Algunos activistas y periodistas que fueron incluidos en el amparo que presentó la fiscal general de la República, Consuelo Porras, en contra del presidente, Alejandro Giammattei, el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Ardiano, protestaron este 26 de agosto frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) en la capital guatemalteca.

Mientras que otro grupo de ciudadanos hizo lo mismo, pero en la sede central del Ministerio Público (MP) en el barrio Gerona, zona 1 de la Ciudad de Guatemala. En este lugar la demanda de la población fue la renuncia de la jefa del MP, Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, (Feci), Rafael Currichiche y la fiscal Cinthia Monterroso.

Mientras que los activistas, periodistas y editores, en la CC, exigieron que la CC resuelva sin lugar el amparo que presentó Porras ya que lo consideran está lleno de errores legales incluido la violación a la libertad de expresión que tienen derecho todos los ciudadanos guatemaltecos y está protegido por la Constitución de la República.

El pasado 24 de agosto por la noche la fiscal general de la República presentó un amparo ante la CC contra el presidente, ministro del Interior y director de Gobernación para que la CC les ordene preservar su seguridad y hagan valer la autonomía en independencia de esa institución.

Luego de un pleno extraordinario el 25 de agosto por la noche la CC aceptó para su trámite el expediente que contiene el amparo interpuesto por Porras y solicitó los informes correspondientes a las autoridades recurridas para volver a sesionar el lunes 28 y tomar una decisión.

En CC y el MP

A la CC se dieron cita algunas de las personas que fueron incluidas en el amparo de la fiscal general. En el documento que consta de 90 páginas, se incluyó las capturas de pantalla de las publicaciones que hicieron en la red social X (antes Twitter) y otras, y en donde pedían la renuncia de Porras, Curruchiche o Monterroso, entre otras demandas.

En el amparo que presentó ante la CC la fiscal general señala a cuentas identificadas como Bernardo Silva, Vicente Carrera, Virginia Estrada, Sergio Yoel Morataya, Gerardo Guerra, Juan Francisco y Samuel Bernardo.

Además, coloca copia de los post de editores, periodistas y personas particulares en cada una de las páginas del amparo. A la CC se dieron cita el periodista Fernando Barillas, el editor Raúl Figueroa Sarti, el estudiante Sergio Morataya y el activista Bernardo Silva, entre otros.

En compañía del director de Acción Ciudadana, Eddy Cux, solicitaron ser terceros interesados en este amparo.

Barillas, expresó que habían llegado a la CC porque están preocupados. “Como ciudadanos nos sentimos agredidos, atacados por el Estado, porque ahora resulta que por expresarnos, por manifestar nuestro descontento con la labor de la fiscal general, por manifestar nuestro rechazo a la persecución penal que se está haciendo al proceso electoral del país, ahora busca amedrentarnos”. 

Añadió que las acciones de la jefa del MP “son una forma de amedrentarnos, porque realmente a nivel legal no tiene fundamentos ese amparo para que la Corte de Constitucionalidad lo apruebe”. 

Sin embargo, indicó Barillas, “en este ambiente de de incertidumbre jurídica ya vimos que todo es posible, así que venimos como ciudadanos a dar la cara, no como tuiteros, porque como esos hay grupos de netcenters que se dedican a apoyar al pacto de corruptos”. 

“Estamos aquí como ciudadanos dispuestos a defender nuestro derecho a expresarnos y, sobre todo, esperamos que la Corte de constitucionalidad esta vez resuelva de manera contundente y no vaya a ser una resolución gallo gallina, porque al final de cuentas mucha de esta crisis institucional es por la falta de contundencia que los magistrados han tenido respecto del proceso electoral”, puntualizó.

Netcenters, nada

El editor Figueroa Sarti calificó el amparo de Porras como una amenaza en contra de ellos. “Cuando uno lee cuidadosamente ese amparo es un mamarracho legal, se ve que dejan entrever situaciones de que nos están investigando, de que nos van a perseguir”.

“Preocupa que a partir de lo que uno expresa sea motivo de persecución política, pero no es nuevo. El Ministerio Público en el momento en que entró esta señora ha armado una estructura paralela de persecución en Twitter”, relató. 

Según Figueroa Sarti “nosotros nos enfrentamos todos los días a los ataques de personas que sirven al Ministerio Público y reciben información de esa institución y la divulgan, amenazándonos con cárcel, con exilio, con persecución penal”. 

Para el editor el pueblo de Guatemala ya les dijo basta, “ya no estamos dispuestos a seguir aceptando tanto abuso, tanto robo, tanta corrupción. Entonces creo que esa es la razón por la que estamos acá”.

“Espero que la Corte de Constitucionalidad deniegue ese amparo que es absurdo. Los que tenemos que ser amparados somos nosotros para que se proteja nuestro derecho a la libre emisión del pensamiento”, puntualizó. 

Al frente de la sede del MP en Gerona, zona 1, llegaron personas particulares, vendedores, profesionales y estudiantes. Demandaron la renuncia de Porras, Curruchiche y Monterroso.

En la actividad entonaron el Himno Nacional, lanzaron críticas a los funcionarios a quienes les criticaron que estaban golpeando el proceso electoral para no dejar asumir a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, que ganaron las Elecciones Generales 2023.

Con su bolsa de ventas en la cintura un vendedor ambulante dijo que en los pueblos de Guatemala la gente se muere de hambre a diario. Mientras que una mujer, dijo que había llegado para defender la democracia.

El juez Fredy Orellana resolvió este martes 9 de agosto abrir un proceso penal por lavado de dinero contra el periodista Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, un medio crítico del gobierno del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general, Consuelo Porras.

Zamora permanecerá en prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala mientras avance la investigación.

Junto a Zamora también fue ligada al proceso Samari Gómez, auxiliar fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) por supuestamente haber revelado a terceros información confidencial o reservada. La exfuncionaria también seguirá en prisión.

Según la fiscal Cinthia Monterroso, la denuncia en contra de Zamora Marroquín fue colocada el 22 de julio por Ronald García Navarijo, un exbanquero acusado de corrupción en 2017.

De acuerdo con la acusación del exbanquero, el periodista supuestamente recibió alrededor de Q300 mil y no los ingresó de manera regular al sistema bancario, por lo que solicitó ayuda a García Navarijo.

La defensa de los sindicados alegó ante el juez que dudaban de la legalidad de los videos que fueron presentados por el MP, pues estos fueron grabados por particulares y no por investigadores; sin embargo, el juez se basó en la doctrina española para darles validez.

“Fue objeto de discusión en cuanto a las grabaciones que le fueron aportadas al MP y el posible embalaje del dinero. Si bien es cierto, la Constitución Política de la República de Guatemala y resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) se han referido a estos temas en el sentido que la fiscal expone, hay que recordar que muchas de las sentencias de nuestro tribunal constitucional tienen como fundamento el derecho comparado y aluden a resoluciones del Tribunal Supremo de España como al Tribunal Constitucional de España, el cual se ve como un ejemplo”, argumentó el juez.

Añadió que “ya que en la madre patria es la fuente del derecho guatemalteco, y nadie pondría en duda que España es una democracia respetuosa de los derechos humanos, por eso es que citamos resoluciones de los altos tribunales de justicia del Reino de España, porque la CC hace ese ejercicio intelectivo en sus sentencias y también la doctrina, la literatura, los libros de derecho procesal penal guatemalteco tienen mucha influencia del derecho procesal español”.

Refirió que respecto a la pregunta de que si ¿las grabaciones hechas por particulares son legales? Refirió que “las alta cortes de justicia del Reino de España han dado algunas respuestas en sus resoluciones y vamos a citar solo algunas. Reitero, pongo de ejemplo a España porque a nadie se le ocurría decir que España no es una democracia respetuosa de los derechos humanos”.

Añadió que en este caso “se alude en cierta doctrina, en cierta literatura jurídica en cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional español número 114-1984 de fecha 29 de noviembre, ahí en su parte conducente indica que ´quien emplea durante su conversación un aparato que permita copiar aquella conversación no está violando el secreto de comunicaciones, salvo que entrara en la esfera intima del interlocutor´”.

“Por esfera intima entendemos aspectos que se refieren directamente a la salud de una persona, aspectos a niños, niñas o adolescentes, aspectos de carácter sexual, aspectos donde figure el honor o la dignidad de una persona y los audios que el MP reprodujo de ninguna manera se refieren a actos intima de ningún ser humano, por lo que se le aplica este texto a cabalidad”, continuó el juez.

Además, agregó que “también indica la doctrina que recientemente el Tribunal Supremo de España en resolución de fecha 20 de noviembre de 2014 declara respecto a la grabación de una conversación ente dos personas, siendo una de ellas quien estaba grabando y por lo tanto participando que no puede considerarse referida a un ámbito propio y reservado que no puedan conocer los demás , porque las dos personas estaban hablando en el ámbito de su actividad sin que hubiera nada referente a la vida íntima de los dos, cierro la cita”.

“Es decir, reitero, vida íntima son aspectos muy personales, muy privados y en este caso no nos referimos a nada que dañe el honor y la dignidad que tienen todo ser humano”, refirió.

El juzgador continúa y dice que “ante ellos la doctrina ha establecido que los argumentos que señala esta sentencia, en este caso permiten apreciar los requisito para que una grabación oculta tenga validez e indica, primero que no vulnera el derecho recogido en el artículo 18.3 porque no se obtienen por un tercero ajeno a los intervinientes, así mismo, número dos, que se graba por uno de los intervinientes en la conversación y por tanto puede utilizarla porque solo se registra una conversación presencial por alguien que tiene acceso legítimo”.

Refirió que “la doctrina jurídica española hace una diferencia y determina que lo que no es permitido es grabar conversaciones de terceras personas, lo que sí es permitido es grabar conversaciones donde está participando la misma persona que pone a disposición de autoridad fiscal o policial la grabación. Es decir que no se permite grabar la conversación de otros, lo que si se permite es grabar las conversaciones con otros”.

Añadió que, “efectivamente conversaciones con otras personas es lo que posiblemente el señor García Navarijo pudo haber hecho y las que puso a disposición del MP, por lo tanto, estima esta judicatura que en este análisis preliminar que se hace no se puede apreciar que estos indicios vulneren derechos fundamentales”.

Habla de Q32 millones embargados

En tanto, la fiscal de la Feci, Chintia Monterroso, habló sobre la supuesta liberación de más de Q33 millones pertenecientes a García Navarijo, los cuales fueron embargados como parte de una investigación en un caso de corrupción cuando este era directivo de Bantrab.

“El día de ayer se dijo en audiencia, casi en horas de la noche por parte de la señora Samari López que hubo una audiencia en donde se levantó la inmovilización de las cuentas del señor García Navarijo y que en esa audiencia ella estuvo enferma de covid y que cuando regresó se enteró que había un previo. Ella únicamente se refirió a otra fiscal, omitiendo maliciosamente indicar, tal y como tiene pleno conocimiento porque también sabía que se había interpuesto un previo, lo cual ella misma dijo que se ofició y se contestó que este levantamiento de medida cautelar de inmovilización de cuenta fue a pesar de la oposición del MP y que, según obra en audio de la judicatura de ese caso, inclusive se interpuso recurso de reposición por parte de la fiscal actual, que aclaro no era mi persona”.

“Cuál es el daño, cuál es la deslealtad que se puede advertir en este proceso, que está cayendo en el juego de victimización causando un posible daño, porque el día de hoy que en el medio de comunicación elPeriódico salió en primera plana ´Fiscal Gómez confirma audiencia donde se descongelaron Q33 millones de García Navarijo´ (…) ya sabemos lo tendencioso y manipulables que son las noticias, no es una mentira y es algo que la simple lógica y los seres pensantes advertimos, no se engaña a nadie. En el caso de mi persona todo eso no me afecta (…) pero que tal a los testigos, que tal ese juego mediático en donde los publican diciendo tergiversada mente que ellos hicieron tal y cual cosa, señalándolos de corruptos sin pruebas”.

“Según tengo entendido, esa publicación le acarreará más problemas al señor García Navarijo, porque puede hacerlo objeto de alguna extorsión, porque, según muchísima gente, el tiene liberados más de Q30 millones en sus cuentas, eso es lo delicado de todo lo que se dice”, dijo Monterroso.