El periodista guatemalteco Jose Rubén Zamora Marroquín cumplió este sábado un año en prisión desde su detención el 29 de julio de 2022, solamente cinco días después de lanzar fuertes críticas de corrupción al Gobierno que preside Alejandro Giammattei.

“Ha sido un año sumamente difícil y complicado, pero sabemos que mi papá es inocente y que el Estado lo ha tenido secuestrado por 365 días”, contó el hijo de Zamora Marroquín, Jose Zamora.

“El caso fue fabricado, y encima de eso le hicieron pasar por un proceso donde se violaron todos sus derechos”, añadió.

Zamora Marroquín fue detenido el 29 de julio de 2022 cuando se encontraba en su residencia, solamente cinco días después de lanzar fuertes críticas a Giammattei y su círculo más íntimo por corrupción en las páginas del medio de su propiedad, elPeriódico.

La detención del periodista estuvo a cargo del Ministerio Público (Fiscalía) guatemalteco, cuya cúpula ha sido sancionada por Estados Unidos bajo acusaciones de “socavar” la Justicia en el país centroamericano

El periodista fue acusado en tres procesos judiciales distintos y condenado en uno de ellos a seis años de prisión por supuesto lavado de dinero, en un caso donde tuvo que cambiar de abogados en ocho ocasiones y cuatro de ellos fueron imputados.

El medio de Zamora Marroquín, que publicó más de un centenar de denuncias de casos de corrupción en el Gobierno de Giammattei, tuvo que cerrar este año tras la detención de su propietario.

“Admiro mucho a mi padre como persona y profesional, porque no conozco a nadie que sea tan comprometido con sus valores, principios y convicciones. Mi padre sigue haciéndole frente a esta injusticia y él lo ve como consecuencia del buen periodismo que hizo durante 30 años”, expuso el hijo de Zamora Marroquín.

Exigen su libertad

El viernes pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa reiteró su reclamo para que sea puesto en libertad Zamora Marroquín, condenado tras un “proceso viciado”.

El organismo hemisférico recordó en un comunicado que el pasado 14 de junio Zamora fue sentenciado a seis años de prisión y al pago de una multa de Q300 mil, tras ser hallado culpable de lavado de dinero “en un juicio caracterizado por irregularidades”.

“La SIP y numerosas organizaciones internacionales criticaron la falta de garantía de debido proceso y la afectación de su derecho a la defensa”, señaló la organización en un comunicado, en alusión al proceso judicial contra el periodista.

Actualmente Zamora Marroquín se encuentra en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, en Ciudad de Guatemala, junto a docenas de exfuncionarios que el mismo periodista denunció en las páginas de elPeriódico.

El hijo del periodista explica que su padre se encuentra “aislado en una pequeña celda precaria” dentro de una prisión donde algunas personas condenadas por casos millonarios de corrupción “viven bien y con muchas comodidades”.

“Mi padre no tiene nada más que su litera donde duerme, sus libros, una libreta y un bolígrafo. Eso es todo lo que tiene”, recalcó.

“El polvo de la celda donde está ha afectado su vista, está perdiendo la voz, sus cuerdas vocales se han deteriorado, perdió 30 libras, ahora pesa apenas 100 libras”, añadió.

De igual forma, el último año ha afectado a toda la familia del periodista, quienes se vieron obligados a salir del país “había temor de que el Gobierno capturara a mi hermano y a mi mamá”.

Zamora asegura que los fiscales y el juez que condenaron a su padre por lavado de dinero son “la misma estructura que ha perseguido jueces, activistas, periodistas y ahora a los candidatos (presidenciales) que no son parte del sistema corrupto”.

elPeriódico surgió en 1996 bajo el liderazgo de Zamora, ingeniero de profesión y de 66 años de edad, quien ha sido distinguido con premios como el International Press Freedom Awards de 1995, el Premio María Moors Cabot en ese mismo año y el International Press Institute World Press Freedom Heroes en el 2000.

Luego de haber concluido con la declaración de testigos y la presentación de análisis periciales, este martes 23 de mayo el Tribunal Octavo de Sentencia Penal recibió pruebas propuestas por las partes procesales en el juicio contra el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín y la exfiscal Zamari Gómez. El fundador de elPeriódico denunció irregularidades en el debate.

De acuerdo con Zamora Marroquín, el juzgado a cargo del proceso no le permitió presentar las pruebas de descargo con las que buscaba defenderse de las acusaciones de lavado de dinero y chantaje que le hace el Ministerio Público (MP).

Explicó a periodistas que no se le permitió presentar “las pruebas que justifican el origen lícito del dinero” (Q300 mil) por el cual se le acusa de lavado de dinero.

La jueza Oly González, titular del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, rechazó este martes incorporar nuevos testigos y medios de prueba propuestos por el periodista y la Fiscalía.

Es así como el juicio contra Zamora y Gómez llega a la etapa final y, de acuerdo con el Tribunal, esta semana será utilizada para procesar y discutir en el debate la prueba documental que la Fiscalía aportó, mientras que la defensa asegura que el juicio podría llegar a su fin en la primera semana de junio y la jueza González deberá citar para dictar una sentencia.

Durante el debate oral y público, que se inició el 2 de mayo pasado, declararon 27 testigos y solo uno de ellos fue en favor de la defensa de los acusados. Las personas propuestas por Zamora Marroquín no fueron aceptadas por el juzgado a cargo del proceso.

El periodista está acusado por lavado de dinero y chantaje, delitos por los cuales fue detenido el 29 de julio pasado, solamente cinco días después de pronunciar fuertes críticas por corrupción al círculo íntimo del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

Durante la audiencia de este martes, el MP entregó al Tribunal un iPad, pero la defensa de Samari Gómez alegó que ese aparato no puede ser verificado por el Tribunal ni por la defensa, porque “lo importante es su contenido, no el aparato”.

Además, como medio de prueba se entregó un segundo teléfono, un disco (CD) blanco en el que se lee que son cámaras de un banco del sistema, fotogramas que permitieron verificar quiénes ingresaron al centro empresarial y una memoria USB.

La defensa de Zamora solicitó la revisión del segundo teléfono presentado como parte de las pruebas materiales; además la fiscal Chintia Monterroso pidió la reproducción de tres audios contenidos en el disco compacto.

El primero de unos 30 segundos, que corresponde a una llamada telefónica de Zamora; el segundo dura dos horas y en el tercero, de un minuto de duración, se hace mención a la fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).

Monterroso también pidió la reproducción de otro disco que forma parte de las pruebas materiales, en el que se guarda un audio de poco más de una hora de duración y archivos dañados que no fue posible reproducir.

Ante eso, Samari Gómez señaló que los audios presentados como medios de prueba han sido sacados de contexto y expresó su preocupación con relación al caso.

Le rechazan pruebas

Por su parte Zamora indicó que las únicas pruebas que se le permitieron presentar fueron las documentales (DPI, certificado de nacimiento, registros migratorios y antecedentes penales y policiacos), pero no avalaron las que, según él, le permiten corroborar el origen lícito del dinero por la venta de una obra de arte.

“Estoy tranquilo. Sea lo que sea, el resultado va a ser el mismo”, agregó Zamora.

La defensa de Zamora ofreció nuevos medios de prueba, entre los que destacan citar a declaración testimonial a Pablo Israel Hernández Ramírez, para verificar la relación comercial con Aldea Global, también pidió citar a declarar sobre la emisión del cheque a los representantes legales Yesenia Nineth Ponché, Reina Elizabeth Folgar Bonilla, Desisné Gautero, Yanira López Rodríguez.

Además, se solicitó que se cite a Mayarí Rojas, hija del anterior propietario de la obra de arte, Elmar Rojas, quien obsequió la pintura a Zamora, para verificar la propiedad anterior como el regalo.

También se pidió la declaración de Roberto Eduardo Vicente Sandoval, piloto de Aldea Global, empresa de Zamora; y Jorge Gonzalo Barrios Sánchez, para indicar a quién entregaron la documentación y el dinero intercambiado por un cheque.

La Fiscalía alegó que la prueba propuesta por la defensa de Zamora no era novedosa y la jueza González determinó no aceptarla, por lo que también declaró sin lugar los recursos de reposición planteados por el MP, la PGN.

Al MP también le rechazaron la incorporación de nuevos medios de prueba.

La fiscal Monterroso señaló que el 27 de abril pasado se sentenció a Alejandro José Girón Lainfiesta y Alejandro José Álvarez Zamora por simular una transacción comercial de Q245 mil con Zamora Marroquín.

Agregó que se falsificaron documentos con el fin de acreditar Q245 mil de los Q300 mil que se señala de haber lavado, así como a Juan Carlos Marroquín Godoy, que fue copartícipe la simulación de la compraventa de una obra de arte, pero estas propuestas también fueron rechazadas.

La jueza González fijo para el martes 30 de mayo a las 8.30 horas la audiencia de conclusiones.

Sobre las pruebas ofrecidas por la defensa de Zamora, González señaló que no es prueba nueva.

Con información de EFE

Este lunes 8 de mayo continuó el juicio contra Jose Rubén Zamora Marroquín, propietario de elPeriódico, y Samari Gómez, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), en una audiencia en la que siete testigos rindieron declaración ante el Tribunal Octavo de Sentencia Penal.

Uno de los testigos que rindieron declaración fue Luis Humberto Chinchilla Estrada, quien dijo ser amigo de Ronald García Navarijo, el banquero que denunció a Zamora en un caso de presunto lavado de dinero por Q300 mil.

De hecho, Chinchilla Estada es una de las personas que aparecen en un video presentado como prueba en el juicio contra Zamora Marroquín, pero su declaración fue cuestionada por la defensa, pues este asegura que García Navarijo le confió la misión de recibir el dinero de manos de dos mensajeros de Zamora, según el señalamiento de la Feci, pero este en su declaración dijo que solo contó uno de los paquetes con Q100 mil, pues le pareció obvio que el resto estaría completo.

Además, la defensa cuestiona que Chinchilla Estrada haya aceptado recibir el dinero a petición de García Navarijo cuando, según se dijo, la supuesta entrega se hizo durante un operativo del MP y la PNC como parte de la investigación.

“Lo garramos y pusimos en el escritorio todo el dinero, empecé a contar los billetes de a 200 porque era la mayoría, y le dije si estos están cabales todos está cabal”, detalló el testigo.

Agregó que “agarré al azar 10 paquetes y estaban cabales, por lógica los demás pensé que estaban cabales, es más les dije que bajo mi responsabilidad lo dejara y si hacía falto algo yo era el responsable”.

Acusan a primo

El pasado 5 de mayo, un juez abrió un proceso penal contra Juan Carlos Marroquín Godoy, por el supuesto delito de obstrucción a la acción penal en el proceso que se desarrolla contra su primo, Jose Rubén Zamora Marroquín.

De acuerdo con el juez Sergio Mena, titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Organismo Judicial guatemalteco, existen suficientes indicios para que Marroquín Godoy, sea investigado por el Ministerio Público (MP).

Marroquín Godoy es acusado por la Fiscalía dentro del proceso penal de supuesto lavado de dinero que se desarrolla contra el periodista Zamora Marroquín, quien se encuentra detenido en una prisión desde el 29 de julio de 2022.

El primo del periodista fue detenido el pasado 27 de abril pasado y junto a dos abogados es acusado de supuestamente intentar justificar un contrato irregular de US$25 mil vinculado a Zamora Marroquín.

El pasado 5 de mayo, Marroquín Godoy aceptó cargos y fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión conmutables a razón de Q10 diarios.

Marroquín Godoy quedó ligado a proceso penal ese 5 de mayo por obstaculización a la acción penal, luego fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión conmutables a razón de Q10 diarios; además, inhabilitación para desempeñar cargos públicos durante cinco años, esto al acogerse a la aceptación de cargos.

Sus abogados defensores pidieron al juez séptimo penal, Sergio Mena, acogerse a la figura de aceptación de cargos.

En el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala se llevó a cabo la audiencia de primera declaración.

El periodista Jose Rubén Zamora, de 66 años, continúa en prisión preventiva desde julio de 2022 y será llevado a juicio el 2 de mayo por supuesto chantaje y lavado de dinero.

El caso de Zamora, presidente de elPeriódico, ha causado reacciones a escala nacional como internacional, ya que gremios de prensa guatemaltecos e internacionales consideran la causa contra Zamora como un atentado contra la libertad de expresión.

El caso llevó a Estados Unidos en marzo recién pasado a expresar su preocupación indicando que “criminalizar” la labor de la prensa “socava las normas democráticas”, según informó AFP el 20 de abril.

Las reacciones continúan, y en esta oportunidad, un grupo de escritores efectuó una carta para pronunciarse por el caso de Jose Rubén Zamora.

En la misiva, los escritores indicaron que durante nueve meses, el presidente de elPeriódico, que cumplió 66 años en agosto del 2022, ha permanecido en la bartolina #2, sección de aislados, del centro de detención Mariscal Zavala, con severas restricciones de visitas.

Añadieron que una de las muy pocas personas que tenía permitido visitarle -y que ha salido recientemente de Guatemala luego de que se abriera una investigación en su contra por “obstrucción a la justicia” a causa del apoyo que venía prestando a Zamora– cuenta que la bartolina  2 es un cuartucho de dos metros por tres, muy húmedo y frío, con un reducido espacio de pared abierta para ventilación en lo alto de una de las paredes.

El reo Zamora tiene derecho a una hora de sol al día; y a dos visitas, de una hora cada una, los martes y los sábados solamente.

“Uno diría que la intención de las autoridades es que el señor Zamora se deprima y posiblemente se suicide”, afirmó una de las fuentes de los periodistas.

Agregaron que aun suponiendo que alguna de las acusaciones presentadas contra el presidente de elPeriódico de Guatemala en julio del año pasado –lavado de dinero, tráfico de influencias, chantaje— hubiera sido sustentada por medio de pruebas legítimas, la manera en que su caso está siendo procesado por las autoridades guatemaltecas resulta vergonzosamente inaceptable, y es digno de la atención de las más altas instancias –como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Contra la Tortura, la Cruz Roja Internacional y la Relatora Especial de libertad de expresión de la ONU — por la manera en que representa la degradación sistemática de derechos humanos básicos, como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el derecho a la defensa– que se lleva a cabo actualmente “en países con gobiernos tan corruptos como el de Guatemala”.

El presidente de elPeriódico fue arrestado en su domicilio al final de la tarde del 29 de julio del 2022 con un lujo de fuerza poco común, como si de un criminal peligroso y violento se tratara.

“No llamaron a la puerta, aunque tenían una orden de allanamiento legal”, narró uno de los hijos de Jose Rubén Zamora, quien dirige la versión digital de elPeriódico, luego de que la versión impresa dejara de circular en noviembre del 2022.

Lea también: Detienen a los abogados Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito Torres por posible obstaculización de la acción penal

Más de una veintena de agentes de la Policía Nacional Civil, algunos de ellos transportados en vehículos sin identificación, penetraron por el techo, fuertemente armados, y ejecutaron la captura de un periodista que no representaba ningún peligro físico.

Según el Fiscal Especial que obtuvo la orden de allanamiento y aprehensión –un fiscal que ha sido sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos por obstruir investigaciones sobre corrupción– el motivo del arresto de Jose Rubén Zamora fue “la sospecha de lavado de dinero en su calidad de empresario.” Según la opinión pública, el motivo real ha sido acallar a Zamora y elPeriódico tras una serie de publicaciones en las que se ha tachado de varios actos de corrupción al presidente de la República de Guatemala y a funcionarios y personas allegadas a la cúpula de poder.

El caso contra el periodista-empresario se basa en las declaraciones de un solo testigo, “un empresario que a su vez ha sido procesado por cargos de corrupción”, según la revista LATAM Journalism Review, citada en un informe de la Fundación Clooney para la Justicia, que ha anunciado que monitoreará el juicio contra Zamora, el cual principia el 2 de mayo, tras al menos cuatro audiencias plagadas de anomalías, según denuncias de los abogados del periodista.

La corte ha aceptado como buenas todas las pruebas acusatorias presentadas por el Ministerio Público (MP) y la Fundación Contra el Terrorismo, un grupo radical que defiende a exmilitares acusados de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno (1963-1996) y que participa del acoso judicial contra operadores de justicia independientes; en contraposición, se han rechazado todos las pruebas de descargo presentadas por la defensa, lo que permite prever un juicio con nulas posibilidades de un fallo justo apegado a las leyes del país, señalaron los periodistas de la misiva.

Entre julio del 2022 y marzo del 2023 el presidente de elPeriódico ha sido representado por tres equipos de abogados diferentes. El primero, dirigido por el licenciado Mario Castañeda, renunció a la defensa de Zamora durante la primera audiencia a principios de agosto del 2022. El motivo de la renuncia fue que el juez implicó a los abogados defensores de Zamora en el mismo caso, tras acusarlos de obstrucción a la justicia.

Meses después, Castañeda fue apresado, trasladado a una cárcel de alta seguridad y forzado a aceptar cargos en su contra, en claro detrimento de su antiguo cliente. El segundo defensor de Zamora, un abogado de nacionalidad costarricense, colegiado en Guatemala a partir de su labor en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG por sus siglas), renunció por temor a la pérdida de clientes y presiones judiciales en su contra.

El último, Juan Francisco Solórzano Foppa, fue detenido en abril, acusado de “conspiración para obstruir la justicia” en el mismo caso contra Zamora. Solórzano Foppa también ha sido blanco de acoso político, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prohibió su participación, como candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala en las próximas elecciones, que tendrán lugar en junio del 2023.

El presidente de elPeriódico se encuentra hoy en día, a pocos días del inicio del juicio en su contra por lavado de dinero, sin abogado propio. Dependerá de la asignación de un abogado de la defensa pública penal.

De ser condenado por los cargos en su contra, Zamora, quien ha escrito durante décadas sobre las violaciones de los derechos humanos y la corrupción en Guatemala, podría ser condenado a 34 años de prisión –de acuerdo con el reporte de TrialWatch de la Fundación Clooney por la Justicia, en el que también se recuerda que los reportajes de Zamora han sido galardonados con múltiples premios internacionales, entre ellos el Premio María Moors Cabot de la Universidad de Columbia, el Premio Internacional a la Libertad de Prensa y el Premio al Héroe Mundial de la Libertad de Prensa del Instituto Internacional de Prensa.

Entre los fiscales y querellantes que han impulsado este caso, tres aparecen en la lista Engel, que recoge los nombres de personas guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas que han cometido actos de corrupción o han participado en acciones para socavar la democracia, y que el Departamento de Estado de los Estados Unidos viene publicando a partir del 2022.

A partir del arresto de José Rubén Zamora, un juez ordenó abrir investigaciones penales contra la directora, un editor y cuatro reporteros que trabajaron para elPeriodico,el director del medio digital ConCriterio y un periodista de agencia Ocote.

Además de periodistas, más de 35 exfiscales y exjueces independientes, que actuaron en casos contra la corrupción, así como activistas de derechos humanos, han sido acusados de diversos delitos y han tenido que salir al exilio en Estados Unidos y otros países.

Este número podría ser mayor, según denuncias de organismos internacionales.  Todos somos José Rubén Zamora –se lee en los carteles y camisetas de periodistas que se han manifestado en las calles y plazas de Guatemala en apoyo del presidente de elPeriódico–. #NoNosCallarán.

El problema parece más profundo por la ausencia de un Estado de Derecho. Todas las cortes y muchos jueces han sido cooptados por una poderosa alianza política que controla el país con apoyo de militares, estructuras criminales y mafias empresariales incrustadas en el Estado, señalaron.

Indicaron que mientras no se combata la corrupción sistemática extrema, como en su momento lo hizo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), no parece probable que se pueda volver a confiar en el sistema de justicia guatemalteco. Tal vez, como ya ocurrió en 1944, los guatemaltecos vuelvan a verse compelidos a ejercer el derecho de resistencia a la opresión –un derecho que también es un deber, según la Declaración Universal de los Derechos del Hombre— “reconocido a los todos los pueblos frente a gobernantes que, teniendo un origen legítimo, han devenido en ilegítimos durante su ejercicio, y que autoriza la desobediencia con el fin de derrocarlos y reemplazarlos por gobiernos que gocen de legitimidad”.

Firman:

Daniel Alarcón,  Jon Lee Anderson, Carmen Boullosa, Jennifer Clement, Junot Díaz, Carolyn Forché, Richard Ford, Rivka Galchen, Francisco Goldman, Rachel Eliza Griffiths, Yuri Herrera, Rachel Kushner, Catherine Lacey, Maaza Mengiste, Guadalupe Nettel, Viet Thanh Nguyen, Idra Novey, Michael Ondaatje, Sergio Ramírez, Salman Rushdie, Daniel Saldaña Paris, Colm Tóibín, Juan Villoro, Ayelet Waldman y Alejandro Zambra.

Destacaron que con el fin de protegerles de posibles represalias en su contra, se omiten las firmas de varias personas guatemaltecas que suscribieron este documento. “Sería consistente con las maniobras recientes de los fiscales guatemaltecos acusar también a los firmantes de “obstrucción a la justicia”, culminaron.