La Corte de Constitucionalidad (CC) lleva ocho meses sin contar con el titular designado por la Universidad de San Carlos para el periodo 2021 – 2026, debido a una serie de impugnaciones que rodean la elección de Gloria Porras.

Ella fue electa mediante una votación pública del CSU, y algunos que cuestionan el procedimiento, como Fundación Contra el Terrorismo (FCT) aseguran que se violó una de las principales normas de la Usac.

Aseguran que la votación debe de ser secreta y que por consecuencia dicha elección a favor de Porras no tendría valides, estas dudas han hecho que la abogada no pudiera asumir el cargo.

Incluso por recursos legales minutos antes a la juramentación que hizo el Congreso de la República, el Pleno de diputados decidió no juramentarla para evitar problemas legales.

Pero los abogados de la organización AC, Edie Cux y Manfredo Marroquín, consideran que la acción del Congreso fue arbitraria y olvidó el derecho de defensa de la magistrada electa mediante un proceso transparente.

Para lo cual presentaron una acción de amparo ante la CC que pretendía fuera suficiente para que obligara al Congreso a juramentar a Porras, para que luego pudiera asumir su magistratura constitucional.

Pero una reciente sesión del Pleno de la CC rechazó el amparo afirmando que no existen los abusos y arbitrariedades señaladas por los abogados, respaldando de esa manera al Congreso que negó juramentar a Porras.

En esa sesión constitucional se contó con la presencia de los magistrados titulares Roberto Molina Barreto, Nester Vásquez y Leyla Lemus; junto a los suplentes Luis Rosales y Claudia Paniagua.

La Corte de Constitucionalidad publicó este viernes 23 de abril el Acuerdo 3-2021, en el que confirma que a partir del 14 de abril de este año continúan integrando la VIII magistratura José Francisco de Mata Vela y María Cristina Fernández García, hasta que el Congreso de la República emita un decreto para que se integre a dicha corte al magistrado titular que designe el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y los magistrados titular y suplente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

La VIII magistratura de la CC para el periodo 2021-2026 fue instalada el 14 de abril pasado sin la presencia de tres magistrados designados, dos titulares y una suplente, cuya juramentación está bloqueada por amparos e impugnaciones.

Se trata de Gloria Porras, magistrada titular designada por la Usac y Néster Vásquez y la abogada Claudia Paniagua, magistrados titular y suplente, respectivamente, por el Cang.

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Los amparos

En el caso de Porras, dos amparos provisionales bloquearon su juramentación. El primero, el 9 de abril de 2021, por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a favor de Edwin Rueda Masaya, exaspirante a magistrado de la CC por el CSU, quien accionó así después de que el CSU rechazara sin entrar a conocer una impugnación. El segundo es el amparo provisional del 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, también exaspirante a magistrado que presentó recurso de reposición que fue rechazada por el consejo sancarlista. De ambos recursos el CSU comunicó al Congreso que tuvo conocimiento el 13 de abril.

Mientras tanto, Vásquez y Paniagua aguardan que el Cang resuelva recursos de impugnación para poder certificar al Congreso la designación y finalmente ser juramentados.

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Según el acuerdo 3-2021 publicado este viernes 23 de abril, la CC ampara su decisión en el artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que establece, en el segmento conducente, que “[…] La designación de Magistrados por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala podrán ser impugnadas conforme a la ley; pero mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos.

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Detalla que en los procesos particularizados para la designación de los magistrados,  titulares y suplentes, que tenían que ejercer el cargo para el periodo 2021-2026, ocurrió el supuesto previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; esto, porque, al haber sido presentadas diversas impugnaciones, que están en trámite, suspendieron la adquisición de firmeza de las decisiones que para el efecto profirieron la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, impidiendo la juramentación y la toma de posesión, en los respectivos cargos, de los profesionales que obtuvieron la designación en los procesos de elección realizados en cada uno de esos órganos designantes.

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Además, que en el primero de los casos mencionado afecta al magistrado titular y al suplente y en el segundo solo titular. Agrega que de esa cuenta, al darse el supuesto contenido en la disposición por imperativo legal continúan en el ejercicio de los cargos los funcionarios quienes, habiendo sido designados para el periodo que correspondió al 2016-2021.

Una vacante

Agrega que aunado a estas impugnaciones, también existe una circunstancia especial que consiste en que el cargo que corresponde al magistrado titular que designa el Cang se encuentra vacante, motivo por el cual no opera, de inmediato, la permanencia del funcionario electo con anterioridad, de acuerdo con la regulación establecida.

Es por ello que se asignó a la magistrada Fernández García, electa como suplente en la magistratura 2016-2021, para la elaboración, administración, aprobación y presentación de ponencias al Pleno de la CC, con relación a los asuntos asignados a la vocalía que corresponde.

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El acuerdo también establece que este no modifica la categoría de magistrada suplente de Fernández García.

Este acuerdo fue firmado el 21 de abril de 2021 por el presidente de la CC, Roberto Molina Barreto y los magistrados Dina Josefina Ochoa Escribá, José Francisco de Mata Vela, Leyla Susana Lemus García, Juan José Samayoa Villatoro y Lizbeth Carolina Reyes.

Las embajadas de Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Suecia y Suiza, como miembros del Grupo de Donantes G13, emitieron un comunicado este 15 de abril en el que mencionan que, como socios fundamentales de Guatemala, “expresamos nuestra gran preocupación por la juramentación incompleta de la Corte de Constitucionalidad y su impacto en la independencia judicial y la estabilidad institucional”.

En el documento hacen referencia al comunicado del G13 del 28 de enero de 2021 y el informe del 12 de enero de 2021 firmado por el jefe de la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se desplazó a Guatemala del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2020, donde se recoge “la necesidad de garantizar un procedimiento transparente para la renovación de la Corte de Constitucionalidad”.

Los países donantes manifestaron la importancia de la independencia del sector judicial para la certeza jurídica como elemento clave para la inversión, desarrollo económico y el fortalecimiento del sistema democrático.

“Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando con el Gobierno de Guatemala, incluyendo la nueva Corte de Constitucionalidad y todos los sectores guatemaltecos para el fortalecimiento institucional, el estado de derecho y la certeza jurídica”, concluye el comunicado.

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Pero esa postura no estuvo exenta de controversia. La embajada de España, que ostenta la presidencia pro témpore del G-13, subrayó a las misiones diplomáticas mencionadas que su comunicado “incumple el reglamento de funcionamiento del G13 aprobado el 15 de junio de 2016 y, en consecuencia, ha hecho un uso indebido del logo”.

Continúa con que el comunicado “no ha sido discutido en reunión alguna ni ha contado con la participación de la presidencia pro témpore, ni cumple con el reglamento que regula que cualquier comunicado debe contar con la mitad más uno de los miembros”.

Ante esa situación la presidencia instó a las embajadas a “rehacer el comunicado eliminando el logo del G13 con el fin de que se respete el buen funcionamiento del grupo y la normativa que lo rige”.

La nueva CC

La VIII magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026 fue instalada el 14 de abril sin la presencia de tres magistrados designados, dos titulares y una suplente, que están bloqueadas por amparos e impugnaciones.

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La toma de posesión se llevó a cabo en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, acudieron los presidentes de los tres organismos del Estado, exmagistrados constitucionales, diputados, cuerpo diplomático y funcionarios del sistema judicial.

Roberto Molina Barreto será el primero en presidir el tribunal constitucional. Es la tercera vez que estará en ese cargo en las diferentes magistraturas que se ha desempeñado.

La nueva CC fue juramentada el pasado 13 de abril en el Congreso sin dos magistrados titulares y una suplente a causa de amparos provisionales e impugnaciones contra los procesos de designación de los colegios electores.

Se trata de Gloria Porras, magistrada titular designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac); Nester Vásquez y Claudia Paniagua, magistrados titular y suplente elegidos por la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

En el caso de Porras, dos amparos provisionales bloquearon su juramentación. El primero, el 9 de abril de 2021, por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a favor de Edwin Rueda Masaya, exaspirante a magistrado de la CC por el CSU, quien accionó así después de que el CSU rechazara sin entrar a conocer una impugnación. El segundo es el amparo provisional del 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, también exaspirante a magistrado que presentó recurso de reposición que fue rechazada por el consejo sancarlista. De ambos recursos el CSU comunicó al Congreso que tuvo conocimiento hoy.

Mientras tanto, Vásquez y Paniagua aguardan que el Cang resuelva recursos de impugnación para poder certificar al Congreso la designación y finalmente ser juramentados.

Los magistrados que fueron juramentados y tomaron posesión fueron Dina Ochoa, designada por el Congreso; Leyla Lemus, del Ejecutivo, y Roberto Molina Barreto, por la Corte Suprema de Justicia, justamente los magistrados cuyos cuerpos electores no son impugnables, según el artículo 156 de la Ley de Amparo.

Asimismo, fueron juramentados cuatro magistrados suplentes, Luis Rosales, por el Congreso; Walter Jiménez, por la CSJ; Rony López, por la Usac, y Juan José Samayoa, por el Ejecutivo.

En vista de que la CC asume sin los magistrados titulares designados por el Colegio de Abogados y del CSU surge la duda de quién ocupará esos espacios. El párrafo segundo del artículo 156 de la Ley de Amparo, sobre la impugnación de las designaciones de magistrados, dice que mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos.

La VIII magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026 fue instalada este 14 de abril sin la presencia de tres magistrados designados, dos titulares y una suplente, que están bloqueadas por amparos e impugnaciones.

Roberto Molina Barreto será el primero en presidir el tribunal constitucional. Es la tercera vez que estará en ese cargo en las diferentes magistraturas que se ha desempeñado.

En el acto de instalación, celebrado en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, acudieron los presidentes de los tres organismos del Estado, exmagistrados constitucionales, diputados, cuerpo diplomático y funcionarios del sistema judicial. Sin embargo, fue notoria la ausencia de Gloria Porras, magistrada titular designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos; Nester Vásquez, magistrado titular, y Claudia Paniagua, magistrada suplente, elegidos por el Colegio de Abogados y Notarios (Cang), a quienes diversos amparos e impugnaciones al proceso de designación bloqueó la juramentación y por ende ser parte del acto de instalación de la VIII magistratura.

Certeza jurídica

Molina Barreto dirigió el discurso inaugural al corresponderle la presidencia para el periodo 2021-2022, donde hizo señalamientos contra la CC saliente. También enfatizó que los magistrados de la Corte deben considerar el impacto de sus resoluciones en casos de alto contenido político y que, si bien puede adherir a una ideología política, no puede sucumbir al activismo judicial.

Sin mencionar a la CC saliente, pero sí en referencia actuaciones de ese tribunal de “los últimos años”, Molina Barreto dijo: “Resulta lamentable que se han vertido opiniones que afirman que el sistema de control constitucional debería desaparecer y por ende la existencia de un tribunal especializado para ello, lo que resultaría un retroceso inconcebible pero comprensible para aquellos que estiman en los últimos años la CC se ha apartado del objeto primordial para lo cual fue instaurado, lo que ha socavado su imagen y credibilidad, soslayando la gran importancia de su histórico desempeño y eso es lo que ha merecido”.

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Recordando a “exmagistrados ilustres” sin perjuicio de ideologías políticas o religiosas, dijo que se “ve en la imperiosa necesidad” de enfatizar que la función esencial que ha sido asignada a la CC comprende la defensa del orden constitucional y prevalencia del principio de supremacía de la Constitución, que “exige respeto irrestricto” del contenido de la Constitución respecto a la garantía de los derechos y libertades fundamentales y normas que regulan el funcionamiento del Estado.

Más adelante señaló que “el magistrado no debe sucumbir ante sus inclinaciones, predilecciones e intereses personales sino debe seguir su vocación jurídica de ser juez y árbitro de los conflictos, pero jamás parte de ellos”.

Sobre las actuaciones de los magistrados, Molina Barreto expresó que la CC debe respetar las competencias de los otros poderes públicos, realizando un análisis objetivo para que reconducir los actos no se torne en la invasión de sus propias competencias. “La CC debe evitar a toda costa el activismo judicial que termine desbordando sus funciones propias y debe tener siempre presente que su resoluciones deben propiciar seguridad jurídica, por lo que en casos de alto contenido político debe tener en cuenta los efectos de sus decisiones sobre la división de poderes y el buen funcionamiento del Estado, aspectos que con la emisión de algunos fallos ha sido más de una inobservado en los últimos años provocado intromisión en las políticas públicas del Estado”.

También apuntó que la Corte debe ponderar de los valores en conflicto, pero debe buscar el equilibrio entre ellos evitando la conflictividad, coadyuvando con la paz social. “La función que debe corresponder al tribunal es la de generar el menor impacto posible, no provocar más desempleo y separación de familias, el cierre de empresas, pero a la vez coadyuvar con el ambiente sin mermar la recaudación tributaria, lo que parece no haberse tomado en cuenta principalmente el convenio 169 del a OIT pues siendo inevitable la explotación de recursos naturales e innegable el derecho de consulta, pero resulta inaceptable la politización de los procesos”, consideró.

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Así, dijo que es vital que en esta magistratura se debe fortalecer la unidad de jurisprudencia y gaceta de la CC para revisar los criterios emitidos y una eficaz una clasificación de los fallos, la jurisprudencia y doctrina legal sentada para hacerla accesible y compresible para el usuario. También el fomento de la excelencia y fortalecimiento del prestigio del tribunal, privilegiando la profesionalización y que se retome la publicación periódica de obras de autores en materia constitucional.

Durante su presidencia garantizó la optimización de los recursos, la transparencia y la independencia funcional de los magistrados. “El combate a la corrupción no tiene ideologías ni bandos”, exclamó. “No venimos a formar parte de la corte celestial, pero sí somos profesionales del Derecho comprometidos con el país, con valores éticos y morales dispuestos a enfrentar el gran reto de integrar este tribunal con mucha fe puesta en Dios para ejercer nuestra tarea con sabiduría, templanza y prudencia, pero sobre todo con independencia, imparcialidad y valentía ara que la Corte retome el importante rol y preponderancia en el ordenamiento jurídico le corresponde.

Respecto a los amparos señaló que los magistrados no pueden ser perseguidos por sus opiniones o resoluciones, ello no significa que “bajo ningún concepto” son superiores a la ley, sino que deben ser “responsables de los actos y la función pública jurisdiccional que ejercen”.

En nombre propio, y convencido de que los magistrados se adhieren, apuntó su compromiso por la misión de emitir fallos sólidamente fundamentados en aras de la certeza y seguridad jurídica que debe prevalecer en el estado de Derecho de cara al desarrollo económico, político y social “sin ceder ni sucumbir a presiones internas, externas, nacionales o extranjeras dejando la pugna y polarización”.

Permanece legítima

Ante la asunción de la nueva Corte sin presencia de dos magistrados titulares designados, en el caso de Gloria Porras y Nester Vásquez, Molina Barreto expresó que eso no resta legitimidad porque no es la primera vez que ocurre y asimismo la Ley de Amparo contempla que, en los casos en los que haya impugnaciones a las designaciones del CSU y el Cang, deben continuar los magistrados del periodo anterior, en estos casos Francisco de Mata Vela y María Cristina Fernández, respectivamente.

Sobre Porras, indicó que ella se fue ayer del acto de juramentación en el Congreso y acudió a la CC, donde estuvo presente en reunión con la magistratura saliente y entrante hasta aproximadamente las 20 horas para revisión de actas de transferencia, y no expresó que se ausentaría del acto protocolario de instalación. “Habría que preguntarle -por qué se ausentó hoy-, me imagino que debe estar molesta, como cualquiera lo estaría”.

Encadenados a las puertas de ingreso de la Corte de Constitucionalidad (CC), este miércoles 14 de abril un grupo de guatemaltecos mostró su rechazo a los magistrados que fueron juramentados el martes último por el Congreso.

Los manifestantes exigen nuevas elecciones y lanzaron consignas contra los magistrados Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto, Leyla Lemus, Nester Vasquez y Alfonso Rosales.

“Queremos cortes no mafias. Tienen tachas,” gritaban los manifestantes, mientras la PNC reforzaba la seguridad en el lugar.

“Estos delincuentes ya han ido cooptando los diferentes órganos del Estado. Esta corte no la vamos a entregar en manos de delincuentes y vamos a dar batalla hasta el final, hasta que se elija magistrados sin tachas, idóneos y honrados”, dijo otro manifestante.

Al mismo tiempo, Acción Ciudadana (AC) interpuso un amparo que buscar dejar sin efecto el acto de juramentación de los magistrados y que se ordene la celebración de un nuevo acto en el que se incluya a todos los togados.

El Congreso desistió el martes último de juramentar como magistrada del máximo tribunal del país a la abogada Gloria Porras, catalogada por expertos como una defensora de la lucha anticorrupción.

La decisión del Congreso, según su presidente, Allan Rodríguez, obedece a un recurso legal en contra de Porras, miembro de la Corte de Constitucionalidad durante los últimos 10 años.

Rodríguez forma parte de la agrupación política Vamos, partido del presidente Alejandro Giammattei, que con alianzas tiene mayoría en el Organismo Legislativo.

Porras no fue juramentada al igual que otros dos abogados electos para los cargos. Los otros siete magistrados que conforman la nómina de 10 miembros de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026 sí recibieron formalmente la designación en sus puestos por parte del Parlamento.

La designación de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad ha estado bajo la lupa de funcionarios de Estados Unidos este año y, además de acuerdo con analistas, es clave para la lucha anticorrupción en Guatemala.

La elección culminó en marzo pasado con el nombramiento de los 10 magistrados para el período 2021-2026 del máximo tribunal del país, en una polémica designación que enfrentó al presidente de la nación, Alejandro Giammattei, con su vicepresidente, Guillermo Castillo.

De acuerdo a la ley guatemalteca, cinco entidades eligen cada una a dos magistrados, uno titular y uno suplente: el Organismo Ejecutivo, el Organismo Judicial, el Congreso, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Los magistrados electos para el período 2021-2026 son Leyla Lemus y Juan Samayoa, designados por el Organismo Ejecutivo; Roberto Molina y Wálter Jiménez, por el Organismo Judicial y Dina Ochoa y Luis Rosales, elegidos por el Congreso.

Además, Gloria Porras y Rony López, elegidos por parte de la Universidad de San Carlos; y Néster Vásquez y Claudia Paniagua, nombrados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Porras, Vásquez y Paniagua, sin embargo, no fueron juramentados este martes como inicialmente estaba programado, todos por recursos judiciales aún por resolverse de acuerdo con el Congreso.

Con información de AFP y EFE

La Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026 fue juramentada este 13 de abril sin dos magistrados titulares y una suplente a causa de amparos provisionales e impugnaciones contra los procesos de designación de los colegios electores.

Se trata de Gloria Porras, magistrada titular designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac); Nester Vásquez y Claudia Paniagua, magistrados titular y suplente elegidos por la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

En el caso de Porras, dos amparos provisionales bloquearon su juramentación. El primero, el 9 de abril de 2021, por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a favor de Edwin Rueda Masaya, exaspirante a magistrado de la CC por el CSU, quien accionó así después de que el CSU rechazara sin entrar a conocer una impugnación. El segundo es el amparo provisional del 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, también exaspirante a magistrado que presentó recurso de reposición que fue rechazada por el consejo sancarlista. De ambos recursos el CSU comunicó al Congreso que tuvo conocimiento hoy.

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Mientras tanto, Vásquez y Paniagua aguardan que el Cang resuelva recursos de impugnación para poder certificar al Congreso la designación y finalmente ser juramentados.

En una tarde lluviosa, la sesión solemne se desarrolló en el Congreso de la República, cuyo presidente, Allan Rodríguez, criticó a la CC saliente: “Ya no más inestabilidad constitucional, ya no más ingobernabilidad constitucional. Ya no más prevaricato, queremos resoluciones apegadas a la Constitución y al orden jurídico. Ya no más abuso de poder, ya no más abuso de autoridad ni sesgo ni retorcimiento de la Constitución”, expresó.

Justo luego de ese discurso la junta directiva del Legislativo hizo del conocimiento del pleno el amparo que impidió la juramentación de Porras, quien estaba presente en el Palacio Legislativo y se marchó en ese momento.

“Todo esto lo sabía porque es claro que hay una confabulación para no dejarme tomar posesión”, dijo Porras en rueda de prensa.

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Luego de esa controversia llegó el momento de la juramentación de tres magistrados titulares, Dina Ochoa, designada por el Congreso; Leyla Lemus, del Ejecutivo, y Roberto Molina Barreto, por la Corte Suprema de Justicia, justamente los magistrados cuyos cuerpos electores no son impugnables, según el artículo 156 de la Ley de Amparo.

Asimismo, fueron juramentados cuatro magistrados suplentes, Luis Rosales, por el Congreso; Walter Jiménez, por la CSJ; Rony López, por la Usac, y Juan José Samayoa, por el Ejecutivo.

Luego de la sesión solemne Rodríguez dijo en rueda de prensa que el Congreso cumplió con su deber constitucional de dar juramento a los magistrados designados. “No soy juez, soy diputado”, respondió sobre preguntas de que los amparos que bloquearon la juramentación de Porras podrían ser espurios.

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Quiénes siguen

En vista de que la CC asume sin los magistrados titulares designados por el Colegio de Abogados y del CSU surge la duda de quién ocupará esos espacios. El párrafo segundo del artículo 156 de la Ley de Amparo, sobre la impugnación de las designaciones de magistrados, dice que mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos.

Gloria Porras, magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), no fue juramentada este 13 de abril en el Congreso de la República a causa de dos amparos provisionales contra el proceso de su designación.

“Todo esto lo sabía porque es claro que hay una confabulación para no dejarme tomar posesión”, dijo Porras al abandonar el Palacio Legislativo.

Se trata de dos amparos provisionales dictados por las salas Primera y Sexta de lo Contencioso Administrativo, constituidos en tribunales de amparo, de lo cual la junta directiva del Legislativo dio lectura minutos antes de comenzar la juramentación.

El primero, el 9 de abril de 2021, por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a favor de Edwin Rueda Masaya, exaspirante a magistrado de la CC por el CSU, quien accionó así después de que el CSU rechazara sin entrar a conocer una impugnación. El segundo es el amparo provisional del 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, también exaspirante a magistrado que presentó recurso de reposición que fue rechazada por el consejo sancarlista. De ambos recursos el CSU comunicó al Congreso que tuvo conocimiento hoy.

“He sido jueza independiente y ser juez independiente en Guatemala implica este tipo de acciones”, expresó Porras, que añadió que no se pronunciará sobre lo ocurrido porque “no se prestará a un show”. Adelantó que accionará legalmente para tomar posesión del cargo.

Porras fue designada magistrada titular por el Consejo Superior Universitario de la San Carlos para el periodo 2021-2026, junto con Rony López, quien sí fue juramentado.

Previo a la juramentación, Allan Rodríguez, presidente del Congreso, criticó a la CC saliente, de la cual Porras formó parte. “Ya no más inestabilidad constitucional, ya no más ingobernabilidad constitucional. Ya no más prevaricato, queremos resoluciones apegadas a la Constitución y al orden jurídico. Ya no más abuso de poder, ya no más abuso de autoridad ni sesgo ni retorcimiento de la Constitución”, expresó.

Porras comentó que lo dicho en el hemiciclo contra la CC “me enorgullece”.

En medio de al menos 12 recursos legales en contra de su elección como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), Maynor Moto intenta tomar posesión del cargo y critica a quienes se oponen a su investidura, porque “se debe respetar la democracia”.

Moto se presentó este jueves 29 de enero a la CC en busca de que el pleno de magistrados le diera posesión en el cargo; sin embargo, eso no fue posible, lo que también fue criticado por el profesional, quien asegura que no ha recibido ningún respaldo del alto tribunal. Moto consiguió por medio de un amparo provisional que el Congreso lo juramente magistrado titular de la CC el pasado 26 de enero.

¿Qué opina sobre las impugnaciones que se han presentado en contra de su elección como magistrado?

“El Tribunal Electoral ya rindió un informe a la junta directiva -del CANG- en donde le están diciendo no las admita, no son procedentes.  Ya motivaron, explicaron y fundamentaron las razones del porque no, y entre ellas está que no tienen el derecho o la legitimación de ser parte del proceso de elección de magistrado titular de la CC. Solo pueden impugnar los candidatos, un agremiado y los fiscales”.

En su caso ¿tiene que renunciar al cargo de juez?

No, se llama excedencia y está aprobado por el Consejo de la Carrera Judicial y por lo tanto ya entregué el cargo previo a mi juramentación.

¿Con esa excedencia aún tiene inmunidad?

Inmunidad sí, y a partir de la juramentación soy magistrado y la inmunidad que ahora tengo es de magistrado de la CC.

Ante la oposición para que asuma el cargo ¿qué accione podría emprender?

Esa pregunta se le podrían hacer al fiscal -de la Feci- que está a cargo de la investigación, por qué ellos están en el Consejo de la Carrera Judicial y en mi judicatura pidiendo información con respecto a una circunstancia de elegir y ser electo que todo ha sido legal, eso es lo que me preocupa, ¿por qué están haciendo esto, qué ven en un procedimiento que es normal?. Hay tantos casos que lloran sangre por los cuales se creó esa fiscalía, así se le preguntaría a las asociaciones civiles sabiendo de que no tienen ninguna vinculación legal con la elección de cortes y que están diciendo tantas circunstancias que solo son apreciaciones y no tienen ningún elemento de prueba, solo están afectando mi dignidad y socavando la institucionalidad. Nos guste o no nos guste el imperio de la ley, a una persona que eligen debe estar en el cargo y los otros deben aceptarlo, eso se llama democracia, se llama vivir en una república.

¿Qué respuesta ha recibido de la CC?

Ninguna. Yo lamento la postura, vine ayer, vine hoy y están los documentos de que el Congreso remitió la información. Hoy hay una sesión administrativa, no necesitan incorporar el punto y modificar agenda, esto es urgente porque el magistrado ya se presentó, solo deben indicarme den donde está el despacho y darme posesión en el cargo.

¿Cómo se garantizaría su independencia si como magistrado conociera un caso de la Feci, tomando en cuenta que tiene dos antejuicios pendientes?

“Eso ya estará por resolverse y como todo ser humano debo tener la capacidad de poder mantener la imparcialidad. No es problema de Feci, no es problema del MP, las instituciones son buenas y por eso fueron creadas”.

¿Qué opina de que EE. UU. se manifestó preocupado por sus antecedentes?

Qué opina usted de la soberanía. Ellos tendrán las razones del porqué se han de pronunciar, no se si es en mi caso, no veo mi nombre ahí. Este es un procedimiento interno del Estado de Guatemala que ha cumplido la ley y en ese contexto si ellos tienen algún interés o están realizando algún acto para manifestarse sobre si están de acuerdo o no con mi elección sería bueno que se los pregunten a ellos. Yo respeto a los demás países, su orden jurídico, su constitución y sus autoridades y lo mismo esperaría de ellos, se llama diplomacia.

¿Cree que haya incidencia política de EE. UU. en alguna faceta judicial del país?

Por el momento lo ignoro, no tengo conocimiento de que se refieran a mi o que estén interesados en este proceso, pero esperaría que no y estimo que no hay ningún interés del proceso porque confío en que respeten la soberanía de Guatemala.

Acciones legales

1. Amparo solicitado por el abogado Alfonso Carrillo contra el Congreso ante la posibilidad -en ese momento- de que juramentara a Mynor Moto sin que el Colegio de Abogados haya resuelto apelaciones al proceso electoral para nominar al magistrado titular de ese organismo ante la CC para el periodo 2016-2021 -a este recurso ya se le dio trámite-.
2. Apelación del mismo abogado contra la directiva del Colegio de Abogados (Cang).
3. Ocurso de queja contra la Sala Primera de Apelaciones Civil y Mercantil.
4. Carrillo presentó otro amparo contra el Congreso por haber juramentado a Moto y con eso busca que la CC no dé posesión del cargo a Moto.
5. Acción Ciudadana (AC) presentó amparo contra el Congreso ante la juramentación de Moto.
6. AC también apeló el amparo provisional de la Sala Primera Civil y Mercantil a favor de Moto.
7. Abogado Walter Emilio Cuc Sajquiy presentó apelación contra el amparo de la Sala Primera de Apelaciones Civil y Mercantil.
8. Abogada Edna Marisol Flores Mejicanos presentó apelación contra el amparo de la Sala Primera de Apelaciones Civil y Mercantil.
9. Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), presentó recurso de apelación en contra del amparo provisional.
10.  Fiscalía de Asuntos Constitucionales presentó también apelación contra el amparo provisional.
11. El Colegio de Abogados apeló la resolución de la Sala Primera de Apelaciones.
12. Abogada María Eugenia Mijangos busca amparo contra el Congreso.