El relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, visitó este lunes 12 de febrero al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín en una prisión de Guatemala, donde se encuentra detenido desde el 29 de julio de 2022.

De acuerdo con la CIDH, el relator Vaca se encuentra en Guatemala por invitación del gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, para constatar la situación de libertad de expresión en el país.

Vaca ingresó este lunes a la prisión ubicada en el cuartel de Mariscal Zavala, en el norte de la capital guatemalteca, para constatar la situación en la que se encuentra Zamora Marroquín, quien fue beneficiado con medidas cautelares de la CIDH en julio de 2023.

La misión de la CIDH que ingresó a la celda del periodista está encabezada por la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum, y durante su estadía en Guatemala sostendrán distintas reuniones con funcionarios gubernamentales.

El 29 de julio de 2022, Zamora Marroquín, de 67 años, fue detenido tan solo cinco días después de lanzar fuertes acusaciones de corrupción en su medio de comunicación, elPeriódico, al círculo más cercano del entonces presidente, Alejandro Giammattei (2020-2024).

El periodista se encuentra a la espera de que un juzgado penal de Ciudad de Guatemala inicie la repetición del juicio por lavado de dinero en su contra, debido a que la sentencia de 6 años de prisión que le fue impuesta en 2023 fue anulada por una sala de apelaciones, al considerar que se habían cometido errores en el proceso anterior.

Durante su tiempo en prisión, Zamora Marroquín ha denunciado diversas violaciones a sus derechos, entre ellos destaca que en el juicio al que fue sometido se le impidió presentar documentos de descargo, así como testigos.

La semana pasada, Zamora Marroquín aseguró a periodistas que, desde la llegada del nuevo Gobierno, el pasado 14 de enero, sus condiciones en prisión han mejorado con garantías mínimas como acceso a agua caliente y más horas al aire libre.

En 2023, la familia del periodista denunció que el Gobierno del expresidente Alejandro Giammattei retrasó la aprobación de permisos para posibilitar visitas de observadores internacionales a Zamora Marroquín en prisión.

Una fuente del Ejecutivo confirmó a EFE que esta tarde el relator Vaca y la secretaria Reneaum serán recibidos por Arévalo de León en una reunión en el Palacio Nacional de la Cultura.

Además, durante el día la delegación de la CIDH se reunió con el canciller, Carlos Ramiro Martínez, para discutir sobre cooperación en temas relacionados a derechos humanos.

Otra visita

El subsecretario de Estado adjunto de EE. UU. para América Central, Eric Jacobstein, también visitó a Zamora en la prisión, un encuentro que asegura es parte del compromiso de Washington con el periodismo independiente y la libertad de expresión.

“Me siento honrado de haber podido reunirme con el respetado periodista José Rubén Zamora, quien está en prisión desde hace 563 días. Un momento crucial que reafirma el compromiso de #EEUU con el periodismo independiente y la libertad de expresión en #GUA”, escribió Jacobstein en X, antes Twitter, en un mensaje publicado por la Embajada de EE. UU. en Guatemala.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó este lunes 11 de diciembre la resolución 03/2023, referente al respeto de los derechos humanos y la “instrumentalización del sistema de justicia en Guatemala”, en torno a la crisis política a causa de las acciones del Ministerio Público (MP) en contra del proceso electoral y las autoridades electas.

Se trata de la Resolución No. 03/2023 “Derechos Humanos, la Instrumentalización del Sistema de Justicia y los Graves Riesgos para el Estado de Derecho en Guatemala”, la cual surgió “ante la grave crisis política e institucional en ese país derivada de las acciones e injerencias indebidas y arbitrarias por parte del Ministerio Público que atentan contra el resultado de las Elecciones Generales y el proceso de transición de la Presidencia y Vicepresidencia de la República en curso”, señala el documento.

En su resolución, la CIDH alerta a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la comunidad internacional sobre una “inminente ruptura del orden constitucional debido al abuso de poder y la instrumentalización de la función constitucional de investigación de delitos por parte del Ministerio Público con la finalidad de invalidar la integridad y los resultados del proceso electoral y evitar la toma de posesión de las autoridades electas conforme a la voluntad popular expresada en las elecciones generales”.

La CIDH advierte que la “instrumentalización del sistema de justicia y el derecho penal en Guatemala”, desde que comenzó el proceso electoral, han puesto de manifiesto “el ejercicio indebido y arbitrario del poder con fines político-electorales por parte del Ministerio Público”.

Agrega que esas acciones han erosionado “el sistema de controles y contrapesos del Estado democrático de derecho debido a la ausencia de garantías del Poder Judicial para cumplir su rol de ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad; y la complacencia del Poder Ejecutivo, colocando en entredicho el orden constitucional, el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos de la población”.

Además, detalla que observa el “acelerado trámite de procesos de antejuicio y otras decisiones severamente cuestionadas que han sido tomadas por el Congreso de la República en esta coyuntura, como por ejemplo el levantamiento de inmunidad a las personas magistradas del Tribunal Supremo Electoral”.

Ante esos escenarios, la CIDH formula varias recomendaciones al Estado de Guatemala, entre las cuales insta a todos los poderes públicos a garantizar el respeto al orden constitucional y la preservación del Estado de derecho y llama a garantizar mecanismos para la rendición de cuentas de la fiscal general Consuelo Porras “compatibles con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y con el principio de autonomía e independencia de dicha institución”.

También recomienda garantizar que los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia se hagan conforme a los estándares interamericanos, “bajo criterios en base al mérito y a las capacidades profesionales, libre de injerencias políticas indebidas”.

Asimismo, la CIDH insta a proteger la vida y la integridad de las autoridades políticas electas, personas defensoras, periodistas y trabajadoras de medios de comunicación, a los pueblos indígenas y a sus autoridades ancestrales.

Esta resolución de la CIDH se da en momentos en que EE. UU. sancionó con el retiro de visas a más de 300 guatemaltecos, a quienes señalan de socavar la democracia en el país.

Estas sanciones se dan en un contexto de tensión por los resultados de las elecciones presidenciales de agosto en las que se impuso Bernardo Arévalo, quien promete luchar contra la corrupción.

El viernes pasado, la Fiscalía afirmó que las elecciones debían anularse por supuestas irregularidades en la primera vuelta.

El mismo día, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró que los resultados de las elecciones eran “oficiales e inalterables”, y afirmó que Arévalo tomará la Presidencia el 14 enero, como estaba previsto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) indicaron este 18 de noviembre, por medio de un comunicado, que “rechazan el ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público (MP) de Guatemala, mediante incesantes acciones e injerencias indebidas”.

De acuerdo con la CIDH y y la RELE las acciones “atentan contra el orden democrático, el proceso de transición presidencial en curso y el ejercicio individual y colectivo de las libertades civiles y políticas en el país”.

De acuerdo en comunicado emitido por CIDH y RELE, “el 16 de noviembre, el MP anunció la apertura de una investigación por hechos relacionados con las movilizaciones estudiantiles y la ocupación de la Universidad de San Carlos (USAC), ocurridas entre el 19 de mayo de 2022 y el 9 de junio de 2023, en las que la comunidad universitaria denunciaba irregularidades en el proceso de elección del rector de esa casa de estudios”.

Según la CIDH “el MP indicó que la USAC tuvo un daño de 90 millones de quetzales en su estructura física”.

Además, señaló que el objeto real de la toma de esa Universidad “fue la comisión de delitos para postular y apuntalar a personas candidatas de partidos políticos a los máximos cargos de elección popular, Presidente y Vicepresidente de la República, diputados al Congreso de la República, entre otros”.

La secretaría seneral de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que “estas decisiones del MP constituyen acciones de carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático”.

Por otra parte, la CIDH advierte con preocupación que la solicitud del retiro de inmunidad del presidente y vicepresidenta electos “ocurre en un contexto ampliamente documentado sobre reiteradas acciones injerencistas del MP en las elecciones generales y en el proceso de transición en curso, mediante la instrumentalización del derecho penal”.

Asimismo, añaden, “alerta sobre el riesgo de esas injerencias respecto de la toma de posesión del presidente electo, conforme la voluntad soberana expresada en las urnas, lo que socava gravemente el principio de separación de poderes y profundiza la inestabilidad política en Guatemala”.

El mismo 16 de noviembre, el MP informó sobre la presentación de solicitudes de retiro de inmunidad de cinco diputados integrantes de los partidos Movimiento Semilla, VOS y Winaq; así como del binomio presidencial electo.

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del MP anunció la solicitud de 31 órdenes de allanamiento y 27 órdenes de aprehensión en contra de líderes y lideresas universitarias, personal académico, el exjefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, entre otras.

A estos los sindican de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada y asociación ilícita.

Hasta el 16 de noviembre, cinco personas habían sido detenidas, Rodolfo Chang Shium, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Alfredo Beber Aceituno, Javier Alfonso de León Gómez y Marcela Blanco Fuentes, excandidata a diputada del partido Semilla.

El respeto a los derechos humanos; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; y la separación e independencia de los poderes públicos, son elementos esenciales de la democracia representativa, según el Artículo 3 de la Carta Democrática, citan en el comunicado.

La CIDH recuerda que “el régimen democrático no se agota en los procesos electorales, sino que se expresa también en el ejercicio legítimo del poder dentro del marco del Estado de derecho que incluye el respeto a los elementos, componentes y atributos de la democracia”.

La CIDH y su RELE reiteran en este informe el llamado a cesar las acciones injerencistas del MP “que atentan contra el orden democrático y la voluntad soberana de la población, y de esta forma cumplir con las obligaciones internacionales que emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana”.

Urgen al Estado “garantizar y respetar el proceso de transición presidencial”.

Exfiscales y exjueces guatemaltecos exiliados expusieron este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el “deterioro” de la Justicia y la democracia en Guatemala, un proceso del que acusan a la fiscal general, Consuelo Porras.

Desde hace semanas se han sucedido protestas en Guatemala que exigen la dimisión de Porras, sancionada por Estados Unidos, por los supuestos intentos del Ministerio Público (MP) de intervenir los resultados de las elecciones presidenciales que ganó Bernardo Arévalo de León, quien debe suceder en enero a Alejandro Giammattei.

Durante una audiencia pública de la CIDH, en Washington, la exmagistrada Claudia Escobar Mejía denunció en nombre de una cuarentena de exiliados “el deterioro” del sistema de justicia de Guatemala” y la “persecución” de los funcionarios de justicia que han denunciado la corrupción del poder político.

Acusó a Porras de haber “cooptado” el MP, haber desmantelado la lucha anticorrupción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y haber utilizado el sistema penal en contra de “operadores de justicia, fiscales, periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos”.

Durante la audiencia se citaron los casos de la abogada Claudia López y del periodista Jose Rubén Zamora, ambos encarcelados en casos que organizaciones de derechos humanos consideran “fabricados” por la Fiscalía.

También denunciaron que el MP ha puesto “en riesgo el proceso electoral” con una “persecución sistemática” de las autoridades electorales y del partido Movimiento Semilla con el objetivo de “impedir a cualquier costo” que Arévalo de León tome posesión en enero próximo.

Por todo ello, el exfiscal Juan Francisco Sandoval solicitó a la CIDH que inste a Guatemala a “cesar de forma inmediata la persecución” de opositores y que la Comisión mantenga al país en el Capítulo IV.B de su informe anual, junto con Cuba, Venezuela y Nicaragua, por “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.

En representación del Estado guatemalteco, Alejandro Contreras, director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, abrió la puerta al “diálogo” pero negó que en Guatemala exista “criminalización y hostigamiento” de exfuncionarios de justicia, periodistas ni defensores de derechos humanos.

Contreras descartó que el Estado tenga responsabilidad en la salida de los exfiscales y exjueces del país porque, afirmó, Guatemala respeta los derechos humanos “de todos sus habitantes”.

Asimismo, reivindicó que las últimas elecciones presidenciales se llevaron a cabo “de manera exitosa” y que la transición de poderes se está desarrollando “sin novedad”.

Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, fue crítica con esa intervención al señalar una “disociación” entre el relato expuesto por el Estado guatemalteco y el “debilitamiento de las instituciones” que la Comisión ha visto en Guatemala.

El presidente electo Arévalo de León, quien ha denunciado un “golpe de Estado” de la Fiscalía, se encuentra en Washington para “analizar la situación” en Guatemala con miembros del Departamento de Estado y del Congreso de Estados Unidos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su preocupación por varias acciones que “buscan deslegitimar y amedrentar a quienes se manifiestan en Guatemala”, según señala un comunicado conjunto fechado este lunes 30 de octubre desde Washington.

El pronunciamiento se da mientras Guatemala atraviesa por una crisis política provocada por las acciones judiciales en contra del partido Movimiento Semilla, del presidente electo Bernardo Arévalo, y de magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que es considerado por varios sectores como un intento de socavar la democracia por medio de supuestos intentos por revertir los resultados electorales.

El documento, ambos organismos internacionales destacan que una reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) “tiene como efecto limitar el derecho a la protesta”, y es que dicha Corte ordenó recientemente al Ministerio de Gobernación retirar, incluso con el uso de la fuerza, los bloqueos de carreteras, así como habilitar el paso hacia las sedes del Ministerio Público (MP), donde miles de personas protestas para exigir la renuncia de Consuelo Porras como fiscal general.

“El Estado debe respetar y garantizar el derecho de reunión pacífica, y todos los derechos que se ponen en riesgo, como los de la vida e integridad de las personas manifestantes”, dice el comunicado.

Añade que la CIDH y su Relatoría Especial efectúan un monitoreo cercano de las movilizaciones sociales lideradas por autoridades indígenas desde el 2 de octubre recién pasado, “que habrían surgido en reclamo a una serie de denuncias sobre acciones injerencistas del Ministerio Público (MP), contrarias al orden democrático y la voluntad soberana de la población expresadas en las urnas”.

Detalla que, en este contexto, “observan que el legítimo reclamo y descontento de la población ha sido expresado de manera pacífica en movilizaciones sociales, bloqueos de rutas y otros actos de protesta en el espacio público y frente a los edificios de instituciones estatales”.

Agrega que a pesar de esos “recibieron denuncias sobre acciones que buscan limitar el libre ejercicio del derecho a la protesta, en un clima de creciente tensión social”.

Ante eso, los organismos ponen como ejemplo “declaraciones estigmatizantes y amenazas de criminalización provenientes de las más altas autoridades, así como agresiones y amenazas de particulares contra quienes se manifiestan en distintas partes del país, entre ellas, personas indígenas, defensoras y periodistas”.

Entre otros hechos recientes, la CIDH rechazó el ataque armado contra manifestantes por parte de particulares que pretendían desalojar un bloqueo en el municipio de Malacatán. Dicho ataque habría ocurrido en presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y resultó en la muerte de una persona y dos heridas. Al respecto, el MP y el Ministerio de Gobernación reportaron la detención de once personas. Asimismo, este último informó que la PNC que brindaba seguridad en el área se encontraba sin armas conforme la normativa nacional.

En este contexto, agrega el documento, “preocupa la decisión del 18 de octubre de la CC al recurso interpuesto por el MP en reclamo al bloqueo prolongado a su sede en el barrio Gerona por las manifestaciones”.

Detalla que, en esa fecha, “la CC ordenó a la PNC y el Ministerio de Gobernación ´ejecutar las acciones y medidas pertinentes para restituir el orden público´, incluso mediante el uso de la fuerza pública y con la cooperación del ejército guatemalteco”.

Además, las entidades detallan que la CC “cuestionó que algunas movilizaciones ´no pacíficas´ podrían constituir delitos de lesa humanidad por ´provocar el exterminio de civiles´ a raíz de ´situaciones de destrucción de instalaciones y reservas de agua´. También ordenó proceder a la aprehensión de personas implicadas en la comisión de delitos flagrantes”.

“Para la CIDH y su RELE la sentencia tiene un impacto severo en el derecho a la libertad de expresión y en el derecho a defender derechos en un momento trascendente para el país, como el período postelectoral y de transición presidencial”, refiere el documento.

Agrega que “de conformidad con los estándares interamericanos, la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y para la defensa de los derechos humanos, y comprende el ejercicio de la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. Por su naturaleza, resulta preciso tolerar cierto nivel de perturbación a la vida cotidiana, por ejemplo, en relación con el tránsito y el ingreso a edificios públicos”.

“La CIDH y su RELE recuerdan que la desconcentración de las manifestaciones pacíficas por la fuerza es una interferencia directa sobre este derecho y, además, puede afectar la vida o integridad de las personas”, detalla la nota.

Además, llaman al Estado de Guatemala a “cumplir con su deber de respetar, facilitar y garantizar los derechos humanos, así como tomar medidas concretas para garantizar el derecho a la protesta y abstenerse de criminalizar a quienes participan en ella. En democracia, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las manifestaciones sociales y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público”.

Por su parte, según el comunicado, el Estado de Guatemala solicitó a la CIDH, “en concordancia con los principios de subsidiariedad y complementariedad del Sistema de Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, no realizar un examen o pronunciamiento sobre la situación relacionada a las movilizaciones sociales ocurridas en las últimas semanas”.

Agregó que “el Estado enfatizó que cumple con los estándares internacionales de la materia, que siempre ha favorecido y privilegiado del agotamiento previo del diálogo y que el uso de la fuerza se encuentra como ultima ratio”.

El documento detalla que respecto de las acciones del MP, el Estado de Guatemala “manifestó que la investigación penal en curso de ninguna manera pretende alterar el orden democrático ni los resultados de las elecciones generales”.

Asimismo, señaló que “todo el actuar de la Corte de Constitucionalidad se ha realizado en el marco del ordenamiento jurídico guatemalteco y apegado a la protección de los derechos fundamentales de la población”.

Ante la coyuntura actual, la CIDH y la Relatoría “consideran imperativo que se aborden las demandas legítimas de la población, por lo que la mesa de diálogo y el proceso de mediación que se desarrolla con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) constituye una vía idónea”.

En este contexto, concluye el documento, “dada la situación actual y sus efectos en los derechos humanos, la CIDH solicita al Estado de Guatemala su anuencia para realizar una visita al país”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado este 4 de octubre en el que “urge al Estado de Guatemala a respetar el resultado de las elecciones generales y a cesar las acciones del Ministerio Público (MP) que ponen en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”.

En el documento se señala que el 29 de septiembre, el MP, por medio de la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI), llevó a cabo un nuevo allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el que sustrajo más de 125 mil documentos y actas originales de las elecciones generales.

Añade que el MP informó que tales acciones habían sido ejecutadas con fundamento en la ley, en la Constitución Política, y en cumplimiento a la orden de un juez como parte de un caso bajo reserva.

La publicación de la CIDH expresa que el TSE señaló que el allanamiento forma parte de una “serie de acciones intimidatorias, destinadas a socavar la integridad de la democracia y poner en duda los resultados electorales ya oficializados”.

Menciona entre esta la solicitud del MP de retirar la inmunidad a los magistrados titulares y suplentes del TSE por la supuesta comisión de delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. También está la amenaza de ejercer otras acciones penales contra personas funcionarias de esta institución.

“De acuerdo con la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA), el allanamiento realizado a la sede del Tribunal Supremo Electoral, que constituye la quinta diligencia realizada después de las elecciones, fue “llevada a cabo sin la debida motivación, atacando las funciones, independencia y autonomía del órgano electoral”, cita el documento.

Agrega que: “el permanente asedio, sin fundamentos ni motivación clara del MP constituye una persecución política similar a las que se llevan a cabo en regímenes autoritarios”.

Apuntó que la actuación del MP es “una violación intolerable a la constitución de Guatemala (…)” y que “está alterando el orden constitucional”; y que no existen elementos que pongan en duda los resultados electorales.

Deterioro de la institucionalidad

La CIDH agrega que ha advertido una serie de situaciones que ejemplifican “el deterioro progresivo de la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la situación de los derechos humanos en Guatemala”.

Entre estas menciona “las continuas injerencias en el proceso electoral, mediante la interpretación de normativas y prácticas que impidieron la participación efectiva de personas y partidos políticos, la suspensión del anuncio de los resultados de la primera vuelta por más de dos semanas, el intento de suspender la inscripción como persona jurídica del Movimiento Semilla para impedir a sus integrantes la adjudicación de cargos públicos y el allanamiento a su sede”.

También la orden de detención contra una funcionaria del Registro de Ciudadanos del TSE, los allanamientos y las amenazas a magistradas y magistrados de dicha institución, y las solicitudes de antejuicio tramitadas en su contra; así como las amenazas contra la vida e integridad del binomio del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, que resultaron en el otorgamiento de medidas cautelares por parte de la CIDH.

“Mediante la inclusión de Guatemala en el capítulo IV de sus informes anuales de 2021 y 2022, reservado a Estados que por su grave situación de derechos humanos ameritan un informe especial, la CIDH alertó a la comunidad internacional sobre la falta de independencia del Ministerio Público, la intensificación de la persecución judicial, la criminalización y el abuso del procedimiento de antejuicio con la finalidad de amedrentar y retirar del cargo a personas operadoras de justicia encargadas de investigar y juzgar casos vinculados con el conflicto armado interno y con hechos de corrupción de alto impacto, con el fin de favorecer a estructuras y grupos de poder interesados en asegurar la impunidad”, señala el comunicado.

Añade que la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión también advirtieron sobre un continuo deterioro de las garantías para ejercer la libertad de expresión y la libertad de prensa en Guatemala.

Esto los señalan pues consideran que se ha intensificado la criminalización, el hostigamiento y las campañas de acoso en redes sociales en contra de periodistas y de personas que cumplen un rol relevante de escrutinio del poder público.

“La Comisión recuerda que la Carta Democrática Interamericana reconoce que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

La respuesta del Estado

El comunicado también señala que en su respuesta al presente comunicado de prensa, el Estado de Guatemala reiteró que: “el Ministerio Público es el órgano autónomo y encargado de ejercer la persecución penal, “ente técnico y apolítico, cuyas diligencias en el caso concreto se han realizado en el marco legal correspondiente y con el fin de esclarecer la verdad ante la posible comisión de un delito y defensa de los derechos de los denunciantes, así como de la ciudadanía”.

También explica que a través de la FECI es la que ha hecho los cateos en el TSE y que son en cumplimiento de la ley y que la investigación penal en curso “de ninguna manera pretende alterar los resultados de las elecciones generales en Guatemala”.

En cuanto al proceso de derecho de antejuicio, se menciona que es una prerrogativa diseñada “para velar por las garantías del cargo y cuando aplica, la independencia judicial”.

El Estado de Guatemala también informó que “todas las resoluciones judiciales emitidas en el caso han sido debidamente fundamentadas y dictadas por la judicatura correspondiente”.

El documento de la CIDH también hace referencia a que el Estado de Guatemala indicó que este tipo de comunicados pueden poner en riesgo “las resultas e independencia de las investigaciones que se encuentran en curso”.

Urge respetar y garantizar resultados electorales

“La Democracia y el Estado de Derecho son condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos. En ese entendido, la CIDH urge al Estado de Guatemala a respetar y garantizar el resultado de las elecciones celebradas de manera libre y justa, y a cesar de inmediato las acciones injerencistas del Ministerio Público que atentan contra el orden democrático y la voluntad soberana de la población; y de esta forma cumplir con las obligaciones internacionales que emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana”, agrega la CIDH en su comunicado.

El consorcio de organizaciones de sociedad civil Mirador Electoral presentó este jueves 24 de agosto varias denuncias en el Ministerio Público (MP) por la supuesta compra de votos durante la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Guatemala, pero señaló que la Fiscalía le resta importancia a ese tipo de hechos.

El presidente de Acción Ciudadana (AC), que integra Mirador Electoral, Eddie Cux, dijo que las denuncias que se plantearon este jueves están relacionadas con hechos que documentaron durante la jornada electoral del pasado domingo 20 de agosto, cuando los guatemaltecos fueron a las urnas para elegir presidente y vicepresidenta.

Cux añadió que han observado el proceso electoral desde que comenzó la campaña; además, dijo que el domingo 20 de agosto pasado documentaron “algunos casos en donde consideramos que hubo esa mala práctica de compra del voto, que en derecho penal se conoce como coacción al elector”.

“Documentamos varios casos de algunos municipios como Santiago Atitlán (Sololá), Samayac (Suchitepéquez), como Santa Catarina Pinula (Guatemala), como Santa Cruz Chinautla (Guatemala), Senahú (Alta Verapaz), La Democracia, (Huehuetenango), San Juan La Laguna (Sololá), en donde utilizaron este tipo de estratagemas en donde le entregaban los conocidos vales de la esperanza que entregaron por parte del partido de la UNE, otros partidos vinculados al partido oficialista, otros al partido Cabal que entregaron víveres, que entregaron productos a la gente con tal de coaccionar el voto a favor de la candidata dela UNE”, dijo Cux.

Agregó que este jueves presentaron el resultado del monitoreo que hicieron en redes sociales y reportes hechos por ciudadanos.

“Estamos presentando la denuncia penal para que el Ministerio Público, tal cual es su mandato, accione y haga la investigación”, refirió.

Además, dijo que “hay que tomar en cuenta que esta no es la primera vez que presentamos denuncias, presentamos para la primera vuelta y también en el proceso electoral de del 2019 y hasta el momento no hay ningún resultado, entonces nos llama la atención el hecho de que este tipo de casos se dejan en el olvido, no accionan, pero por otra parte el mismo fiscal que estuvo en -la Fiscalía de- Delitos Electorales en el 2019 ahora está accionando y está casi vulnerando el proceso electoral y atentando contra la voluntad popular”.

Cux agregó que les preocupa la forma cómo se está instrumentalizando la acción penal por parte del Ministerio Público “para judicializar, para atentar contra la autoridad electoral, tratar de deslegitimar el proceso electoral y sobre todo, a los más de dos millones de personas que votaron a favor de un partido político, eso es muy delicado porque atenta contra cualquier democracia”.

Respecto a si los resultados electorales están en riesgo debido a las acciones del MP, Cux dijo que “hay una clara colusión entre el Ministerio Público y ahora el Congreso que tuvo acceso a información que no debiese, de hecho, creeríamos que es fraudulento el hecho de que una fiscal envíe información al Congreso cuando ellos no son parte de un proceso que está bajo investigación, creería que están tratando de preparar el terreno para dar un golpe electoral, lo cual es muy delicado”.

Se consulto del Departamento de Información y Prensa del MP sobre los señalamientos de lentitud en dichos procesos, pero no han respondido.

El MP solicitó al Congreso que suspenda al partido Movimiento Semilla, del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

La solicitud fue requerida mediante una carta del Ministerio Público el 23 de agosto al Parlamento y confirmada este jueves por el fiscal a cargo del caso, Rafael Curruchiche, sancionado desde 2022 por Estados Unidos bajo acusaciones de corromper la Justicia en Guatemala.

La misiva indica a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que el juzgado séptimo penal ordenó provisionalmente el 12 de julio pasado la suspensión del partido político de Arévalo de León.

Dicha suspensión, sin embargo, fue anulada por la Corte Suprema de Justicia en el mismo mes de julio, por lo que no es válida, según recordó este jueves la agrupación Movimiento Semilla mediante sus portavoces.

Actualmente, la agrupación política del presidente electo cuenta con cinco diputados, incluyendo a Arévalo de León, y en los recientes comicios del 25 de junio obtuvo 23 escaños de los 160 que componen al Congreso para el período 2024-2028, convirtiéndose así en la tercera fuerza política del país.

Arévalo de León fue elegido como presidente el pasado domingo en un balotaje donde superó a Sandra Torres Casanova.

Desde el 12 de julio pasado, el Ministerio Público, cuya cúpula también está sancionada por Estados Unidos, ha intentado detener la candidatura de Arévalo de León y Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas en 2018 al fundar el partido.

Entre las acciones implementadas el Ministerio Público se han registrado allanamientos a la sede del Movimiento Semilla y también al Tribunal Supremo Electoral.

“Nosotros sabemos que hay una persecución política en curso, que se lleva a cabo por medio de las instituciones, fiscalías y jueces que han estado cooptados”, dijo Arévalo de León el domingo por la noche al respecto, tras ganar la segunda vuelta electoral.

La existencia de una conspiración para asesinar al presidente electo de Guatemala, denominada “Plan Colosio”, llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgarle este jueves 24 de agostos medidas cautelares a Bernardo Arévalo de León y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera.

La CIDH, con sede en Washington, pidió al Estado de Guatemala en una resolución que tome las “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de Arévalo y Herrera, pues ambos “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”.

En el documento, la CIDH señaló que ha sido informada de que Arévalo fue sujeto de “vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte” que incrementaron “tras la primera vuelta electoral del 25 junio de 2023”, cuando quedó en segundo lugar y pasó al balotaje con la candidata de la UNE, Sandra Torres.

Entre estas denuncias se encuentra la existencia de dos posibles planes para atentar contra la vida de Arévalo.

Uno de esos planes, del que fue informado su equipo de seguridad antes de la segunda vuelta electoral del 20 de agosto y que fue denominado “Plan Colosio”, en referencia al asesinato del candidato del PRI en México en 1994, cuenta con “participación de agentes estatales e individuos particulares”, de acuerdo con la resolución de la CIDH.

Además, un segundo plan, del que informó a Arévalo el propio Ministerio Público (MP)  la madruga del lunes 21 de agosto, al que relacionaron con presuntas “estructuras criminales de pandillas”.

Detalles sobre el “Plan Colosio” contra Arévalo

La resolución de la CIDH detalla que “el 15 de agosto de 2023, los solicitantes -de las medidas cautelares- informaron que el equipo de seguridad del propuesto beneficiario Arévalo de León recibió información preocupante sobre un plan para asesinarlo con participación de agentes estatales e individuos particulares”.

Agrega que los solicitantes “alegaron que, al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado “Colosio”, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI mexicano en el año 1994, el que se implementaría para acabar con la vida del propuesto beneficiario -Bernardo Arévalo-. Según los solicitantes, tales fuentes que no se conocen entre sí”.

“El equipo de seguridad tendría cierta información sobre el referido plan desde el 4 de julio de 2023, sin embargo, fue hasta ese momento que habrían podido corroborar la información por medio de tales fuentes. En ese momento, alegaron que el propuesto beneficiario figuraba como favorito en la intención de voto”, señala la resolución.

Además, detalla que “el 21 de agosto de 2023, la parte solicitante informó que, tras la celebración de la segunda vuelta electoral, resultó electo el binomio presidencial del partido político Movimiento Semilla” y que “durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en un hotel de la Ciudad de Guatemala se habrían presentado cuatro fiscales del Ministerio Público, quienes pidieron una reunión privada con el propuesto beneficiario Arévalo de León”.

“El acta de 20 de agosto de 2023 de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión indica lo siguiente: “(…) nos encontramos constituidos en el referido lugar con la finalidad de hacer constar lo siguiente: PRIMERO: Con el objeto de hacer de conocimiento al señor César Bernardo Arevalo de León, (…) que la Fiscalía contra el Delito de Extorsión obtuvo información privilegiada relacionada a estructuras criminales de pandillas, que puede poner en riesgo la vida e integridad física del señor Arevalo de Leon, por lo que se procedió a realizar la notificación correspondiente, para que este tome las medidas de seguridad que considere pertinentes, asimismo se hizo de su conocimiento que todo lo anterior también fue informado a la Dirección General de la Policía Nacional Civil”, refiere la CIDH en su resolución.

El documento agrega que “de acuerdo con la parte solicitante, este constituiría un segundo plan de atentado” en contra de Arévalo de León.

Sin embargo, según señaló la CIDH, el Estado de Guatemala no ha tomado las medidas necesarias para proteger la seguridad del presidente electo, aun conociendo estas amenazas en su contra.

El documento detalló que el dúo que resultó ganador en las elecciones del pasado domingo ha tenido que recurrir a seguridad privada para garantizar su protección.

La CIDH alegó además que el Estado de Guatemala no le informó sobre qué medidas se tomaron en respuesta a las denuncias de un plan para atentar contra la vida de los dos políticos del Movimiento Semilla.

Como consecuencia, el organismo solicitó hoy formalmente a Guatemala que informe “sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados”.

Las medidas cautelares se conocen el mismo día en el que la Fiscalía de Guatemala solicitó al Congreso suspender al partido Movimiento Semilla, al que pertenece Arévalo.

Actualmente, la agrupación política del presidente electo cuenta con cinco diputados, incluyendo a Arévalo de León.

En los recientes comicios del 25 de junio obtuvo 23 escaños de los 160 que componen al Congreso para el período 2024-2028, convirtiéndose así en la tercera fuerza política del país.

Desde el 12 de julio pasado, el Ministerio Público, cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos, ha intentado detener la candidatura de Arévalo de León y Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas en 2018 al fundar el partido.

El proceso electoral guatemalteco, que inició en enero y culminó el domingo pasado, ha sido el más controvertido en la historia del país centroamericano desde la implantación de la democracia en 1986.

El asesinato de Colosio en México

El pasado 23 de marzo de 2023 se cumplieron 29 años del asesinato del candidato a la Presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, por el PRI, quien fue asesinado en 1994 cuando asistió a un mitin en Lomas Taurinas en Tijuana.

De acuerdo con reportes de medios mexicanos, el aspirante a la Presidencia recibió dos balas, una en la cabeza y otras en el abdomen. Tres horas después del ataque confirmaron su muerte y Mario Aburto fue señalado como el asesino.

Colosio era un político militante del PRI, nació en 1950 en Magdalena de Kino, en Sonora, y durante su carrera política se desempeñó como diputado, senador, presidente del partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

De acuerdo con reportes de prensa, en 1994 Colosio se postuló como aspirante a la Presidencia por el PRI siendo el mejor posicionado para ganar la elección de junio de ese año.

Con información de EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este 24 de agosto medidas cautelares al presidente electo de Guatemala César Bernardo Arévalo de León y a también a su compañera de fórmula Karin Herrera Aguilar, del Movimiento Semilla, por el riesgo que corren sus vidas.

Esta declaración se da en medio de intentos por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) de inhabilitar la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, por supuesta afiliación irregular de simpatizantes y de inscribir personas muertas o coon documentos que no les correspondían.

La Comisión con sede en Washington, Estados Unidos, solicitó al Estado de Guatemala que adopte de inmediato las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la integridad de Arévalo y Herrera.

La CIDH menciona en su resolución que considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su reglamento.

Es por ello que se solicita a Guatemala que:

• a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Cesar Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar a la luz de las valoraciones de la presente resolución.
• b) Concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes
• c) Informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

En el documento se menciona que el 24 de julio de 2023, la CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por Alfredo Ortega Franco y Christian González Chacón instando a la Comisión que requiera al Estado de Guatemala la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos de Arévalo Herrera, quienes estarían en riesgo en el país.

Agrega que en los términos del artículo 25 de su reglamento, la CIDH solicitó información adicional a la parte solicitante el 26 de julio de 2023 y esta contestó el 31 de julio de 2023. Luego, la CIDH realizó traslado de información y solicitó información a ambas partes el 3 y 18 de agosto de 2023.

Añade que el Estado remitió sus informes el 11 y 19 de agosto de 2023 y la parte solicitante envió información el 13, 15, 19 y 21 de agosto de 2023.

El comunicado añade que tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por las partes, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie – ‘a primera vista’ o ‘en principio’- que Arévalo y Herrera “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable”.

Es por ello que solicitó a Guatemala que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del binomio de Semilla “a la luz de la valoraciones de la presente resolución.

Además, que concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes
Finalmente pide al Estado de Guatemala que “informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.

El plan Colosio

El 15 de agosto de 2023, los solicitantes de las medidas cautelares informaron que el equipo de seguridad de Arévalo recibió información que calificaron como “preocupante” sobre un plan para asesinarlo con participación de agentes estatales e individuos particulares.

El documento menciona que los solicitantes expresaron que al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, les habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado “Colosio”, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI mexicano en el año 1994, Luis Donaldo Colosio.

Ese plan Colosio se implementaría para acabar con la vida de Arévalo.

Los solicitantes de las medidas cautelares también aclararon, según el documento, que las fuentes que dieron la información del Plan Colosio no se conocen entre sí.

Añadieron que la seguridad de Arévalo y Herrera tendrían cierta información sobre el referido plan desde el 4 de julio de 2023; sin embargo, fue hasta ese momento que habrían podido corroborar la información por medio de las mencionadas fuentes.

En ese momento, alegaron que Arévalo figuraba como favorito en la intención de voto.

Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron mediante un comunicado su preocupación por la condena de seis años de prisión inconmutables que recibió el periodista José Rubén Zamora.

Además, en el comunicado las instituciones solicitaron al Estado “respetar el derecho a la libertad de expresión y de prensa, y a abstenerse de utilizar el poder punitivo para amedrentar a personas que se manifiestan de forma crítica al Gobierno”.

La CIDH y la RELE señalaron que, desde el 29 de julio de 2022 habían recibido información que en el caso de Zamora se presentaban “afectaciones a las garantías del debido proceso, el uso prolongado de la prisión preventiva y graves limitaciones al derecho de defensa“.

“Zamora debió cambiar de representación legal en varias oportunidades, llegando a contar hasta con diez defensores diferentes debido a hechos de hostigamiento, acoso, e inclusive la interposición de denuncias penales en su contra de quienes ejercían su representación legal”, señala la CIDH en el comunicado.

La CIDH recalca también que advirtió acerca de la criminalización de Zamora en 2022, en el informe sobre Guatemala incluido en el Capítulo IV.B de su Informe Anual de ese año, y afirmó en ese momento que observó con preocupación que el “contexto de afectaciones a la independencia judicial en Guatemala ha contribuido a exacerbar un clima de censura de otras personas que cumplen un rol relevante en la vida pública”.

Investigación contra periodistas y cierre de elPeriódico

En el comunicado se detalla que la RELE tuvo conocimiento acerca de la apertura de una investigación penal en contra de periodistas y columnistas de elPeriódico.

“También advierte que, además del presente caso, José Rubén Zamora enfrenta otros dos procesos penales, uno de ellos por el supuesto delito de conspiración para obstruir la justicia y otro por supuesto uso de documentos falsos de manera continuada“., señala el comunicado.

La CIDH añade que, desde 2003 Jose Rubén Zamora es beneficiario de medidas cautelares, debido a motivos vinculados con su labor periodística.

Otro de los temas que ha manifestado preocupación de la CIDH y la RELE fue el cierre de elPeriódico el pasado 12 de mayo, ya señalan que se debió a “consecuencias de los obstáculos denunciados para poder seguir operando con normalidad desde la detención de Zamora, la intensificación de la persecución judicial contra sus integrantes, así como presiones políticas y económicas”.

#CIDH y @RELE_CIDH manifiestan preocupación por la condena a José Rubén Zamora en #Guatemala
Comunicado de Prensa https://t.co/I4sFhDxepi#DerechosHumanos pic.twitter.com/VKgPKXiE17

— CIDH – IACHR (@CIDH) June 21, 2023

Rechazo de comunicado

La CIDH y la RELE enfatizaron que, el Estado de Guatemala, luego de rechazar el comunicado, aseguraron que en el país “se rige el respeto por la libertad de expresión y en ningún momento se ha empleado el sistema penal contra periodistas o medios de comunicación a razón de su labor periodística”.

Según la CIDH, el Estado señaló que la condena contra Jose Rubén Zamora por los delitos de lavado de dinero no tiene relación alguna con su derecho a la libertad de expresión, sino que “se trata de un ciudadano enfrentando la justicia por actos ilícitos comprobados en juicio”.

Ante esto, la CIDH y la RELE señalan que se trata de un medio indirecto de censura “el uso del derecho penal como una forma de represalia e intimidación contra periodistas y comunicadores que investigan asuntos de elevado interés público”.

Al final del comunicado, las dos instituciones exhortan al gobierno de Guatemala a “adecuar sus prácticas internas a la jurisprudencia vigente en materia de libertad de expresión“, y hacen un llamado a las autoridades a resolver el caso de Zamora “bajo los estándares internacionales de Derechos humanos”.

“Finalmente, la CIDH reitera su disposición, por medio de su RELE, de realizar una visita in situ de supervisión de las medidas cautelares a favor del Sr. Zamora“, señala la entidad.