Carla Valenzuela fue removida de la Fiscalía Especial contra la Impunidad doce días después de haber sido nombrada jefa.

La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, había nombrado a Valenzuela el pasado 23 de julio, en sustitución de Juan Francisco Sandoval.

Henry Hernández Herrera, capturado el 20 de enero último en Huehuetenango, este viernes escuchó la imputación de la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público ante el Juzgado de Mayor Riesgo D, que lo implica en la simulación de la compra de una retroexcavadora para justificar la posesión y procedencia de Q600 mil que fueron decomisados en 2013 a Juan Bautista Rossoto López.

Hernández herrera es hermano de Sofía Hernández, diputada y vicepresidenta del Congreso de la República.

Según la investigación el 9 de septiembre de 2013 según la investigación, Rosoto López fue detenido con Q600 mil que transportaba en un picop que conducía, después de la captura se empezó a fraguar la simulación de una compra para justificar la procedencia del dinero y ahí participó Hernández Herrera según los fiscales.

En la audiencia los fiscales presentaron a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, indicios de prueba como escuchas telefónicas en las que aseguraron conversaba Hernández Herrera con otras personas gestionando la simulación de la compra.

“Necesitamos la proforma de la compra y hay que encontrar al representante legal de la compañía, díganle a Henry -Hernández Herrera-“, dice un hombre a otra persona en una escucha del 10 de septiembre de 2013.

En la audiencia se reprodujeron varias escuchas telefónicas días después del decomisado de los Q600 mil -el 9 de septiembre de 2013- y se planificaba la simulación de la compra de la retroexcavadora una empresa constructora.

La Fiscalía señala que la simulación lograron hacerla hasta el punto en que un juzgado cerró el caso porque consideró que estaba clara la procedencia del dinero decomisado, pero la Fiscalía argumenta que todo se trató de una simulación del proceso de compra y engañaron al juez.

Hernández Herrera se abstuvo de declarar ante Aifán, en el caso hay otros dos implicados. La audiencia continuará el 8 de febrero próximo.

La Sala Segunda de Mayor Riesgo, integrada por magistrados suplentes, favorecieron al exdiputado electo por el partido Líder Óscar Armando Escribá con la anulación de su proceso penal por posibles actos de corrupción.

En la apelación otorgada a favor de Escribá, los magistrados también separaron del caso a la jueza de Mayor Riesgo D Ericka Aifán y trasladaron el expediente al Juzgado Noveno Penal.

Este es un revés para la jueza Aifán que lleva varios procesos contra exfuncionarios que son señalados por actos de corrupción y que, a consecuencia de ello, ha sido asediada con recursos legales por parte de los acusados.

Tras la anulación del proceso penal, según resolución de la Sala, el exdiputado saldrá de la prisión preventiva en la que estaba recluido desde el 13 de enero de este 2020.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) investiga Escribá por los delitos de concusión y fraude por el caso Construcción y Corrupción, Fase 2.

El señalamiento de la Feci refiere que Escribá Morales mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A., que obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones, por Q194.3 millones, cuando el congresista era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).

El diputado retrasó en varias ocasiones el retiro de inmunidad con múltiples recursos legales

Fue hasta el pasado 13 de enero que Escribá se presentó voluntariamente ante la justicia luego que el Ministerio Público ejecutara varios allanamientos donde no fue localizado.

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Múblico presentó una apelación en contra de la falta de mérito que se dictó a favor de Patricia Marroquín esposa del expresidente Jimmy Morales, quien fue señalada de fraude.

El viernes pasado el juez Cuarto Penal, Pedro Laynez, resolvió en favor de marroquín luego de ser imputada de fraude en la prestación de servicios al Ministerio de Salud en 2014.

El juez consideró que el señalamiento del ministerio público tenía contradicciones y por esa razón no ligó a proceso a la esposa del exmandatario.

Según la investigación marroquín cobraba Q4 mil 500 mensuales y en documentos se detallan los informes y actividades efectuadas, pero estas no fueron ejecutadas, ya que según la investigación no existe información sobre la asignación de un espacio físico y equipo de cómputo que le permitiera hacer sus actividades que fueron detalladas en los informes.

Además, no hay registro de usuario asignado en el sistema para reparación, mantenimiento o servicio técnico que es brindado al ministerio de salud.

Tampoco hay informes de asistencia informática brindada a los usuarios del referido ministerio, documentos que respalden las cotizaciones de equipo de cómputo que supuestamente se efectuaron y oficios en los que conste su nombramiento para capacitaciones.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) estuvo de acuerdo con la sanción luego que Il Kim y Mirna Lucrecia Montenegro Armas ante el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, aceptaron haber incurrido en caso especial de defraudación aduanera.

La Feci logró probar por medio de una investigación que Kim y Montenegro eran importadores de productos que usaron un sistema de defraudación de impuestos en aduanas que coordinó la red criminal la Línea, y que sus cabecillas son el exbinomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Ambos empresarios realizaron los pagos de los impuestos defraudados ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), incluyendo multas e intereses. El monto que pagaron los dos es de Q.899 mil 324.

Además, el juez, con la finalidad de mejorar su condición moral, les ordenó donar Q3 mil al Hogar de Ancianos “Casa María”, ubicado en San Felipe de Jesús, Sacatepéquez. Asimismo, les ordenó asistir a dos cursos de cultura tributaria en la SAT.

Más empresarios

En julio pasado fueron sentenciados 10 empresarios importadores, por el Juzgado de Mayor Riesgo B en el mismo caso.

El 1 de julio pasado, cinco empresarios implicados en el caso fueron condenados por medio del procedimiento abreviado. La pena impuesta fue de tres años con cuatro meses de prisión conmutables.

Los condenados ese días fueron Hugo Jo Hu, María Olimpia Oliva Vivar, Fang Meiyu, Augusto René Castillo López y Jae Uk An.

El 31 de julio fueron sentenciados otros cinco empresario y la pena fue de tres años y cuatro meses de prisión conmutables, además, una multa de Q33 mil 333.

Los empresarios condenados en juicio breve y que aceptaron la culpa fueron Miao Miao, Zoumin Mai, Eder Eli Leiva Hernandez, Antoun Batach Mksoud y Sookhwa Jung.

El Ministerio Público (MP) informó que presentó 20 requerimientos de información a diferentes entidades del Estado para dar seguimiento a la denuncia de corrupción en el ministerio de Salud, presentada por la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

El jefe de la Fiscalía contra la corrupción, Stuardo Campo, explicó que requirieron un plazo de 48 horas para que se pueda cumplir con la entrega de la información.

Entre las entidades que deben dar información están el Ministerio de Finanzas, el Instituto Guatemalteco de Seguridad (IGSS), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Salud.

“Comprendemos la importancia y la gravedad de los hechos que fueron denunciados”, explicó Campo.

El 20 de abril la cartera de salud destituyó a dos funcionarios, se trata de: el viceministro técnico, Rodolfo Galdámez, y el administrativo, Héctor Marroquín.

Y ese mismo día la Comisión Presidencial contra la Corrupción presentó denuncias en el MP por anomalías en compra de medicamentos.

La fiscalía también informó que tienen 8 denuncias por corrupción relacionadas con la actual crisis por la pandemia covid-19.

Además investigan otras 30 denuncias por anomalías en el uso de los recursos públicos, que no están relacionados con el coronavirus.

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de forma provisional el decreto número 10-2019 del Congreso de la República que reforma el Código Procesal Penal y que beneficia a delincuentes con la reducción de sus penas.

El 16 de diciembre se publicó el decreto en el diario oficial después que el entonces presidente Jimmy Morales lo sancionara.

A partir de este 16 de enero tomaban vigencia estas reformas, sin embargo, quedan suspendidas provisionalmente por resolución de la CC.

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado este 16 de enero por las activistas Helen Mack y Eleonora Muralles.

***COMUNICADO DE PRENSA*** pic.twitter.com/RKLizONX8Z

— CC Guatemala (@CC_Guatemala) January 17, 2020

En las reformas al Código Procesal Penal, los diputados habían agregado el artículo 491 que señala que “toda persona ligada a proceso penal tiene derecho de aceptar los cargos que el Ministerio Público le formule en la imputación o acusación, en tanto hayan sido acogidos por el juez o tribunal”.

La aceptación de cargos otorgaba un beneficio de reducción de hasta la mitad de la pena.

Al momento de su aprobación fue duramente criticada por varios sectores de la sociedad civil que indicaban que “promovía la impunidad” y beneficiaba a los implicados por casos de corrupción.

El Ministerio Publico (MP) pidió condena de cinco años para Beltranena por peculado por sustracción en el caso Registro de Información Catastral (RIC): Caja de Pagos.

“Quiero pedir disculpa a la sociedad guatemalteca, a toda la gente que con mis acciones se vio perjudicada y a todos los que decepcioné, aquí estoy tratando de enmendar mis errores”, dijo Beltranena este miércoles 2 de octubre cuando se dictó condena.

Agregó: “Juan Carlos Monzón me asignó la plaza de piloto. Reconozco que no guardé la debida diligencia en indagar cómo y quiénes se hacia efectivo estos honorarios”, manifestó la sentenciada.

Según la acusación del MP, Beltranena habría consentido que terceras personas sustrajeran dinero del RIC.

Beltranena fue diputada por el Partido Patriota (PP) y una de las personas más cercanas a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

nmbPor 13 años, la CICIG apoyó al Ministerio Público en investigaciones de casos de alto impacto. El mayor realce lo tuvo a partir de 2015 con el caso La Línea.   Un centenar de investigaciones mostraron actos de corrupción de funcionarios, políticos y empresarios.

El próximo 3 de septiembre la comisión dejará el país porque su mandato concluirá.  El presidente Jimmy Morales se negó a que el ente de Naciones Unidas continuara  en el país .

El reto

Para el investigador de ASÍES, Gustavo García, es fundamental que se determine si la CICIG logró transferir las capacidades al Ministerio Público para que continúe al frente de los casos. “Se espera que se haya logrado concluir el proceso de transferencia de capacidades de la Comisión hacia el Ministerio Público fundamentalmente a la Fiscalía Especial contra la Impunidad que fue la encargada de investigar y de llevar a los tribunales los casos de alto impacto”.

También considera que el próximo gobierno deberá evaluar de qué manera se llena el vacío que en el sistema de justicia dejará la CICIG.

El exsecretario de Política Criminal del Ministerio Público, Rootman Pérez, dijo que la Comisión deja un legado importante en Guatemala.

Rootman afirmó que ahora se espera que el personal guatemalteco sea incorporado a instituciones nacionales por las capacidades adquiridas.

“Cualquier institución que desee mejor su efectividad, que desee consolidar esas capacidades, a partir del trabajo de la especialización que estuvo en CICIG, creo que si se busca el fortalecimiento institucional creo que cualquiera no dudaría en incorporarlos a las instituciones”.

Javier Monterroso, ex asesor del MP,  aseguró que podría haber un riesgo porque está en juego la independencia judicial. “A los casos que se están actualmente judicializados van a ser seriamente afectados porque la labor de querellante adhesivo que hacía la CICIG, de apoyo al MP era muy importante en algunos casos.

Monterroso expresó que Guatemala no está preparada para la salida de CICIG. El exasesor manifestó que las instituciones de justicia no están preparadas para perseguir los crímenes de cuello blanco.

Las capturas se efectuaron este jueves 15 de agosto durante allanamientos en Santiago Sacatepéquez y en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

El Ministerio Público informó que el presunto líder de la organización criminal e integrantes operativos del comité de aprobación de créditos facilitaban créditos a sus colaboradores familiares y amigos, quienes se hacían pasar como clientes sin llenar los requisitos.

Añadió que posteriormente estos créditos ya no eran cancelados.

A los detenidos se le señala de estafa en forma continuada y asociación ilícita.

Según el ente investigador, los detenidos integran una estructura criminal dedicada a estafar bajo simulación de créditos aparentemente legales, entre el 2015 y 2016.

Oficial Pablo Castillo, jefe del Departamento de Comunicación Social de la #PNC da a conocer los resultados de los 14 allanamientos en Santiago y San Juan Sacatepéquez. pic.twitter.com/iY6BjA4ZIz

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 15, 2019

Capturados

1. Mynor Sactic Ixjotop, de 30 años.
2. Bladimiro Sactic Ixjotop, de 25.
3. Wilbert Chixop Chicop, de 34.
4. Manuel Antonio Mancillo Molina, de 29.
5. Concepción de María Azurdia Chopen, de 38.
6. Rabbi Bethoven Che, de 40.
7. María Inocenta Mucur Soc, de 36.
8. Raúl Ixjotop Camey, de 37.
9. Edwin Geovany Xoc Sactic, de 28.
10. José Raúl Xoc Sactic, de 35.
11. María Isabel Chiroy Raxón, de 34.
12. Luis Alberto Por Yucuté, de 30.
13. Sonia Sactic Ixjotop, de 27.
14. Mario David Mucur Cuc, de 34.
15. Luis Eduardo Ticún Chicop, de 29.