La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó este viernes 18 de noviembre un comunicado en el que sancionó con la Ley Magnitsky al ciudadano ruso Dmitry Kudryakov y a la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk, por el papel que han desempeñado en la explotación del sector minero de Guatemala.

Según el comunicado, la sanción también se extiende a tres entidades asociadas a las dos personas, relacionados con sus esquemas de corrupción.

Las compañías sancionadas son la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN ), la Compañía Procesadora de Níquel (ProNiCo) y Mayaniquel que, según el documento, funcionan como subsidiarias del grupo Solway Investment, una empresa rusa que explota minas guatemaltecas desde 2011.

Señalan sobornos a políticos, jueces y funcionarios

“El líder de las operaciones mineras de Solway en Guatemala, el ciudadano ruso Dmitry Kudryakov ( Kudryakov ), junto con la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk ( Litviniuk ), supuestamente dirigieron múltiples esquemas de soborno durante varios años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales”, se lee en el comunicado del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Añade que Litviniuk llevó a cabo “actos corruptos en apoyo de los esquemas de tráfico de influencias rusos al dar pagos en efectivo ilegalmente a funcionarios públicos a cambio de apoyo a los intereses mineros rusos”.

Añade que Kudryakov y Litviniuk están designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y se enfoca en los perpetradores de abusos graves de derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

Señala a estas personas por “haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, corrupción relacionada con contratos gubernamentales, o la extracción de recursos naturales, o el soborno”.

“Apoyamos al pueblo de Guatemala y apoyamos la protección de los recursos naturales de su país contra la explotación externa”, expresó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, según declara el comunicado.

“Usaremos nuestras herramientas para ayudar a garantizar que los especuladores corruptos enfrenten consecuencias por robarle al pueblo guatemalteco”, añadió.

OFAC también designó de conformidad con EO 13818 a las tres empresas registradas en Guatemala que son propiedad o están bajo el control directo o indirecto de Kudryakov: CGN, ProNiCo y Mayaniquel.

El alcance

En el comunicado se puede leer que como resultado de la acción de sancionar a estas empresas y personas, “todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC”.

Además, que también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.

“A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o esté exento de otro modo, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas”, se lee en el comunicado de prensa.

Las prohibiciones también incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada.

Posturas

Solway Investment Group publicó un comunicado luego de la designación de la OFAC y menciona:

“En respuesta a la reciente declaración de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. sobre las sanciones dirigidas a la participación rusa en el sector minero de Guatemala, Solway Investment Group desea declarar lo siguiente:

Mayaniquel no es y nunca ha sido parte de Solway Investment Group.

Las subsidiarias de Solway Compañía Guatemalteca de Niquel SA (CGN), Compañía Procesadora de Niquel de Isabal SA (Pronico), no son y nunca han sido controladas por las personas mencionadas como sancionadas. Tanto Dmitry Kudryakov como Iryna Litviniuk ocupan puestos directivos en las filiales; ambos son inmediatamente suspendidos de sus cargos hasta que se aclare la situación.

Solway no es una empresa rusa y no tiene ninguna relación comercial con Rusia. Ya el 3 de marzo de 2022, Solway manifestó claramente su posición en contra de la guerra en Ucrania y anunció su retiro de sus dos inversiones y proyectos operativos en Rusia que representaban menos del 10 % de las operaciones globales del Grupo y completó legalmente este proceso”.

CGN

Por su parte, David Orellana, vocero de la Compañía Guatemalteca de Níquel, dijo que hasta el momento no tiene una postura oficial de los directivos de la empresa de níquel, pero que está en comunicación con ellos para definir una posición sobre el tema.

Agregó que no entiende por qué la OFAC unió CGN y ProNico, con Mayaniquel, ya que esta última no es subsidiaria de Solway Investment.

Orellana confirmó que el ciudadano ruso Dmitry Kudryakov es presidente de de CGN y la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk, es directora de Desarrollo Sostenible de Solway.

Mayaniquel S.A.

En un comunicado, Mayaniquel S.A. detalla que: “la inclusión de Mayaniquel, S.A. en el comunicado se basa en una inexistente vinculación entre Mayaniquel, Solway Investment Group y los individuos allí mencionados”.

En tal sentido, la empresa expresa que se ven obligados a aclarar lo siguiente:

“a) Mayaniquel, Sociedad Anónima NO forma parte de Solway Investment Group, ni es una subsidiaria o entidad afiliada a su grupo corporativo.

b) Mayaniquel, Sociedad Anónima NO es propiedad, ni es una entidad controlada directa o indirectamente por Solway Investment Group, sus afiliadas, subsidiarias, Directores, o la persona mencionada en el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Afirma que la empresa opera dentro del marco de la ley y sujeta a los más altos estándares de cumplimiento y comportamiento.

“Lamentamos profundamente estas imprecisiones. Nuestro equipo legal ya está en contacto  con las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y estamos a su disposición para cualquier verificación de la información imprecisa contenida en dicho comunicado”, concluye el documento.

Cristóbal quiere ver cerrada la mina de níquel que funciona en su pueblo. Junto con otros líderes indígenas en El Estor, en el este de Guatemala, acusan a la empresa suiza que la explota de contaminar el lago donde ellos pescan para comer, señalamiento rechazado por la compañía.

El fin de la actividad minera cerca de su poblado es un legado que quiere dejar a sus hijos, dice a la AFP Cristóbal Pop, de 44 años, uno de los pobladores que mantiene una intensa lucha en defensa del medio ambiente en este caluroso municipio maya-q’eqchi’, en el noreste de Guatemala.

“Tengo cuatro hijos y esos hijos míos van a sufrir la consecuencia [por la minería]. De mí depende el futuro de esos hijos míos”, menciona este pescador artesanal.

Aunque firme en sus palabras, Cristóbal también habla con cierto temor pues el poblado de unos 100.000 habitantes se encuentra bajo estado de sitio desde el domingo, un día después de que policías desalojaran por la fuerza una protesta contra la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group.

La policía despejó con gases lacrimógenos la carretera de ingreso al municipio que el grupo mantuvo cortada por casi tres semanas para evitar el paso de camiones hacia la mina, en la que no se puede continuar la actividad extractiva por un fallo judicial.

El enfrentamiento dejó cuatro policías heridos de bala. El gobierno suprimió por 30 días el derecho de manifestación, estableció un toque de queda nocturno y desplegó a más de un millar de policías y soldados que patrullan las calles del pueblo armados con fusiles, además de realizar cacheos.

El estado de sitio ha sido considerado por los activistas como una intimidación y criminalización de su lucha.

“Nos trae muerte”

Pop apoya sus manos en una vetusta mesa de madera y recuerda que en su adolescencia los peces abundaban en el lago de Izabal, en cuya costa se levanta El Estor, pero éstos, asegura, se han reducido por los deshechos que se arrojan desde la mina, activa desde 2014.

“Para mí es una empresa que a la larga nos trae muerte”, considera Pop.

Acusa a la minera de generar contaminación por la planta procesadora que funciona cerca de la orilla del lago y poner en riesgo los nacimientos de agua de la zona. “Nosotros dependemos de las fuentes de agua que están allí”, agrega.

Pop cuenta que uno de los puntos más conflictivos en este enfrentamiento ocurrió en mayo de 2017, cuando una extensa mancha roja apareció en el lago y los pescadores acusaron a la empresa de provocarla. En esas jornadas de protesta murió de un balazo su compañero Carlos Maaz, por causas que no se han esclarecido, y él terminó en prisión.

En la última manifestación, los opositores reclamaban que CGN seguía operando a pesar de que el máximo tribunal del país le ordenó el año pasado suspender operaciones. La corte dio la razón a la demanda de los indígenas en la que pedían detener la explotación al no haberse realizado una consulta previa entre la comunidad para conceder la licencia.

El gobierno, ahora, debe realizar la consulta comunitaria, pero los manifestantes señalaron que han sido excluidos del proceso.

Más allá de las quejas, hay habitantes que le abren los brazos a la minera.

“La empresa no está haciendo nada mal al municipio, más bien desarrollo”, apunta por su lado Abelardo Xol, un profesor que apoya la mina porque ha dado “trabajo” y mejorado la economía local.

No hay razón” para cerrar

Cerca del camino que estuvo bloqueado, Abelino Chub, otro líder comunitario, lamenta que la minería cause división entre los pobladores.

“Vemos un pueblo muy dividido. Lamentablemente el otro grupo que le llaman ‘prominero’ solo ve que hay dinero ahora (…), pero no ve el nivel de daño que está generando esta empresa”, apunta.

Mientras que a unos 6 km del pueblo, en la sede de la empresa, el presidente de la minera, Dmitry Kudryakov, dice que las acusaciones de contaminación son “especulaciones” de un “pequeño grupo” opositor que, considera, no es representativo de El Estor.

En entrevista con la AFP, el empresario ruso asegura que la mina cumple con regulaciones internacionales de cuidado ambiental y puso como ejemplo una reserva forestal de la empresa en la que cada año se reproduce el cocodrilo americano.

La polémica mancha roja de 2017, agrega, fue producto de “bacterias” a consecuencia de contaminación por aguas residuales y fertilizantes en el río Polochic, que desemboca en el lago.

Kudryakov señala que la sentencia judicial que ordenó la detención de sus operaciones está relacionada con la licencia “Fénix”, cuya actividad, vinculada a la extracción de material de una ladera de la montaña, se detuvo en febrero pasado al ser notificados.

Sin embargo, dice, pueden seguir operando la planta que pertenece a la firma hermana PRONICO que procesa ferroníquel (aleación de hierro y níquel) con material de otra explotación minera en el poblado cercano de Los Amates.

“El cierre de nuestras operaciones ni siquiera está en la agenda, porque no hay una razón para eso”, sentencia Kudryakov.

Los cuerpos de los universitarios Nahomy Lara Orellana, Juan Carlos Velásquez Marroquín y Ángel Rodolfo de León Palacios, estudiantes de Biología de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), fueron rescatados en el Lago de Izabal el 2 de abril en el 2012.

De acuerdo con el Tribunal, Valle fue condenado a cinco años de prisión a razón de Q15 diarios, de no cancelar lo impuesto, deberá cumplir la condena en prisión.

En el proceso también figuraba la Compañía Guatemalteca de Níquel, que deberá pagar una indemnización por lo sucedido. Según el juez, la referida universidad queda excluida de culpa.

El cayuco en el que viajaban los jóvenes volcó en la noche, pero fue horas después que se hallaron los cuerpos frente a la playa de El Estor., el sentenciado viajaba con ellos.

Según se conoció en esa ocasión, los estudiantes viajaron a Río Dulce para hacer un trabajo de campo sobre el comportamiento de los cocodrilos de la región.

La audiencia de reparación digna será el 18 de este mes.

En un comunicado en esa oportunidad, la UVG lamentó la muerte de los jóvenes y explicó la logística que siguieron para rescatar y trasladar a la capital los cuerpos de los estudiantes.

El 30 de marzo del 2014, las madres de los estudiantes universitarios solicitaron la continuación del proceso de investigación y demandaron a las autoridades exhumar los cuerpos para que profundizaran en las investigaciones.

El 5 de febrero del 2015, El Ministerio Público exhumó los cadáveres de los tres estudiantes, quienes murieron supuestamente de manera accidental durante una excursión académica.

Detalles del caso

Durante el juicio un análisis permitió que el juez acreditara que los fallecidos presentaban alcohol en el cuerpo el 31 de marzo del 2012 cuando salieron del muelle, según lo reveló un perito del MP.  También fueron escuchados testimonios de compañeros de los estudiantes, quienes confirmaron al tribunal que en horas de la tarde del día de la tragedia habían ingerido bebidas alcohólicas, lo cual fue corroborado por la existencia de una tapa de cerveza encontrada en la bolsa de unos de los jóvenes durante el peritaje.

El perito naval Cristian De León aseveró en su testimonio que la lancha en la que viajaban los estudiantes y el biólogo Lemuel Valle tenía la capacidad para dos personas y no cuatro, como llevaba el día de los hechos. Esta versión contradice la declaración presentada en la audiencia de la reconstrucción de los hechos.

También se conoció que la necropsia realizada a Nahomy Lara Orellana, una de las estudiantes fallecida, señala que la causa de muerte fue asfixia por sumersión y que el cuerpo presentaba tres lesiones que podrían no haber sido producidas por violencia.

Lemuel Valle, biólogo que estuvo con los estudiantes durante el suceso se declaró culpable antes del inicio del juicio, sin embargo el proceso donde se espera despejar las dudas sobre lo ocurrido la noche en que murieron comenzó el pasado 5 de febrero.

| Con información de Dony Stewart y Óscar García.