Mauricio López Bonilla recibió la primera condena por el delito de fraude continuado, junto al exvicemistro Manfredo Pacheco, los exfuncionarios recibieron una condena de 8 años y seis meses de prisión inconmutables.

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 Contratos ilegales

Los 43 vehículos blindados fueron arrendados por el Ministerio de Gobernación. En total se pagaron 32 millones, 700 mil de quetzales.

El juez Carlos Ruano le dio valor probatorio al análisis elaborado por los peritos como auditores. Concluyendo que los contratos los hicieron por execpción, obviando el procedimiento de licitación pública.

El juzgador resaltó que las actuaciones que llamaron su atención, es que el pasado 30 de diciembre de 2014 fueron aprobados y justificados los contratos por excepción.

Dichas pruebas dan cuenta que ese mismo día se emitieron los dictámenes,  se resolvieron y se aprobaron.

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Defraudaron al Estado

“Comete delito de fraude el funcionario que ejerza funciones públicas y usare cualquier artificio para estafar al estado.”

Hector Maurcio López Bonilla a cargo de la cartera del Ministerio de Gobernación aprobó los contratos bajo la modalidad de excepción.

Con su  firma quedó acreditada su intervinieron en la suscripción de esos tres contratos.

Esa modalidad utilizada no se encontraba regulada en la Ley de Contrataciones del Estado.

Pero se utilizaron los artificios para defraudarlo para que otras personas obtuvieran las ganancias.

El exdirector de la policía nacional civil  Walter cerón fue declarado inocente por el delito de abuso de autoridad.

En el marco del día internacional de la Liberta de Prensa, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) denunció que el presidente Jimmy Morales atenta contra la libertad de expresión e incita a la autocensura con su discurso de confrontación.

Erwin Mérida, vicepresidente de la APG expresó su preocupación. “Periodistas tengan cuidado con lo que escriben;” dijo el presidente ante los vendedores del Mercado de La Terminal, quienes le dieron su total apoyo, supuestamente espontáneo y con un discurso que arremetía contra la PDH, el MP y la CICIG.

Mérida dijo que es la segunda vez que Morales lanza el mensaje de confrontación contra los periodistas. Esta acción en la época democrática por parte de los funcionarios contra la prensa, hacen sentir que no ha cambiado la situación, comparada con la época del conflicto armado.

Rosa Lidia Navarro de la Unidad de Protección de Periodistas del Ministerio Público recuerda que la libertad de expresión es un derecho. También, que la Corte Interamericana ha indicado que los funcionarios públicos deben abstenerse de hacer declaraciones que dimensionen una polarización social contra la prensa porque aumenta el riesgo de periodistas a de sufrir agresiones.

Las redes sociales caen en el libertinaje y abusan de la libertad de expresión y se criminaliza a cualquiera. Pero los más peligros son los netcenters porque son controlados por grupos de poder que desinforman, explicó Mérida.

https://twitter.com/AnaMorales_gtv/status/992076939165945856

Acciones que no están penalizadas

Mensajes y ataques de perfiles falsos en redes sociales, así como el uso de la tecnología para acosar, no estan contempladas en la legislación guatemalteca. Pero la denuncia puede caber dentro del delito de calumnia y difamación.

Lo ocurrido en Petén que evitó la circulación de Prensa Libre y la revista Contrapoder en la capital, tampoco tiene persecución penal, señaló Navarro. Por lo tanto, resalta la importancia de la denuncia para contemplarlo en las reforma de ley.

Programa de Protección a Periodistas

Estancado y controversial es el programa de protescción a periodistas dijo Héctor Coloj de Cerigua, esto por la falta de incorporación de periodistas en la discución del programa. En julio del 2016 el presidente Morales se comprometió con el acuerdo gubernativo pero un asesor del Ministerio de Gobernación lo bloqueo y argumentó falta de presupuesto.

En marzo de este año el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia Alfredo Brito dijo que el programa tendrá un eminente avance pero puede quedar estancado de nuevo en los dos próximos años por la coyuntura y año preelectoral.

https://twitter.com/AnaMorales_gtv/status/992082055038193665

La diligencia se desarrolló  en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, donde el MP detalló que dicha organización se habrían beneficiado de forma anómala con la adjudicación de nueve contratos de arrendamientos de vehículos blindados al servicio del Mingob, por un monto de Q28 millones 943 mil 901.12, durante los años 2014 y 2015.

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El dinero fue repartido a través de cheques, que se depositaron en sus cuentas bancarias o que fueron cobrados en efectivo, con el objetivo de ocultar el verdadero destino del dinero procedente de las actividades ilícitas de la organización

La fiscalía detalla que las autoridades superiores del Ministerio de Gobernación (Mingob), de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, Dirección General del Sistema Penitenciario y la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, efectuaron el arrendamiento de vehículos blindados por un monto superior a los Q 900,000.00 sin utilizar la modalidad de licitación pública, que era la que correspondía.

#CasoBlindados| En la investigación, la Fiscalía contra la Corrupción estableció que el sindicado Manuel Castellanos Góngora, pagó un vehículo solicitando que el traspaso del mismo fuese a nombre de Raúl Valdez Castillo, quien laboraba en el MINGOB, a cambio de colaboración. pic.twitter.com/ImsfZVKHRD

— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 11, 2018

El trámite que debió seguirse era realizar la contratación por medio del régimen de Licitación Pública de conformidad con lo establecido en el Artículo 17 de la Ley de Contrataciones del Estado, en virtud que los montos a erogar eran superiores a los Q. 900,000.0.

La forma de operar

Al utilizar la modalidad de compra por casos de excepción adjudicaron a la empresa Multiservicios Exclusivos, los contratos de alquilar de los vehículos blindados.

La empresa beneficiada fue constituida en el año 2008, como discoteca móvil. Como parte del artificio para lograr la contratación de servicios de arrendamiento de vehículos blindados, en el mes de febrero de 2014, cambiaron el nombre inscribiéndola como Multiservicios Exclusivos, modificando el objeto de la misma.

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De acuerdo con las pesquisas, la empresa no contaba con la infraestructura, ni la capacidad para prestar el servicio de arrendamiento de vehículos blindados, ya que no poseía la flotilla de automotores con las características y especificaciones requeridas para atender dicha contratación.

Para lograr el propósito de la organización, contaron con la colaboración de algunos malos trabajadores del Ministerio de Gobernación, quienes realizaron las gestiones necesarias para adecuar los requisitos de la contratación, a la oferta presentada por la empresa, y de esta forma asegurar la adjudicación de los contratos de arrendamiento a la empresa Multiservicios Exclusivos.

Las personas sindicadas

Felipe Estuardo Ozaeta Castellanos, asesor del Ministro de Gobernación

Delitos:

1. Fraude Cohecho Activo
2. Lavado de Dinero u Otros Activos
3. Asociación Ilícita

Dino Fabricio Quattrini Gómez, Encargado de Transportes del MINOB

1. Lavado de Dinero u Otros Activos
2. Asociación Ilícita

Raúl Arturo Valdez Castillo, Director de la Dirección de Servicios Administración y Financieros

1. Fraude
2. Asociación Ilícita
3. Cohecho Pasivo Lavado de Dinero u Otros Activos

Maura José Ortíz Estrada, Participaba en el control de los vehículos

1. Lavado de Dinero u Otros Activos
2. Asociación Ilícita

Iliana del Carmen Tager Castellanos, Esposa de Felipe Estuardo Ozaeta

1. Lavado de Dinero u Otros Activos
2. Asociación Ilícita

Manuel Efraín Castellanos Góngora, Propietario de MULTI SERVICIOS EXCLUSIVOS

1. Testaferrato
2. Cohecho Activo
3. Lavado de Dinero u Otros Activos
4. Asociación Ilícita

Ana Patricia Monge Cabrera, Directora General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP)

1. Abuso de Autoridad

Cinthia Lisbeth Villatoro Villatoro,  Asesora de la Coordinación de Compras

1. Asociación Ilícita