Activistas y migrantes presentaron este jueves una demanda contra instancias del gobierno federal de Estados Unidos en la que argumentan que condicionar los pedidos de asilo en la frontera sur terrestre al uso de una aplicación atenta contra los derechos humanos.

La acción legal en contra del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), establece que la implementación de la aplicación CBP One, que la administración del presidente Joe Biden activó este año para canalizar los pedidos de asilo, imposibilita a las personas que buscan medidas de protección en el país.

“CBP One crea esencialmente una lista de espera electrónica que restringe el acceso al proceso de asilo estadounidense a un número limitado de inmigrantes privilegiados”, apunta el texto legal introducido en una corte federal en California este jueves por las organizaciones Al Otro Lado y Haitian Bridge Alliance, junto a diez migrantes que afirman que la aplicación bloqueó su intento de pedir asilo.

El gobierno de Joe Biden lanzó CBP One en enero ante el inminente final del Título 42, la norma sanitaria activada bajo la administración del expresidente Donald Trump para frenar la pandemia de covid-19.

El Departamento de Seguridad Nacional considera la aplicación una “herramienta clave” en su política de desincentivar cruces ilegales.

Este mes las autoridades informaron que entre enero y junio 170.000 personas programaron a través de CBP One una cita para presentarse ante un puerto de entrada.

Sin embargo, decenas de migrantes apostados en ciudades fronterizas de México e imposibilitados para presentarse personalmente ante la frontera en busca de asilo han criticado el recurso desde su activación en enero, al igual que activistas.

Acceder a la aplicación exige tener un teléfono inteligente, internet y electricidad, lo que no es común entre migrantes que realizan largos y peligrosos periplos huyendo de sus países de origen.

“Incluso en las mejores circunstancias, la aplicación CBP One es notoriamente defectuosa, y su discriminatoria tecnología de reconocimiento facial ha impedido a muchos inmigrantes negros y de piel más oscura obtener una cita”, dijeron las organizaciones demandantes este jueves en un comunicado.

El documento legal establece que al devolver a los migrantes que no tengan una cita en la aplicación son expuestos a mayores peligros.

“La nueva política de devolución de la administración Biden es solo la última manifestación del esfuerzo de varios años del gobierno de los Estados Unidos para bloquear el acceso al asilo en la frontera sur”, dijo Melissa Crow, Directora de Litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), que representa a las organizaciones y a los migrantes en la demanda.

“Al mantener el asilo detrás de una aplicación de teléfono inteligente inaccesible, la política de devolución viola nuestras leyes, se burla de nuestro sistema de asilo y deja atrás a los refugiados más marginados”, agregó.

Esta demanda es el más reciente desafío legal que enfrenta en materia fronteriza la administración Biden, que se ha enfocado en desarrollar programas y alternativas de migración legal en un intento de disminuir las estadísticas de cruces no autorizados.

La agencia indicó en un comunicado que su unidad de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) recibió el lunes una llamada de emergencia de la mujer, de 37 años, lo cual llevó al envío del helicóptero.

Después de que la migrante fuera localizada, un especialista de socorro que es también técnico en emergencias médicas descendió desde el helicóptero sujeto con un arnés al cable de 30 metros y evaluó la condición de la mujer.

El socorrista equipó a la mujer herida con un chaleco, gafas protectoras y casco, y apagó la fogata que la guatemalteca había encendido. A continuación ambos fueron izados hacia el helicóptero.

La CBP informó que la mujer fue llevada a la Base de Operaciones Avanzadas de San Miguel y de allí socorristas la trasladaron al Hospital Indian de la localidad de Sells para evaluación y tratamiento.

“Nuestro compromiso inquebrantable es preservar la vida sin importar las circunstancias. Nuestro personal cuenta con el equipo y la tecnología de avanzada para dar ayuda humanitaria a personas en terrenos implacables que a menudo resultan en lesiones e incluso la pérdida de vidas”, señaló José Muriente, subdirector de operaciones aéreas de AMO en Tucson, citado en el comunicado.

La agencia indicó que en el periodo fiscal 2022 las operaciones de AMO resultaron en 967 arrestos y 134 mil 981 capturas de migrantes indocumentados, así como en la incautación de 114 mil 100 kilogramos de cocaína, 670 kilogramos de fentanilo, 11 mil 600 kilogramos de mentanfetaminas, 1.342 armas de fuego y 21.7 millones de dólares en efectivo.

@CBPAMO #UH60 #BlackHawk #aircrew #rescue woman in Baboquivari Mountains 6/5/23@CBP video@DHSgov

The appearance of U.S. Department of Defense (DoD) visual information does not imply or constitute DoD endorsement.#CBPAMO #RescueHelicopter #CBP #AMO @Sikorsky pic.twitter.com/8wVOCZkXTT

— Hlcopters (@hlcopters) June 8, 2023

Javier TOVAR | © Agence France-Presse

La autoridad fronteriza (CBP) ha liberado desde marzo a 40.000 familias centroamericanas que están solicitando asilo en Estados Unidos. No tienen como mantenerlos detenidos debido a la “capacidad limitada” de sus instalaciones.

Pero los traslados a San Bernardino, 100 km al este de Los Ángeles, comenzaron apenas hace una semana.

Tres furgonetas blancas con el logotipo de la CBP hacen su entrada. Los indocumentados, muchos niños, están en la parte de atrás que no tiene ventanas.

Al abrir la puerta, que antecede una especie de jaula, lo primero que se escucha es “¿Alquilan aquí teléfonos?”.

“Se vinieron así a Estados Unidos, ustedes sabrán lo que tienen que hacer“, les responde en español el agente que conducía el vehículo. “¿Qué quieren, que les dé mi casa?“, les dice a continuación.

Sus rostros muestran una mezcla de cansancio e incertidumbre, pero al mismo tiempo de esperanza por estar en libertad. El oficial les recuerda que tienen que volver a la corte de migración en la fecha pautada o serán deportados.

Jennaya Dunlap, de la organización Coalición Justicia para Inmigrantes (IC4IJ), y unos 10 voluntarios sirven de comité de bienvenida.

“Bienvenidos”, les dice. “No se preocupen, aquí los vamos a ayudar”.

Los voluntarios, que protegen a los inmigrantes de hablar con la prensa, les dan agua, barras de granola, les preguntan si tienen algún problema de salud. Muchos no han comido bien o tomado una ducha en días.

Luego los trasladarán al único albergue hasta ahora habilitado, en una iglesia católica.

En el grupo hay adolescentes y niños muy pequeños, que bostezan y usan las rodillas de sus representantes como almohada. La ley prohíbe detener a un menor por más de 20 días.

 “Motivación política”

Estados Unidos enfrenta un drástico incremento de solicitudes de asilo de centroamericanos, que aseguran huir de la violencia en sus países.

El presidente Donald Trump, que mantiene un discurso antiinmigrantes, ha dicho que los demandantes de asilo abusan del modelo, asegurándose la entrada con “demandas frívolas” para luego nunca ir a corte y quedarse en el país sin papeles.

Según cifras oficiales, entre octubre pasado y abril fue aprehendido casi medio millón de personas, 99.000 solo en el mes pasado.

La CBP dijo a la AFP que muchos indocumentados han sido trasladados de la frontera a otras ciudades del país para descongestionar el área, donde el flujo de inmigrantes no cesa.

Las autoridades fronterizas en principio coordinaban las liberaciones con ONG locales, pero a medida que esas organizaciones se han visto sobrepasadas en su capacidad, comenzaron a dejar a los indocumentados en terminales de buses.

Cuando son liberados, están desorientados. Se preguntan “¿dónde estamos?, ¿qué región es esta?”, cuenta Dunlap. “Algunos tratan de ver las placas de los autos”.

“No les informan al subirlos en la camioneta que van a San Bernardino o a donde sea”, critica la activista.

La mayoría no habla inglés, no tiene dinero, no sabe moverse en el país, y para eso es la estadía en San Bernardino, por lo general de solo de un par de días, para organizar el viaje al próximo destino, donde les espera un familiar o un amigo que los recibirá.

Dunlap señaló que 90% de las personas que ha recibido provienen de Guatemala y que además, la mayoría cruzó la frontera por Arizona.

¿Por qué enviarlos a San Bernardino?

La CBP no especificó, pero Dunlap considera que hay “una motivación política” relacionada con la amenaza que por estos días hizo el presidente Donald Trump, de enviar a miles de indocumentados a ciudades santuario, esas que se niegan a cooperar con las autoridades migratorias.

Y San Bernardino es una de ellas… aunque no para todos.

Apenas se detuvo la furgoneta de CBP, un hombre blanco de barba frondosa y canosa se acercó y espetó: “Mándelos de regreso a Tijuana”.