El Tribunal Primero de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, resolvió este miércoles 3 de enero que se suspenda la persecución penal contra el militar en situación de retiro Manuel Antonio Callejas y Callejas, vinculado al caso Genocidio; además, determinó que Benedicto Lucas García siga en prisión preventiva a la espera de juicio por el mismo proceso.

La defensa del militar retirado había argumentado que este padece Parkinson y demencia, por lo cual no podía enfrentar juicio.

En la audiencia de este día se tenía programado el inicio del debate en el caso Genocidio, pero solamente se conoció el peritaje médico que se le hizo al militar en situación de retiro.

Cuatro peritos participaron en la audiencia y ratificaron el estado de salud de Callejas.

Fue por lo que los jueces llegaron a la conclusión de que Callejas es incompetente para enfrentar proceso penal y por eso declararon la suspensión de la persecución penal contra el acusado y que se le libere de inmediato.

En este mismo caso también enfrenta juicio Manuel Benedicto Lucas García.

Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, respecto a la medida de coerción solicitada a favor de Lucas García, los jueces luego de haber escuchado a la defensa del acusado, al Ministerio Público (MP) y la querella llegaron a la conclusión de que no se demostró por parte de la defensa “que las circunstancias primitivas hayan variado, por lo tanto, se niega la solicitud de medida de coerción”, lo que significa que Lucas García deberá continuar en prisión preventiva.

Sobre la fecha del debate se dijo que no se podrá determinar hasta que la resolución de este miércoles esté firme.

Enviado a juicio

Por decisión del exjuez Miguel Ángel Gálvez, Benedicto Lucas y Manuel Callejas fueron enviados a juicio el 30 de agosto de 2021 por el caso Genocidio Ixil. Se les acusa de genocidio y delitos de deberes contra la humanidad.

Desde marzo de 2020, el MP le hizo la solicitud a Gálvez, quien fungía como juez de Mayor Riesgo B, para que enviara a juicio a Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y César Noguera Argueta (ya fallecido).

Los tres fueron señalados en el caso genocidio del área Ixil durante el gobierno de Romeo Lucas García.

El MP señala a los militares de crímenes cometidos contra 23 aldeas durante el conflicto armado interno.

Los señalados quedaron ligados a proceso el 25 de noviembre del 2019.

La Fiscalía de Derechos Humanos fue la encargada de señalar los supuestos delitos cometidos por los militares retirados.

La pesquisa señala que fueron cometidas 31 masacres y 23 comunidades quedaron arrasadas.

En noviembre último, el juez Gálvez recordó algunos antecedentes históricos ocurridos en la zona ixil, conformada por tres municipios de Quiché.

Un tribunal absolvió este martes a tres exmilitares acusados de la masacre de 200 personas en 1982 durante el conflicto armado interno (1960-1996) denominado el caso de “Dos Erres”.

La sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo “E”, del Organismo Judicial guatemalteco, decretó la liberación de Gilberto Jordán, Alfonso Bulux y Mardoqueo Ortiz, quienes se encontraban acusados de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad.

Por el caso “Dos Erres”, ya fueron condenados otros seis militares en varios procesos judiciales distintos desde 2011 a la fecha.

Los acusados escucharon el veredicto en una de las salas de la Torre de Tribunales, sede del Organismo Judicial.

De igual forma, en el otro extremo, familiares de las víctimas expresaron públicamente su inconformidad por la sentencia y la señalaron como un veredicto “corrupto”.

Uno de los jueces a cargo del caso, Edy de León Morales, indicó durante la pronunciación de la sentencia que no hubo certeza en las pruebas contra los acusados.

La matanza tuvo lugar en diciembre de 1982, en el departamento (provincia) de Petén, en el norte de Guatemala, y es considerada como la masacre con mayor número de víctimas fatales por obra del Ejército durante el conflicto armado interno.

Durante los 36 años de guerra civil en Guatemala fueron asesinadas unas 200 mil personas y otras 50 mil desaparecieron, según informes de organismos locales e internacionales.

Mardoqueo Ortiz se encontraba en Estados Unidos desde 1988 pero en 2021 fue deportado por las autoridades de la nación norteamericana y puesto a disposición de la Justicia guatemalteca.

#Urgente Tribunal absuelve a tres exkaibiles acusados de la masacre de 200 personas en el caso Dos Erres.

También ordena la inmediata libertad de exkaibiles José Mardoqueo Ortiz, Gilberto Jordán y Alfonso Bulux Vicente.

Regina Pérez pic.twitter.com/ftuckcHuCB

— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) November 7, 2023

Familiares de las víctimas reaccionan con gritos y sollozos a la sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo E que absolvió a tres exkaibiles acusados de participar en la masacre de 200 personas en Las Dos Erres.

Regina Pérez pic.twitter.com/AegBxV1BKB

— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) November 7, 2023

Un tribunal de Guatemala condenó este jueves 24 de agosto a 20 años de prisión a un comandante militar retirado y absolvió a otros ocho integrantes del Ejército acusados de haber masacrado a 25 personas de una comunidad indígena en el norte del país, durante el gobierno de Efraín Ríos Montt (1982-1983).

“Solo condenaron a uno, y los otros ocho salieron riendo”, argumentó Pedrina Alvarado, familiar de ocho de las víctimas de la masacre cometida por un contingente militar en el caserío Rancho Bejuco, en Baja Verapaz, unos 80 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

La reacción de Alvarado se dio después de que el Tribunal de Mayor Riesgo “D”, dirigido por el juez Walter Eugenio Mazariegos, decidió imponer una pena de 20 años inconmutables por delitos contra los deberes de la humanidad contra el comandante Juan Ovalle Salazar.

Sin embargo, el tribunal dejó en libertad a los comisionados militares Mario Córdova y Santiago Cojón.

También fueron declarados no culpables los expatrulleros civiles Juan López, Carlos Sesam, Lauro Garrido, Lázaro Alvarado, Mario Garrido y Santos Cojón Galeano.

El juez Mazariegos dijo que no podía declarar culpables a estos ocho militares porque “no actuaron por su voluntad” sino que “estaban obligados”.

A criterio de Alvarado, de 65 años, la sentencia de este jueves “está incompleta y no sé qué vamos hacer para encontrar justicia”.

Decenas de pobladores indígenas y organizaciones sociales acuerparon a las familiares de las víctimas en la Plaza de los Derechos Humanos, ubicada a un costado del Organismo Judicial de la capital guatemalteca.

Justicia con sabor amargo

“Esta sentencia tiene un sabor amargo”, explicó a EFE la abogada Lucía Xiloj, representante de las familias de las víctimas de la masacre

En opinión de Xiloj, el juez obvió que los “comisionados militares y los patrulleros tenían tareas asignadas y estaban bajo un mando militar”.

“Existían pruebas porque se demostró que los patrulleros estigmatizaron a esta comunidad y tenían voluntad de participación en las fuerzas armadas”, dijo Xiloj.

El crimen tuvo lugar el 29 de julio de 1982, cuando integrantes del Ejército lanzaron explosivos contra el hogar de las víctimas y enterraron sus cadáveres en una fosa común.

De acuerdo con la investigación, las fuerzas armadas cometieron la masacre porque los hombres de esta familia se habían negado a integrar las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza paramilitar compuesta por campesinos bajo el mando del Estado.

Al menos cuatro de las mujeres asesinadas se encontraban embarazadas y sus hijos no nacidos forman parte de las 25 víctimas registradas.

Testimonios

Xiloj dijo que “lo consideramos una justicia a medias porque ha habido una condena contra el militar que estaba a cargo del operativo, es algo positivo, independientemente de la sentencia que se le ha emitido porque se le condenó a la pena mínima de 20 años, pero la otra parte es negativa, pues es la absolución de las ocho personas”.

En tanto, Pedrina Alvarado, víctima de la masacre, relató los momentos de terror que vivió durante la incursión de los militares en su comunidad.

Recuerda que desde hace 27 años buscan justicia que todas las víctimas clamaron por sus vidas, pero no fueron escuchados y los asesinaron.

Otra víctima recuerda que tenía 10 años cuando ocurrió la matanza y que uno de los procesados la violó y embarazó; sin embargo, durante el juicio no puedo atestiguar en su contra.

“Yo soy testigo de esta masacre, pero no me dieron la oportunidad de atestiguar, 10 años tenía cuando me violó”, recuerda la mujer.

Agregó que a consecuencia de la violación quedó embarazada y que luego que su padre fuera masacrado uno de los procesados la amenazó con colgarla a un árbol.

“Diez años tenía cuando me violó y ese dolor jamás pasa”, dijo al finalizar la audiencia de la sentencia.

La masacre se cometió bajo la aplicación de estrategias militares como la denominada “Tierra Arrasada”, que consistía en eliminar la base social de los grupos subversivos y que no hizo distinción entre mujeres, ancianos y niños en comunidades rurales del país.

Además, el crimen sucedió durante los 17 meses de Gobierno del general golpista Jesé Efraín Ríos Montt, cuyo mandato (marzo 1982 a agosto 1983) es recordado como el más sangriento de los 36 años de conflicto armado interno (1960-1996), según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).

Durante el régimen de Ríos Montt se masacraron a mil 500 indígenas del norte de Guatemala y por esos crímenes recibió una sentencia por genocidio en 2013. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, revocó la sentencia días después.

El conflicto armado interno de Guatemala, que duró 36 años entre 1960 y 1996, dejó más de 250 mil víctimas entre muertos y desaparecidos, hasta la firma de la paz en 1996.

Un tribunal de Guatemala abrió este miércoles el juicio oral y público contra nueve exmilitares acusados de asesinar a 25 personas en una comunidad indígena al norte del país en julio de 1982, durante el régimen militar del dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983).

“Es un caso impactante porque entre las víctimas habían 17 niños (entre 8 meses y 13 años de edad). La masacre fue perpetrada por fuerzas combinadas del Estado”, declaró a periodistas Lucía Xiloj, abogada de uno de los familiares de las víctimas.

Durante la apertura del juicio en el Tribunal de Mayor Riesgo D, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) explicó que la masacre sucedió el 29 de julio de 1982 en el caserío Rancho Bejuco, en el departamento (provincia) de Baja Verapaz, unos 80 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

Los hombres mayas Achí de esta comunidad agrícola no habrían aceptado unirse a las Patrullas de Autodefensa Civil y esto fue utilizado como excusa por el Ejército para su eliminación, detalla la acusación de la Fiscalía.

El contingente militar encerró en una vivienda a las 25 personas y lanzó explosivos hacia la estructura. Posteriormente, fueron enterradas en una fosa común, explica la misma fuente.

Acusados

Los militares que enfrentan juicio por delitos contra los deberes de la humanidad son el comandante Juan Ovalle Salazar y los comisionados militares Mario Córdova y Santiago Cojón.

También están enfrentan proceso los expatrulleros Juan López, Carlos Sesam, Lauro Garrido, Lázaro Alvarado, Mario Garrido y Santos Cojón Galeano.

Persecución

De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), esta masacre cometida durante la dictadura de Ríos Montt ejemplifica “la persecución sistemática del Estado para eliminar a la población maya de la región”.

Sindicados
Mario Elfidio Córdova, Santiago Cojón Galeano, Lázaro Alvarado De Paz, Carlos Sesán Cajbón, Juan Ovalle Salazar, comandante de la base militar, Lauro Garrido Córdova, Mario Garrido Córdova, Juan López Sic y Santos Cojón Galeano. pic.twitter.com/Njpr3LLZbx

— Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (@crfger) June 7, 2023

Durante el régimen de Ríos Montt se masacraron a 1 mil 500 indígenas del norte de Guatemala y por esos crímenes fue sentenciado por genocidio en 2013. Sin embargo la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, revocó la sentencia días después.

El conflicto armado interno de Guatemala, que duró 36 años, dejó más de 250 mil víctimas entre muertos y desaparecidos, hasta la firma de la paz en 1996.

Catalino Esteban Valiente Alonzo, exjefe de la Policía Nacional de Guatemala en Quetzaltenango, fue declarado culpable de mentir a las autoridades migratorias de Estados Unidos al no revelar que había sido condenado en su país por el asesinato de dos activistas, anunció este lunes el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés).

Valiente, de 82 años, fue hallado culpable por un jurado federal de un cargo relacionado con el uso de una tarjeta de residencia permanente obtenida mediante una declaración falsa.

Según los documentos presentados en el juicio realizado en una corte federal de Los Ángeles, Valiente mintió en repetidas ocasiones a los agentes de inmigración al no revelar que había sido arrestado y juzgado por el secuestro y asesinato de dos activistas en Quetzaltenango, la segunda ciudad más poblada de Guatemala.

La muerte de las dos personas asociadas a protestas contra la Policía en Quetzaltenango en 1987 se dio después de que Valiente ordenara una “investigación”, explicó el DOJ.

Las dos víctimas fueron secuestradas a plena luz del día por agentes policiales. Días después, sus cuerpos fueron encontrados en lugares separados en una carretera de la ciudad. Los dos habían sido golpeados y torturados antes de ser asesinados.

En diciembre de 1987, Valiente y otros miembros de la Policía fueron acusados en Guatemala en relación con los secuestros y asesinatos de los dos activistas.

El exjefe policial fue sentenciado a 30 años de prisión por el doble homicidio en 1989, pero en 1990, un tribunal de apelaciones de Guatemala anuló la condena, desestimó los cargos y ordenó su liberación.

En agosto de 1990, Valiente ingresó a Estados Unidos por el puerto de entrada de San Ysidro (frontera entre California y México).

Días después, presentó -bajo advertencia de perjurio- una solicitud de asilo. En esta solicitud negó falsamente que alguna vez hubiera sido detenido, condenado, sentenciado o encarcelado en otro país, recalcó el DOJ.

Para marzo de 1993, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala anuló la sentencia del tribunal de apelaciones y emitió una orden de arresto contra Valiente.

En septiembre de 1997, Valiente presentó una solicitud de residencia permanente en la que negaba haber sido arrestado, acusado, multado o encarcelado fuera de Estados Unidos por violar alguna ley.

Posteriormente, Valiente mintió bajo juramento a un funcionario de inmigración durante la entrevista de residencia permanente, que le fue otorgada.

En abril de 2013 mintió nuevamente a un oficial de inmigración cuando ingresó al país por el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Tras las investigaciones, Valiente fue acusado en 2018 y se mantenía en libertad condicional, pero fue detenido el viernes pasado a la espera de su sentencia, programada para el 24 de mayo.

La sentencia máxima legal para el cargo es de 10 años en una prisión federal.

El DOJ no aclaró si la sentencia de la Corte Suprema de Guatemala contra Valiente sigue vigente.

La jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, resolvió este lunes 28 de noviembre en el Caso Diario Militar, otorgar arresto domiciliario a Toribio Acevedo.  

El sindicado estaba en prisión preventiva y procesado por delitos contra deberes de la humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

El 23 de mayo recién pasado Acevedo fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por su presunta participación en los crímenes registrados en el llamado Diario Militar.

“El sindicado está vinculado a hechos ocurridos durante el conflicto armado interno que se registraron en un documento de inteligencia denominado Diario Militar”, afirmó el MP en esa oportunidad.

El documento registra a 195 personas entre sindicalistas, estudiantes de nivel medio, universitario, docente y niños.

En este caso, nueve militares y policías retirados son señalados de supuestamente haber participado en asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales de al menos 195 hombres y mujeres.

Lea también: Diario Militar: defensa de procesado Toribio Acevedo se opone a participación de psicólogo y estas son las razones

Los hechos, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

Acevedo Ramírez es abogado y fue capturado en Panamá. Fungió como miembro del Estado Mayor Presidencial.

Este 25, 26 y 27 de octubre serán cruciales para aquellos veteranos militares que han mostrado su rechazo a la aprobación de la iniciativa 6073, que le dio vida el 12 de octubre pasado al decreto 51-2022 “Ley Temporal de Desarrollo Integral”, y que le otorga una compensación de Q36 mil a exmilitares. 

El presidente de la Asociación de Veteranos Militares de Sangre Verde, Debir Jonás Méndez, confirmó el 21 de octubre que llevarán a cabo bloqueos a escala nacional para exigir que el Congreso aprueba la iniciativa 5664 que les daría una compensación de Q120 mil a cada uno por los servicios que prestaron durante el conflicto armado interno.

Méndez añadió que los bloqueos están programados para el martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de octubre para mostrar su rechazo a la reciente aprobación.

Hasta ahora unas 16 asociaciones plantearon un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para intentar frenar la aprobación de la normativa que aún está en manos del presidente Alejandro Giammattei para sancionarla.

La mayoría de los veteranos militares han insistido en que se les pague Q120 mil a cada uno como resarcimiento por haber prestado servicio militar durante la época más cruenta del conflicto armado interno. Aseguran que ellos han buscado la aprobación de la iniciativa 5664 desde hace años porque la consideran más justa.

“Nos hicieron una promesa. Circula un vídeo del presidente Giammattei cuando la hizo y no cumplió. Hasta él tuvo que esperar el inicio de las elecciones para presentar la iniciativa de ley aprobada, que es electorera. Por eso la rechazamos con contundencia. No vamos a permitirla ni aceptarla”, puntualizó el dirigente militar.

Para el 26 de octubre se tiene planificada una reunión con la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Hasta ahora ninguna asociación ha manifestado los puntos a bloquear.

Cámaras rechazan bloqueos

El presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Luis Alfonso Bosch, expresó que “ante los anuncios de manifestaciones y bloqueos indicados por veteranos militares para esta semana, nuevamente manifestamos que en CIG respetamos el derecho de manifestación pacífica, pero rechazamos enérgicamente las medidas de hecho, como los bloqueos anunciados, e insistimos en que estas prácticas ilegales no son la vía para hacerse escuchar”. 

“Nos encontramos en un momento en el que el alza de precios de materias primas, la inflación mundial y otros factores externos generan presión en la economía nacional. Es imperativo que los distintos sectores trabajemos en conjunto para hacerle frente a los desafíos en unidad, buscando mecanismos de diálogo para abordar las distintas temáticas”, aseveró.

Comentó que esperan “que las autoridades competentes estén alertas esta semana y actúen en el marco de la ley para hacer valer los derechos de los guatemaltecos que deben llegar a sus casas, a sus trabajos y movilizarse dentro del territorio nacional. Instamos a la población a realizar denuncias para que se puedan realizar los procesos legales respectivos en contra de los actores de dichas acciones ilegales”.

Reiteró que condenan “los bloqueos ilegales, porque perjudican la economía, la competitividad y atentan contra la libertad de locomoción, salud, industria, comercio y trabajo, los cuales son derechos constitucionales de todos los guatemaltecos”.

“Guatemala ya se encuentra afectada por daños en la red vial e infraestructura por lo que generar nuevos obstáculos para la movilidad del transporte comercial y particular solamente causa mayores complicaciones, incidiendo de forma negativa en el país”, aseveró Bosch.

La Cámara de Comercio de Guatemala consideró los bloqueos como un delito flagrante que debe ser atendido por las autoridades correspondientes.

“La coacción de grupos que, amparándose en el derecho a manifestar, amenazan públicamente con bloquear carreteras y accesos importante del país durante tres días consecutivos, de no ser resueltas sus peticiones. Estas amenazas al margen de la ley, alejan el desarrollo del país, ahuyentan al inversionista nacional y extranjero y degenera en menos oportunidades y empleos tan necesarios en el país, especialmente para las personas más necesitadas”, citaron en un comunicado.

De acuerdo con la Cámara de Comercio “la Corte de Constitucionalidad ha resuelto reiteradamente, ordenando a las autoridades responsables del orden público: Presidente de la República, Ministro de Gobernación y Director de la Policía Nacional Civil, actuar de manera inmediata, liberando los puntos carreteros y accesos bloqueados, preservando los derechos de locomoción y las libertades de comercio, industria y trabajo de todas las personas que vivimos en el país”.

Ante esto, exigieron que “cumplan su responsabilidad constitucional y anticipándose a estas amenazas, no permitan este tipo de acciones de parte de grupos que actúan en la ilegalidad”, dijeron.

Alerta vial

El portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, Amílcar Montejo, aseguró que recibieron una notificación el viernes 21 de octubre en donde señalaban los veteranos militares que “van a bloquear tres o cuatro días en la capital”. 

“Mantendremos personal a disposición para verificar áreas donde pudieran tener presencia: Congreso de la República, Aeropuerto Internacional La Aurora y plaza de la Constitución.

“Fuimos avisados por la PNC de que van a mantener operativo de seguridad en el Centro Histórico, la Casa Presidencial, la Corte de Constitucionalidad y el Congreso. De acuerdo con el movimiento que tengan vamos a movilizar personal para ese sector”, aseveró Montejo. 

El Congreso aprobó el12 octubre pasado la “Ley Temporal de Desarrollo Integral” que dispone beneficiar a los veteranos militares con el pago de Q36 mil a cada uno; sin embargo, este viernes, integrantes de varias asociaciones plantearon acciones legales en la Corte de Constitucionalidad (CC) en busca de dejar sin efecto dicha normativa.

Es el decreto 51-2022 el buscan que sea dejado sin efecto, por lo que representantes de 16 asociaciones de veteranos militares presentaron un amparo para revertir la decisión del Congreso, pues la mayoría de ellos insiste en que se les pague Q120 mil a cada uno como resarcimiento por haber prestado servicio militar durante la época más cruenta del conflicto armado interno.

Además, piden que se ordene al presidente de la República Alejandro Giammattei abstenerse de sancionar la normativa, por considerar que tiene vicios.

Jorge Vega, asesor de los veteranos, señaló que “estamos realmente indignados que un proyecto 6073 que fue convertido ya en decreto 51-2022 viene violando los derechos de cada uno de nuestros compañeros héroes de la patria, que en su momento prestamos un servicio para defender la soberanía y la democracia que hoy por hoy se vive en Guatemala. Vamos a presentar un amparo a la Corte Constitucional para rechazar ese proyecto que no dignifica al veterano militar, sino que lo excluye”.

Por su parte un veterano militar dijo que “rechazamos las 6073, porque esta ley no trae ningún beneficio” poque “el veterano militar no está dispuesto a ir a sembrar árboles, sino que lo que realmente la compensación que se está pidiendo es la 5664, ya lo tenemos ganado desde hace 36 años por lo tanto rechazamos rotundamente la iniciativa de ley 6073”.

En tanto, Érick Castillo, abogado de los veteranos, comentó que la acción de amparo se presentó porque la ley en mención no beneficia a sus patrocinados y “hoy, mediante una ley que constituye una amenaza de respeto a su dignificación se pretende crear un nuevo vínculo laboral, cuando ellos ya prestaron un servicio militar”.

“También solicitamos que al señor presidente la Corte le ordene que cumpla con la observancia del respeto a la Constitución y que se garantice a todos los guatemaltecos que ante un servicio prestado el Estado, lo menos que tiene que hacer es reconocer esos derechos ya adquiridos”, dijo Castillo.

Las asociaciones también anuncian bloqueos durante tres días a partir del martes 25 de octubre en distintos puntos del país, según el aviso enviado a la Gobernación Departamental de Guatemala.

Qué dice la Ley

La ley contempla que para hacer efectivo el pago mensual de Q1 mil por tres años a cada militar retirado deben formar parte de un “Programa de Desarrollo Integral”, que consiste en hacer trabajos de reforestación, protección y/o conservación de bosques para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica en tierras estatales; limpieza para la conservación, protección y mantenimiento ambiental, clasificación de desechos y reciclaje, entre otras actividades.

El conflicto armado que sufrió Guatemala acabó el 29 de diciembre de 1996, con la firma de la paz, luego de 36 años de guerra interna, que dejaron más de 240 mil víctimas, entre asesinatos y desaparecidos, la mayoría de ellos a manos del Estado.

Un grupo de veteranos militares en desacuerdo por la aprobación de la ley 6073, que les compensa con Q36 mil, amenazaron con boicotear las elecciones de 2023 por la medida que tomó el presidente y el Congreso.

Amenazas

El día de la aprobación de la Ley, un grupo de veteranos militares en desacuerdo por la aprobación de la ley 6073 amenazó con boicotear las elecciones de 2023 por la medida que tomó el Congreso.

“Venimos en paz, pero si los diputados, el presidente, firman esto – la ley 6073 – vamos a bloquear las elecciones en todo el país. No va a haber elecciones. Y ahí va a empezar la guerra”, dijo uno de los veteranos que aseguró haber sido kaibil – fuerza especial militar guatemalteca -.

Dichas amenazas fueron desacreditadas por varios sectores que le exigen al Ministerio Público que investigue el hecho.

El Ministerio Público (MP) confirmó que trasladó a la Fiscalía de Asuntos Internos una denuncia contra la exfiscal general y exjefa de la institución Claudia Paz y Paz por el delito de abuso de autoridad, la cual fue trasladada a la Fiscalía de Asuntos Internos de esa institución.  

Según informó el MP, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (ONPT) presentó denuncia en contra Paz y Paz por una instrucción que emitió con relación a como se debía de investigar casos de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. 

La denuncia también es contra Elena Gregoria Sut Ren, agente fiscal de Derechos Humanos. 

Agregó que la denuncia contra la exjefa del MP y la fiscal es por el delito de abuso de autoridad y que el caso estará a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos.  

En la denuncia se menciona que cuando Paz y Paz era jefa del MP giró instrucciones e inició una persecución penal por violación de derechos humanos, en 2011, durante un proceso que se lleva por un caso durante el conflicto armado interno. 

El documento establece que hubo una “persecución penal específica y selectiva en contra de Manuel Benedicto Lucas García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, así como Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruíz Morales y Juan Ovalle Salazar”. 

En la denuncia se aduce que el delito por los que se les señaló a los sindicados, delitos conta los deberes de la humanidad, entró en vigor en junio de 1996, mientras que los hechos por los que se les sindica ocurrieron el 29 de enero y 15 de marzo de 1987, por lo que se simuló delitos que no estaban tipificados al momento de que ocurrieron los supuestos hechos. 

El Ministerio Público (MP) informó que este lunes 23 de mayo fue ligado a proceso Toribio Acevedo Ramírez dentro del caso Diario Militar.

El MP dijo que los delitos por los que fue ligado son contra los deberes de la humanidad, de desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa. 

La Fiscalía agregó que Acevedo Ramírez fue enviado a prisión preventiva.  

“El sindicado está vinculado a hechos ocurridos durante el conflicto armado interno que se registraron en un documento de inteligencia denominado Diario Militar”, dice el MP.

El documento registra a 195 personas entre sindicalistas, estudiantes de nivel medio, universitario, docente y niños.

Los nueve militares y policías retirados son señalados de haber participado en asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales de al menos 195 hombres y mujeres, según el caso conocido como “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”.

Los hechos, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

Acevedo Ramírez es abogado y fue capturado en Panamá. Fungió como miembro del Estado Mayor Presidencial.

El caso lo lleva Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo.