La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó este martes 12 de enero los resultados de la evaluación de daños y pérdidas a causa de las depresiones tropicales Eta e Iota, y a la vez, hicieron recomendaciones a las autoridades del Gobierno para que la reconstrucción se haga pensando en la resiliencia de las poblaciones.

La evaluación de la Cepal señala que casi la mitad del territorio nacional fue afectado por las depresiones tropicales Eta e Iota, lo que deja en pérdidas, daños y costos adicionales unos Q6 mil millones.

Fueron 61 personas fallecidos, 30 heridos, 99 desaparecidos, 311 mil 317 evacuados y un millón 790 mil 730 damnificados, principalmente en Alta Verapaz, Izabal, Quiché, Huehuetenango, Petén, Zacapa y Chiquimula.

Sin embargo, Keyla Gramajo, directora de Segeplán, señaló hubo impacto en 16 de los 22 departamentos del país, en los cuales viven más de cinco millones de guatemaltecos, “personas que están precisando de la ayuda, de la creatividad y la innovación de nuestro gabinete de reconstrucción para que el que país no se quede agrietado y se reconstruya”.

El objetivo de la evaluación es que el Gobierno trace una estrategia de reconstrucción enfocada en la adaptación de las poblaciones a los efectos de los fenómenos naturales, para que en eventos futuros los daños no sean de la magnitud de los últimos acontecimientos.

De acuerdo con Segeplán, los daños de Eta e Iota superan a los causado por el Huracán Mitch, en 1998, cuando se registraron pérdidas por Q4 mil 937 millones. Agregaron que el país ha perdido a causa de Eta, Iota, Mitch, Ágata y las erupciones de los volcanes Pacaya y de Fuego Q22 mil millones.

Hugo Beteta, director regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), lamentó que los fenómenos naturales impacten de forma directa en comunidades afectadas por la pobreza y pobreza extrema.

“Detrás de las cifras hay grandes tragedias humanas, esos desastres pegaron en zonas vulnerables del país (…) con altos niveles de pobreza y pobreza extrema, que se ha venido empeorando por el vacío o ausencia de servicios públicos y seguridad alimentaria y de ingresos”, dijo Beteta.

Agregó: “Guatemala ha avanzado moviéndose de lo que es una actitud reactiva a una de prevención y prevención de riesgos, lo que es importante para el país. El balance entre reconstrucción y visión de largo plazo es importante, estos desastres evidencian rezagos estructurales de larga data en Guatemala. Estos desastres afectan los objetivos de desarrollo sostenible”.

Sectores afectados

Social

• Educación Q42 millones 244 mil 806
• Salud Q321 millones 784 mil 340
• Vivienda Q2 mil millones 446 mil 752.550
• Costo de la emergencia Q66 millones 775 mil 885

Productivo

• Agropecuario Q1 millones 215 mil 176.071
• Turismo Q 443 millones 672 mil 352
• Comercio Q132 millones 169 mil

Manufactura

• Q78 millones 946 mil

Infraestructura

• Energía Q11 millones 884 mil 64
• Agua y saneamiento Q 15 millones 233 mil 456
• Transporte Q861 millones 106 mil 732

Medioambiente

• Q366 millones 300 mil 377

Total

• Q6 mil millones 003 mil 861.366

El hambre en el mundo se ha agravado debido a las repercusiones de la pandemia de coronavirus, advirtió este jueves 3 de diciembre la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

La agencia especializada de la ONU, cuya sede central se encuentra en Roma, que elabora cada trimestre un índice de los precios de los alimentos y analiza los avances en la lucha contra el hambre en el mundo, estima que 45 países necesitan hoy en día asistencia alimentaria exterior.

“Las repercusiones de la pandemia de covid-19, en particular en lo que respecta a la pérdida de ingresos, son un factor importante para los niveles de inseguridad alimentaria mundial”, subrayó la FAO en su informe trimestral “Perspectivas de cosechas y situación alimentaria”, divulgado este jueves.

“La pandemia está agravando e intensificando las condiciones ya de por sí frágiles ocasionadas por conflictos, plagas y perturbaciones meteorológicas, como los recientes huracanes en América Central y las inundaciones en África”, recalcó la entidad.

Entre los 45 países más afectados que necesitan ayuda, 34 se encuentran en África. En la lista figuran también Haití y Venezuela.

En un informe presentado la víspera en Chile, la FAO calcula que unas 47.7 millones de personas padecieron hambre durante 2019 en América Latina, en un deterioro que implicó un incremento de más de 13 millones de personas en los últimos cinco años y “que se agudizaría” este año por el coronavirus.

Según el informe de la agencia de Naciones Unidas, el índice de los precios de los alimentos en el mundo aumentó “bruscamente”, alcanzando en noviembre su “nivel más alto en seis años”.

“El aumento mensual fue el más pronunciado desde julio de 2012 y situó el índice en su nivel más elevado desde diciembre de 2014”, calculan los expertos de la entidad que hacen un seguimiento de los precios de los alimentos más comercializados a escala mundial.

“Todos los subíndices aumentaron en noviembre”, subrayaron, entre ellos los precios de los aceites vegetales, con un alza “impresionante” del 14 % debido a la contracción de las existencias mundiales.

Los cereales aumentaron del 2.5 %, entre ellos el trigo y maíz.

El índice de precios del azúcar aumentó en un 3.3 % respecto al mes pasado ante las crecientes expectativas de un déficit de producción mundial en la próxima campaña de comercialización.

El precio de los productos lácteos se incrementó en un 0.9 %, “el nivel más elevado de los últimos 18 meses”, así como el de la carne del 0.9% con respecto a octubre.

Niños en alto riesgo

Al menos 23.4 millones de niños necesitan asistencia humanitaria en Latinoamérica y el Caribe, más del triple que hace un año, debido a la crisis inédita causada por la conjunción de la pandemia, la migración y el cambio climático, alertó Unicef, que busca “urgentemente” fondos para auxiliar a parte de esta población.

“Nunca antes se había visto a tantos niños y niñas afectados simultáneamente por múltiples emergencias en tantos países de América Latina y el Caribe”, el director regional de Unicef, Jean Gough.

Huracanes más fuertes, mayores flujos migratorios y la pandemia de la covid-19 “han dejado a millones de niños y niñas sin escolarización, sin protección, sin agua y sin vacunas. La región es hoy más desigual y más peligrosa para los niños y niñas que hace un año”, agregó.

La agencia de la ONU recalcó que “con más de 12.5 millones de casos de la covid, América Latina y el Caribe es la región más afectada por la pandemia”, y “enfrenta uno de los confinamientos más prolongados del mundo y también la mayor contracción (económica) de los últimos cien años, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)”.

La economía de Latinoamérica se contraerá al menos un 9.1 % este año debido a la pandemia en curso, el desempleo crecerá hasta al menos el 13.5 %, la pobreza llegará a niveles del año 2005 y la recuperación será lenta, de acuerdo con los pronósticos de la Cepal.

Unicef alertó de que “si no se toman medidas urgentes, la mayor parte de los avances logrados en la protección y promoción de los derechos del niño en las últimas décadas podrían perderse e incluso revertirse”.

Flujos migratorios

Los dos grandes flujos migratorios de la región, desde Venezuela y a través de Centroamérica y México, alcanzaron picos sin precedentes este año, alertó Unicef.

La agencia de la ONU calcula que en el 2021 “4.3 millones de niños de Venezuela en los países de acogida y otros 6.8 millones de niños migrantes en México y Centroamérica necesitarán asistencia humanitaria”.

La situación humanitaria en Venezuela “continúa intensificándose después de seis años consecutivos de contracción económica, y unos 3.2 millones de niños y niñas en el interior del país y 4.3 millones de niños y niñas migrantes necesitan asistencia humanitaria con urgencia”.

“Aproximadamente 2.3 millones de personas padecen inseguridad alimentaria. Unicef busca US$200 millones para llegar a casi cuatro millones de personas, incluidos dos millones de niños y niñas en el país” suramericano.

Crisis climática

Unicef destacó que en los últimos años los países de América Latina y el Caribe han luchado contra huracanes que se presentan con una frecuencia e impacto cada vez mayores, como quedó en evidencia el pasado noviembre cuando dos de estos potentes fenómenos asolaron Centroamérica.

Las lluvias, vientos, inundaciones y deslaves provocados por los huracanes Eta e Iota en las dos primeras semanas de noviembre pasado en casi toda Centroamérica dejaron dos centenares de muertos, desaparecidos y millonarios daños a la infraestructura y los cultivos.

“Junto con nuestros aliados, Unicef está respondiendo a las necesidades de más de 646 mil personas, incluidos 327 mil niños, con suministros vitales y acceso a servicios en albergues y comunidades de las zonas más afectadas (por los dos huracanes) de Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua”, dijo el organismo.

Fondos urgentes y construcción de resiliencia

Unicef afirmó que “está buscando urgentemente más de US$500 millones para proporcionar asistencia vital a 17.4 millones de personas, incluidos 11.7 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe el próximo año”.

En un entorno extremadamente volátil y sensible como el de América Latina y el Caribe, “el riesgo es la razón por la que recaudar fondos flexibles y plurianuales es esencial para llegar rápidamente a todos los niños y niñas en todas partes y en cualquier momento, en cada etapa de una emergencia humanitaria y sus secuelas”, dijo Unicef.

“Las necesidades humanitarias son inmediatas, pero persistirán con el tiempo. Prepararse mejor para la próxima emergencia es fundamental. Ahora es nuestra oportunidad de crear soluciones resilientes y reconstruir una mejor América Latina y el Caribe, donde los niños y niñas estén seguros”, dijo Gough.

Alicia Bárcena es la máxima representante de la CEPAL. Junto a otros altos cargos presentó a mediados de mayo el tercer informe especial del organismo sobre la pandemia, titulado ‘El desafío social en tiempos de COVID-19’, en el que propone una renta básica de emergencia durante al menos seis meses para el tercio de población de menores ingresos en toda América Latina.

Deutsche Welle: El escenario que plantea su informe es desolador. Pero, aún así, las previsiones de partida resultan incluso optimistas.

Alicia Bárcena: Nosotros hemos hecho esas previsiones, muy complicadas, contemplando una contracción del 5,3% del PIB regional. Pero, efectivamente, puede caer incluso más. Y eso se debe especialmente a que nuestras economías en la región dependen mucho también de lo que pase en Europa y en Estados Unidos. Ambos están ya en una caída mucho más profunda que la recesión con la que contábamos. Por lo menos en Europa hay sistemas de protección social más amplios y de mayor cobertura, en nuestra región tenemos realmente un problema muy serio porque hay muchas personas sin cobertura de salud y muchas personas que no tienen acceso a la pensión, por ejemplo, o a ingresos en ningún sentido. Y ahí se enmarca nuestra propuesta de un ingreso básico, por lo pronto de emergencia.

¿Qué pasaría si no se tomaran medidas sociales?

Nosotros calculamos un desempleo de más de 12 millones de personas adicionales, de 8,1% a 8,5% de desempleo. Si no se toma ninguna medida, la pobreza aumentaría en forma dramática en la región: de 186 millones a 214 millones de personas. Y la pobreza extrema de 11% a 13,5% de la población, de 67 millones a 83 millones. Obviamente hablamos de una región muy heterogénea. En términos de desigualdad, también va a haber un incremento del coeficiente de Gini muy preocupante en países como Brasil, como Colombia, Argentina, Ecuador o México, que son países que ya de por sí vienen con una desventaja. Y es una región que había hecho un esfuerzo muy grande por sacar a la gente de la pobreza y habían ido avanzando en mejorar la movilidad social, y ahora tenemos un gran retroceso de nuevo, sobre todo entre los estratos medios y bajos de ingresos.

Pero tampoco se puede decir que no se esté haciendo nada… ¿No es suficiente?

Se han tomado medidas muy importantes. Toda la región está haciendo grandes esfuerzos, reflejados principalmente en transferencias fiscales en efectivo, para dar por ejemplo ayuda alimentaria a los hogares, dando cobertura al 58% de la población, o condonación del pago de algunos servicios básicos. Son medidas importantísimas, pero es insuficiente porque estas trasferencias son puntuales, o muy limitadas, como en Chile, cuya ayuda se va a ir reduciendo a lo largo de dos meses. Nosotros estamos diciendo que se debe dar un ingreso básico de emergencia equivalente a la línea de pobreza, que está en torno a los 140 dólares al mes (en promedio, hay países donde la línea de pobreza es más alta), a 215 millones de personas, que son las que están bajo ese umbral de la pobreza. Aquí no estamos hablando, por el momento, de un ingreso básico universal, sino de emergencia, para los más pobres. Y estamos construyendo sobre la base de lo que ya están haciendo los países. Hoy por hoy están invirtiendo alrededor de 2,22% del PIB al año en transferencias condicionadas, en ayudas sociales y otros tipos de políticas sociales al año. Y con la crisis están invirtiendo un 0,7% adicional del PIB, con lo que ya estamos llegando a 2,9% del PIB. Ahora, si quisiéramos proteger a la gente con un ingreso básico de emergencia por un año costaría un 4,9% adicional, si fuera por seis meses supondría un 2,1% del PIB. Y creemos que hay países que sí tienen margen fiscal para poder hacerlo.

¿Cómo se pagaría este ingreso básico de emergencia?

Desgraciadamente no hay forma de financiar esto simplemente con la reorientación de los presupuestos nacionales. Todos están llegando a un tope. Obviamente hay países que tienen más espacio fiscal que otros, como el caso de Perú, Colombia, Chile… México mismo, que incluso tiene un acceso mejor a los mercados. O incluso que tienen líneas de crédito de emergencia con el Fondo Monetario Internacional. Pero el problema lo tenemos con los otros países, en los que no hay espacio fiscal y no tienen el nivel de reservas que les gustaría. Estamos contemplando tres opciones: una es recurrir a las instituciones financieras internacionales. En el caso de Centroamérica o el Caribe nosotros proponemos moratorias de la deuda. El pago de intereses de la deuda pública del gobierno central en los países centroamericanos es alrededor del 2,6% del PIB al año, eso supera lo que nosotros proponemos destinar a ayudas, que es el 2,1%. Entonces, si se pudieran posponer los intereses para el 2020, ahí hay un poco de espacio fiscal para estos países. Y el tercero es poder acceder a líneas de emergencia de crédito con cero costo de interés. Como los países desarrollados, que tienen un acceso mucho más barato al financiamiento.

Ustedes aluden también en su informe a que sería una forma de sostener mínimamente además el consumo.

Realmente es muy importante. Y creo que la economía en general se va a mover más hacia una economía más regionalizada, menos globalizada. Tengo la impresión de que esta política de cero stock y que todo se compraba en el momento y viajaba, ha demostrado gran fragilidad. Porque ahora todos los equipamientos médicos, las medicinas que esta región necesita, no están llegando a tiempo donde se necesitan. Y esto ha sido una demostración nuevamente de la gran fragilidad de la región que solamente produce el 4% de estos insumos médicos tan necesarios.