“Vamos a recuperar el dominio http://elsalvador.com  y se lo vamos a devolver a los salvadoreños”, indicó en Twitter, sin precisar si esto implicaría la expropiación u otro mecanismo.

Añadió: “Es nuestro nombre, El Salvador es sagrado, no el nombre de ninguna marca privada, no es para hacer dinero a costa de nuestra patria”.

“El dominio de http://elsalvador.com debe de ser la ventana electrónica de este nuevo El Salvador como país al mundo. No el sitio de un medio que se dedica a pedir sanciones para nuestro país y destruir nuestra imagen”, sostuvo.

El diputado Romeo Auerbach, de la también oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), respaldó la iniciativa e indicó que el dominio “lo vamos a recuperar para nuestro país”.

La abogada Marcela Galeas respondió a las publicaciones de Guevara e indicó que el dominio es “marca registrada”, por lo que “tiene protección por acuerdos y tratados internacionales”.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 167 agresiones contra la prensa entre enero y julio del año en curso, la mayoría generadas por diferentes instituciones gubernamentales.

Según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), publicado en abril pasado, América Latina fue el continente donde más se degradó la libertad de prensa en 2021, con un empeoramiento de la situación particularmente palpable en Brasil y El Salvador.

El Salvador bajó ocho puestos en el ranking de Reporteros Sin Fronteras (RSF), hasta el 82, una de las mayores caídas del mundo a causa de las dificultades impuestas a quienes querían informar sobre la covid-19.

Un piloto aviador guatemalteco murió este miércoles 8 de septiembre en la pista del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Costa Rica, en donde había aterrizado minutos antes al mando de un vuelo privado.

Autoridades de ese país reportaron a varios medios de comunicación que el Organismo de Investigación Judicial de Alajuela investiga la muerte del piloto guatemalteco, segundos después de haber bajado del avión privado que volaba y que tenía la matrícula N718AC.

Una de las versiones que se maneja es que el piloto tenía problemas de salud y pidió aterrizar en el aeropuerto de Costa Rica, tras lo cual se bajó de la nave, se desplomó y murió en el lugar.

La Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala confirmó que el piloto que murió en Costa Rica fue identificado como Jose Vidal Campos, que salió ayer desde Guatemala en un vuelo privado registrado. Además, que este miércoles iba a volar desde Costar Rica

El gobierno de Nayib Bukele asegura que la polémica medida contribuirá a la bancarización de la población y evitará una pérdida de 400 millones de dólares en las remesas que los salvadoreños envían desde el extranjero y que representan el 22% del PIB, aunque algunos expertos lo cuestionan.

En El Salvador, que dolarizó su economía hace dos décadas, la mayoría de los 6,5 millones de salvadoreños rechaza el bitcóin impulsado por Bukele y prefiere seguir usando el billete verde, según las últimas encuestas.

“Ese bitcóin es una moneda que no existe, es una moneda que no va a favorecer a los pobres sino a los acaudalados, porque uno de pobre, ¿qué puede invertir, si a duras penas tenemos para comer?”, dijo a la AFP José Santos Melara, un veterano de la guerra civil (1980-1992) que el viernes participó en una protesta contra la criptomoneda.

Siete de cada 10 salvadoreños señalaron estar “en desacuerdo o muy en desacuerdo” con el bitcóin, que circulará a la par del dólar, indicó un reciente sondeo de la Universidad Centroamericana (UCA) que consultó a 1.281 personas a mediados de agosto.

Un 65,7% de los más de 1.500 consultados en otro sondeo del diario La Prensa Gráfica dijo desaprobar la criptomoneda.

La directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, Laura Andrade, asegura que la población se resiste al bitcóin porque no lo considera una vía para mejorar su situación económica.

“Son decisiones [de forma] inconsulta que ha tomado esta administración en conjunto con los legisladores, y que vemos que no percibe la gente un impacto positivo para transformar de manera significativa sus condiciones de vida”, dijo Andrade a la AFP.

El sondeo de la UCA indicó que un 65,2% de la población no está interesada en descargar la billetera electrónica “Chivo” necesaria para hacer compras y ventas en bitcóins, y no está de acuerdo en que el gobierno otorgue el equivalente a 30 dólares como estímulo a los usuarios de la criptomoneda, como ha decidido.

Pero Jorge García, un peluquero de 34 años que usa el bitcóin hace tres años, cree que “tiene futuro” y espera que “suba su valor”.

La Asamblea Legislativa, afín a Bukele, aprobó en junio la ley bitcóin y a fines de agosto avaló un fideicomiso de 150 millones de dólares para garantizar la “convertibilidad automática” del bitcóin al dólar.

El bitcóin tendrá por ley un poder “libertario ilimitado en cualquier transacción”.

La ley establece que el tipo de cambio entre el bitcóin y el dólar “será establecido libremente por el mercado” y obliga a “aceptar bitcóin como forma de pago”.

El gobierno instala a través del país más de 200 “puntos Chivo”, cajeros automáticos de bitcóin, algunos custodiados por el ejército para prevenir posibles daños de opositores.

“Alta volatilidad”

Economistas y organismos como el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son escépticos sobre la adopción del bitcóin como moneda junto al dólar.

Tendrá un “impacto negativo” en las condiciones de vida de la población dada la “alta volatilidad del precio de la cotización”, e “incidirá en precios de los bienes y servicios”, asegura el economista Óscar Cabrera, de la Universidad de El Salvador.

Lidiar con el bitcóin será como “la tormenta perfecta en la cual venimos en el Titanic y nadie va manejando”, dijo a la AFP Cabrera, expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador.

El hecho de ser determinado “exclusivamente por el mercado” torna al bitcóin “altamente volátil”, alertó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

La Fundación considera además “inconstitucional” que se imponga “la aceptación obligatoria del bitcóin como forma de pago cuando sea ofrecida” en cualquier transacción económica.

Alentado por una elevada aprobación ciudadana, pero criticado por varias medidas consideradas autoritarias y que afectan la independencia entre los poderes del Estado, Bukele defiende su decisión y ha tildado de “torpe” a la oposición por “meterle miedo” a la población sobre la criptomoneda.

Estados Unidos ha pedido a El Salvador que tenga un uso “regulado”, “transparente” y “responsable” del bitcóin, y “que se proteja de los actores malignos”.

Los datos oficiales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al 2 de agosto indican que en este país se han colocado un total de 3 millones 424 mil 278 dosis, de las cuales 2 millones 573 mil 189 son primeras dosis (49.8 % de la población) y 851 mil 089 son segundas dosis.

“Estamos trabajando en jornadas extendidas y fines de semana y feriados, aprovechando cada espacio que hemos tenido disponible con el único objetivo de seguir salvando vidas a través de la vacunación”, declaró el gerente médico de la CCSS, Mario Ruiz.

En cuanto a grupos de edad, el 91 % de la gente mayor de 58 años tiene una dosis y el 87 % ya cuenta con las dos.

En las personas entre 40 y 57 años, el 70 % tiene una dosis y el 6 % cuenta con las dos; en la gente entre 20 y 39 años el porcentaje con primera dosis alcanza el 49 % y con segunda el 4 %, mientras que en los jóvenes entre 12 y 19 años los porcentajes son de 33 % y 0,2 %, respectivamente.

Costa Rica estableció un espacio de 12 semanas entre la aplicación de la primera dosis y la segunda para las personas menores de 58 años, lo que también ha favorecido a que la colocación de las primeras dosis se haya acelerado en los últimos dos meses.

Las autoridades insistieron en la necesidad de que las personas mantengan las medidas de prevención y que los establecimientos comerciales acaten los protocolos que buscan evitar la propagación del virus.

Costa Rica recibió en julio 1 millón 368 mil 300 dosis de vacunas, la cifra mensual más alta hasta ahora, con lo que el total ascendió a 4 millones 163 mil 085 desde la llegada del primer lote el pasado 23 de diciembre.

Del total, 2 millones 915 mil 835 corresponden a dosis compradas a Pfizer/BioNTech, 571 mil 200 a AstraZeneca, 503 mil 100 de una donación de Estados Unidos y 172 mil 950 provenientes del mecanismo multilateral Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Solo Pfizer y Astra Zeneca

Costa Rica solo está aplicando vacunas de Pfizer y de AstraZeneca.

Este país de 5.1 millones de habitantes tiene un contrato con Pfizer para 6 millones de dosis de vacunas, otro con AstraZeneca para 1 millón de dosis y un acuerdo con el mecanismo Covax para 2 millones de dosis, con lo que se cubriría este 2021 a toda la población sujeta a vacunación.

Desde mediados de abril Costa Rica atraviesa una tercera ola de contagios que en su pico llegó a superar los 3.000 casos diarios, pero que en la actualidad se encuentra en un descenso lento. El promedio de casos diarios de la última semana fue de 1.207, un 2.7 % menos que la semana previa, según los datos oficiales.

Así lo dijeron en una entrevista con Efe el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, y la subsecretaria adjunta de la oficina de población, refugiados y migración del Departamento de Estado, Marta Costanzo Youth, al analizar el plan que lidera la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

Zúñiga explicó que esta iniciativa “combina el enfoque sobre el trabajo conjunto para manejar el problema de la migración irregular y un esfuerzo también integral para tratar de mejorar condiciones” que impulsan este fenómeno.

El enviado recalcó que la inmigración irregular no es “algo episódico” y de allí que una de las estrategias del programa esté orientada a atender asuntos como la gobernanza, fomentar las condiciones para el crecimiento económico, frenar la violencia doméstica y paliar los efectos de la crisis climática, entre otros.

Por su parte, Youth aludió a una segunda estrategia de colaboración “para gestionar la migración en la región”, no para prevenirla, así como para “ampliar y expandir el acceso a las vías legales” que permitan que las personas que viajen a Estados Unidos lo hagan “legalmente”.

Mencionó entre las ocho líneas de acción que incluye esta política la atención a personas en situación precaria, construir y mejorar los sistemas de asilo en la región, ayudar a los desplazados internos, así como planes de migración laboral y servicios de reintegración, entre otros.

Canadá, Costa Rica y México, ejemplos

La subsecretaria se refirió a ejemplos exitosos en los que EE.UU. se podría apoyar, como el de Costa Rica, que ha recibido a nicaragüenses y personas de otros países de la región, y México, cuya Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha “mejorado todos sus sistemas”.

“En los últimos años, muchos miles de personas han intentado pedir asilo en México”, detalló la funcionaria, quien aseguró que además Costa Rica ha sido un “huésped muy generoso”.

Ambos países cuentan además con programas de trabajadores temporales, principalmente agrícolas.

EE.UU. está trabajando también con Canadá, en su objetivo de que otras naciones puedan ofrecer protección para personas de la región, sostuvo la funcionaria.

Centros para migrantes

Otra de las iniciativas de colaboración son los Centros de Recursos de Migración, el primero de ellos establecido en Guatemala, y que Youth describió como espacios donde las personas puedan hacer consultas sobre las opciones de protección internacional o los recursos legales para migrar.

“Hay mucha información en la región que es equivocada”, afirmó al confirmar que construirán más centros en los próximos meses.

Aclaró que es una propuesta distinta a los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) suscritos por el Gobierno del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021) para devolver a Centroamérica a personas que llegaran a la frontera y que solo fueron implementados con Guatemala, pese a que también los rubricaron El Salvador y Honduras.

Estos centros, dijo, serán lugares donde las personas llegarán por su cuenta, no serán enviados “por otros”.

Lucha contra la corrupción, una condición

Sobre el combate a la corrupción, Zúñiga aseguró que es un énfasis vinculado “a los deseos” de los ciudadanos centroamericanos y no obedece a una “agenda de Estados Unidos”.

“Lo que estamos haciendo es apoyar a los actores que tienen la voluntad política y la capacidad de tratar de mejorar las condiciones de sus conciudadanos”, opinó el enviado, para quien se trata no solo de algo que piden los ciudadanos sino las empresas que buscan crear oportunidades en esa región.

“Lo vemos como una condición primordial y nosotros vamos a trabajar con Gobiernos y con actores en los Gobiernos, pero también con la sociedad civil y el sector privado para fortalecer el Estado de derecho en Centroamérica”, zanjó.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este martes sanciones por corrupción contra el expresidente hondureño Porfirio “Pepe” Lobo; su esposa, la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, y los tres hijos de ambos.

Las sanciones impiden la entrada en Estados Unidos de Lobo y su familia, explicó en un comunicado el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken.

“Cuando estuvo en el poder, el presidente Lobo aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos. Como primera dama, Rosa Lobo se implicó en actos significativos de corrupción mediante fraude y malversación de fondos públicos para su propio beneficio”, aseguró Blinken.

El titular de Exteriores matizó que el expresidente Lobo (2010-2014) “no ha sido condenado todavía” en Honduras y que su esposa “ha sido liberada de prisión y espera un nuevo juicio”, que está previsto que comience esta semana.

No obstante, Blinken opinó que los “actos corruptos” de ambos “socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Honduras”, y se comprometió a seguir “combatiendo la corrupción y el desdén del estado de Derecho que coarta el progreso” en el país centroamericano.

Tanto el expresidente Lobo como su esposa aparecieron en la llamada “lista Engel” que el Departamento de Estado publicó el pasado 1 de julio, en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso estadounidense el pasado diciembre.

En esa lista, el Gobierno estadounidense señaló por corrupción a 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos, entre ellos 14 de El Salvador, 20 de Guatemala y 21 de Honduras.

A quienes aparezcan en esa lista se les negará la entrada a EE.UU. y no podrán obtener visados para viajar a ese país, un veto que confirman las sanciones anunciadas este lunes contra Lobo y su esposa, Según lo establecido en la citada ley estadounidense.

Las restricciones también se aplican a los hijos adultos de Lobo y la ex primera dama, Fabio Porfirio Lobo y Ambar Naydee Lobo Bonilla, así como a su hijo menor, explicó Blinken en su comunicado.

En octubre de 2012, la joven salvadoreña, entonces de 18 años, fue arrestada y condenada por “homicidio agravado” luego de un aborto que asegura se debió a una caída.

“Fue un accidente que dio vuelta a mi vida. Yo amaba a mi bebé y por una caída terminé en la cárcel”, dijo este martes en una conferencia de prensa tras su liberación.

Tras cumplir casi 10 años en una prisión de mujeres, la Justicia de El Salvador decidió conmutar la pena de Rogel en enero pasado y, tras varias audiencias y procesos judiciales, un juez decretó a finales de mayo su libertad condicional.

“Fue muy difícil porque me di cuenta de tantas cosas ya presa. Para mí me robaron mis sueños, tanto de poder saber dónde estaba mi hija hasta terminar mis estudios, de estar lejos de mis papás, que nunca me había separado de ellos, ni de mis hermanos…”, dijo.

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Su caso no es el único.

Según Agrupación Ciudadana, una ONG que aboga por la despenalización del aborto en El Salvador, otras 16 mujeres se encuentran actualmente en las cárceles del país por casos similares.

La nación centroamericana, una sociedad conservadora y mayoritariamente católica, no contempla excepciones para la interrupción del embarazo, incluso cuando ocurre una violación o cuando la vida de la madre está en riesgo.

Esto ha llevado a que decenas de mujeres, principalmente de zonas pobres, hayan sido encarceladas a lo largo de los años por la muerte de sus fetos en casos en los que aseguran haber sufrido abortos espontáneos.

Para muchos en el país centroamericano, la llegada al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien prometió reformar las estructuras más anquilosadas de la nación, fue una esperanza de que las cosas también podrían cambiar en esta área.

Pero cualquier modificación sobre el aborto debe pasar antes por el Congreso, que no ha contemplado su discusión luego de que Bukele alcanzara una mayoría absoluta.

El caso de Sara Rogel

Rogel dice que nunca esperó que su embarazo la fuera a llevar a la peor pesadilla de su vida.

“Yo amaba a mi bebé. Yo tenía todo lo que una madre deseaba, tener una bebé, que estaba a punto de acompañarme”, dice.

Sin embargo, asegura que un día, ya con ocho meses de embarazo, resbaló mientras caminaba por su casa, ubicada en un área rural del departamento de Cuscatlán, en el centro del país.

“Me caí, quedé inconsciente y cuando desperté estaba en el hospital. No sabía qué pasaba, no sabía nada de mi hija, nadie me decía nada de qué era lo que sucedía conmigo”, recuerda.

Cuenta que por un par de días vivió en la incertidumbre: los médicos solo le decían que no se debía mover porque había perdido mucha sangre.

Según denuncian colectivos feministas, cuando las mujeres llegan a los hospitales de El Salvador con síntomas de haber perdido un embarazo, los médicos en muchas ocasiones llaman a la policía incluso antes de iniciar un tratamiento.

“Cuando reaccioné ya estaba privada de libertad, sin saber qué pasaba con mis papás, qué pasaba con ella (con la bebé que había perdido)”, rememora.

El tiempo perdido

Ahora, tras casi una década en una cárcel de mujeres, la joven mira hacia atrás y cree que lo sucedido acabó con las aspiraciones de su juventud.

“Estaba al terminar mis estudios. Quería hacer una licenciatura en enfermería y, lamentablemente, me pasó este accidente”, se lamenta.

Dice que el periodo en la cárcel fue muy difícil: “anhelaba volver a mi casa, estar con mis papás, con mis familia”.

A pesar de todo, piensa que logró salir adelante, pero reconoce que el dolor de lo que le sucedió la sigue persiguiendo.

“Fue algo muy doloroso para mí porque nunca pensé que de un golpe iba a perder a mi hija y, lo peor, que estuviera tras las rejas tantos años cuando no tuve nada que ver”, cuenta.

Para ella, su misión ahora es visibilizar la situación de las mujeres que continúan en las cárceles de El Salvador por motivos semejantes al suyo.

“Hoy aquí estoy pidiendo que se haga justicia con mis demás compañeras que se han quedado presas. Porque así como yo sufrí ese daño hay mucha gente detrás de esas rejas con muchos años. Y yo quiero que se haga justicia con ellas también”, dijo.

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Agrupaciones feministas de El Salvador denuncian que la penalización total del aborto afecta principalmente a las mujeres más pobres y vulnerables del país, que luego deben enfrentar procesos judiciales en los que, aseguran, se dan irregularidades y faltas a las garantías del debido proceso.

En los últimos años, acciones de grupos de defensa de la mujer en El Salvador han logrado la liberación de al menos 50 mujeres condenadas por haber tenido un aborto.

En 2020, Cindy Erazo fue liberada después de seis años en la cárcel tras ser sentenciada a 30 años de prisión por homicidio agravado, luego de que una emergencia obstétrica durante su octavo mes de embarazo.

Y en 2019, Evelyn Hernández, quien también había sido sentenciada a 30 años de cárcel luego de que su bebé fuera encontrado muerto en el baño donde dio a luz antes de desmayarse, fue liberada luego de casi tres años en prisión.

La variante sudafricana, considerada más transmisible y resistente a algunas vacunas, fue detectada en un hombre francés de 65 años de edad que presentó síntomas de covid-19 el pasado 31 de enero, indicó el Ministerio de Salud costarricense en un comunicado.

El francés llegó a Costa Rica el 16 de enero con un grupo de sus compatriotas. 20 dieron positivo al coronavirus y seis de ellos requirieron hospitalización.

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Según el ministerio, 16 integrantes del grupo de turistas superaron el virus y pudieron regresar a Francia, mientras otros cuatro permanecen internados en hospitales públicos de Costa Rica.

Dos personas del país centroamericano dieron positivo al covid-19 por contacto con los turistas franceses, y una de ellas permanece hospitalizada.

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La OMS ha dicho que la variante sudafricana del covid-19 no es más severa que la original, pero algunos estudios apuntan que es más contagiosa y resistente a algunas vacunas.

Costa Rica también detectó un caso de la variante británica del covid-19 en una mujer costarricense de 35 años que ya se recuperó y no requirió hospitalización, indicó el ministerio.

La variante británica también ha sido señalada como más contagiosa aunque no hay indicaciones de que sea más severa.

En presencia de políticos de la región, el presidente Alejandro Giammattei, dijo que se debe revisar el actuar del Parlamento Centroamericano, para decidir si este órgano es modificado o cerrado.

El gobernante aseguró que se reunirá con sus homólogos de Centro América para revisar la normativa vigente. Espera que en las próximas semanas el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, convoque a la sesión de trabajo.

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