La abogada Claudia González, exfuncionaria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sabrá hasta el próximo 18 de marzo si enfrentará juicio por supuesto abuso de autoridad por ser acusada de haber ordenado procedimientos anómalos en contra de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

Este 12 de febrero se llevó a cabo la audiencia para discutir el acto conclusivo en el Juzgado Décimo B, a cargo del juez Jimi Bremer.

La audiencia se realizó a puerta cerrada y no se permitió el ingreso de los medios de comunicación.

Al finalizar la audiencia, la abogada González, quien es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, informó que el Ministerio Público (MP) dio los argumentos y pidió que la ligaran a proceso.

Añadió que la querellante adhesiva -Blanca Stalling-, se adhirió a la petición que hizo el MP, mientras que las abogadas de González pidieron el sobreseimiento del caso.

“El juez dice que como tiene que analizar todos los medios de prueba, tiene que diferir la audiencia, y lo pasó, se había puesto una fecha próxima, pero para concordar agendas con los demás abogados, quedó el 18 de marzo. Hasta el 18 de marzo sabemos si el juez nos resuelve, qué va a resolver, si me mandan juicio o declara sobreseimiento”, dijo González.

Expresó que con todo el análisis que hizo su equipo de abogados consideran que cabría el sobreseimiento.

“Con todo el análisis que hizo mis mis abogadas y el análisis del expediente consideramos que cabe el del sobreseimiento, pero vamos a tener que esperar hasta el dieciocho de marzo a ver qué sucede”, mencionó González.

Afirmó que seguirá con las medidas que le otorgó una corte en noviembre de 2023, en la cual se le daba libertad condicional, lo que se cumplió el 16 de noviembre pasado.

“Sigo con las mismas medidas y esperando lo mejor porque sí hubo una actitud muy agresiva de la de la querellante en la audiencia, pero bueno, tendríamos que pedir siempre en forma de derecho que se respete la dignidad de los sujetos procesales y el respeto en la audiencia”, señaló la exmandataria de Cicig.

La abogada señaló que hay muchos medios de prueba que corresponden en contra de ella y por eso confía en el sobreseimiento del caso.

Al consultarle si ella sabía por qué no habían dejado entrar a la prensa a la audiencia o si el caso se había declarado en reserva, la abogada respondió que el caso no está en reserva, pero que el juez argumentó su decisión de impedir el ingreso de periodistas pues se tergiversaba la información y se sentían intimidados.

González dijo que esa decisión es contraria a la Constitución Política de la República de Guatemala sobre la publicación de las decisiones jurisdiccionales y control social sobre las decisiones de los jueces.

El caso

La abogada fue detenida el 28 de agosto de 2023 porque Blanca Staling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusa de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El 19 de septiembre de 2023, el juez Bremer, sancionado por Estados Unidos en agosto acusado de “corrupción y socavar la Justicia”.

En cumplimiento a una orden de la Sala Cuarta de Apelaciones, el juez décimo “B”, Jimi Bremer, programó este viernes 22 de septiembre la audiencia de primera declaración de la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Claudia González, a quien ligó a proceso penal por el delito de abuso de autoridad y la envió a prisión preventiva, informaron fuentes judiciales.

El juez Bremer decidió ligar a proceso a González por considerar que existen indicios de que cometió irregularidades cuando laboraba como mandataria de la Cicig y decidió mantenerla en prisión preventiva.

Antes de conocer la resolución en su contra, González había denunciado que se trata de un caso de “persecución política” en su contra.

González seguirá en la prisión Matamoros, ubicada al norte de la capital guatemalteca, mientras el Ministerio Público (MP) avanza en la investigación en su contra. Para eso la Fiscalía tiene tres meses.

Pese a que la ley establece que no debe pasar más de 24 horas para desarrollar una primera audiencia y que una persona detenida conozca los cargos en su contra, González llevaba 25 días en prisión sin que eso ocurriera, por lo que su defensa señalaba que se trababa de una detención ilegal.

De esa cuenta, se presentó una exhibición personal a favor de González y aunque la Sala Cuarta de Apelaciones rechazó ese recurso le dio el pasado jueves 48 horas al juez Bremer para que resolviera la situación legal de la abogada, pues el juzgador había programado la audiencia para el 27 de septiembre próximo debido a una excusa presentada por la abogada de la parte acusadora.

El 19 de septiembre recién pasado, el juez Bremer, sancionado por Estados Unidos en agosto acusado de “corrupción y socavar la Justicia”, decidió suspender la audiencia de primera declaración contra González y la reprogramó para el 27 de septiembre, debido a una excusa presentada por la abogada de la parte acusadora.

La abogada, detenida desde el 28 de agosto, es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien está en Washington por persecución política en su contra.

González fue detenida porque Blanca Staling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusa de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El día de su captura, González denunció que se trata de una “persecución política” en su contra por la labor de defensa que ha realizado en favor de operadores de justicia.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) considera que las condiciones en las que González fue detenida constituye “una clara violación a la Constitución”, por lo que instaron al juez a que cumpliera la orden de la Sala.

En una carta publicada por Wola señala que González “sufre una detención injusta”, por lo que esperan que “recupere su libertad inmediatamente”.

Agrega que “el Estado de Guatemala debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, debe respetar el debido proceso y garantizar la integridad de todas las personas que defienden los derechos humanos”.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.

Con información de EFE

La Sala Cuarta de Apelaciones ordenó al juez décimo “B”, Jimi Bremer, resolver la situación legal de la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Claudia González, en un plazo de 48 horas, informaron este jueves 21 de septiembre fuentes judiciales.

La resolución de la Sala se da en el marco de una exhibición personal a favor de González, la cual fue promovida por el abogado Alejandro Rodriguez Barillas, al considerar que, al no haberse dictado auto de procesamiento puede considerarse una detención ilegal.

El 19 de septiembre recién pasado, el juez Bremer, sancionado por Estados Unidos en agosto acusado de “corrupción y socavar la Justicia”, decidió suspender la audiencia de primera declaración contra González y la reprogramó para el 27 de septiembre, debido a una excusa presentada por la abogada de la parte acusadora.

Ese día, la defensa de González advirtió que se están cometiendo irregularidades en contra de la abogada porque la ley establece que no debe pasar más de 24 horas para desarrollar una primera audiencia y conocer los cargos en su contra; sin embargo, ha pasado casi un mes desde su detención.

La abogada, detenida desde el 28 de agosto, es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien está en Washington por persecución política en su contra.

González fue detenida porque Blanca Staling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusa de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El día de su captura, González denunció que se trata de una “persecución política” en su contra por la labor de defensa que ha realizado en favor de operadores de justicia.

En la resolución la Sala detalla que por unanimidad “resuelve sin lugar la presente Acción Constitucional de Exhibición Personal, promovida por el Abogado Alejandro Rodríguez Barillas a favor de la Abogada Claudia González Orellana”.

Sin embargo, la Sala determinó que “se fija el plazo de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la notificación del presente auto al Juez “B” del Juzgado Décimo Pluripersonal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, para que lleve a cabo la continuación de la audiencia que se suspendió el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, tomando en consideración que está dentro de sus facultades prolongar la audiencia fuera de los horarios hábiles”.

Además, ordena que si hubiera incomparecencia del Ministerio Público (MP) “se llame a un fiscal o auxiliar fiscal de planta o de turno”.

Respecto a esa resolución, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) hizo un llamado para que el juez Bremer cumpla con lo ordenado por la Sala, pues consideran que las condiciones en las que González fue detenida constituye “una clara violación a la constitución”.

En una carta publicada por Wola señala que “las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente para que se cumpla lo ordenado por la Sala Cuarta y que Claudia González Orellana, quien sufre una detención injusta, recupere su libertad inmediatamente”.

Agrega que “el Estado de Guatemala debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, debe respetar el debido proceso y garantizar la integridad de todas las personas que defienden los derechos humanos”.

Añade que González ha permanecido detenida 24 días sin que se haya resuelto su situación jurídica, “lo cual representa una clara violación a la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde se establece un plazo máximo de 24 horas para determinar la situación jurídica de una persona detenida (Artículo 9)”.

También dice que “La Convención Americana de Derechos Humanos en el Artículo 7.6 establece que: ´Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales´”.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.

Con información de EFE

Un juzgado de Guatemala decidió suspender este martes 18 de septiembre la audiencia de primera declaración contra Claudia González, exabogada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) de Naciones Unidas (ONU) que cumple 22 días detenida por un supuesto caso de abuso de autoridad.

El juez penal Jimi Bremer decidió no realizar la audiencia debido a una excusa presentada por la abogada de la parte acusadora y trasladó la cita para el próximo 27 de septiembre.

La defensa de González advirtió que se están cometiendo irregularidades en contra de la abogada porque la ley guatemalteca establece que no debe pasar más de 24 horas para desarrollar una primera audiencia y conocer los cargos en su contra; sin embargo, ha pasado casi un mes desde su detención.

La abogada, detenida desde el 28 de agosto, es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien está en Washington por persecución política en su contra.

González fue detenida porque Blanca Staling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusa de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El día de su captura, González denunció que se trata de una “persecución política” en su contra por la labor de defensa que ha realizado en favor de operadores de justicia.

Bremer, a cargo del caso contra la exfuncionaria de la Cicig, fue sancionado por Estados Unidos en agosto acusado de “corrupción y socavar la Justicia”.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.

El subsecretario adjunto para Centroamérica de Estados Unidos, Eric Jacobstein, acompañó este miércoles 6 de septiembre a la abogada Claudia González, exfuncionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de Naciones Unidas (ONU), durante una audiencia en su contra.

Jacobstein expresó su solidaridad con González, quien fue detenida el 28 de agosto, señalada por el Ministerio Público (MP) por un supuesto caso de “abuso de autoridad”

González, quien es defensora de operadores de justicia que han tenido que salir exiliados, indicó al subsecretario que se encuentra preocupada por su caso, ya que el juez penal Jimi Bremer decidió declararlo bajo reserva, evitando el acceso a los medios de comunicación y observadores internacionales.

“Lamento que mi caso no sea público porque quería que todo mundo viera que es un caso nuevo de criminalización y no hay elementos de prueba, ni investigación”, denunció la abogada previo a la audiencia.

La exfuncionaria de Naciones Unidas fue denunciada por supuestas acciones anómalas cuando estaba a cargo de la persecución penal contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling.

Previo a su detención, González era la responsable de la defensa del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, así como de otros cinco funcionarios que han denunciado ser víctimas de persecución política.

Lea también: Sectores reaccionan ante allanamientos en casa de exfical Juan Francisco Sandoval y captura de su abogada

Desde 2019 a la fecha, al menos 50 guatemaltecos entre fiscales, jueces, abogados, periodistas y activistas han tenido que exiliarse, luego de que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras iniciara procesos penales en su contra. EFE

La captura de González ha causado preocupación en sectores internacionales, al tiempo que Claudia González ha señalado que su detención es un caso de persecución política.

De acuerdo con la Fiscalía, González es acusada del supuesto delito de abuso de autoridad por acciones implementadas en la persecución penal contra la magistrada Blanca Stalling.

La captura de la abogada Claudia González, exfuncionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), continúa generando reacciones de sectores internacionales que consideran que hechos como ese le restan credibilidad al sistema de justicia de Guatemala.

Este martes 29 de agosto el Reino Unido se pronunció sobre la detención de González, quien es defensora de más de cinco exoperadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval.

González aseguró el lunes pasado que su detención es una persecución política de parte del Ministerio Público (MP), cuya cúpula está sancionada por EE. UU., que la incluyó en una lista de actores corruptos.

De esa cuenta, el Reino Unido rechaza la captura de González y dice que esas acciones erosionan la confianza en el poder judicial, según escribió en su cuenta de X, anteriormente Twitter, James Dauris, director adjunto de las Américas del Reino Unido.

El mensaje de Dauris agrega que “El Reino Unido comparte la preocupación internacional por la detención en #Guatemala de la abogado y exfiscal @Claudia_GonzaO”.

También dice que “es preocupante ver que esta y otras acciones erosionan aún más la confianza pública en el poder judicial y el ministerio público, y en la lucha contra la impunidad y la corrupción”.

Por su parte, González dijo el pasado lunes que “desde el año pasado estaba preparada porque hay varios casos en mi contra”.

“Están violentando mis derechos constitucionales”, alegó González al juez penal Jimmi Brenner, quien autorizó la orden de captura en su contra por un supuesto caso de “abuso de autoridad” y que intentó enviarla a prisión preventiva sin antes haber efectuado una primera audiencia para darle a conocer los motivos de su captura.

El juez Brenner a cargo del caso fue sancionado este año por el Departamento de Estado de Estados Unidos por corrupción. Además, fue el mismo que ligó a proceso penal al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín.

La exmandataria de Cicig fue enviada a prisión preventiva y su audiencia será renaudada el próximo 7 de septiembre.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.

El Ministerio Público (MP) capturó este lunes 28 de agosto a la abogada Claudia González, defensora del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, que se encuentra exiliado en Estados Unidos, un hecho que generó reacciones de funcionarios de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de EE. UU.

De acuerdo con la Fiscalía, González, quien trabajó como funcionaria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), es acusada del supuesto delito de abuso de autoridad por acciones implementadas en la persecución penal contra la magistrada Blanca Stalling.

“Esta es una acusación totalmente falsa. Lamento que el Ministerio Público siga con esto y ya sabemos que es usual que usen el sistema para mantenernos en prisión”, declaró González a medios de comunicación al ser trasladada a la Torre de Tribunales.

Stéphane dujarric, portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, señaló que el funcionario “expresó su preocupación por los recientes allanamientos y órdenes de detención contra la abogada Claudia González y ex fiscales del MP”.

Además, dijo que la oficina de la UNU en Guatemala observa el desarrollo del caso.

“El Secretario General observa con preocupación informes sobre recientes redadas y órdenes de arresto contra fiscales guatemaltecos y una exfuncionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Claudia González”, dice la declaración.

Agrega que “recuerda las importantes contribuciones de los dedicados funcionarios de justicia y, durante su período de funcionamiento, de la CICIG y su personal, a la lucha contra la impunidad y la corrupción”.

Además, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, se pronunció al respecto y escribió en su cuenta de X, antes Twitter, que “recibo noticias muy preocupantes sobre la detención de la abogada, defensora de derechos humanos y ex fiscal Claudia González Orellana en #Guatemala”.

Agregó que “las autoridades deben garantizar sus derechos”.

En esa misma línea, Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados señaló que “las autoridades deben garantizar sus derechos, incluido el derecho a acceder a un abogado de su elección”.

Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, se pronunció al respecto de la detención de González y dijo que “acciones como la denunciada hacen perder credibilidad en la justicia y su funcionamiento”.

Almagro agregó: “Nuestra condena y el llamamiento a respetar las instituciones y guiarse por los preceptos y pilares del Estado de Derecho”.

Además, Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), escribió en X que “defender #DDHH no es delito. Lo que sí es delito es usar el sistema penal para perseguir a abogados, jueces, fiscales y otros operadores de justicia que defienden la democracia y los derechos fundamentales”.

Con base en eso, Jiménez señaló que “exigimos inmediata liberación de la abogada Claudia González”.

“El objetivo de la Fiscal Porras está claro: garantizar la impunidad en investigaciones de corrupción y tomar venganza”, indicó por su parte en X el subdirector para las Américas de la organización Human Rights Watch, Juan Pappier.

Por su parte, Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., escribió en su cuenta de X que “el inaceptable ataque del @MPguatemala hacia los defensores de justicia @Claudia_GonzaO, @JSandoval1982 y Eva Siomara Sosa, por abogar por la transparencia y #RendiciónDeCuentas, socava la #Democracia y el #EstadoDeDerecho en Guatemala. Condenamos la flagrante manipulación del sistema de justicia como un arma”.

Además, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE. UU. escribió en la misma red social que “Estados Unidos condena categóricamente el abuso de poderes procesales por parte del @MPguatemala  para intimidar a quienes como Claudia González, Juan Francisco Sandoval y Eva Siomara Sosa buscan transparencia y rendición de cuentas en su país”.

Detalles del operativo

El operativo y detención de González estuvo a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, institución cuya cúpula es dirigida por agentes sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por “socavar la justicia y corrupción”.

En la actualidad, González se desempeñaba como abogada defensora del exfiscal Sandoval y otros cuatro ex operadores de justicia que han denunciado ser objeto de persecución política por su labor investigando estructuras de corrupción e impunidad entre 2014 y 2020.

Además, la Fiscalía allanó la casa de los padres del exfiscal Juan Francisco Sandoval.

Sandoval rechazó las acciones de la Fiscalía y aseguró que estaban “amedrentando a mis padres, quienes son adultos de la tercera edad” por supuestos casos donde ellos no están involucrados.

Desde 2019 a la fecha, al menos 50 guatemaltecos entre fiscales, jueces, abogados, periodistas y activistas han tenido que exiliarse, tras denunciar persecución política en su contra por parte de la Fiscalía, que dirige Consuelo Porras.

Con información de EFE y AFP