La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó un amparo presentado por el Ministerio Público en contra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la que pretendía revertir un fallo que anuló las sentencias emitidas por el caso IGSS- PISA.

Según informó la CC, en sentencia del 21 de noviembre de 2022 dicha corte resolvió denegar los amparos promovidos por el Ministerio Público por medio de la Unidad de Impugnaciones, por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y por el Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal.

Según la resolución de la CC, dicha corte concluye que no existe violación a los derechos ni a los principios enunciados por los amparistas, debido a que el Tribunal de Casación actuó con apego a las facultades que establecen los artículos 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 442 del Código Procesal Penal, por lo que los amparos solicitados deberán denegarse por ser notoriamente improcedentes, sin condenar al pago de costas procesales a los postulantes, ni imponer multa a los abogados patrocinantes, por imperativo legal y por haber actuado en defensa de los intereses del Estado.

También se lee que acto reclamado era la sentencia del 30 de agosto de 2021, por medio de la cual la autoridad cuestionada declaró improcedentes los recursos de casación conexados, interpuestos, por motivo de forma y de fondo, por el MP, IGSS y la PGN contra el fallo por el que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal.

Los absueltos

En dicho fallo se absolvió a Otto Fernando Molina Stalling del delito de cobro ilegal de comisiones y, a Julio Roberto Suárez Guerra, Álvaro Manolo Dubón González, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, Francisco Cortez Bocaletti, Max Erwin Quirín Schoder, Julia Amparo Lotán Garzona, Doris Elubia González Salazar, Mayra Lisbeth Gómez Suárez, Alba Maritza Maldonado Gamboa, Delia Haydee Castañón Guerra y Carmen Yadira Gil Quiñónez, del delito de fraude.

Se modificó el numeral XVII de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, en el sentido de no condenar en responsabilidades civiles a Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima.

El caso

El caso Igss-Pisa fue presentado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en el 2015, cuando se indicó que la empresa Pisa, de origen mexicano, accedió a pagar como soborno el 16 por ciento de un contrato por Q116 millones.

La intención fue, según las investigaciones, que los integrantes de la junta directiva del Seguro Social les concediera el contrato para prestar servicios de diálisis peritoneal a pacientes renales de esa institución.

El nuevo caso, Igss-Ambulancias, se presentó en marzo del 2017 y señaló a los miembros de la Directiva del Igss de autorizar el arrendamiento irregular por US$30 mil – unos Q231 mil 709.80- de un edificio en la zona 9 capitalina. Además se señaló la sobrevaloración de 50 ambulancias para esa entidad -Q880 mil- y la compra, sin justificación, de un sistema informático valorado en Q250 millones.

La Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el fallo que emitió el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal en el caso IGSS-Pisa, y revirtió las condenas que dictó la referida judicatura.

Foto: Prensa Libre

Un abogado defensor de Max Quirin señaló que el pasado 26 de septiembre de 2018 el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal condenó a 6 años y 3 meses de prisión inconmutables a los integrantes de la Junta Directiva y de Licitación del IGSS dentro de ellos Quirin, por el caso de fraude contra la Droguería PiSA, S.A. y ese mismo día les otorgó medidas sustitutivas a los sentenciados hasta que el fallo quedará en firme.

Un fallo que fue apelado por la defensa y que hasta la fecha no tiene resolución, sin embargo la libertad condicional que dictó el juez no fue concedido debido a que el 24 de marzo de 2017 los integrantes de la Junta Directiva fueron ligados a proceso por un nuevo caso de corrupción.

#CasoIgssPisa Abogado de Quirín señala que se han cometido 7 anomalías contra su cliente y pide medidas sustitutivas pic.twitter.com/vcHUZweHHX

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) January 22, 2019

El segundo caso contra la Junta dentro de ellos Quirin fue presentado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el que se les sindica de cometer ilegalidades en tres eventos administrativos de esa institución entre septiembre de 2013 y noviembre de 2014.

“El año pasado en octubre el Tribunal Undécimo dictó sentencia en contra de Max, esa sentencia la apelamos y estamos pendientes de que la Salta Tercera de la Corte de Apelaciones, nos señale audiencia de segunda instancia para debate de segunda instancia, lo importante de esta sentencia es que en la misma el tribunal le otorgó medida sustitutiva a Max, y esa medida medida sustitutiva otorgada en sentencia no fue apelada, de tal manera que es una resolución en cuanto a medida sustitutiva de él que está en firme”, indicó Alberto Morales Velasco, defensor de Max Quirin.

Piden libertad condicional

Familiares y amigos dentro de ellos Carla Caballeros, Directora Ejecutiva de Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) y Roberto Ardón, Director Ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), que señaló estar presente como amigo de Quirin, ofrecieron una conferencia de prensa para solicitar que un juzgado le otorgue medida sustitutiva.

#CasoIgssPisa Familiares señalan que el @MPguatemala y la @CICIGgt señalaron que Max Quirín no cometió fraude alguno pic.twitter.com/sT9PbE1NsT

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) January 22, 2019

Ellos señalan que Quirin cumplió a “cabalidad con los procedimientos de compras regulados, y que nunca consintió ningún acto de corrupción”, enfatizando que él “no se benefició económicamente de nada”.

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El viernes 25 de enero se realizará una audiencia para solicitar la libertad condicional a favor de Quirin. Ellos señalan que se amparan en que la ley estípula que “ninguna persona debería pasar más de 12 meses en el cárcel como medida de prevención, y que Quirin lleva ya 3 años y 8 meses en prisión preventiva.

“Es un nuevo caso que le abrieron a Max y a la Junta Directiva del IGSS que se ventila en el Juzgado Décimo de Instancia Penal por dos compras y un arrendamiento, acá lo que pretendemos es que se lleve a cavo una audiencia de revisión de medida sustitutiva y que como consecuencia se le de a Max una medida de las que establece nuestro código procesal penal“, indicó Velasco.

“El día viernes 25 de enero se va a tener la audiencia en la que se va a conocer la solicitud de medida sustitutiva, es importante que dicha audiencia tenga lugar como corresponde en debido proceso, es importante que se pueda otorgar medida sustitutiva a Max Quirin dado su condición de una persona que no tiene riesgo de fuga, que no puede interferir en la investigación judicial… que se le permita llevar el proceso desde el seno del entorno familiar” indicó el director ejecutivo del Cacif, Roberto Ardón.

Max Erwin Quirín Schoder, exintegrante de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), nombrado por el sector patronal organizado,  fue capturado en 2015 por el caso IGSS, PISA  sindicado del delito de fraude y enviado a prisión preventiva a Mariscal Zavala, donde ha estado recluido hasta la fecha.

Por el caso que originó su captura ya fue sentenciado y recibió libertad condicional, pero en 2017 fue ligado a otro caso de corrupción también vinculado al IGSS.

Caso IGSS Ambulancias

Este caso fue develado el 2 de noviembre de 2016, pero los directivos del IGSS fueron ligados a proceso el 24 de marzo de 2017 sindicados de cometer ilegalidades en tres eventos administrativos de esa institución entre septiembre de 2013 y noviembre de 2014.

A ellos se les señala por avalar y autorizar el arrendamiento irregular por US$30 mil de un edificio en la zona 9, por cinco años, la sobrevaloración de 50 ambulancias para el IGSS, cuyo valor unitario de los vehículos serían de Q.880,000.00  y la compra sin justificación de un sistema informático valorado en Q250 millones.

El juicio que se desarrolló desde el 11 de agosto de 2017, terminó con la condena este miércoles de 12 miembros de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y de la junta de licitación que deben cumplir 6 años y 3 meses de privación de libertad por la comisión del delito de fraude, además deben pagar una multa de Q50 mil.

https://twitter.com/CICIGgt/status/1045055461274398721

Sin embargo a todos se les otorgó medida sustitutiva, es decir luego de pagar la multa quedan bajo arresto domiciliar. Dentro de los condenados está el hijo de la suspendida magistrada Blanca Stalling que fue sentenciado por cometer el delito de cobro ilegal de comisiones.

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La magistrada se presentó a la sala de audiencias, señalando que apoyaba a su hijo y confiaba que “Dios iluminaría a los jueces” además enfatizó que se recuperará el Estado de Derecho.

“De ahora en adelante creo que tenemos la oportunidad de hacer las cosas apegadas a la ley, que de verdad en Guatemala se recupere el Estado de Derecho” dijo Blanca Stalling previo a la resolución. Ella desde el pasado 16 de agosto ella goza de libertad condicional por decisión de Abelina Cruz Toscano, suplente del Juzgado Décimo de Instancia Penal.

https://twitter.com/SuContreras_gtv/status/1045035524308832257

También se condenó a 6 años y 3 meses  a Juan de Dios Rodríguez, expresidente de la junta directiva del IGSS. La jueza también le otorgó medida sustitutiva.

La sentencia contra los sindicados

Los condenados

• Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López  (expresidente del IGSS).
• Julio Roberto Suárez Guerra (exintegrante Junta Directiva).
• Julio Amparo Lotan Garzona (exintegrante Junta Directiva).
• Otto Fernando Molina Stalling (exasesor del IGSS
• Doris Elubia González Salazar (exintegrante Junta de Licitación).
• Mayra Lissbeth Gómez Suárez (exintegrante Junta de Licitación).
• Alba Maritza Maldonado Gamboa (exintegrante Junta de Licitación).
• Delia Haydee Castañon Guerra (exintegrante Junta de Licitación).
• Carmen Yadira Gil Quiñónez (exintegrante Junta de Licitación).
• Max Erwin Quirin Schoder (exintegrante Junta Directiva).
• Álvaro Manolo Dubón González (subgerente administrativo).
• Francisco Cortez Bocaleti (jefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS).

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Absueltos por el Tribunal

La jueza Miriam Hernández que leyó los argumentos contra los sentenciados, también señaló que otras nueve personas que estaban sindicadas de delitos de cohecho activo, testaferrato e incumplimiento de deberes y asociación ilícita fueron absueltas  de todo cargo por lo que recuperarán su libertad de forma inmediata.

Dentro de los absueltos están:

• Erwin Raúl Castañeda Pineda (exintegrante Junta Directiva).
• Jesús Arnulfo Oliva Leal (exintegrante Junta Directiva).
• Herbert Rodolfo García-Granados Reyes (particular).
• Edgar René de la Peña Archila (exgerente de ventas, Droguería Pisa).
• Ramiro Armando Lorenzana Ortíz (exdirector general, Droguería Pisa).
• Arturo Adolfo Castellanos Poou (exmédico del IGSS).
• Salvador Rolando Álvarez Mérida (particular).

El caso IGSS Pisa

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  (CICIG) y el Ministerio Público (MP) señaló a los integrantes de la Junta Directiva de nombrar a los miembros de la Junta de Licitación quienes no eran idóneos ni llenaban los requisitos para adjudicar contratos de servicios de diálisis peritoneal.

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Mientras que a los de la Junta de Licitación se les sindica de autorizar en forma irregular que la Droguería Pisa de Guatemala, S.A. continuara en el proceso de licitación pese a que la misma no cumplía con las especificaciones técnicas necesarias: recursos humanos, infraestructura básica y mobiliario por un contrato con un monto de Q116.2 millones.

Asimismo, la CICIG y el MP señalaron anomalías en la contratación de servicios para la remodelación de un edificio asignado al IGSS ubicado en Chiquimula, donde aún está pendiente de captura el ex diputado Baudilio Hichos.