El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lazó este lunes 12 de febrero la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), un mecanismo que tiene como objetivo fortalecer la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y que, de acuerdo con la autoridad electoral, llega en un momento “trascendental” debido a la crisis política que se vivió luego de las elecciones generales de 2023.

La CAME es un espacio regulado en la LEPP y que se instala luego de haber concluido el proceso electoral y se integra por los magistrados del TSE, un representante y suplente de cada partido político vigente, representantes de organizaciones sociales e instituciones académicas acreditadas ante el órgano electoral.

Blanca Alfaro, presidenta del TSE, destacó que a pesar los incidentes que se dieron durante el proceso electoral 2023 se puede decir “misión cumplida”, porque todos los funcionarios electos tomaron posesión en las fechas establecidas.

También agregó que, con base en lo acontecido en el proceso electoral 2023 es necesario que en la CAME se discuta sobre inclusión, voto en el extranjero y su fortalecimiento, distritos electorales, financiamiento a los partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones políticas y su fortalecimiento.

“Debemos evitar a toda costa que a una organización política se le trate como una organización criminal. Una organización política debemos cuidarla porque es de bien común y debemos volverla a elevarla a esos estándares constitucionales”, añadió Alfaro.

Afirmó que han recibido ocho propuestas de reformas a la LEEP y 42 organizaciones y 12 partidos políticos están inscritos. Además, dijo que luego todo queda en manos del Congreso de la República.

“No podríamos ir como país a un evento electoral con la judicialización que tuvimos en el 2023, y también necesitamos la modernización de elevar un Tribunal Supremo Electoral con una justicia especializada”, detalló Alfaro al hacer mención sobre el “mal uso” que se le da al amparo.

También señaló que “la democracia hoy en día está pasando por un momento muy difícil (…) la democracia evita dictadores y caudillos, las democracias están perdiendo su espíritu, están perdiendo la lucha. Estamos en un declive de descomposición de la democracia”.

“El proceso de la democracia es todos los días, no podemos quedarnos estáticos y por eso es en cumplimiento del artículo 256 bis de la LEPP” se lanza la CAME, dijo Alfaro.

Arévalo se pronuncia

Al lanzamiento de la CAME asistió el presidente Bernardo Arévalo, quien destacó tres puntos que, a su criterio, deben ser analizados en la CAME.

“Debemos llamar la atención sobre tres problemas que hemos identificado y a los que hay que empezar a darle solución en el marco de este mecanismo: la exclusión cuestionada de candidatos a cargos de elección popular, la judicialización innecesaria y mal intencionada de los asuntos electorales y partidarios y el cuestionamiento sin fundamento de los resultados electorales”, dijo Arévalo.

El mandatario detalló que hay posibilidades limitadas dentro del marco legal para “ajustarlo y prevenir que estas situaciones se repitan”.

“De nuestra responsabilidad, de nuestra disciplina, de nuestra tolerancia mutua y de nuestra intención real y consecuente de convivir en igualdad y libertad depende la viabilidad de la democracia”, refirió Arévalo.

Respecto al lanzamiento de la CAME, Arévalo comentó: “Estamos llevándolo a cabo a solo meses del intento mezquino de una minoría autoritaria de socavar las bases de nuestra constitución y a pocas semanas del triunfo popular de una gran mayoría que, para sorpresa de muchos, mostró un ferviente compromiso con la democracia, un pueblo valiente que le ha dicho al mundo con claridad que no vivirá bajo el autoritarismo”.

Experiencia

Se informó que en el 2019 se llevó a cabo el primer ejercicio en el que se presentaron 78 propuestas de reformas a la LEPP y se sistematizaron mil 41 planteamientos; sin embargo, por diferentes factores, entre ellos la pandemia, las reformas a la LEPP no se concretaron.

El TSE informó que en el 2019 la mayoría de las propuestas se enfocaron al fortalecimiento de la autoridad electoral, financiamiento político y régimen de medios, proceso electoral, sistema de organizaciones políticas y justicia electoral.

En esta segunda ocasión, desde finales de septiembre de 2023 se presentó el cronograma de trabajo a las organizaciones políticas, posteriormente se realizaron reuniones con representantes de diferentes sectores para explicar la metodología de trabajo y de cómo presentar propuestas, así como el cronograma en el que se tiene previsto desarrollar las mesas de consulta participativa del 5 al 21 de marzo.

Sugerencia

De acuerdo con el TSE, del 18 de enero al 29 de febrero, sectores de la sociedad guatemalteca podrán ingresar al portal came2024.org.gt para hacer sugerencias en busca del “fortalecimiento y modernización de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en el contexto del trabajo de la CAME”.

Anteriormente, Alfaro hizo un llamado a sectores académicos, organizaciones de sociedad civil y partidos políticos para que se sumen a ese proceso y presenten sus propuestas.

Además, dijo que quienes que no pertenezcan a una organización política, social o académica y quieran aportar en la CAME pueden ingresar a la página web y en la sección “comentarios” pueden dejar sus aportes.

El Juzgado Duodécimo Penal aceptó un oficio enviado por cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para ponerse a disposición de la jueza a cargo del proceso por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), pero el Ministerio Público (MP) recusó a la juzgadora, informaron este miércoles 7 de febrero fuentes judiciales.

Dicho sistema fue adquirido por Q148 millones 850 mil 250 y cuyo contrato fue suscrito el 15 de marzo de 2023; sin embargo, la Fiscalía señala que ese proceso tuvo irregularidades, por lo que solicitó el retiro de la inmunidad de los magistrados del TSE Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, quienes luego de haber sido desaforados por el Congreso de la República el pasado 30 de noviembre salieron del país y el 11 de enero último se confirmaron las órdenes de captura en su contra.

De esa cuanta que este miércoles, el abogado César Calderón, quien auxilia a los togados, confirmó que presentó el oficio donde ellos se ponen a disposición de la jueza Wendy Coloma, una acciona que fue aceptada por la judicatura, pero la Fiscalía de Delitos Administrativos recusó a la juzgadora.

Ante la recusación, la Sala Primera de Apelaciones deberá resolver si la jueza podrá continuar o no conociendo el caso contra los magistrados.

Se tiene previsto que el jueves próximo los magistrados de la Sala tengan audiencia para conocer la recusación, audiencia en la que participará el abogado Calderón como representante de los cuatro togados.

Blanca Alfaro, magistrada presidente del TSE, indicó que Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Custodio Franco siguen fuera del país.

La magistrada Irma Palencia es señalada de supuesto abuso de autoridad y fraude, mientras que Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas de fraude.

Embargo

El pasado 1 de febrero, una Sala ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la empresa Datasys S.A., encargada de haber vendido al TSE el sistema TREP.

La resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo se da con base a una apelación del MP respecto al caso, la cual fue declarada con lugar y se ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Datasys.

La apelación que originó la resolución fue planteada por la Fiscalía de Extinción de Dominio, según fuentes judiciales.

Con la resolución de la Sala, también se ordena al TSE detener el pago pendiente de Q40 millones que el ente electoral tiene pendiente de realizar, equivalente al 30 por ciento del costo total.

Por su parte, representantes de Datasys S.A., dicen que no hubo sobrevaloración en los costos por los servicios que otorgó al TSE en las elecciones de 2023, y sus abogados trabajan en las acciones legales que presentarán en contra de los señalamientos.

Modificaciones

Además, Alfaro informó este miércoles que ya se concretó el primer acercamiento con la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República luego de la crisis electoral que se vivió en el país.

Agregó que se hacen los primeros análisis para las modificaciones que sean necesarias para que las elecciones de 2027 se lleven a cabo sin complicaciones.

Señaló que se debe hacer modernización del artículo 256 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos “para hacer los cambios a nuestro sistema político electoral para que en las elecciones 2027 contemos con un documento robusto que pueda hacer de nuestra democracia lo que todos deseamos, el sustento para una paz duradera y sostenible“.

“Quiero manifestarles que, si fueron 11, si fueron 15, si hubieran sido cien creo que era importante la coordinación que el Ministerio Público pueda tener con cualquier autoridad del Estado”, respondió este miércoles 7 de febrero la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, a la pregunta de periodistas sobre si se había reunido con el expresidente Alejandro Giammattei en Casa Presidencial.

El pasado 30 de enero, trascendió que Porras, quien en dos oportunidades ha eludido reunirse con el presidente Bernardo Arévalo, acudió en 11 oportunidades a Casa Presidencial para reunirse con Giammattei, según registros de la Secretaría de Seguridad y Asuntos Administrativos (SAAS).

La última reunión, según esos registros, fue el 6 de septiembre de 2023 y tuvo una duración de 2 horas, lo que comprueba que las visitas al exmandatario eran constantes, contrario a lo que actualmente ocurre con Arévalo, pues el último intento de acercamiento con Porras duró 15 minutos, pues la jefa del Ministerio Público (MP) se retiró sin que se tocaran los temas previstos.

Porras reconoció este miércoles esos acercamientos, pero enfatizó que todos fueron para concretar reuniones de trabajo y que incluso algunos fueron convocados por el exvicepresidente Guillermo Castillo.

“Quiero manifestarle que, si fueron 11, si fueron 15, si hubieran sido cien, creo que era importante la coordinación que el Ministerio Público pueda tener con cualquier autoridad del Estado, y en este sentido, no va a ser realmente la excepción, porque con el actual señor presidente -Bernardo Arévalo-, las reuniones que sean necesarias de coordinación las va a seguir haciendo el Ministerio Público”, dijo Porras en una conferencia de prensa luego de haber sostenido una reunión con autoridades del Ministerio de Gobernación.

Agregó que como lo dijo la SAAS, dichas reuniones tenían un objetivo puntual. “En primer lugar quiero manifestarles que no todas fueron con el señor expresidente. Tres de ellas están registradas por reuniones convocadas por el exvicepresidente de la República, porque él era el que coordinaba Conabed -Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio-, y yo soy miembro como Ministerio Público del Conabed”.

Además, dijo que fue convocada para conversar sobre un convenio anticorrupción para analizar un proyecto de obras inconclusas, en las que además participaron representantes de varias instituciones del Estado.

También dijo que tuvo dos reuniones con el exmandatario cuando eran las entrevistas a candidatos a fiscal general. El señor presidente nos convocó y en dos oportunidades yo también me apersoné”.

“Igualmente tuvimos una reunión de Consejo de Seguridad, que no me dejara mentir el señor ministro de gobernación, que cuando se hace necesario, pues obviamente me invitan para poder participar. Entonces, esa otra reunión de trabajo. Y otra reunión de trabajo se relacionó al tema contra la trata de personas. Como ustedes pueden advertir son reuniones de trabajo eminentemente”, concluyó la Fiscal.

Acuerdos

El Gobierno de Guatemala acordó este miércoles buscar líneas de trabajo interinstitucional con el MP, dirigido por Porras, señalada de supuestamente haber intentado impedir la investidura del presidente, Bernardo Arévalo.

“La colaboración y el trabajo conjunto con el Ministerio Público es un elemento esencial para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado en materia de seguridad en este nuevo Gobierno”, declaró el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, después de la reunión con la fiscal Porras.

En una prueba de fuerza, el presidente Arévalo y la fiscal Porras se citaron mutuamente en las primeras semanas del nuevo Gobierno, luego de que la jefa del Ministerio Público supuestamente intentara evitar el cambio de mando, desde el 12 de julio pasado con una serie de acciones judiciales en su contra.

De acuerdo con Jiménez, el presidente Arévalo le indicó que tenían “que fortalecer el trabajo técnico y operativo con el Ministerio Público”.

La fiscal general y el ministro Jiménez aseguraron que continuarán con una serie de reuniones técnicas la próxima semana “con el objetivo de darle seguridad y justicia al pueblo de Guatemala”.

“Dentro de los acuerdos alcanzados, se establecieron puntos de contacto entre ambas instituciones y se ha propuesto reuniones para la revisión y ejecución de los convenios de cooperación vigentes”, explicó Porras.

En días pasados, Arévalo expresó en una entrevista con EFE que pediría la renuncia de Porras, debido al papel que desempeñó para intentar revertir su victoria electoral.

Mientras tanto, Porras, sancionada por Estados Unidos, respondió, hace dos semanas, que no dejará su cargo y que concluirá su mandato hasta 2026.

Seguridad y narcotráfico

De acuerdo con la fiscal Porras, el Ministerio Público se comprometió a trasladar al ministro del Interior y de la Defensa los avances de la creación del Centro Integrado Nacional contra la Narcoactividad en Guatemala, “para que el proyecto continúe avanzando”.

Otro de los acuerdos entre el Gobierno de Arévalo de León y la Fiscalía General ha sido avanzar en la capacitación técnica de agentes policiales, así como generar avances para lograr ejecutar más de 8.000 órdenes de captura pendientes.

En septiembre del año pasado, Arévalo de León acusó públicamente a Porras de intentar un “golpe de Estado” para evitar su investidura presidencial.

La Fiscalía intentó cancelar el partido Movimiento Semilla, de Arévalo de León, e incluso trató de anular los resultados electorales de las jornadas del 25 de junio y 20 de agosto pasados.

Arévalo de León, de 65 años, se convirtió en el primer presidente progresista de Guatemala y existen grandes expectativas sobre su Administración, debido a sus promesas electorales de hacer frente al deterioro democrático y a la corrupción estatal del país centroamericano.

Una Sala ordenó este jueves 1 de febrero el embargo de las cuentas bancarias de la empresa Datasys, encargada de haber vendido por Q148 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el cual es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público (MP).

La resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo se da con base a una apelación del MP respecto al caso, la cual fue declarada con lugar y se ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Datasys.

Además, en la misma resolución la Sala le ordena al TSE que frene el pago de Q40 millones pendientes a la empresa Datasys.

La apelación que originó la resolución fue planteada por la Fiscalía de Extinción de Dominio, según fuentes judiciales.

Órdenes de captura

Como parte de la investigación, el MP solicitó el retiro de la inmunidad de cuatro magistrados del TSE, quienes fueron desaforados por el Congreso de la República el 30 de noviembre pasado y posteriormente se giró orden de captura en su contra.

La Fiscalía confirmó el 11 de enero pasado órdenes de captura contra la magistrada Irma Palencia por supuesto abuso de autoridad y fraude, mientras que los magistrados Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas son señalados de fraude.

Los magistrados del TSE fueron denunciados por un supuesto fraude financiero en la compra del referido sistema.

Informe de la CGC

Además, el 24 de noviembre del 2023, la Contraloría General de Cuentas (CGC) encontró posibles inconsistencias en la forma en que el TSE, utilizó los Q500 millones destinados para la preparación del evento electoral del 2023.

La CGC comenzó a indagar alrededor del TREP, herramienta usada en las votaciones del 25 de junio y del 20 de agosto del 2023.

Este sistema fue adquirido a un costo de Q148 millones 850 mil 250, cuyo contrato fue suscrito el 15 de marzo de 2023; sin embargo, las acciones de fiscalización detectaron que desde noviembre del 2022 el TSE comenzó con la compra de equipo de computación que se acoplaría con los requerimientos que haría la empresa a cargo del contrato del TREP meses después.

Entre ese equipo se detallan 5 mil 965 escáneres y 8 mil 676 computadoras portátiles, según los hallazgos preliminares, que se adquirieron para uso del sistema.

La idea principal del TSE, según detallan los hallazgos preliminares de la CGC, sería desarrollar su propio sistema informático, del que hasta finales de 2022 no se tuvo un avance significativo.

Datasys, la empresa que ofreció el servicio y a la que finalmente se adjudicó, informó a la CGC que el total del costo del Trep se dividió en 26 puntos.

Las posibles inconsistencias en la compra del TREP, según los hallazgos de la CGC, revelan una mala calidad del gasto en la adquisición de una solución informática y adquisición de componentes tecnológicos adicionales para el proceso electoral 2023, que “exceden las necesidades reales del país”, que habría repercutido en un “detrimento de los intereses del Estado”.

Este martes 30 de enero se llevó a cabo la primera reunión del año entre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y representantes de los partidos políticos, donde se les planteó que tienen hasta el 29 de febrero próximo para presentar sus propuestas de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Esa recomendación se hizo en el seno de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), que comenzará con la discusión de las propuestas en marzo próximo.

Los partidos deben crear un usuario en la página de la CAME para designar a sus representantes y para presentar sus propuestas sobre temas como el sistema electoral, justicia electoral, fortalecimiento electoral, financiamiento y medios de comunicación.

Además, los partidos en su mayoría se refirieron a aspectos como la “exageración” de las multas que reciben por infracciones a la LEPP.

Para la CAME se ha convocado a todos los partidos que participaron en las elecciones 2023 y den sus aportes, incluso los cancelados.

“Justicia electoral”

La LEPP necesita cambios que permitan una aplicación adecuada en “justicia electoral”, según opinó en septiembre pasado un grupo de analistas de cara a la futura CAME.

Esta mesa que se integra por múltiples sectores sociales se encarga de proponer reformas a la LEPP después de cada evento electoral, por lo que, a criterio de los entrevistados, el reto de la siguiente CAME será mayúsculo.

Las elecciones generales de Guatemala, tanto en primera vuelta del 25 de junio, como en segunda vuelta del 20 de agosto, fueron objeto de amparos, apelaciones, denuncias y discursos que buscaban levantar la percepción de un supuesto fraude.

“Hay que asegurar que el TSE sea figura que organiza, que supervisa y que brinda justicia electoral, que no está sujeto a cualquier tipo de escrutinio ilegal de una sala o de un ciudadano anónimo que pueda poner en vilo todo el proceso electoral”, señaló Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano en Estudios Políticos (Incep).

“Ahora hay que meterse de lleno a la CAME, la vez pasada la CAME fue un evento muy triste, no se llegó a aportar cosas técnicas ni de fondo”, recordó María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Otra necesidad latente para mejorar los procesos electorales en Guatemala, y evitar otra crisis como la vivida recientemente, indican las fuentes, será posible toda vez se fortalezcan los partidos políticos, que tienen que incentivar la participación.

Hidalgo, considera que los partidos políticos tienen que estar presentes siempre, y no una vez cada cuatro años para pedir el voto.

Indica que el rol de una agrupación partidaria es fijar posturas sobre situaciones nacionales, emitir propuestas e incentivar que la población quiera participar en la política, algo que a la fecha no se da y que debe quedar regulado de mejor manera en una mejorada LEPP.

Luego de que la fiscal general, Consuelo Porras, acudiera este lunes 29 de enero a una reunión con el presidente Bernardo Arévalo y su gabinete, pero se retirara anticipadamente alegando impedimentos legales, sin que abordaran el pedido del mandatario para que renuncie, la funcionaria envió una invitación al gobernante para que se reúnan en la sede del Ministerio Público (MP) el próximo 7 de febrero.

“Esta tarde la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, envió un oficio a la Presidencia de la República a efecto de invitar al señor presidente César Bernardo Arévalo de León, en su calidad de representante de la unidad nacional, a sostener una reunión de trabajo para coordinar esfuerzos interinstitucionales en favor de las víctimas del delito, y poder velar por los intereses de toda la población para lograr la debida articulación y coordinación de esfuerzos en favor de Guatemala”, dijo Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, en un video compartido en redes sociales.

Pantaleón agregó que respecto a la reunión con Arévalo de este lunes “la Fiscal General concurrió dando estricto cumplimiento al artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, con la voluntad de entablar un diálogo constructivo en favor del pueblo de Guatemala”.

Sin embargo, agregó que el encuentro no se efectuó “ya que, por mandato de ley, la Fiscal General no tiene la facultad de participar en consejo de ministros, sino únicamente en gabinetes específicos”, por lo que Porras “le está girando la cordial invitación al señor presidente de la República para trabajar por el bien del país en el marco de las respectivas competencias de cada uno”.

La carta firmada por Porras y dirigida a Arévalo señala que, “de conformidad con el artículo 182 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su calidad de representante de la unidad nacional y con el fin de velar por los intereses de toda la población de la República, por este medio me permito cordialmente invitarlo a una reunión de trabajo, acompañado de los funcionarios que usted estime pertinente, a efecto de coordinar esfuerzos interinstitucionales en favor de las víctimas del delito, el próximo miércoles 07 de febrero del año en curso en el Salón Mayor del Edificio Central del Ministerio Público, Barrio Gerona a las 09:00 horas”.

El documento concluye: “espero contar con su participación a efecto de lograr la debida articulación y coordinación interinstitucional en el marco de nuestras respectivas competencias y en favor de la población guatemalteca”.

Se retira

Porras, a quien Arévalo señaló públicamente de promover un “golpe de Estado” por las acciones que la Fiscalía emprendió en contra y contra el partido Movimiento Semilla, acudió a la segunda citación del presidente, quien, además, le ha pedido públicamente su dimisión, algo que ella rechaza. Su mandato vence en 2026.

“Me vi en la necesidad de retirarme ya que la reunión se pretendía llevar a cabo en el marco del Consejo de Ministros, que por mandato constitucional y legal me prohíbe participar”, afirmó Porras en un video difundido en redes sociales tras abandonar la Casa Presidencial.

Aseguró que acudió a la citación de Arévalo “en cumplimiento de la ley orgánica del Ministerio Público”, pero se retiró porque esa reunión interfería con la “autonomía” de la institución que ella dirige.

Arévalo citó a Porras a la sesión del gabinete luego de que ella se negara a reunirse con él el miércoles pasado. Ese mismo día, la fiscal de 70 años, sancionada por Estados Unidos, dijo no dejaría su cargo. Arévalo carece de facultadas para removerla.

El presidente por su parte indicó que la “visita frustrada” de Porras tenía por fin abordar actividades conjuntas y señaló que evaluará “las acciones legales que proceden” ante la “negativa” de Porras de participar en la sesión del gabinete.

Respecto a la invitación girada por Porras, se consultó a la Presidencia sobre que decisión tomarán, pero aún no han respondido.

A pocas horas de la elección del presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), el presidente Bernardo Arévalo se reunió este viernes 26 de enero con 304 alcaldes en el Palacio Nacional de la Cultura, en un encuentro en el que el mandatario mostró su apoyo al jefe edil de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero.

La convocatoria fue hecha a los 340 alcalde del país, pero solo acudieron 304. De acuerdo con Arévalo, a los jefes ediles no se les hizo ningún ofrecimiento para que dieran su apoyo a Siero en la elección de la presidencia de la ANAM, la cual se efectuará el sábado 27 de enero.

“Vamos a trabajar igual con cualquier alcalde, independientemente del partido que lo eligió, a quién apoyó en segunda vuelta o cuál sea la decisión o el voto que esté tomando, el compromiso de nosotros es trabajar con todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas indistintamente porque ellos tienen un mandato popular”, dijo Arévalo.

El mandatario aseguró que no hay ningún ofrecimiento para quienes apoyen a Siero. “Estamos ofreciendo nada más que vamos a trabajar sin distinción en beneficio de toda la población”, añadió.

“Identificamos la importancia estratégica de trabajar en conjunto con su organización, con su asociación, la ANAM, y para ello consideramos y nos alegra ver que existe una persona que está ejerciendo un liderazgo constructivo con visión, el alcalde Siero”, agregó Arévalo.

También dijo que cree que Siero reúne las cualidades necesarias para desempeñar el “rol de conjunción ente autoridades locales y gobierno de una manera efectiva y contribuir al éxito de iniciativas conjuntas”.

Selección de gobernadores

Además, Arévalo reveló detalles del procedimiento que se utilizará para la selección de los 22 gobernadores departamentales, un proceso que empezará a partir del martes de la próxima semana.

“El martes estaremos publicando la convocatoria a los ciudadanos para que envíen candidaturas para la elección de gobernadores en todo el país”, dijo el mandatario, quien añadió que luego se darán tres días para que los Consejos Departamentales de Desarrollo se reúnan en sesión extraordinaria para elegir a una comisión que recibirá los expedientes enviados por la población.

“Los ciudadanos van a tener, una vez que se forme la comisión, cinco días para presentar las propuestas y la lista completa va a ser enviada al Ministerio de Gobernación, va a ser publicada en el Diario de Centro América y en la sede de cada gobernación departamental para que las personas puedan ver quiénes son las personas que están aspirando a este cargo”, señaló Arévalo.

También dijo que se podrán enviar objeciones, observaciones y comentarios sobre las candidaturas en el plazo de los tres días siguientes de la publicación de listado de aspirantes.

“El Consejo Departamental (de Desarrollo) convocará dentro de los cinco días siguientes a una sesión extraordinaria para la calificación de expedientes, consideración de las observaciones y las objeciones y elección de ternas tal y como lo establece la ley. Una vez integrada la terna va a ser enviada al presidente en los cinco días siguientes para que haga la elección”, finalizó el mandatario.

El presidente Bernardo Arévalo reveló este miércoles 24 de enero que luego de un barrido electrónico localizaron algunos “juguetes” en su despacho, en referencia a dispositivos de audio y video que fueron instalados con fines que no dio a conocer.

Durante una conferencia de prensa, al presidente Arévalo se le consultó si se tomarán medidas tras la denuncia de la ministra de Comunicaciones, Jazmín de La Vega, sobre el hallazgo de micrófonos en uno de los vehículos de la cartera, y el mandatario respondió que ya se efectúa un barrido electrónico en varias dependencias del Estado.

Arévalo asegura que se han hecho barridos electrónicos en distintas áreas y confirmó que se han localizado algunos “juguetes”.

“Henos hecho un barrido electrónico y en el despacho presidencial encontramos algunos juguetes, cabe decir que algunos de los juguetes eran viejos y otros eran nuevos”, dijo Arévalo.

Consultada la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, se informó que los “juguetes” a los que se refería el mandatario son micrófonos y cámaras.

“Al efectuar el barrido electrónico fueron localizados dispositivos de audio y video, y es a lo que hizo referencia el Sr. Presidente Bernardo Arévalo esta tarde como juguetes”, informaron.

De momento se desconoce si esos dispositivos estaban ocultos o formaban parte de los sistemas de seguridad de la Presidencia, pues no se ha profundizado en el tema.

Arévalo asumió la Presidencia el pasado 14 de enero, luego de haber sorteado una serie de obstáculos judiciales emprendidos por el Ministerio Público (MP) en su contra y en contra de su partido, el Movimiento Semilla.

De esa cuenta, Arévalo citó este miércoles a la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, señalada de intentar evitar su investidura, para que se presente ante el Consejo de Ministros el próximo lunes, luego de que la funcionaria rechazara reunirse con él este día.

“La ley le obliga a presentarse ante el Consejo de Ministros, si no asiste estaría cometiendo incumplimiento de deberes”, indicó Arévalo en una conferencia de prensa, tras anunciar su decisión de citar de nuevo a la fiscal general.

Porras Argueta, que dirige el MP desde 2018, se negó a asistir este miércoles a una reunión a la que fue invitada por Arévalo para que rindiera un informe de gestión y además aseveró, por medio de un video, que no dimitirá al cargo de fiscal general.

Luego de que la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, no asistiera a una reunión con el presidente Bernardo Arévalo, el mandatario dijo este miércoles 24 de enero que la funcionaria ya fue citada para que acuda al consejo de ministros del lunes próximo, a donde, según dijo, está “obligada” a asistir.

En conferencia de prensa, Arévalo lamentó que Porras no asistiera a la reunión, en la que, según dijo, se tratarían temas de relevancia para el país y no se tocarían asuntos relacionados a procesos de investigación, por lo que ahora, amparados en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la fiscal fue citada a la junta de ministros.

“La fiscal no asistió a la invitación y recibimos una carta firmada por un empleado del MP y no por la fiscal (..) de fondo la carta no responde a las solicitudes específicas que se le hicieron en la carta del 18 de enero, y en vista de que esta información no ha sido proporcionada hemos invitado a la fiscal a que asita a le reunión de ministros del próximo lunes 29 de enero a las 9 de la mañana en Casa Presidencial”, dijo Arévalo.

El mandatario agregó que “el artículo 4 de la Ley Orgánica del MP establece que quien ocupa el cargo de fiscal general está obligado u obligada a concurrir a esta junta, es decir, la fiscal debe venir el lunes”.

Respecto a lo que opinaba ante la inasistencia de Porras a la reunión, Arévalo dijo que “no voy a hacer una apreciación, voy a permitir que el pueblo de Guatemala saque su conclusión. Hemos recibido una carta que ni siquiera está firmada por ella. La hemos vuelto a invitar en las condicione que de acuerdo en la ley la obligan a estar presente”.

Arévalo agregó que la renuncia de Porras es una solicitud generalizada, pues “la fiscal es una persona sancionada internacionalmente por participar en redes de corrupción”.

“Hemos manifestado que sus actuaciones han sido, siempre en el marco de estos últimos meses, apañando la utilización espuria de la legislación y la persecución política. Hemos comenzado un proceso institucional (…)  la hemos invitado a iniciar una discusión sobre temas puntuales que está en el marco de las normas y las formas como debe operar el Gobierno de la República”, dijo Arévalo.

Agregó que la carta enviada por el MP no está firmada por Porras y que no responde a ninguno de los puntos requeridos, por lo que la invitaron para que se presente y explique ante el consejo de ministros.

“Esperamos que ella cumpla la ley, porque la obliga y no hay otra opción y entraría en incumplimiento de deberes si no asiste”, añadió el mandatario.

Respecto a las reformas a la Ley del MP para que el presidente de la República tenga la facultada de destituir a la fiscal, Arévalo dijo que ya hay una iniciativa en el Congreso, pero le corresponde a los diputados “definir el curso que se la va a dar a esa iniciativa”.

Respuesta de la fiscal

La fiscal general Consuelo Porras se pronunció este miércoles en un video publicado en las redes sociales respecto a su inasistencia a la reunión con el presidente Arévalo, en el que dijo que el MP no “está supeditado a ningún poder del Estado por ser una institución autónoma e independiente”.

“Quiero enviar un mensaje claro y contundente al pueblo de Guatemala y al presidente de la República para hacer saber que soy respetuosa de las leyes del país y en consecuencia cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años (…) y en consecuencia no voy a renunciar”, dijo la fiscal general en un video publicado en las redes sociales de la Fiscalía.

El 18 de enero pasado, cuatro días después de haber asumido como presidente, Arévalo le envió un oficio a la fiscal general para citarla a una reunión con él, en la que se esperaba que le pidiera la renuncia como previamente lo había anunciado.

Sin embargo, Porras evitó acudir a la citación de este miércoles y publicó un video en las redes sociales vestida con una blusa banca, un saco verde y una pañoleta con rosas estampadas donde descartó renunciar y abunda en explicaciones judiciales sobre su decisión.

“La Constitución es clara al respecto y establece un mandato legalmente determinado que debo cumplir a cabalidad, por lo que usted como máxima autoridad de la nación debe respetar lo que establece la carta magna y las leyes del país”, insistió la fiscal.

Además, Porras aseguró que el MP no “está supeditado a ningún poder del Estado por ser una institución autónoma e independiente, garantizando con ello la no intervención alguna en el ejercicio de sus funciones”.

“Ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o militar, salvo las facultades conferidos en la ley a los tribunales de justicia”, remarcó Porras.

Afirmó que actuará conforme a las leyes del país y por ello “atender citaciones, invitaciones o reuniones para discutir procesos bajo investigación constituiría inobservar la normativa legal y constitucional vigente”.

Porras fue nombrada en 2018 fiscal general para un periodo de cuatro años por el entonces presidente Jimmy Morales y en 2022 su sucesor Alejandro Giammattei la designó para un segundo periodo, que vence en 2026.

En respuesta, Porras exhortó al mandatario a dejar “su discurso anticorrupción y lo convierta en una realidad en favor de la ciudadanía guatemalteca”.

“Presenten las denuncias con sus respectivas pruebas sobre cualquier acto de corrupción, los cuales serán investigadas sin excepción alguna, ya que el MP ha investigado y continúa investigando todas las denuncias que han sido puestas de su conocimiento”, puntualizó la fiscal.

Porras, de 70 años e incluida en una lista de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos desde 2021, es señalada por Arévalo, manifestantes y la comunidad internacional de supuestamente “socavar” la democracia y poner en riesgo la transición presidencial.

La Fiscalía emprendió una persecución judicial contra Arévalo después de que éste dio la sorpresa al colarse al balotaje en los comicios de junio.

También logró que un juez suspendiera al partido de Arévalo, Movimiento Semilla, por supuestas ilegalidades en su conformación en 2017.

Todas esas acciones fueron calificadas por Arévalo como un intento de “golpe de Estado” para evitar que asumiera la Presidencia.

“Juguetes” en la Presidencia

Durante la conferencia de prensa, el presidente Arévalo fue consultado sobre si luego de conocer la denuncia de la ministra de Comunicaciones sobre el hallazgo de micrófonos en uno de los vehículos de la cartera, se tomarán medidas en la Presidencia.

El mandatario dijo que se han hecho barridos electrónicos en distintas áreas y confirmó que se han localizado algunos “juguetes”, sin especificar a qué se refería.

“Henos hecho un barrido electrónico y en el despacho presidencial encontramos algunos juguetes, cabe decir que algunos de los juguetes eran viejos y otros eran nuevos”, dijo Arévalo.

Consultada la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, se informó que los “juguetes” a los que se refería el mandatario son micrófonos y cámaras.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este martes 23 de enero que espera recibir el miércoles a la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, a quien señaló públicamente de supuestamente querer impedir su investidura, para que presente un informe detallado de sus labores.

“Yo creo que sí va a llegar”, respondió Arévalo de León a medios de comunicación al ser consultado sobre la posible asistencia de Porras al Palacio Nacional de la Cultura para una reunión.

Porras Argueta fue citada por el nuevo mandatario para informar sobre su labor al frente del Ministerio Público (MP). Sin embargo, esta institución aún no confirma si la fiscal se presentará, pero tampoco lo descarta.

“En cuanto tengamos información la estaremos trasladando”, respondió en un mensaje de WhatsApp Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, a la consulta de si la fiscal asistirá a la cita con Arévalo de León.

Además, un grupo de ciudadanos y organizaciones civiles convocaron una colecta de firmas para pedir la renuncia de Porras Argueta, señalada internacionalmente de haber intentado evitar la investidura de Arévalo de León el pasado 14 de enero.

Arévalo de León confirmó a EFE el pasado 3 de enero que pedirá la renuncia de la fiscal general, a quien acusó públicamente el 1 de septiembre de 2023 de dirigir un intento de “golpe de Estado” para frustrar su inesperada victoria electoral.

Desde el 12 de julio, la Fiscalía, a cargo de Porras, emprendió una serie de acciones judiciales en contra de Arévalo de León y su partido, el Movimiento Semilla, incluso la Fiscalía solicitó el retiro de la inmunidad del entonces presidente electo y de su compañera de fórmula, la vicepresidenta Karin Herrera.

Arévalo de León asumió la presidencia el pasado 14 de enero con un fuerte apoyo internacional y de las comunidades indígenas del país, quienes esperan que el mandatario avance con las promesas de lucha contra la corrupción que impulsaron su triunfo en las urnas.