El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, fue beneficiado este viernes 18 de agosto con medida sustitutiva en el caso de corrupción Transurbano, por lo que el exfuncionario del gobierno de Otto Pérez Molina, también preso por casos de corrupción, podrá recuperar su libertad, informaron fuentes judiciales.

La mañana de este viernes, los abogados de Sinibaldi solicitaron a los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones que se le otorgara medidas sustitutivas en el caso Transurbano, el único proceso por el cual el exministro estaba en prisión preventiva.

En la misma sesión se solicitó medidas sustitutivas para Luis Gómez y se conoció una recusación a la jueza que conoce el proceso penal del caso Transurbano.

Tanto Sinibaldi como Gómez fueron beneficiados con arresto domiciliar, pero tienen arraigo, prohibición de hablar con coimputados, deben entregar el pasaporte al MP y tienen la obligación de colocar huella dactilar cada mes.

Además, se les puso el pago de una caución económica de Q800 mil, que la hacerse efectiva les permite salir de la cárcel. También fue aceptada la recusación y se cambian a la jueza Sara Yoc y se nombra a la jueza B del Juzgado Segundo para que continúe con el proceso.

El Ministerio Público no se opuso a otorgar los beneficios a Sinibaldi.

Sinibaldi fue implicado en este caso por irregularidades en la contratación del servicio de seguridad en el Transurbano.

El MP estableció que durante las pesquisas en el evento de contratación para brindar seguridad en las paradas del Transurbano fueron beneficiadas dos empresas de Sinibaldi, supuestamente de cartón.

Las compañías son Seguridad ASA, S.A. -por las siglas de su primer nombre y apellidos- y Servicios Marítimos y Aéreos del Norte, S.A., las cuales recibieron Q978 mil 794.64, según la pesquisa.

Sinibaldi también ha estado implicado en los casos Odebrecht y Cooptación del Estado.

En el caso Odebrecht, el pasado 5 de julio el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo del juez Juan José Jiménez Texaj, cerró la investigación en contra de Sinibaldi al decretar el sobreseimiento del caso, según informó el Ministerio Público (MP).

En Cooptación del Estado, la jueza Claudette Domínguez, titular del del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo Grupo “A” de Guatemala otorgó el 30 de noviembre de 2022 arresto domiciliario para el exministro de Comunicaciones.

Corrupción en Guatemala

El país ha tenido nueve presidentes desde el regreso a la democracia en 1985, dos de ellos condenados por corrupción.

Alfonso Portillo (2000-2004) cumplió condena en Estados Unidos y Guatemala por lavado de dinero, mientras que Otto Pérez (2012-2015) renunció acusado de dirigir fraudes de aduanas y purga una condena de 16 años de cárcel.

Sin embargo, en 2019 la lucha contra la corrupción sufrió un retroceso con el fin de la Cicig, un ente avalado por la ONU que investigó sonados escándalos desde 2007.

La actual fiscal general, Consuelo Porras, fue incluida por Estados Unidos en 2021 en una lista de actores “corruptos”, junto con otros fiscales y jueces en ejercicio.

Sala de Apelaciones da espaldarazo a Manuel Baldizón en el caso Transurbano y evita que sea investigado por tres delitos

Manuel Baldizón fue beneficiado con una falta de mérito en tres delitos por el caso Transurbano y una sala de apelaciones confirma el fallo que fue apelado por el MP.

La Sala Tercera de Apelaciones dio este miércoles 26 de abril un espaldarazo al excandidato a la Presidencia, Manuel Baldizón, al haber dictado una resolución en la que ratifica el fallo de una jueza que dictó falta de mérito en tres delitos investigados dentro del caso Transurbano, informaron fuentes judiciales.

De esa cuenta, una apelación interpuesta por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) fue rechazada.

El planteamiento de la Feci es que Baldizón, quien fue deportado de EE. UU. luego de haber cumplido una condena por lavado de dinero, es que el también exdiputado fuera investigado por cuatro delitos, pero el recurso no fue otorgado con lugar.

Tras la resolución de la Sala, en el caso Transurbano Baldizón solo será investigado por financiamiento electoral ilícito y se confirma la falta de mérito por asociación ilícita, lavado de dinero y financiamiento electoral no registrado.

En octubre de 2022, Baldizón fue ligado a proceso en el caso Transurbano, que se ventila en el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a cargo de la jueza Virginia de León.

En esa oportunidad el MP confirmó que Baldizón quedó ligado a proceso penal por financiamiento electoral ilícito; sin embargo, “la jueza lo benefició con falta de mérito por los delitos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado”, por lo que apelaron el fallo.

En diciembre del 2018, la Feci explicó el entramado de empresas de cartón que habría usado el excandidato presidencial en las campañas presidenciales de 2011 y 2015.

Según la Feci, Baldizón creó “todo un engranaje empresarial que permitió al partido Líder agenciarse de fondos públicos y privados para destinarlos a las campañas electorales”.

Las autoridades lo señalan de supuestamente financiar ilícitamente su campaña electoral del 2015, con US$10 millones que habrían sido desviados de la empresa estatal de transporte Transurbano.

Baldizón, quien se declaró culpable en EE. UU. de lavado de dinero y que en Guatemala enfrenta procesos penales por los casos Transurbano y Odebrecht, abandonó el 11 de enero pasado la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, en la zona 17 de la capital, donde guardaba prisión preventiva desde el 5 de octubre del año pasado cuando Washington lo deportó.

Baldizón, quien en el presente evento electoral intentó postular como candidato a diputado, obtuvo la libertad luego de haber pagado Q1.8 millones de caución económica, la cual fue impuesta por dos jueces del Organismo Judicial (OJ) que lo beneficiaron con el arresto domiciliario.

El juez de Mayor Riesgo D, Juan José Jiménez, resolvió el 9 de enero otorgar medidas sustitutivas al excandidato presidencial en el caso Odebrecht.

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Manuel Antonio Baldizón Méndez, excandidato presidencial del extinto partido Líder, pagó este 11 de enero la fianza millonaria que le fijó un juez y podrá salir de prisión, pues recientemente fue beneficiado con arresto domiciliario.

El juez de Mayor Riesgo D, Juan José Jiménez, resolvió el lunes 9 de enero otorgar medidas sustitutivas al excandidato presidencial Manuel Baldizón en el caso Odebrecht, quien al pagar la caución económica impuesta podría salir de la cárcel Mariscal Zavala, donde fue recluido tras haber sido deportado de EE. UU.

Este 11 de enero, la familia de Baldizón confirmó que pagaron los Q1 millón 800 mil, suma de las fianzas que le habían puesto al político y empresario en los casos en los que está vinculado, y por eso se espera que pueda recuperar su libertad.

Baldizón pagó Q800 mil de caución en caso Odebrechet y por el proceso Transurbano de Q1 millón.

El pasado 19 de octubre de 2022, Virginia Amparo de León, jueza titular del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, benefició con arresto domiciliario a Baldizón, quien es procesado en esa judicatura por el caso Transurbano.

Fue por eso que al obtener el beneficio de arresto domiciliario en ambos casos, y tras el pago de las fianzas, Baldizón recuperaría su libertad, pero continuaría ligado a ambos procesos.

El pasado 6 de enero, durante una requisa en la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, en la zona 17 de la capital, se ubicó un teléfono celular en la celda en la que guarda prisión preventiva Baldizón, quien fue trasladado a la Torre de Tribunales, pero el juez que conoció el caso declaró falta de mérito, por lo que no se levantaron cargos en su contra.

El excandidato presidencial fue deportado el 5 de octubre de 2022 por Estados Unidos, tras una condena por lavado de dinero, en un caso en el que se declaró culpable, pese a que la Fiscalía de ese país vinculó los fondos con el narcotráfico.

El juez de Mayor Riesgo D, Juan José Jiménez, resolvió este lunes 9 de enero otorgar medidas sustitutivas al excandidato presidencial Manuel Baldizón en el caso Odebrecht, quien al pagar la caución económica impuesta podría salir de la cárcel Mariscal Zavala, donde fue recluido tras haber sido deportado de EE. UU.

Jiménez otorgó arresto domiciliario a Baldizón con una caución de Q800 mil, y una vez el político, que se declaró culpable en EE. UU. en un caso de lavado de dinero, haga efectivo el pago podrá salir de la prisión, pues anteriormente también fue beneficiado con la misma medida, pero en el caso Transurbano.

En el caso Odebrecht, Baldizón quedó ligado a proceso penal por asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero.

El juzgador le dio al Ministerio Público (MP) seis meses de plazo para profundizar en la investigación.

Otro caso

El pasado 19 de octubre, Virginia Amparo de León, jueza titular del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, benefició con arresto domiciliario a Baldizón, quien es procesado en esa judicatura por el caso Transurbano.

El pasado 6 de enero, durante una requisa en la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, en la zona 17 de la capital, se ubicó un teléfono celular en la celda en la que guarda prisión preventiva Baldizón, quien fue trasladado a la Torre de Tribunales, pero el juez que conoció el caso declaró falta de mérito, por lo que no se levantaron cargos en su contra.

El excandidato presidencial fue deportado el 5 de octubre de 2022 por Estados Unidos, tras una condena por lavado de dinero, en un caso en el que se declaró culpable, pese a que la Fiscalía de ese país vinculó los fondos con el narcotráfico.

De León ligó a proceso penal a Baldizón por uno de los cuatro delitos que era señalado en el caso Transurbano, pero como el proceso está bajo reserva no se conocieron detalles al respecto.

Luego el MP confirmó que el político quedó ligado a proceso por financiamiento electoral ilícito.

En este caso, las medidas sustitutivas para Baldizón consisten en arresto domiciliar, prohibición de salir del país, prohibición de hablar con coimputados, obligación de colocar su huella cada 15 días en el sistema biométrico y caución económica de Q1 millón.

Fondos del narcotráfico

Baldizón fue deportado el 5 de octubre de 2022 por Estados Unidos, tras una condena por lavado de dinero, en un caso en el que se declaró culpable, pese a que la Fiscalía de ese país vinculó los fondos con el narcotráfico.

Además, Baldizón es acusado de financiar ilícitamente su campaña electoral del 2015, con US$10 millones que habrían sido desviados de una empresa estatal de transporte (Transurbano).

Baldizón se entregó al Buró Federal de Prisiones (BOP) en la cárcel correccional McRae, de Georgia, Estados Unidos, el 1 de septiembre de 2020 y fue liberado el pasado 7 de junio, 18 meses antes de los que establecía la condena. En total cumplió 21 meses en la cárcel.

En la prisión se registraba que Baldizón era el preso 19167-104 y se mencionaba que su fecha de liberación era el 16 de diciembre de 2023.

El político se declaró culpable en 2019 por lavado de dinero en Estados Unidos y fue sentenciado a más de cuatro años de cárcel (50 meses), después de haber sido detenido en el aeropuerto de Miami en 2018.

Una requisa en la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, en la zona 17 de la capital, permitió la ubicación de un teléfono celular en la celda en la que guarda prisión preventiva el excandidato a la Presidencia de la República por el extinto partido Líder, Manuel Baldizón, quien fue trasladado a la Torre de Tribunales.

Baldizón, quien es procesado en el caso Odebrecht y el caso Transurbano y que el pasado 5 de octubre fue deportado de EE. UU. tras haberse declarado culpable de lavado de dinero, fue imputado por el delito de uso de terminales móviles en centro carcelario, pero un juzgado de turno lo beneficio con falta de mérito.

La audiencia de primera declaración del expresidenciable se llevó a cabo en el Juzgado de Turno a puerta cerrada, a pesar de que ese proceso no estaba bajo reserva.

Baldizón se negó a proporcionar información y refirió que su abogado estaba facultado para hacerlo.

En tanto, Saúl Zenteno, abogado defensor de Baldizón, señaló que en el juzgado se determinó que no existen indicios de que su cliente hubiese cometido las acciones que le fueron imputadas, por lo que se declaró la falta de mérito.

Fue trasladado a Torre de Tribunales a altas horas de la noche cono consecuencia de una requisa en el sector en el que él se encuentra privado de libertad y se indicó que en ese lugar se había encontrado un teléfono celular, entre otras cosas; sin embargo, en la audiencia se decretó la falta de mérito, es decir no se le ligó a proceso por un nuevo delito.

Añadió que la ley habla de portar o usar un dispositivo electrónico, “ni una ni otra cosa estaba haciendo mi patrocinado”. También dijo que durante la requisa el político no estuvo presente.

Además, dijo que la jueza a cargo certificó lo conducente en contra de las autoridades del Sistema Penitenciario ante la posibilidad de un caso de abuso de autoridad.

El excandidato presidencial fue deportado el 5 de octubre de 2022 por Estados Unidos, tras una condena por lavado de dinero, en un caso en el que se declaró culpable, pese a que la Fiscalía de ese país vinculó los fondos con el narcotráfico.

Ahora, Baldizón enfrenta acusaciones de corrupción en Guatemala, por dos casos en los que se habrían movido millones de quetzales por medio de sobornos.

Baldizón tenía una orden de captura pendiente acusado de lavado de dinero en una trama de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht, por supuestamente beneficiarse con US$1.2 millones de manera ilegal.

Además, Baldizón es acusado de financiar ilícitamente su campaña electoral del 2015, con US$10 millones que habrían sido desviados de una empresa estatal de transporte.

Baldizón arribó a la pista de la Fuerza Aérea de Guatemala en un vuelo de deportados procedente de Arizona, Estados Unidos. Junto a él venían otras 130 personas, pero a diferencia de los demás, al político los esperaba un fuerte contingentes de policías y fiscales que hicieron efectivas las dos órdenes de captura que tenía vigentes en el país.

Baldizón se entregó al Buró Federal de Prisiones (BOP) en la cárcel correccional McRae, de Georgia, Estados Unidos, el 1 de septiembre de 2020 y fue liberado el pasado 7 de junio, 18 meses antes de los que establecía la condena. En total cumplió 21 meses en la cárcel.

El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, no ha tomado descanso en Navidad y optó por reunirse con fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), un hecho que el jefe de ese equipo de investigación, José Rafael Curruchiche, confirmó.

El jueves último, Sinibaldi fue visto ingresar al edificio del Ministerio Publicó (MP) que se ubica en el barrio Gerona, zona 1 de la capital.

El exfuncionario iba custodiado de guardias del Sistema Penitenciario, pues desde hace dos años y cuatro meses permanece en prisión preventiva en Mariscal Zavala.

Curruchiche aseguró que Sinibaldi acudió a la sede se la Feci y tuvo una reunión con fiscales que investigan casos de alto impacto y que se mantienen bajo reserva.

“Él vino como cualquier sindicado más. Nosotros estamos corroborando información de casos que se encuentran bajo reserva, entonces nosotros gestionamos a través del Sistema Penitenciario la visita de él (Alejandro Sinibaldi)”, confirmó Curruchiche

El jefe de la Feci no quiso detallar en qué casos Sinibaldi corroboró información, la reserva es la causa de proteger esos datos según Curruchiche.

El pasado 30 de noviembre, la jueza Claudette Domínguez, titular del del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo Grupo “A” de Guatemala otorgó arresto domiciliario para el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, pero el exfuncionario continúa en prisión preventiva.

La jueza Domínguez le otorgó la medida sustitutiva a Sinibaldi en el caso Cooptación del Estado; sin embargo, este siguió encarcelado, puesto que sigue con prisión preventiva en los procesos Odebrecht y Transurbano.

La audiencia fue a puerta cerrada y al terminar, Sinibaldi fue abordado por periodistas que le preguntaron acerca de la misma y el exministro expresó que lamentablemente no tenía mucho que comentar, porque se declaró la reserva parcial, específicamente sobre la audiencia de este día.

La jueza Claudette Domínguez, titular del del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo Grupo “A” de Guatemala otorgó arresto domiciliario para el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, pero el exfuncionario continuará en prisión preventiva.

Durante una audiencia en el juzgado, este miércoles 30 de noviembre, la jueza Domínguez le otorgó la medida sustitutiva a Sinibaldi, en el caso Cooptación del Estado; sin embargo, este continuará encarcelado, puesto que sigue con prisión preventiva en los procesos Odebrecht y Transurbano.

La audiencia fue a puerta cerrada y al terminar Sinibaldi fue abordado por periodistas que le preguntaron acerca de la misma y el exministro expresó que lamentablemente no tenía mucho que comentar, porque se declaró la reserva parcial específicamente sobre la audiencia de este día.

“Estaría cometiendo una ilegalidad si yo comento interioridad o particularidades sobre dicha audiencia”, comentó Sinibaldi.

Caso Odebrecht

Lo que sí comentó el exministro Sinibaldi fue sobre la decisión del Juzgado de Mayor Riesgo D, que  dejó sin efecto, y por consiguiente sin valor jurídico alguno, la audiencia de primera declaración de los ciudadanos brasileños Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado, celebrada el 8 de septiembre de 2017 en el caso Odebrecht y con eso la anulación de los beneficios de colaboración que estos habían recibido.

Sinibaldi dijo que desde que se presentó a la justicia guatemalteca conocían de ilegalidades que se habían cometido en el proceso y la firma de dichos convenios.

Explicó que en su momento oportuno ellos apelaron los convenios y afirmó que esta anulación es una acción propiciada por su defensa y que fue la Sala Segunda de Apelaciones la que decidió dar con lugar esa apelación, con la que prácticamente quedaron sin efecto los convenios.

“Lo que hizo ayer -el 29 de noviembre- el Ministerio Público prácticamente es un trámite obligatorio al haber dejado sin efecto los convenios la misma Sala de Apelaciones. Por consiguiente no me sorprende, es algo lógico que se diera, porque es un paso administrativo que tenía que dar”.

“Era algo que esperaba, lo esperaba mucho más rápido, no sé por quién se tomaron tanto tiempo, pero al final lo importante es que la verdad poco a poco va prevaleciendo y yo poco a poco voy solventando mi situación jurídica, a qué fue a lo que vine al país”, señaló Sinibaldi.

17 irregularidades

Sinibaldi dijo que si la declaración de los brasileños es toda la prueba que tienen en él en el caso Odebrecht, es una “tristeza de investigación”, pero eso no es culpa de él, sino del ente investigador y de las autoridades que tuvieron en su momento esa investigación.

“Llevo 2 años y cuatro meses privado de la libertad y no me he quejado, lo que he hecho es sido trabajar y enfrentar el proceso y poco a poco de iré solventando. Creo que sí es un paso importante que los convenios hayan sido invalidados, no por el proceso per se, sino por todas las ilegalidades que tenía”, afirmó Sinibaldi.

Afirmó que se presentaron cerca de 17 ilegalidades cometidas en el proceso en su contra, pero mencionó cinco.

La primera es que el mandato con el que se hace representar la empresa era un mandato administrativo que explícitamente decía que no podía ser utilizado en tribunales, pero trataron  de utilizar un mandato administrativo para temas jurídicos que expresamente decía que no se podía usar para temas jurídicos y por eso todo lo actuado es ilegal.

La segunda ilegalidad es que por medio de ese mismo mandato administrativo se aportaron las pruebas y por ello dichas pruebas son inválidas. Afirmó que las pruebas eran fotocopias que proporcionaron los brasileños.

Sinibaldi dijo que el tercer tema es que el banco en Antigua y Barbuda, que fue el supuesto receptor de los supuestos sobornos que él recibió no ha confirmado la existencia de las cuentas, o la apertura de las mismas o que se haya depositado dinero allí.

Refirió que lo que dicha un colaborador eficaz debe ser corroborado por la contraparte y en este caso el banco no corrobora nada. “¿Le vamos a creer a los empresarios más corruptos de los últimos 20 años que es la empresa Odebrecht? Porque sólo a ellos se les creyó no hay una corroboración del banco de la recepción de esos dineros”, dijo Sinibaldi.

Afirmo que la cuarta ilegalidad es que se toma declaraciones el 6 de septiembre d 2017, y que en dos de ellas está presente el abogado defensor al mismo tiempo y está presente uno de los fiscales al mismo tiempo, lo cual es materialmente imposible.

El quinto punto que señaló Sinibaldi es que el abogado guatemalteco defensor de Odebrecht no tenía las calidades para actuar en Brasil, pues la ley brasileña es clara al mencionar que un abogado extranjero tiene que pertenecer al Colegio de Abogados Brasileño, tiene que tener carné que le permita actual en Brasil y tuvo que haber tenido tarjeta del Ejército de Brasil y otros requisitos que el mencionado abogado no tenía.

El martes 18 de octubre, Manuel Baldizón, excandidato a la Presidencia por el extinto partido Líder, fue ligado a proceso en el caso Transurbano, que se ventila en el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a cargo de la jueza Virginia de León.

El 5 de octubre recién pasado, Baldizón retornó a Guatemala deportado desde EE. UU. luego de haber cumplido una condena por lavado de dinero.

El proceso que se sigue contra el excandidato fue declarado bajo reserva y la audiencia se desarrolló a puerta cerrada.

El martes, Baldizón fue ligado a proceso y por la reserva del caso se desconocía por qué delitos.

Este miércoles 19 de octubre, el Ministerio Público (MP) confirmó que el señalado quedó ligado a proceso penal por financiamiento electoral ilícito.

Añadió que “la jueza lo benefició con falta de mérito por los delitos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado”.

El ente investigador afirmó que “la Fiscalía no comparte el criterio de la juzgadora y presentará la apelación correspondiente”.

En diciembre del 2018, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) explicó el entramado de empresas de cartón que habría usado el excandidato presidencial en las campañas presidenciales de 2011 y 2015.

Según la Feci, Baldizón creó “todo un engranaje empresarial que permitió al partido Líder agenciarse de fondos públicos y privados para destinarlos a las campañas electorales”.

Para leer más: Baldizón: el narcotráfico y los señalamientos de EE. UU. que lo llevaron a estar preso en una cárcel de Georgia

Las autoridades lo señalan de supuestamente financiar ilícitamente su campaña electoral del 2015, con US$10 millones que habrían sido desviados de la empresa estatal de transporte Transurbano.

Caso Odebrecht

El MP también ha informado que en el Caso Odebrecht, el excandidato presidencial es sindicado de los delitos de cohecho activo, lavado de dinero y asociación ilícita.

Fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, el 21 de enero del 2018, por una orden de captura librada a través de la Policía Internacional (Interpol), en la que se le acusaba de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero y otros activos, vinculado al caso Odebrecht.

Manuel Baldizón, excandidato a la Presidencia por el extinto partido Líder, fue ligado a proceso penal este martes 18 de octubre en el caso Transurbano que se ventila en el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a cargo de la jueza Virginia de León.

El proceso que se sigue en contra de Manuel Baldizón, quien fue deportado por EE. UU. el pasado 5 de octubre luego de haber cumplido una condena por lavado de dinero, fue declarado bajo reserva, por lo que las partes no profundizaron en los detalles de la audiencia, que por su naturaleza se celebró a puerta cerrada.

En el caso Transurbano Baldizón es señalado de cuatro delitos: lavado de dinero y otros activos, falsedad ideológica con agregación electoral, asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito; sin embargo, por la reserva del caso no se supo por cuál de estos fue ligado a proceso.

Julio Jerónimo, uno de los abogados de Manuel Baldizón, señaló que “no puedo dar detalles de la resolución, el caso sigue en reserva y en todo caso el Ministerio Público deberá informar”; sin embargo, el MP también guardó silencio y su departamento de Prensa se limitó a decir que “tengo entendido que la audiencia aún continúa mañana a las 9:00”.

Pero horas antes, otro de los defensores de Baldizón dijo al diario La Hora que “sí, existe una resolución, pero les pediría su comprensión porque el caso se encuentra bajo reserva. Es una resolución mixta”.

Agregó que está pendiente discutir las medidas de coerción en contra de Baldizón.

Dinero del narcotráfico

Baldizón fue deportado el 5 de octubre de 2022 por Estados Unidos, tras una condena por lavado de dinero, en un caso en el que se declaró culpable, pese a que la Fiscalía de ese país vinculó los fondos con el narcotráfico.

Ahora, Baldizón debe enfrentar acusaciones de corrupción en Guatemala, por dos casos en los que se habrían movido millones de quetzales por medio de sobornos.

Baldizón tenía una orden de captura pendiente acusado de lavado de dinero en una trama de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht, por supuestamente beneficiarse con US$1.2 millones de manera ilegal.

Además, Baldizón es acusado de financiar ilícitamente su campaña electoral del 2015, con US$10 millones que habrían sido desviados de una empresa estatal de transporte (Transurbano).

Baldizón se entregó al Buró Federal de Prisiones (BOP) en la cárcel correccional McRae, de Georgia, Estados Unidos, el 1 de septiembre de 2020 y fue liberado el pasado 7 de junio, 18 meses antes de los que establecía la condena. En total cumplió 21 meses en la cárcel.

En la prisión se registraba que Baldizón era el preso 19167-104 y se mencionaba que su fecha de liberación era el 16 de diciembre de 2023.

El político se declaró culpable en 2019 por lavado de dinero en Estados Unidos y fue sentenciado a más de cuatro años de cárcel (50 meses), después de haber sido detenido en el aeropuerto de Miami en 2018.

Para este viernes 7 de octubre estaba previsto que el excandidato presidencial por el desaparecido partido Líder, Manuel Baldizón, rindiera su primera declaración en el caso Transurbano, pero hubo modificaciones que lo impidieron. El expresidenciable fue deportado por EE. UU. el pasado miércoles luego de una pena por lavado de dinero.

El político fue detenido en enero de 2018 en Estados Unidos cuando intentó ingresar al país, poco antes de que se le vinculara con el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht y el caso Transurbano.

En noviembre de 2019, el excandidato presidencial, luego de declararse culpable de lavado de dinero, fue condenado a cuatro años de prisión en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses indicaron que Baldizón aceptó contribuciones de campaña sabiendo que venían de traficantes de drogas.

Tras recibir los fondos, Baldizón procedió a realizar transacciones financieras, incluyendo la compra de propiedades en Miami para esconder el origen del dinero.

En junio pasado, una corte de Estados Unidos redujo la sentencia agilizando la deportación de Baldizón a Guatemala, la cual se concretó el pasado miércoles, cuando llegó a la Fuerza Aérea en un avión con más de 130 guatemaltecos deportados desde el estado de Arizona.

Sin embargo, este viernes el juez Penal de Turno, Mario Solórzano, se inhibió de conocer el caso Transurbano en el que se vincula a Manuel Baldizón. Ahora será el Juzgado Segundo Penal el que conozca el proceso, señalaron fuentes judiciales. La audiencia finalmente fue suspendida.

Además, el estatus del caso Transurbano tuvo giros sorpresivos, pues el juez Penal de Turno informó que el proceso está “bajo reserva” por resolución del Juzgado Segundo Penal.

Ninguna de las partes procesales sabía sobre esa medida, por lo que la prensa fue retirada de la sala, a la que el Ministerio Público (MP) ingresó los folios del caso Transurbano.

Baldizón designó como su abogado defensor a Julio Augustín Jerónimo.

Qué dice el MP de la reserva del caso

Por su parte el MP señaló que “de conformidad con lo que se encuentra preceptuado en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto 67-2001, y derivado de la naturaleza del lavado de dinero, las actuaciones llevadas en un proceso en el cual vaya implícito este delito, deben ser de carácter reservado, por lo cual, en cumplimiento a la ley, se ha solicitado la reserva del denominado Caso Transurbano, en el cual se sindica al señor Manuel Baldizón de cometer los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, financiamiento electoral no registrado y financiamiento electoral ilícito”.

Caso Odebrecht

Según la fiscalía guatemalteca, la firma brasileña habría dado a Baldizón US$1.3 millones, la mayoría para su campaña de 2015, de acuerdo con una investigación apoyada por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Ese año, Baldizón quedó en el tercer lugar en las elecciones que ganó en balotaje Jimmy Morales.

Baldizón, de 52 años, surgió en la política guatemalteca en 2003, presuntamente como un empresario hotelero exitoso en el norte del país, y fue diputado entre 2004 y 2011.

Con información AFP