La CorteIDH emitió el jueves la sentencia condenatoria contra el Estado guatemalteco por separar arbitrariamente a los hermanos Ramírez de su familia y posteriormente dar en adopción irregular a dos familias distintas de Estados Unidos.

“Esta medida contribuirá a evitar la repetición (…) y la sentencia emitida puede coadyuvar para mejorar la precaria situación de la niñez en Guatemala“, consideró Leonel Dubón, director ejecutivo de la asociación guatemalteca El Refugio de la Niñez.

En tanto, Marcela Martino, subdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para Centroamérica y México, consideró que el fallo es positivo porque “aborda las causas estructurales que originaron la vulneración de los derechos de los niños”

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Entre esas causas figuran “la discriminación por su condición de pobreza y los estereotipos vinculados a los roles de género”, agregó Martino.

El Refugio de la Niñez y el CEJIL fueron representantes de las víctimas en este caso.

Adopciones en marco de corrupción

Según la sentencia, estas adopciones “se dieron dentro de un marco de corrupción, en el que un conjunto de actores e instituciones públicas y privadas operaban bajo el manto de la protección del interés superior del niño, pero con el real propósito de obtener su propio enriquecimiento”.

Osmín Tobar Ramírez y su hermano J.R. fueron separados de sus padres en 1997 cuando tenían 7 y 2 años, respectivamente, a través de un proceso de declaración de supuesto abandono y luego institucionalizados para entregarlos en adopción a las familias estadounidenses.

En julio de 1998, Osmín fue llevado con su familia adoptiva a la ciudad estadounidense de Pittsburgh (Pensilvania, este). Su hermano corrió un destino similar, aunque hasta el momento no se sabe dónde está.

Osmín, ahora de 28 años, pudo reencontrarse con su familia biológica gracias a las redes sociales en 2009. Actualmente vive en Guatemala, y se ha convertido en la voz de 27.871 niños guatemaltecos que fueron víctimas de una red ilegal de adopciones internacionales entre 1996 y 2006.

El suyo es el primer caso de este tipo que conoce la CorteIDH.

Guatemala era considerado uno de los países con más casos de adopciones ilegales, pero en 2007 cambió su legislación para endurecer los controles.

Antes de esa fecha se daban en adopción unos 5.000 niños cada año, 95% a parejas estadounidenses, en operaciones que generaban unos 250 millones de dólares anuales.