de hacer algo con nuestra capacidad de ayudar a responder esas preguntas”, le cuenta Escobar a BBC Mundo.

“Lo primero que teníamos que encontrar era un río donde, además de que hubiera relatos de cuerpos que habían sido lanzados allí, también tuviera las condiciones de seguridad mínimas para poder llevar a cabo nuestras investigaciones”, explicó.

Después de varios meses, el río escogido fue La Miel. Este afluente del Magdalena, ubicado en el departamento de Caldas, a unos 500 kilómetros al occidente de Bogotá, tenía la particularidad de estar ubicado en la que fue una zona de conflicto entre los municipios de Norcasia y Samaná.

“Pero además, por ser parte del afluente de una represa, nos permitía de alguna manera tener una corriente controlada durante varios meses del año“, explica Escobar.

Tanto el equipo liderado por Puerta y Chingaté como el de Escobar estuvieron varios meses en la ribera del río, dentro de sus aguas e incluso debajo de ellas.

“Lo principal fue hacer una caracterización del río”, explica.

Los ríos por lo general están compuestos de tres accidentes hidráulicos: moyas, chorros y remansos. “Las moyas son donde se hacen remolinos, los chorros son caídas de agua que pueden ser pequeñas o grandes y los remansos es donde la corriente del río es más calmada”.

Caracterizar el río, explica, es ver dónde se halla cada uno de estos accidentes.

Después, con estos puntos bien identificados y con la ayuda de fotos satelitales, se procedió a medir qué pasaba con un cuerpo cuando recorría el curso de agua y se encontraba con estos accidentes.

“Utilizamos un “dummy” (maniquí o muñeco) hecho mayormente de madera al que bautizamos Emilio. Y lo que hicimos fue medir tanto el movimiento del agua en estos puntos como el movimiento del dummy, para poder establecer varias conclusiones“, señala Puerta.

Todas estas mediciones, que duraron alrededor de dos años incluidos los de la pandemia del covid-19, y su posterior análisis, dejaron un modelo físico hecho a partir de las matemáticas por el que se puede recrear el río y su “comportamiento”.

El estudio dio puntos de interés donde podrían estar los cuerpos o restos de desaparecidos. A estos lugares se les dio el nombre de unidades geomorfológicas de interés forense, o UGIF.

“Pero sobre todo, nos da ciertos estándares que se pueden aplicar a cualquier cuerpo de agua en Colombia donde se estén haciendo este tipo de búsquedas”, concluye Escobar.

Arqueología subacuática

Sin embargo, a este acercamiento le faltaba un detalle: el cuerpo humano, a diferencia del dummy hecho de madera, no siempre flota.

“Al tener las UGIF con las mediciones hechas en el río, a ese modelo le debíamos incorporar los datos subacuáticos: qué pasa con el cuerpo cuando se hunde y, más importante aún, cuando se descompone”, anota Puerta.

Para eso, los integrantes del equipo hicieron dos cosas: primero llamaron al arqueólogo experto en exploración subacuática Carlos del Cairo y, luego, pusieron el cuerpo de un cerdo en varios puntos del río para ver el efecto del agua en el proceso de descomposición de tejidos orgánicos.

Para Del Cairo, quien había trabajado en el hallazgo del galeón San José en la costa del Caribe colombiano, el trabajo en el río traía varios requisitos distintos.

“Se pasa de trabajar de una superficie de búsqueda de cientos de metros cuadrados con una buena visibilidad a una en el río no superior de dos metros con una visibilidad mínima en algunas partes”, explica Del Cairo.

Sin embargo, lo que representó un mayor desafío era buscar estándares para rastrear elementos como huesos o restos de vestimentas tales como cinturones o correas, pedazos de pantalones o camisas.

“Tuvimos que adaptar nuestros equipos de medición en superficies subacuáticas para hallar objetos un poco inusuales. No es lo mismo que buscar tinajas o restos de barcos”, explica.

Todos los datos obtenidos -entre la exploración hecha por Del Cairo y los resultados que dio la descomposición del animal- lograron completar la fase inicial del proyecto, que ya se había adelantado con la caracterización del río.

“Esos datos nos permitieron primero tener una mayor certeza sobre los posibles lugares de interés para nuestra investigación, pero además ayudaron a afianzar los estándares para tener un modelo de predicción para la búsqueda de restos humanos en agua”, señaló Puerta.

Así, el equipo ha procedido a ubicar varios puntos dentro del cauce del río La Miel.

“Con estos puntos esperamos en los próximos meses realizar una búsqueda real de cuerpos de desaparecidos en La Miel, para completar el diseño del modelo matemático”, explica Puerta.

La importancia de esta investigación, señalan los científicos, radica en la importancia que el agua tiene en el país.

“Cerca de la mitad del área territorial de Colombia es agua: mar, ríos, lagos. Por eso, si vamos a hacer el esfuerzo de buscar la verdad sobre lo que ocurrió en el país, es fundamental que apoyemos estos procesos científicos para poder dar respuestas que posiblemente estén en el cauce de los ríos de Colombia”, explica Escobar.

“Colombia se construyó a partir de sus ríos”, concluye Del Cairo. “Por eso no podemos evadir la responsabilidad de buscar formas que ayuden a la reconstruir de lo que ocurrió en el país”.

Foto principal: Desde hace tres años se viene adelantando una investigación en el río La Miel. COMUNICACIONES U. JAVERIANA.

En septiembre del 2018, el Tribunal de Mayor Riesgo B absolvió por mayoría al general retirado Mauricio Rodríguez Sánchez, quien fue procesado por un caso de genocidio contra el pueblo Ixil, ocurrido en 1982, sentencia que fue desaprobada por sectores sociales y el Ministerio Público (MP).

Ante la sentencia, la Fiscalía y los querellantes presentaron una apelación especial para revertir la absolución, pero no lograron los resultados deseados.

Este miércoles 24 de febrero, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo de Extinción de Dominio rechazó la apelación presentada por el MP y varias organizaciones sociales, por lo que la sentencia absolutoria continúa en firme.

Francisco Vivar, abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), lamentó la resolución de la Sala, pues confirma la absolución de Rodríguez Sánchez.

Agregó que analizarán el proceso y que presentarán un recurso de casación, pero antes deberán estudiar los argumentos para que sea la Corte Suprema de Justica la que los valide y revierta las sentencias.

“Lamentamos que el sistema de justicia de Guatemala nuevamente les dé la espalda -a las víctimas- y obviamente con eta resolución se genera impunidad. Muchas de las víctimas sobrevivientes no han llegado al final del camino, muchos testigos han fallecido y en memoria de ellos no claudicamos. Hay que recordar que la CC dictó un fallo en forma fraudulenta que dejó sin efecto la primera sentencia y ahora una sala superior deja incólume el fallo dictado por el tribunal B”, señaló Vivar.

En agosto del 2018, el MP pidió que Rodríguez Sánchez fuera condenado a 80 años de cárcel por la muerte de mil 771 indígenas ixiles en manos de soldados que estaban a su cargo cuando fue jefe de inteligencia en 1982 y 1983.

Por el delito de genocidio solicitó la pena de 50 años de cárcel y 30 por delitos contra deberes de humanidad.

Ese era el segundo debate que enfrentaba el exjefe militar por los mismos cargos. En 2013 estuvo en el banquillo de los acusados junto con el difunto general retirado José Efraín Ríos Montt, a quien condenaron a 80 años de cárcel, aunque la sentencia fue cancelada por un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) 10 días después por errores procesales.

Ese año, el Tribunal de Mayor Riesgo A absolvió a Rodríguez Sánchez. Después de una apelación se ordenó la repetición del juicio en un nuevo tribunal.

La CorteIDH encontró “al Estado de Guatemala responsable por la muerte de 11 personas y por las lesiones sufridas por otras 29, causadas por el ejército durante la llamada masacre de Xamán, indica un comunicado del ente interamericano, con sede en Costa Rica.

La nota, enviada a la oficina de AFP en Guatemala, precisa que la sentencia fue notificada este viernes y que entre los 11 fallecidos se encontraban una niña y dos niños.

El 5 de octubre de 1995 una patrulla militar se adentró en la comunidad “Aurora 8 de octubre”, ubicada en la finca Xamán e integrada por población indígenas que habría retornado del sur de México, donde se habían refugiado por años para escapar de la represión militar.

“Los soldados fueron rodeados por pobladores, quienes requerían explicaciones sobre la presencia militar en el lugar. Al intentar salir del lugar, los militares dispararon”, reseña la nota.

Por este caso 14 militares fueron condenados y 11 permanecen prófugos.

Según la Corte, durante el conflicto armado, que concluyó en 1996, “el Estado aplicó la Doctrina de la Seguridad Nacional, donde consideró a miembros del pueblo maya como parte del enemigo interno”, como el gobierno calificaba a la guerrilla izquierdista.

El organismo estableció que los atacantes cometieron delitos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos y que fueron de naturaleza discriminatoria, en contra de personas indígenas.

Advirtió que, si bien se produjeron algunas condenas, “la actuación estatal no fue diligente dada la falta de medidas para hacer efectivas las órdenes de captura de los 11 militares que permanecen prófugos”.

Ante ello, estableció que Guatemala también violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial establecidos en la Convención Americana.

La Corte ordenó continuar la investigación de los hechos y enjuiciar eventualmente a otros involucrados en la matanza.

Según un informe de la ONU presentado en 1996, la masacre de Xamán fue la última en el marco de la guerra, que dejó 200,000 muertos o desaparecidos. El 93% de los violaciones de los derechos humanos constatadas fueron responsabilidad de los aparatos estatales.

Información: Agence France-Presse