La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó denuncias a finales del año pasado contra las autoridades de los hospitales General San Juan de Dios y Roosevelt por dudas en el destino de por lo menos Q28 millones, informaron este jueves 25 de enero autoridades de la Dirección de Auditoría al Sector Salud y Seguridad Social.

De acuerdo con la CGC, durante la auditoría no quedó claro el manejo de Q25 millones en el Hospital General San Juan de Dios; además, hay dudas del destino de Q3 millones que autoridades del Hospital Roosevelt destinaron para pagar un arrendamiento.

Se informó que el Ministerio de Salud es una de las instituciones del Estado que se encuentra bajo monitoreo permanente por parte de la CGC, por lo que en la actualidad se encuentra en proceso una auditoría financiera.

Además, se detalló que en la Dirección de Salud se emitieron cuatro nombramientos de auditoría de cumplimiento con “nivel de seguridad limitada”, de las cuales tres son para el Hospital General San Juan de Dios, donde, además, se generaron tres denuncias.

La primera denuncia, según la CGC, es por “pagos improcedentes” por trabajos de remozamiento no efectuados por Q18 millones, y que fueron hechos a la Empresa Construced.

Otra denuncia que se planteó en contra de las autoridades de ese entonces del San Juan de Dios es por el pago de Q7 millones para la compra de batas no estériles, pero estas no fueron entregadas al nosocomio.

Además, hay otra denuncia por un “pago improcedente por otros servicios no realizados en canaletas plásticas de cableado en diferentes áreas, tuberías de vapor y readecuación y pulido de cabina de acero inoxidable de los elevadores del hospital”. El proveedor es Voltar intermedia, según la CGC.

En tanto, en el caso del Hospital Roosevelt, la CGC colocó una denuncia por dudas en el manejo de los fondos en el arrendamiento de una bodega que “no cumplía con las especificaciones del contrato”, y por la cual se pagaron Q3 millones.

Auditorías

Se informó que en la actualidad para el Hospital San Juan de Dios hay en proceso cinco auditorías, una a requerimiento del Ministerio Público (MP), dos a requerimiento de la sociedad civil y dos a requerimiento del Congreso de la República.

En tanto, para el Hospital Roosevelt hay dos auditorías en proceso, las cuales fueron requeridas la sociedad civil, señaló la CGC.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó este miércoles 25 de mayo el informe “Auditoría a la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, ejercicio fiscal 2021”, en el que se destacan tres mil 438 hallazgos como resultado de 704 auditorías a entidades que administraron fondos públicos y derivado de eso se ordenó la suspensión definitiva de siete eventos por Q634 millones 017 mil 489.21.

De acuerdo con el informe, de los tres mil 438 hallazgos, dos mil 098 corresponden a la Dirección de Auditoría al Sector Municipalidades y Consejos de Desarrollo, 254 a Educación, Ciencia, Cultura y Deportes, 231 a Salud y Seguridad Social y 855 a otras direcciones sectoriales.

Además, el informe detalla que, del total hallazgos, el 90.3 por ciento están relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, contratos y convenios celebrados por las entidades sujetas a fiscalización, y el 9.7 % restante con el incumplimiento de normas de control interno de las entidades fiscalizadas.

La CGC señala en su informe que “durante el Ejercicio Fiscal 2021 se confirmaron cuatro mil 880 sanciones económicas, 57 formulaciones de cargos y 58 denuncias penales”.

Refiere que el monto de las acciones legales corresponde a Q115 millones 594 mil 256.71, de las cuales el 81.7 % es por sanciones económicas, equivalentes a Q94 millones 495 mil 784.95; el 15.1 % a denuncias penales, con valor de Q17 millones 380 mil 485.42; y el 3.2 % a formulaciones de cargos, por Q3 millones 717 mil 986.34.

“Las sanciones económicas a los funcionarios, empleados públicos y demás personas sujetas a fiscalización que incurrieron en incumplimiento a leyes y regulaciones y normas de control interno ascienden a Q94 millones 495 mil 784.95”, refiere el documento.

Además, detalla que se practicaron mil 265 exámenes especiales de auditoría que dieron como resultado mil 557 hallazgos por valor de Q668 millones 427 mil 334.35, de los cuales mil 492 son sanciones económicas por Q43 millones 706 mil 805.95, asimismo, 25 formulaciones de cargos por valor de Q4 millones 488 mil 076.01 y 40 denuncias penales por Q620 millones 232 mil 452.39.

“Las formulaciones de cargos corresponden, principalmente, a la Dirección de Auditoría al Sector Municipalidades y Consejos de Desarrollo por Q3 millones 485 mil 961.24, que equivale al 77.67 %”, agrega el informe.

También señala que se auditaron fideicomisos constituido con fondos público con entre 10 y 15 años de vencimiento, por lo que “se logró que los fideicomitentes por medio de fiduciarios trasladarán al fondo común Q391 millones 116 mil 408.43.

“Se debe continuar con auditorías de cumplimiento para trasladar lo pendiente que es alrededor de Q 125 millones 899 mil 679.53”, añade el informe.

Además, el informe destaca que siete eventos por un monto de Q634 millones 017 mil 489.21, fueron suspendidos definitivamente por incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado.

Se trata de los eventos denominados “Mejoramiento Infraestructura Portuaria Rompeolas Este y Oeste, Puerto Quetzal” con un monto de Q477 millones 947 mil 452.40; “Contratación por Procedimiento de Excepción para la adquisición de cinco puentes nuevos de acero” por Q42 mil 475 mil; “Mejoramiento de calle con recapeo en el municipio de Guatemala” por Q34 millones 971 mil 906; y “Mantenimiento y reparación de la aeronave DC3-TP67 de la Fuerza Aérea Guatemalteca” por Q32 millones 743 mil 630.81.

Además, “Adquisición de libretas para pasaportes ordinarios, para el Instituto Guatemalteco de Migración” por Q23 millones 580; “Adquisición de pares de botas tipo tácticas color negro para uso de la Policía Nacional Civil” por Q19 millones 800 mil; “Mejoramiento calle rural entrada principal aldea San Pedro, Conguaco, Jutiapa” por Q2 millones 499 mil 500.

El 13 de octubre del 2018, Carlos Mencos entregó el cargo y desde entonces es Fernando Fernández, quien lo ocupa de forma interina y pese a que desde el 10 de diciembre se entregó la nómina de seis candidatos al congreso, estos han demorado la agenda y ha atrasado la elección de esta figura que tiene relevancia en un proceso electoral.

En medio de señalamientos por una posible compra de votos, para un candidato en particular y por el cual se estarían pagando hasta 100 mil quetzales por voto se tiene previsto elegir al Contralor este miércoles.

Pero de no darse este día los diputados solo tienen solamente 5 semanas para hacerlo previo que concluya la primera sesión ordinaria el 15 de mayo.

¿Por qué diputados no eligen al nuevo Contralor? 

Los seis aspirantes electos por la Comisión de Postulación

Tres son quienes tienen mayor respaldo. Se trata de Carlos Echeverría, César Elías Ajcá y Edwin Salazar. Los jefes de bloque ya entrevistaron a los seis aspirantes.

JORGE ENRIQUE DÁVILA MARTÍNEZ

• Nota: 65.8
• Ocupación: Director de la Escuela Regional de Políticas Públicas para el Desarrollo. Exdirector titular de la SAT.
• Trabas: ninguna.
• Propuesta: Auditoría preventiva, no forense. Uso de macrodatos e inteligencia artificial.

CARLOS ECHEVERRÍA GUZMÁN

• Nota: 79.45
• Ocupación: docente; director de firma de asesores jurídicos CPA.
• Trabas: sí; inasistencia a su puesto de trabajo en la Universidad San Carlos.
• Propuesta de trabajo: Impulso tecnológico en la reestructuración de las auditorías. Auditorías preventivas. Capacitaciones para reimpulsar el recurso humano. Modificar Ley de Contrataciones del Estado para que toda operación sea electrónica.

CÉSAR ARMANDO ELÍAS AJCÁ

• Nota: 67.79
• Ocupación: Subcontralor de calidad del gasto público de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
• Trabas: sí; acusado por Juan Carlos Monzón de haber sido nombrado subcontralor de forma irregular.
• Propuesta: Fortalecer la institucionalidad. Generar participación ciudadana. Socializar el plan anual de auditoría. Elevar de manera sostenible el nivel de las auditorías.

VILMA DEL ROSARIO XICARÁ TAHAY

• Nota: 60.55
• Ocupación: Secretaria administrativa financiera del Centro Universitario de Occidente de la USAC. Antes, viceministra administrativa de Gobernación.
• Trabas: sí; proceso en el MP por desobediencia de funcionarios.
• Propuesta: Fortalecimiento institucional. Sistema de ascensos mediante carrera. Provisión de herramientas e insumos necesarios para los auditores. Equipos interdisciplinarios en función de la entidad auditada.

ALEJANDRO GONZÁLEZ PORTOCARRERO

• Nota: 71
• Ocupación: auditor.
• Trabas: sí; multa de tránsito de Municipalidad de Guatemala.
• Propuesta: transparencia, innovación tecnológica y probidad por bandera.

EDWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ

• Nota: 66.1
• Ocupación: Docente universitario.
• Trabas: ninguna.
• Propuesta: Descentralizar en pro de las delegaciones departamentales. Sistema informático unificado. Capacitación, dentro y fuera del país. Una adecuada supervisión para prestar especial atención a cualquier situación anómala que pudiera ser ubicada. Unificación de criterios.

La Comisión de Postulación envió desde el pasado 10 de diciembre al Congreso una lista de seis candidatos apara que los diputados con 80 votos decidan quien estará por cinco años a cargo de fiscalizar la ejecución de los recursos del Estado.

Anomalías dentro de la CGC

En octubre de 2018 la Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció penalmente a un grupo de trabajadores de esa institución, luego de identificar un fallo en el sistema informático donde se guardan los registros de sanciones o hallazgos que hay en contra de funcionarios y empleados públicos.

La manipulación del sistema anuló o descargo de este las sanciones emitidas contra funcionarios y esto permitió que al menos seis funcionarios pudieran beneficiarse con la eliminación de registros que comprueban procesos penales o administrativos en su contra.

El contralor en ese momento Carlos Mencos dijo desconocer a quiénes se benefició con el fallo intencional del sistema informático de la Contraloría, por lo que será el Ministerio Público quien individualice responsabilidades. 

Mencos indicó que fue a través de una auditoría que se identificó la alteración en los registros y se procedió a denunciar penalmente  a cinco personas que tenían acceso al sistema.