Jose Rubén Zamora, periodista guatemalteco y presidente de “El Periódico”, ya cumplió más de tres meses detenido por un supuesto caso de lavado de activos, que a criterio de entidades sociales obedece a un montaje jurídico por dirigir uno de los medios más críticos hacía la administración del presidente Alejandro Giammattei.

El respaldo hacía Zamora no es exclusivo de periodistas y gremiales guatemaltecos, su caso es una muestra sobre cómo algunos gobiernos tratan de censurar la libertad de expresión mediante ataques sistemáticos a la prensa independiente. A esa conclusión llega la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el caso del periodista. 

La SIP decidió nombrar como uno de sus directivos para los próximos tres años a Jose Rubén Zamora, según informó Jorge Canahuati, presidente saliente de la SIP.

La decisión se tomó durante la 78 Asamblea General de la SIP, en donde también se condenaron las acciones del Gobierno de Guatemala contra la prensa independiente.

Zamora fue detenido el 29 de julio pasado en su residencia acusado de lavado de dinero por el Ministerio Público, cuya jefa y fiscal general del país, Consuelo Porras, fue sancionada en 2021 por Estados Unidos debido a “obstruir” la Justicia en Guatemala.

El patrón que la SIP ha identificado son ataques jurídicos con el apoyo del Ministerio Público (MP), y señalamientos mediáticos para generar desprestigio contra la prensa en las redes sociales usando a los “netcenters”.

“Este es el cuerpo principal que aprueba todas las políticas, cambios de estatutos y resoluciones más importantes que hay para la SIP. Ser miembro de la Junta de Directores no es solo una gran responsabilidad sino que es un gran reconocimiento”, señaló Canahuati.

Crisis regional

Los ataques sistemáticos contra la prensa, posiblemente impulsados desde las altas esferas gubernamentales parecen ser un fenómeno regional, que podría ir caminando poniendo en riesgo la libertad de expresión.

Durante la recién concluida asamblea anual de la SIP se nombraron a siete autoridades incluido presidente, vicepresidentes, secretario y representantes de comités.

Asimismo un grupo de 20 directores, dos ellos actualmente detenidos por acciones jurídicas y políticas que buscan ir limitando la libertad de expresión y crear un ambiente de censura, opinan autoridades de la SIP.

Se trata de Juan Lorenzo Holmann Chamorro, de “La Prensa”, Managua, Nicaragua, periodista encarcelado durante el régimen de Daniel Ortega.

El segundo caso es el de José Rubén Zamora, de “El Periódico”, periodista detenido durante la administración de Alejandro Giammattei, a raíz de una investigación del Ministerio Público que lidera María Consuelo Porras.

La Fiscal General fue reelecta por decisión de Giammattei, y sobre ella pesan señalamientos de favoritismos en las investigaciones y de una supuesta amistad con el mandatario, según organizaciones sociales de Guatemala.

“Para el caso de Jose Rubén Zamora creo que es un respaldo a sus colegas, a todo este proceso legal que está sufriendo con perspectiva de inhibir la libertad de expresión en ese querido país de Guatemala”, agregó Canahuati.

A demás de ese respaldo, en una resolución de la SIP se pide la liberación de Zamora para enfrentar los señalamientos en su contra en condiciones que no vulneren sus derechos humanos.

El presidente saliente de la SIP concluyó una comunicación enviando un mensaje a Zamora y a las autoridades del país. “No está solo, primero; y segundo, a las autoridades exigimos que haya un proceso según la ley y que cualquier elemento de tratar de coartar la libertad de expresión sea apartado”.

Nuevas autoridades de la SIP

Junto a los 20 directores, entre los que se encuentra incluido el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, también hubo renovación en la presidencia de la sociedad de periodistas y otros cargos detallados a continuación.

• Presidente: Michael Greenspon, The New York Times, New York, NY.
• Primer vicepresidente: Roberto Rock, La Silla Rota, Ciudad de México, México.
• Segundo vicepresidente: José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador.
• Secretaria: María Eugenia Mohme,Grupo La República, Lima, Perú.
• Tesorero: Juan Pablo Illanes,El Mercurio, Santiago, Chile.
• Presidente del Comité Ejecutivo: Gabriela Vivanco,La Hora, Quito, Ecuador.
• Presidente Comisión de Nominaciones: Jorge Canahuati,Grupo Opsa, San Pedro Sula, Honduras.

El nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon (The New York Times) se ha comprometido a que la organización “siga siendo un faro contra la oscuridad del autoritarismo” y a luchar por la sostenibilidad de los medios, con un pago justo de las plataformas.

En su primer discurso como presidente, en la clausura de la asamblea que la SIP ha celebrado en Madrid entre el 27 y el 30 de octubre, el ejecutivo estadounidense ha reafirmado la promesa que le hizo el pasado viernes a la hija de Juan Lorenzo Holmann Chamorro: no olvidar que su padre, como otros periodistas nicaragüenses, sigue encarcelado.

“Nuestra misión permanece esencial como lo fue cuando nos fundamos hace 80 años”, ha remarcado el director global de Licencia e Innovación impresa del New York Times, que ha tomado el relevo de Jorge Canahuati, (Grupo OPSA, Honduras).

Una misión fundamental ante el “renacimiento del autoritarismo” y la profusión de líderes “que prefieren dar la espalda a la libertad de sus ciudadanos y usar los medios como chivos expiatorios”.

*Con información de EFE

La asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de este 2022 concluyó con una condena contra el Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Alejandro Giammattei, a quien señala de atacar en forma sistemática a los periodistas y medios de comunicación.

La resolución de la SIP da cuenta que estas acciones de censura no son exclusivas del Gobierno de Guatemala, sino que para llevar a cabo todo este mecanismo de “ataque” también se cuenta con el apoyo del Ministerio Público (MP), refiere la sociedad.

“Se está atacando en forma sistemática a los periodistas y medios que no se pliegan a los intereses del gobierno del presidente Alejandro Giammattei y que dichas prácticas son ejercidas, avaladas o incitadas por funcionarios públicos”, explica el documento.

Uno de los casos que enlista el documento de la SIP es la captura del periodista José Rubén Zamora, presidente del medio de comunicación “El Periódico”, quien lleva más de tres meses detenido por un presunto caso de lavado de activos.

Organizaciones guatemaltecas y la misma SIP han solicitado que Zamora pueda enfrentar el proceso en arresto domiciliar, ya que se encuentra recluido en condiciones deplorables, que podrían ser parte del mismo sistema de ataque estatal contra la Prensa.

“Le han limitado las visitas de sus abogados y allegados, con lo cual se le aplica una estrategia de daño psicológico y físico”, dice el documento, que también hae mención a Flora Silva, gerente financiera de “El Periódico”, que fue también detenida.

La SIP también pidió la liberación de Zamora y Silva, para que puedan enfrentar el proceso legal en su contra en condiciones más humanas.

Este medio de comunicación es uno de los más críticos que ha enfrentado la administración de Alejandro Giammattei, que el próximo 14 de enero estará cumpliendo tres años de mandato presidencial.

Otros casos

El caso de José Rubén Zamora no es el único que la SIP tiene documentado contra la prensa guatemalteca, en la resolución emitida este 30 de octubre se enlistan los ataques contra otros periodistas guatemaltecos.

La SIP también enlista los ataques jurídicos que han sufrido Óscar Clemente Marroquín y Pedro Pablo Marroquín, propietarios y directivos del medio de comunicación “La Hora”.

Los dos periodistas han sufrido denuncias de funcionarias por supuesta violencia contra la mujer, en un claro intento por evadir la responsabilidad y rendición de cuentas en el cargo, señala la SIP.

Otro proceso que se enlista en la resolución es el caso del periodista Juan Luis Font, uno de los conductores del programa radial de opinión llamado “Con Criterio”.

El periodista actualmente se encuentra fuera de Guatemala, sobre él pesan señalamientos legales por una investigación del MP. “Le están aplicando la estrategia de ataques legales poco claros y, con ello, obstruyendo el derecho de defensa establecido en la Constitución”, cita la SIP.

Ataques digitales

La SIP también señala que se ha comprobado la existencia de “netceters” desde los que se han enviado intimidaciones a periodistas.

El documento de la SIP señala que hay “comprobada existencia de “netcenters” montados y financiados con recursos públicos y privados que se utilizan para atacar y amenazar, incluso de muerte, a periodistas críticos, políticos opositores y ciudadanos que cuestionan al Estado”.

La SIP solicita al Gobierno de Giammattei dejar de atacar a periodistas y medios independientes, así como desarticular los “netcerters”, que suelen ser “utilizados como armas de propaganda, discurso de odio y para realizar campañas de desprestigio en contra de periodistas, opositores y ciudadanos”.

Presidencia responde

Al ser consultado el equipo de Comunicación Social de la Presidencia por la resolución de la SIP, se obtuvo una respuesta enviada por Kevin López, Secretario de Comunicación.

López solicitó que toda su respuesta pueda ser publicada de manera íntegra, aclarando que esto sería parte de una práctica periodística “sin sesgo ideológico”.

“Es totalmente falso que durante la administración del Doctor Alejandro Giammattei se hayan registrado ataques sistemáticos a periodistas o se haya restringido de alguna manera la labor periodística en el país. La Secretaría de Comunicación social de la Presidencia, durante el último año ha promovido el acceso a las fuentes de información por medio de conferencias de prensa semanales, contabilizando más de 40, en las que participan funcionarios de distintos ministerios y dependencias”, señaló.

En algunas oportunidades, medios de comunicación independientes han documentado como suelen ser los últimos en ser notificados de conferencias de prensa o pronunciamientos oficiales.

“Se han respondido un total de 645 consultas directas de medios nacionales y extranjeros sobre diversos temas y nuestra plataforma de recursos multimedia para periodistas denominada Sala de Prensa, contabiliza un total de 2 millones 739 mil 363 visitas del  1 de enero al  25 de octubre del presente año”.

Recientemente durante una conferencia de prensa a causa de la tormenta Julia, cuando el periodista Carlos Kestler de Prensa Libre y Guatevision cuestionó a Giammattei sobre mecanismos de transparencia para atender la emergencia, se perdió la transmisión oficial en las redes sociales del Gobierno de Guatemala.

Sin embargo, en videos tomados por Prensa Libre y Guatevisión se constató cómo Giammattei contestó molesto a las preguntas que Kestler hizo sobre la gestión. Al presidente se le consultó sobre por qué optar a medidas como el estado de calamidad cuando víctimas del huracán Iota siguen sin recibir los beneficios que supuestamente recibirán, pero respondió molesto.

El @GuatemalaGob cortó la transmisión oficial de la conferencia antes de que se escucharan las preguntas de @prensa_libre y @Guatevision_tv a @DrGiammattei.

¿Por qué difundir solo las preguntas de ciertos medios y cortar transmisiones abruptamente, secretario @KLopezOliva? pic.twitter.com/rjQRVZYrca

— Carlos Kestler (@CKestler_GTV) October 12, 2022

Sobre los “netcenters”, la Presidencia expuso:  “El gobierno de Guatemala rechaza rotundamente el señalamiento del uso de los denominados “netcenter” por parte de alguna institución del mismo, al contrario, se han recibido ataques sistemáticos de cuentas falsas hacia la gestión presidencial y gubernamental en general”, amplió el Secretario.

La SIP tiene una opinión distinta, sobre todo por la forma en cómo las redes sociales han ido recibiendo un uso mediático más que solamente informativo y de entretenimiento.

“Hemos sido testigos de señalamientos infundados que únicamente buscan debilitar el sistema democrático del país, contabilizando más de 6 mil ataques a la figura presidencial, de  forma continua, irresponsable y por supuesto, infundada”, señaló.

Recientemente el Ministerio de Relaciones Exteriores fue objeto de un ataque cibernético y la actuación de la cartera fue declarar la información de dicho evento bajo reserva, situación que despertó dudas en sectores sociales por considerar que la medida riñe con la transparencia.

“Desde el gobierno de Guatemala, hacemos un llamado a trabajar por el fortalecimiento de la democracia, mediante un ejercicio periodístico objetivo, independiente y sin sesgos políticos, que consoliden el estado de derecho y no dividan a nuestra sociedad”, concluyó López.

MP emite postura

Por su parte el equipo de Comunicación Social del MP, por ser mencionados en la resolución de la SIP, explicó que respetan el comentario pero que no lo comparten, rechazando los señalamientos que se le hacen ala institución.

“Se respeta la opinión sin embargo no se comparte ya que es alejada de la realidad. El MP de conformidad con su mandato legal y constitucional tiene la obligación de investigar toda denuncia, acción que siempre desarrolla con objetividad, imparcialidad y apego al principio de legalidad. El investigar una denuncia es parte de la función y del mandato legal y constitucional del MP sin que esto signifique persecución o limitación de la libertad de prensa”, refirió la dependencia.

La SIP también considera necesario hacer una visita a Guatemala, donde un equipo especial vendrá a ver la situación del periodista Zamora y el ambiente hostil que afirman existe sobre la prensa en Guatemala.

Este 18 de mayo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó un comunicado en el que se pronunció ante la reciente denuncia por parte de la hija de Dina Ochoa, presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra del medio El Periódico, calificando las acciones como “censura previa que atenta contra los principios constitucionales del país“.

El director de El Periódico, José Rubén Zamora, el jefe de Redacción, Gerson Ortiz, y el reportero Cristian Véliz recibieron el 11 de mayo una denuncia de “violencia contra la mujer” por parte de Dina Alejandra Bosch Ochoa, hija de la magistrada, luego de que publicaran una nota el 22 de abril que mencionaba la renovación de su contrato como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), recibiendo un salario de Q20 mil mensuales.

La SIP denominó como “uso inapropiado la aplicación de la Ley del Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer para bloquear información de interés público“.

Jorge Canahuati, presidente del SIP y presidente ejecutivo del Grupo Opsa de Honduras, afirmó que “la orden de la jueza en contra del diario no es otra cosa que censura previa“.

“Una ley de este tipo siempre será beneficiosa para neutralizar la discriminación, prevenir femicidios e incentivar la igualdad de género; sin embargo, se debe examinar cómo su uso inapropiado puede ser un instrumento para amordazar a la prensa“, indicó.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico de La Voz Interior de Argentina, complementó que “la utilización de demandas arbitrarias a partir de esta ley, sin el necesario fundamento, representa un abuso y sirve para acosar judicialmente a los medios“.

Jornet indicó que la decisión por parte de la hija de la magistrada afecta “varios preceptos de libertad de prensa expresados en la jurisprudencia interamericana, entre los que está el hecho de que los funcionarios públicos deben ser más tolerantes a las críticas y a las informaciones incómodas que los involucran”.

El lunes 16 de mayo, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y su Comisión de Libertad de Prensa también se pronunciaron ante los hechos.

“Dichas medidas no solo afectan la libertad de expresión del medio y sus integrantes, sino el derecho de la ciudadanía a obtener información de carácter público sobre actos irregulares en la administración pública, como los denunciados por elPeriódico”, indicó el comunicado emitido por la asociación.

Índice de Libertad

El comunicado del SIP también afirmó que Guatemala se encuentra en el puesto 17 de 22 en el denominado “índice Chapultepec”, que mide los niveles de libertad de expresión y de prensa y si no se encuentran restringidos y es catalogado como un país con “parcial restricción”.

“La violencia ejercida en contra de los trabajadores de la prensa puede ser directa mediante desacreditación, amenazas y coacción, prohibición para acceder a las fuentes o a la información o por medio de la criminalización utilizando el aparato de justicia”, indica el comunicado.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y su Comisión de Libertad de Prensa emitieron un comunicado de prensa el pasado lunes en el que rechazan “la censura que un tribunal de femicidio, con la presión del Ministerio Público (MP), impuso a José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico”.

El comunicado también menciona que la censura alcanza también a Gerson Ortiz, jefe de redacción, y el reportero Cristian Veliz, a raíz de una publicación sobre nepotismo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que involucra a la hija de Dina Ochoa, presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El documento menciona que Dina Alejandra Bosch Ochoa, hija de la magistrada y empleada del TSE, denunció a los tres periodistas por supuesta “violencia contra la mujer en el ámbito público”, luego que el medio publicara la renovación de su contrato como asesora en esa institución, con un sueldo de Q20 mil mensuales.

“La orden de restricción contra elPeriódico, que son extensivas a la familia de la empleada pública. por ende, a la magistrada de la CC, fue suscrita por la jueza de femicidio Anaelsee Ramirez Pérez”, se leen en dicho comunicado.

Señala que aunque en un inicio por el juzgado de femicidio, el MP accionó para que se decretaran las medidas de restricción. Estas acciones ocurren cinco meses después que “otro juzgado, manipulando la Ley de Femicidio, censuró a directivos de La Hora por una denuncia que hizo Alejandra Carrillo, directora del Instituto de la Victima”.

“Dichas medidas no solo afectan la libertad de expresión del medio y sus integrantes, sino el derecho de la ciudadanía a obtener información de carácter público sobre actos irregulares en la administración pública, como los denunciados por elPeriódico”, se lee en el documento.

Según la APG, los funcionarios y empleados públicos están sujetos a un mayor escrutinio de los medios y la ciudadanía, y no pueden escudarse en su condición de género, preferencias sexuales u origen étnico para evitar esta fiscalización.

Alega que los jueces y magistrados que apoyan estas prácticas son igualmente responsables de mancillar la libertad de expresión y merecen la condena pública.

“Vemos con preocupación que estas acciones de criminalización se agraven, ante la cooptación del Organismo Judicial y el MP por actores estatales que buscan generar impunidad, y que puedan existir casos graves de prisión prolongada para periodistas, sentencias de cárcel, la imposición de multas exorbitantes o la intervención de medios, como en una dictadura”, se menciona.

“Para la APG esta orden de censura forma parte de las acciones para amordazar y criminalizar a las voces críticas, acciones que no tienen cabida en un régimen democrático sino son propias de Estados autoritarios. Alertamos a la ciudadanía y a la comunidad internacional del continuo interés del gobierno por socavar la libertad de expresión, censurar la criticas y publicaciones por posibles actos irregulares y de corrupción, e imponer una única versión de las noticias”, concluye el comunicado.

La situación de la Libertad de Prensa en Guatemala es alarmante, pues en el primer trimestre de 2022 se registraron 29 denuncias de periodistas y agresiones contra miembros de la prensa por parte de las fuerzas de seguridad pública y autoridades de distintos niveles estatales, según un informe del Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).

El informe “Estado de Situación de la Libertad de Expresión – Primer Trimestre 2022”, difundido este martes 3 de mayo en conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, señala que, durante el primer trimestre de este año “el Observatorio de los Periodistas registró 29 denuncias de periodistas y agresiones contra miembros de la prensa”, de las cuales, en 16 están involucradas fuerzas de seguridad y autoridades de distintos niveles estatales.

Agrega que, de enero de 2020 a marzo de 2022, el Observatorio ha registrado 313 ataques en contra de comunicadores y medios de comunicación, “lo que convierte al gobierno de Alejandro Giammattei en la gestión con más represiones, persecución e intolerancia hacia la Prensa”.

El documento refiere que “los principales patrones observados durante los primeros meses de 2022 fueron las limitaciones para acceder a las fuentes informativas y las campañas de difamación, acoso y desprestigio en redes sociales”.

Señala que, en el primero de los casos, los responsables directos son trabajadores del Estado, mientras que, en el segundo, “se sospecha fuertemente del involucramiento directo o indirecto de empleados y autoridades públicas, principalmente de la Presidencia y el Ministerio Público (MP)”.

Entre las autoridades identificadas en estos actos, destacan las del Organismo Judicial (OJ), relacionadas en al menos seis casos de restricciones para acceder y cubrir audiencias judiciales, un caso de amenazas con iniciar procedimientos penales contra periodistas y uno más de acoso, que estaría motivado por el interés de violar el secreto de las fuentes periodísticas.

Además, el documento destaca que funcionarios y empleados de otros organismos del Estado también restringieron a la prensa y destaca “el interés que mostró la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, de atender y brindar información a los reporteros únicamente dos veces por semana y en un espacio en específico, así como las acciones de miembros del Ejército y de la seguridad presidencial para limitar la labor de reporteros”.

Campañas de desprestigio

De acuerdo con el informe de la APG, “las campañas de desprestigio y acoso en redes sociales es uno de los patrones de ataque que más se ha repetido en los últimos años y que destacó durante los primeros meses del 2022”.

Un comunicado de la APG agrega que estas campañas, “sumadas al discurso confrontativo de la Presidencia y otros funcionarios estatales, no solo buscan menoscabar la imagen de sus víctimas, dañar su credibilidad y crear zozobra para generar censura y autocensura, sino pretende imponer en el imaginario colectivo que los periodistas críticos al poder son enemigos de la democracia, divulgadores de falsas noticias u opositores al régimen por cuestiones políticas e ideológicas, queriendo hacer ver que sus publicaciones y críticas son infundadas y la única versión verídica e irrefutable es la oficial”.

También destaca que esas agresiones afectan particularmente a “las mujeres periodistas, quienes son víctimas de acoso sexual, ataques por su condición de género, discriminación racial y burlas sexistas” y a pesar de la gravedad de estos actos, “el Estado y el sistema judicial permiten que estos netcenters y personas actúen con impunidad”.

“Como lo denunciamos desde los últimos años, las acciones del Estado hacia la Prensa no son actos aislados, responden a una campaña estructurada desde las altas esferas del poder político para criminalizar, perseguir y atacar a las voces críticas y actores vinculados o que apoyan la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la fiscalización hacia las instituciones públicas”, dice el comunicado.

“Prueba de esta campaña de persecución es la aprobación, con el beneplácito de Giammattei, de los cambios a la Ley de ONGs, la cual brinda al gobierno una facultad autoritaria para cancelar, impedir el registro y sancionar severamente a miembros de las organizaciones sociales. Esta normativa restringiría derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de asociación, y sus repercusiones alcanzarían también a las organizaciones de prensa. No sería extraño que en un futuro el Estado inicie una cacería contra estas organizaciones, como lo ha hecho la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua”, agrega.

El comunicado agrega que “los casos de desplazamiento forzado o exilio de comunicadores en los últimos meses, debido a la criminalización de actores vinculados con el Estado y el apoyo que reciben por parte de la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, hacen temer que los actos de persecución penal infundados se eleven durante el resto de este gobierno. Aunque existen antecedentes de comunicadores arrestados de forma arbitraria, podrían registrarse casos de largos periodos en prisión, sentencias de cárcel o la imposición de multas económicas exorbitantes, que podrían afectar también a propietarios de medios”.

“Estos temores se elevan con la posibilidad que Giammattei elija nuevamente a Porras Argueta para la fiscalía general o elija cualquier otro alfil, como el actual Procurador General de la Nación (PGN), Luis Donado, quien podría continuar o endurecer la cacería del MP en contra de miembros de la prensa”, añade la misiva.

También dice que en ese “escenario complicado, observamos con preocupación también que la elección del próximo(a) Procurador(a) de Derechos Humanos (PDH) sea aprovechada por el presidente y sus aliados en el Congreso para elegir a un funcionario dócil a sus intereses, lo que socavaría el último bastión en el Estado para la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión”.

“La cooptación de todas las instituciones públicas, particularmente del sistema de justicia, por parte de Giammattei y sus aliados, el interés de amordazar las críticas hacia el actual régimen y de venganza hacia sus opositores por parte de Porras Argueta, terminarían de sucumbir a Guatemala en un Estado autoritario en que no exista respeto hacia los derechos humanos, que impongan una censura autoritaria y los críticos deban elegir entre el silencio, la prisión, la muerte o el exilio”,  enfatizó Factor Méndez, de la Comisión de Libertad de Prensa de la APG.

Posturas

Con respecto a los señalamientos de APG, el Gobierno dijo que “las afirmaciones son contradictorias, ya que en el informe se reportan dos incidentes concretos atribuidos al Ejecutivo, en los que no se consigna la explicación ni seguimiento de cada caso. El informe reconoce que está elaborado y se atribuye basado en sospecha, algo bastante injusto.

Agrega que “desde el punto de vista cuantitativo, también es posible observar que las denuncias no hay seguimiento y tampoco se plantean al Ejecutivo”.

“El Gobierno de Guatemala hace uso de medios digitales y redes sociales únicamente con el afán de comunicar. Es contradictorio señalar difamaciones y replicar ese mecanismo. Desde la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia -SCSPR-, se han implementado herramientas de acceso a la información gubernamental, dentro de las cuales sobresale la plataforma digital Sala de Prensa, donde se han incluido 7 mil 320 eventos, cada uno con información y recursos audiovisuales para periodistas, alcanzado un impacto significativo de casi tres millones de visitas en el sitio, desde su creación.

Añade que, asimismo, “se informa que, en el primer cuatrimestre del año, se ha brindado respuesta a 368 consultas de los diferentes medios de comunicación”.

Por su parte, el MP señaló que “la fiscal general de la República siempre ha sido garante del respeto de la libertad de prensa y del ejercicio periodístico, lo cual es fundamental para la democracia”.

La Fiscalía añade que “la Constitución Política de la República establece que la función del Ministerio Público es la investigación y la persecución penal, de esa cuenta, el Ministerio Público debe atender todas las denuncias que se presentan. En ese sentido, todas las investigaciones se desarrollan con objetividad e imparcialidad”.

También dice que “es importante mencionar que ningún caso bajo investigación tiene relación con el ejercicio periodístico, al contrario, fue la fiscal general quien creó la Fiscalía de Delitos contra Periodistas para garantizar el libre ejercicio periodístico y el respeto a sus derechos”.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó una pregunta en redes sociales sobre lo que sucedería si su Gobierno censurara medios de comunicación que “desinforman a la población”.

“¿Qué pasaría si hiciéramos EXACTAMENTE LO MISMO que la Unión Europea y censuráramos a los medios que ‘desinforman a la población’?”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Minutos antes, Bukele también escribió en esta red social: “Dicen que el periodismo fiscaliza al Gobierno? Pero ¿quién fiscaliza al ‘periodismo’?”.

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Este mensaje acompañó la publicación de la radio local YSKL que retoma otro de sus tuits, en el que aclara que un accidente de tránsito no tuvo que ver con un microbús intervenido por el Gobierno.

¿Qué pasaría si hiciéramos EXACTAMENTE LO MISMO que la Unión Europea y censuráramos a los medios que “desinforman a la población”?

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2022

“La ruta 42 (administrada por el Gobierno) no es la misma que la ruta 42B, que es la que tuvo el accidente. Está claro que muchos medios de comunicación están detrás de la estafa que han estado haciendo al pueblo salvadoreño”, indicó el mandatario.

Este medio dio a conocer una “fe de errata” en la que se disculpó por no precisar que la unidad accidentada era “42B”.

La Policía salvadoreña informó el sábado de la detención del empresario de transporte colectivo Catalino Miranda por supuestamente incrementar el pasaje y obstaculizar la vía pública.

Tras esta detención, el Gobierno de Bukele intervino cerca de 300 autobuses y microbuses, que el lunes comenzaron a ser conducidas por militares.

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El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de El Salvador, Javier Simán, ha catalogado esta acción como una “confiscación”.

Estas publicaciones del mandatario se dan pocas horas después de que un representante del Estado salvadoreño negara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en El Salvador se ejerza “persecución” contra la prensa.

“El Estado es firme en declarar que bajo ningún concepto ejerce una persecución, hostigamiento o estigmatización hacia personas o entidades críticas a la gestión del Gobierno, así sea que estas se atribuyan o no la calidad de periodistas”, dijo Jaime Rivera, funcionario de la Fiscalía que habló en nombre del Estado salvadoreño.

En octubre de 2021, la CIDH señaló en su informe sobre el país centroamericano que “ha venido documentando (…) denuncias sobre el creciente ambiente hostil para el ejercicio de la libertad de expresión”.

La presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, reiteró este miércoles el llamado al Estado salvadoreño para que permita una visita que posibilite conocer directamente la situación de la libertad de expresión en el país.

La Comisión de Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) denunció este miércoles 9 de febrero la intención de silenciar a los medios de comunicación en Guatemala por medio de denuncia “infundadas” y la persecución de juzgados que, incluso, amenazan con intervenir empresas periodísticas.

“En este contexto adverso para la prensa. Emisoras Unidas de Guatemala ha denunciado un acto de persecución penal en su contra, que estaría motivado por la labor informativa y periodística del medio, mediante el cual se pretende la intervención de la empresa y con ello dañar sus finanzas, lo que afectaría su funcionamiento y su libre ejercicio como medio de expresión”, señala un comunicado de la APG.

Añade que “Emisoras Unidas señaló en un comunicado público, que, aunque este proceso espurio fue rechazado frecuentemente por cuatro juzgados diferentes, el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del departamento de Guatemala aceptó la demanda y los ha obligado a depositar una suma millonaria, como garantía”.

Tal situación ha sido calificada por la APG como grave para los periodistas en Guatemala, por lo que “la Comisión de Libertad de Prensa de la APG remarca la necesidad de que el gobierno implemente mecanismos de protección, que los tribunales sancionen contra quienes agreden a los periodistas, pero de manera especial, que se abstengan de conocer o procesar las denuncias sin fundamentos en contra de medios y comunicadores, mediante las cuales pretenden imponer una censura previa”.

De acuerdo con los registros de la APG, “este año se han producido nueve agresiones de diversas formas en contra de periodistas y medios, lo cual demuestra la existencia de un plan premeditado para crear temor en el gremio y evitar cualquier tipo de investigación y denuncia de los hechos ilícitos que acontecen en esferas gubernamentales o en los centros de poder en Guatemala”.

“Queremos reiterar que los periodistas y los medios solo cumplen con su función de recopilar, analizar y trasladar información de interés a la ciudadanía para que esta, si se considera o resultara afectada por diversos actos, determine las acciones a seguir en la defensa de sus derechos. Los comunicadores, como cualquier ciudadano, están amparados por la Constitución para ejercer libremente su libre expresión y por lo tanto no deben existir presiones o represalias de ningún sector por la práctica de este derecho”, refiere la APG.

Por aparte, el comunicado de Emisoras Unidas señala que “estamos siendo víctimas de una demanda basada en documentos sin sustentación legal, alegando un falso incumplimiento de un contrato de canje de publicidad en nuestro medio a cambio de servicios de internet, ocurrido hace más de diez años”.

Agrega que empresas de cartón “son las promotoras de esta ilegalidad, que buscan tomar represalias en contra de este medio de comunicación por su rectitud y transparencia al informar sobre los hechos”.

También refiere que “en cuatro ocasiones anteriores cuatro juzgados consecutivamente rechazaron esta demanda por inconsistente y por carecer de fundamento fáctico y legal, (…) hasta que llegó el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala, que de manera extraña la aceptó, ha intentado intervenir esta empresa y nos obligó a depositar como garantía 7 millones de quetzales en efectivo, a lo que tuvimos que acceder”.

“Ya antes hemos tenido presiones de diferente tipo de diversas instituciones, tratando de doblegar nuestro sistema de noticias, pero es la primera vez que un tribunal de la república se presta a semejante atrocidad”, concluye el comunicado.

Esta es la historia de una guerra librada justo en el nacimiento de internet. Y lo que estaba en juego era crucial: a quién le pertenecía ese nuevo mundo, quien hacía las reglas y cuáles serían.

En la década de 1980, antes de la invención de la World Wide Web, había una cosa naciente llamada Usenet. Era una colección de tableros de mensajes para el pequeño número de personas de instituciones académicas y tecnológicas que sabían de su existencia.

Gente como Brad Templeton, quien hasta entonces había usado computadoras sólo para jugar y hacer hojas de cálculo.

“Usenet fue una epifanía para mí. Comprendí que el el verdadero objetivo, el uso más importante de las computadoras era hablar con otras personas“, recuerda Brad.

En Usenet había páginas dedicadas a conversaciones sobre ateísmo o sexo o vinificación o tecnología.

“Era como la plaza de un pueblo. Todas las noches, tu computadora llamaba a otras computadoras e intercambiaba todo lo nuevo con ellas, y luego podías tener una discusión con personas de todo el mundo”.

Un punto

Brad accedía a Usenet a través de la Universidad de Waterloo, en Canadá donde había estudiado, pues no era algo a lo que cualquiera podía conectarse desde casa.

Por lo general, se necesitaba una computadora en un laboratorio, en una compañía de computación o una universidad.

“Por lo tanto, la audiencia era altamente educada, generalmente acomodada, probablemente no tan étnicamente diversa y con conocimientos tecnológicos. Una élite”.

Eran pioneros.

Para darte una idea de cuánto, un día en 1982, Brad publicó un mensaje sugiriendo que los correos electrónicos podrían ser más fáciles de leer si se les ponían un punto. Otros estuvieron de acuerdo, y es por eso que nuestras direcciones de correo electrónico ahora terminan en .com.

Pero Brad quería que su legado de Usenet fuera más divertido que eso, por lo que creó su propio tablero de mensajes dedicado al humor llamado rec.humor.funny (RHF), que rápidamente ganó miles de subscriptores.

Un chiste al día

La gente le enviaba chistes y los que le parecían más divertidos pasaban a formar parte de una colección de la que su computadora cada mañana elegía uno al azar y lo publicaba.

Y un día, uno de ellos lo convirtió en un tipo diferente de pionero: la primera persona en la historia registrada en ser avergonzada públicamente por algo que hizo en línea.

“Era una broma que se basaba en los estereotipos judíos y escoceses.

“Y la aleatoriedad de la computadora optó por lanzarla en uno de los aniversarios de la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos”.

¿Y cuál era el chiste?

Aquí va

Un judío y un escocés están cenando juntos. Al final de la cena, se oye al escocés decir: ‘Yo pagaré’. El titular del periódico a la mañana siguiente dice: “Ventrílocuo judío encontrado muerto en un callejón“.

“No califiqué ese chiste como uno particularmente bueno, pero tiene todos los elementos clásicos”, señala Brad.

“El hecho es que cuando salió, enfureció a un judío de MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) en EE.UU.”.

Ese judío era un británico llamado Jonathan Richmond, quien lamentablemente murió el año pasado. Vivía en MIT con otro británico que recuerda bien el incidente. No quizo ser nombrado, así que lo llamaremos Amir.

“Ambos éramos sensibles al racismo, al antisemitismo, así que no era inusual que nos molestaran ese tipo de cosas. Pero este chiste en particular nos afectó personalmente. Además, había algo muy importante en la fecha, por Kristallnacht”.

Por ello, Jonathan y Amir también se convirtieron en pioneros: nadie había intentado limpiar el mundo en línea antes.

Jonathan apeló a la comunidad de Usenet, escribiendo que generalmente disfrutaba de los chistes que lo hacían reirse de sí mismo, pero que no podía tolerar el humor racista asociado con la persecución y el asesinato.

Pero la gente de Usenet respondió llamándolo bobo y casi nadie se puso de su lado.

¿Bobo?

Si piensas que Jonathan y Amir estaban reaccionando exageradamente a una broma, aquí está Amir con algo de contexto.

“Mis padres llegaron de África Oriental a Reino Unido en la década de 1960, cuando había carteles en las ventanas de las viviendas y comercios anunciando que no se aceptaban ni asiáticos ni negros. A mí me atacaron varias veces en las calles.

“Finalmente nos mudamos a Canadá en los años 80 en parte porque estábamos hartos de los abusos racistas”.

Coincidencialmente, antes de ir a MIT, Amir había estudiado en la misma universidad en la que Brad publicaba sus chistes.

La Universidad de Waterloo solía ser un banco de talentos para BlackBerry, que surgió de un proyecto del alumno Mike Lazaridis.

“Además, era responsable de enviar más graduados a Microsoft -que era la empresa más grande en ese momento- que cualquier otra universidad del planeta”.

Por eso, a Amir y Jonathan les pareció que todo el asunto era un mal presagio. Se estaba estableciendo un tono en ese nuevo mundo que podría afectar a las generaciones futuras.

“Sabía que mi universidad tenía un papel descomunal en todo el espacio de la tecnología de información y que si algo así no se controlaba, tendría un impacto negativo también descomunal, por lo que debía cortarse de raíz”, señala Amir.

Pero sus intentos habían fracasado hasta entonces. ¿Qué recurso les quedaba?

El cuarto poder

Se les ocurrió aprovechar la visita de Amir a su novia en Waterloo para hablar con el periódico local.

“Recuerdo que cuando leí esos chistes se me revolcó el estómago“, dice la periodista Luisa D’amato.

“Había, por ejemplo, otro sobre un hombre afroamericano que estaba saliendo con un gorila y quería entrar en un bar, pero no se lo permitieron, así que afeitó al gorila, le puso un vestido y lo dejaron entrar pues pensaron que estaba con una italiana”.

“Aunque estaba abordando el tema con ojos de reportera, prestándole la atención adecuada a todos los lados de la historia, chistes como esos me hicieron sentir marginada y denigrada”.

“En los medios de comunicación convencionales, si algo no te gusta, puedes quejarte ante algún organismo que los regula. Pero esto era como el Salvaje Oeste”.

Tras investigar, Luisa publicó un artículo bajo el título “El sistema informático de la Universidad de Waterloo usado para enviar chistes racistas“.

“Fue vergonzoso para la universidad. No les gustó estar en la portada del periódico, declarados como participantes en un horrible racismo y antisemitismo”.

Aún así, Brad fue inundado con mensajes de apoyo de los usuarios de Usenet, además de una carta de un nazi que había luchado por Hitler y vivía en Canada, diciéndole que era genial que la gente contara chistes judíos por computador.

“La universidad anunció casi de inmediato que no iba a tolerar ser un centro para ese tipo de material racialmente ofensivo, y suspendió la cuenta de Brad Templeton“, cuenta Luisa.

“Estaba atormentado, no podía dormir bien”, señala Brad.

Pero la victoria de Jonathan y Amir duró poco, algo que la comunidad de Usenet, que había estado observando con diversión sardónica, podría haberles dicho de antemano.

Nada qué hacer

“Esa fue la primera vez que vi a alguien en una posición de autoridad tratando de prohibir algo en Usenet, y recuerdo vívidamente haber pensado: ‘¡Qué tontos! Creen que pueden prohibirlo. No va a funcionar'”, dice el pionero de Usenet y científico informático Brian Reed, quien entonces era profesor asistente de ingeniería eléctrica en la Universidad de Stanford, en el corazón del emergente Silicon Valley.

“Todos los tecnólogos entendían que internet era incensurable. Fue diseñada para que ser así. Si te prohibían hacer algo, nada cambiaría porque otras cien personas continuarían con la tarea”.

Efectivamente, varios usuarios de Usenet se ofrecieron a alojar el sitio de Brad, que revivió inmediatamente.

Pero la batalla no había terminado.

Entretanto en California…

El destino del chiste del judío y el escosés estaba a punto de ser disputado nuevamente, esta vez en la Universidad de Stanford, donde el veredicto iba a afectar las vidas de todos los que alguna vez han usado las redes sociales.

En la década de 1980, el campus de Stanford era un lugar muy progresista. Pero había un reducido número de estudiantes conservadores con un medio potente para hacer escuchar sus voces: el periódico Stanford Review.

Su editor era Peter Thiel, más tarde fundador de PayPal, y también uno de los primeros inversores en Facebook y Airbnb y LinkedIn y Yelp y Spotify, quien personificaría durante décadas la cultura libertaria de Silicon Valley.

En las páginas del periódico, él y su equipo lamentaban la corrección política.

Y un incidente disparó un conflicto polarizador.

Mientras todo eso pasaba en la Universidad de Waterloo, en Stanford, tras una charla sobre si Beethoven tenía ascendencia africana, dos estudiantes a los que les pareció ridícula la idea, le pintaron rasgos estereotípicamente negros a una imagen del músico y la pusieron en la puerta del dormitorio de otro estudiante que defendía la ponencia, y era afroamericano.

Los dos estudiantes fueron expulsados de la residencia universitaria.

Hubo marchas pidiendo códigos de expresión para prohibir las obscenidades raciales en el campus, un tipo de activismo que no era inusual en las universidades en esa época.

Más inusual fue la reacción de estudiantes conservadores que a través del Stanford Review cuestionaron la expulsión de los dos estudiantes por un volante que sencillamente podría haber sido tirado a la basura, y retaron al público preguntándo si realmente creían en la libertad de expresión.

En medio de esa tensa atmósfera, una usuaria de Usenet llamada Jean Janice, que trabajaba en el Centro de Computación de la Universidad de Stanford, se conectó para ver el chiste del día de Brad Templeton.

Era el del judío y el escocés.

Momento crucial

“Pensé que era gracioso y luego comenzó todo el alboroto sobre si ese tipo de material debería estar allí”, recuerda Jean.

Para ella, el que cerraran el sitio de Brad por el chiste era ridículo, y se lo comentó a su jefe John Sack, el director del Centro de Datos de Stanford, pensando que probablemente también pensaría que era una tormenta en un vaso de agua.

Pero a él le pareció más grave y decidió hablar con sus superiores.

John había pasado décadas detrás de escena en Stanford, buscando en silencio las mejores formas de publicar revistas académicas en línea. Pero ese día le tocó a él decifrar cómo Stanford debería responder al chiste.

Y dado que se trataba de Stanford a finales de los 80, estaba en un momento crucial de la historia.

Stanford fue un pionero en implementar la idea de que una facultad podría crear compañías que se convirtieran en centros de excelencia empresarial, lo que realmente fue el nacimiento de Silicon Valley.

Y esas compañías se centrarían en una cosa.

“Comenzaba el uso las computadoras en un contexto social, así que estábamos navegando por las zonas grises de cuánto permitir que la computadora hiciera por y para la gente“, subraya John.

El chiste de Brad sería el caso de prueba perfecto. Los arquitectos de la internet emergente estaban observando.

“El curso no estaba claro. Eventualmente íbamos a tener que tomar una decisión”.

El punto final

Tras semanas de deliberación, se anunció la página de Brad también sería prohibida en Stanford.

La razón fue explicada en un detallado y sincero ensayo. En resumen, el amor por la libertad de expresión en Stanford importaba menos que su búsqueda colectiva de una mejor manera en la que cada persona fuera reconocida como un individuo, no como una caricatura.

Paso seguido, todo el infierno se desató en la forma de un gigante en Stanford, el ahora difunto profesor titular John McCarthy, uno de los nombres más importantes de la informática en ese momento y uno de los fundadores del concepto de inteligencia artificial.

Horrorizado, publicó una feroz respuesta, llamando a John Sack un lacayo que habían pasado semanas no deliberando, sino gorgoteando.

Lanzó una de las primeras peticiones en línea en la historia de internet, reuniendo 100 firmas de la facultad. Entonces, como ahora, el poder de la petición en línea fue formidable: la prohibición de la página de chistes de Brad se revirtió rápidamente.

El argumento ganador de John McCarthy se redujo a:

“Estamos explorando la vanguardia de la informática. Necesitamos descubrir los límites del sesgo de la libertad de expresión topándonos con ellos. O cruzándolos“.

Y ese es el internet con el que hemos vivido: una utopía de ingenieros libertarios en la que la libertad de expresión prosperó sin tener en cuenta los peligros que podría causar a la sociedad.

Peligros que no son sólo el discurso ofensivo, sino también las noticias falsas.

Y como la libertad de expresión sin trabas conduce a un conflicto que mantiene a las personas en línea más tiempo que la armonía, es una ideología rentable para las empresas de tecnología.

* Este artículo es una adaptación del episodio “A Scottish Jewish Joke” de la serie “Things fell apart” de la BBC.

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La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) denunció en un comunicado que el Gobierno pretende “amordazar” a los medios de comunicación y censurar las críticas en su contra y al estado de Calamidad.

El pronunciamiento de la APG se da luego de que la noche del sábado 21 de agosto la Presidencia de la República anunciara entre las modificaciones al decreto que aprobó el estado de calamidad que la prensa está obligada a “evitar publicaciones que puedan causar confusión o pánico”.

La APG rechaza las amenazas e intentos de censura que el @GuatemalaGob y @DrGiammattei pretenden imponer mediante el Estado de Calamidad. pic.twitter.com/RLzNA8oQhO

— Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) (@APG_1947) August 22, 2021

Miguel Ángel Albizures, responsable de la Comisión de Libertad de Prensa de la APG, considera que esta disposición es grave porque delega la facultad al presidente o ministro de gobernación de catalogar arbitrariamente qué publicaciones pueden ser prohibidas.

“Lo que están haciendo es querer legalizar las acciones en contra de la libertad de expresión y en contra de la libertad de prensa. Con este gobierno se ha agravado la situación para todo el gremio periodístico. Hay más de 50 hechos de agresión a periodistas”, dijo Albizures.

Presenta amparo

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentó un amparo esta mañana en contra de la disposición quinta de las reformas al decreto 6-2021, por medio del cual se decretó el estado de Calamidad, debido a que vulnera el derecho a la libertad de información, acceso a las fuentes y libertad de expresión de los medios de comunicación y periodistas.

“En la disposición quinta de dichas reformas restringió el trabajo de los medios de comunicación y periodistas, amenazándolos con consecuencias legales por la información que publiquen, aspecto que es totalmente discrecional”, dice el amparo interpuesto en la Corte de Constitucionalidad (CC).

El abogado Mario Fuentes Destarac dijo que las disposiciones gubernamentales son “poco afortunadas” y espeta que la CC resuelva “como siempre lo ha hecho a lo largo de la historia”, es decir, en favor de la no restricción.

“Todo lo que es restricción a la libertad de expresión de ideas es condenable”, dijo Destarac.

Para esta nota se cuestionó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia sobre los alcances que puedan tener las nuevas disposiciones gubernamentales, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

El @PDHgt @JordanRodas presenta amparo contra presidente @DrGiammattei debido a que la disposición 5ª de REFORMAS al Decreto 6-2021 vulnera el derecho a la libertad de información, libre acceso a las fuentes y la libertad de expresión de los medios de comunicación y periodistas pic.twitter.com/jBWCWAbRCG

— PDH Guatemala (@PDHgt) August 22, 2021

Las autoridades del país asiático anunciaron este jueves la suspensión de la emisión de BBC World News, argumentando que ha violado “gravemente” sus regulaciones nacionales.

La Administración Nacional de Radio y Televisión del gigante asiático, el organismo que regula los medios de comunicación, señaló que la BBC no ha cumplido “los requisitos para emitir en China”.

La decisión se produce después de las críticas del gobierno chino a los reportajes de la BBC sobre el coronavirus y la persecución de la minoría étnica uigur en Xinjiang, que Pekín niega.

• “Pagaban para elegir a las reclusas más bonitas”: las detenidas de un campo para uigures en China que denuncian haber sido violadas sistemáticamente

También sucede poco después de que el regulador de medios de comunicación en Reino Unido revocara la licencia al canal chino de propiedad estatal CGTN, tras concluir que el gobernante Partido Comunista tenía la responsabilidad editorial última del canal.

Entonces, el gobierno chino advirtió que se reservaba el derecho a tomar las medidas correspondientes.

“Decisión inaceptable”

La Administración Estatal de Cine, Radio y Televisión de China señaló en un comunicado que concluyó que el contenido de BBC World News sobre China “había violado gravemente” sus normativas, incluido “el requisito de que las noticias deben ser veraces y justas” y “no dañar los intereses nacionales de China”.

Por ello, comunicó que la solicitud para emitir otro año en China no sería aceptada.

En un comunicado, la BBC se mostró “decepcionada”: “La BBC es la cadena de noticias más confiable del mundo e informa de historias alrededor del mundo de forma justa, imparcial y sin miedo o favoritismos”.

BBC World News se emite a nivel global en inglés, si bien el acceso a éste está muy restringido en China, solo llegando a hoteles internacionales y algunos complejos diplomáticos, por lo que la mayoría de ciudadanos chinos no pueden verlo.

La emisión, como ocurre con otros canales internacionales, estaba sujeta a una estricta censura y habitualmente la señal pasaba a negro cuando el canal trataba algún tema sensible para el gobierno, como supuestas violaciones de derechos humanos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, consideró que la decisión de China es “una restricción inaceptable de la libertad de prensa”.

China’s decision to ban BBC World News in mainland China is an unacceptable curtailing of media freedom. China has some of the most severe restrictions on media & internet freedoms across the globe, & this latest step will only damage China’s reputation in the eyes of the world.

— Dominic Raab (@DominicRaab) February 11, 2021

“China tiene algunas de las restricciones más severas del mundo a la libertad de prensa y en internet, y este último paso no hará más que dañar la reputación de China a los ojos del resto del mundo”, aseveró.

El Departamento de Estado de EE.UU. también condenó la decisión, señalando que es parte de una mayor campaña para acabar con la libertad de prensa en el país.

La relación entre China y Reino Unido se ha tensado en los últimos meses por Hong Kong, tras la aprobación de la controvertida Ley de Seguridad Nacional por parte de Pekín y la nueva visa anunciada por Londres para acoger a hongkoneses como residentes al considerar que se están minando sus libertades.